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18sep16
La Justicia Federal afronta una auditoría única en su historia
La Justicia Federal de Tucumán afronta una fiscalización única en su historia. Se trata de la auditoría sobre causas de presunta corrupción iniciadas desde el 1 de enero de 1996 que dispuso el Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) a partir de un pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Esta solicitud, que originariamente comprendía sólo a los Tribunales Federales de Comodoro Py (Ciudad de Buenos Aires), se extendió, por una decisión del CM, a todas las sedes del fuero federal del país.
En virtud de esa auditoría excepcional, los nueve magistrados en funciones en la provincia deberán informar el estado de los procesos en cuestión. El control alcanza a los jueces de primera instancia, Daniel Bejas (N°1) y Fernando Luis Poviña (N°2); a los camaristas Ernesto Wayar, Raúl Mender -de licencia por enfermedad de largo tratamiento hace 578 días corridos-, Ricardo Sanjuán y Marina Cossio, y a los vocales del Tribunal Oral en lo Criminal Federal: Gabriel Casas, Alicia Noli y Carlos Enrique Jiménez Montilla. Por la índole escrita del trámite y por el hecho de que no existe -aún- un registro público de investigaciones de supuesta corrupción, la fiscalización como mínimo confeccionará un inventario sobre este tipo de casos de interés institucional. Pero fuentes del Consejo y de la propia Justicia Federal indican que la intención es detectar "cajoneos": es decir, si un expediente fue dormido o paralizado adrede para brindar protección al funcionario denunciado o extorsionarlo.
"Tanto en la opinión de los especialistas como en la del público general existe la percepción de una excesiva dilación en el trámite de los casos", dijo Guillermo Lipera, presidente del Colegio de la CABA, en la petición que giró al CM. Entre otras funciones, este órgano preselecciona a los magistrados federales y nacionales; controla su disciplina y los acusa ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación cuando advierte causales de mal desempeño.
Caso testigo
En la historia reciente de la Justicia Federal de Tucumán sólo un proceso del universo sujeto a auditoría avanzó hasta la instancia de juicio oral: el de las maniobras con títulos de la deuda pública que, precisamente, sentó entre los acusados a un ex juez federal: Felipe Terán. El origen de ese proceso se remonta a la fiscalización limitada que la Procuradoría del Tesoro de la Nación practicó en los Tribunales Federales de Tucumán en 2005. Juan Alberto Kaleñuk, ex jefe de Gendarmería e histórico secretario privado del ex gobernador José Alperovich, llegó hasta el umbral del juicio por la supuesta sustracción de 1.723 bultos denunciada en 1999, pero los tiempos dilatados jugaron a su favor, y en 2012 los jueces Jiménez Montilla y Luis Eduardo López (subrogante) lo sobreseyeron por considerar que había transcurrido el plazo razonable para juzgarlo.
Deber de colaboración
Analía Romero, la auditora designada por el CM para atender la jurisdicción de Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, presentó sus credenciales e instrucciones a los magistrados durante la primera semana de este mes. Entre los papeles que Romero dejó consta una nota firmada por Jorge Meydac, jefe del Cuerpo de Auditores del Consejo, que recuerda que los jueces, funcionarios y empleados están obligados a prestar la máxima colaboración con las tareas de fiscalización.
La auditora requirió a los jueces tucumanos información sobre la totalidad de las causas por presunta corrupción: fecha de inicio; fecha y modo de culminación; plazo promedio de tramitación, etcétera. Con respecto a los procesos activos, los magistrados han de especificar, entre otros datos, fecha de las citaciones a indagatoria y de los procesamientos, si los hubiere; fecha y cantidad de fallos de falta de mérito, sobreseimientos y prescripciones, y el tiempo en el que el expediente se encontró radicado en el tribunal de alzada durante el trámite de los recursos. Para ejecutar esta tarea hay un plazo que no trascendió, pero que ya está corriendo. A continuación, la auditora podrá compulsar por sí misma los expedientes que generen alguna clase de duda.
Seis respuestas útiles
1- ¿Quién pidió la auditoría en la Justicia Federal? El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires mediante una solicitud presentada al Consejo de la Magistratura de la Nación en abril. El pedido se funda en la "excesiva dilación" advertida en el trámite de las causas de presunta corrupción.
2- ¿Qué procesos abarca? Todos los iniciados a partir del 1 de enero de 1996 que involucren a funcionarios públicos o ex funcionarios públicos en la presunta comisión de una serie de delitos definida por el Consejo, y en los que haya existido requerimiento de instrucción del fiscal.
3- ¿Cuáles son los objetivos del CM? Acopiar información para darla a conocer a la sociedad civil y determinar cuál es la situación de este género de casos "sensibles". Una resolución del Consejo indica que la auditoría es una medida adecuada para mejorar y transparentar el servicio de justicia.
4- ¿Quiénes practicarán la fiscalización? La tarea está en manos del Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura de la Nación. Por sorteo público, la auditora Analía Romero fue asignada a la Justicia Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.
5- ¿Hay antecedentes de una medida semejante? No. El propio Consejo de la Magistratura admitió que no había habido auditorías generales de este tipo en el pasado. Guillermo Lipera, titular del Colegio de Abogados de la CABA, anticipó que la idea es sistematizar estos controles.
6- ¿Cuál es la metodología de trabajo? Como primer paso, los jueces federales deben elevar informes con los datos que estos les solicitaron. Si de esa información surge alguna duda, los auditores procederán a compulsar las causas. Por último, las conclusiones serán puestas a disposición de la ciudadanía.
[Fuente: La Gaceta, San migues de Tucumán, 18sep16]
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