CONTESTAN VISTA.- SOLICITAN RECHAZO.
Excmo. Tribunal Oral:
CESAR RAUL SIVO, abogado, inscripto en el tomo 59, folio 356 de la CFAMdP, en
representación de la querellante ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS
HUMANOS y MANUEL ALEJANDRO MARAÑÓN, abogado, inscripto en el tomo 60, folio
687 de la C.F.A.MdP, en representación de la querellante SECRETARIA DE DERECHOS
HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ambos con domicilio procesal constituido
en calle SANTA FE N° 1331 de esa ciudad de Mar del Plata, en los autos caratulados
IMPUTADO DEMARCHI, Gustavo Modesto y Otros s/ Homicidio agravado p/ el conc. de
dos o mas personas y privación ilegal de libertad agravada (Art. 142. Inc. 1)
QUERELLANTE: PACIARONI de GASPARRI Esilda y OTROS, de trámite bajo el N°
33013793/2007, ante ese Tribunal Oral Federal N° 1, a VV.SS. respetuosamente manifiestamos:
I.- OBJETO.
Que en nuestro carácter de apoderados de las querellantes particulares Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos y Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires,
respectivamente, venimos por el presente en legal tiempo y forma a contestar el traslado
conferido en relación a la solicitud de aplicar el instituto de la suspensión del juicio a prueba al
imputado José Luis Granel, solicitando el rechazo de tal alternativa al caso concreto en razón de
los fundamentos que a seguido se enuncian.
II.- FUNDA.
La improcedencia de la aplicación de la suspensión del proceso a prueba requerida por la defensa
del imputado José Luis Granel, está dada en que los hechos delictivos que le son atribuidos por
la acusación constituyen desde la calificación legal del derecho internacional, crímenes contra la
humanidad.
Concretamente, el encartado habrá de responder en juicio por delitos de lesa humanidad
cometidos en el marco de la aplicación de una política estatal enderezada a cometer -mediante el
empleo de todos los medios y recursos del estado- una serie indeterminada de crímenes que
constituyeron un ataque generalizado y sistemático contra población civil.
Los crímenes contra la humanidad conforme a su definición, recogida en el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio,
deportación o desplazamiento forzoso, tortura, encarcelamiento o persecución por motivos
políticos, raciales, religiosos, ideológicos, étnicos, u otros definidos expresamente, desaparición
forzada, secuestro o cualquier otro acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra
la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte
de un ataque generalizado y sistemático contra población civil y con conocimiento de dicho
ataque. Que es lo que se da en el caso de autos.
Estos actos también se denominan crímenes de lesa humanidad. ĞLesoğ significa agraviado,
lastimado, ofendido: de allí que crimen de lesa humanidad aluda a un crimen que, por su
aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto. Y de
allí se desprenden principios que le atañen como su imprescriptibilidad, imposibilidad de ser
indultados o amnistiados, y obligación en cabeza de los estados de realizar actividad
jurisdiccional efectiva y eficaz a los fines de lograr su juzgamiento y Sanción. Lo cual contraría
lo sostenido por la defensa del imputado Granel en el punto V de su presentación en cuanto
refiere que "... no existe damnificado...".
En el contexto señalado, que es el marco legal adecuado de las conductas por las que se ha
requerido el enjuiciamiento del imputado José Luis Granel -entre otros-, no existe la posibilidad
en derecho de una resolución alternativa al juicio, independientemente que la mera subsunción
final de las conductas a las normas de derecho penal interno vigente al momento de los episodios
criminosos habilitasen en abstracto la ejecución de tal remedio.
En cuanto a lo sostenido por la defensa del imputado en el escrito en responde acerca que las ".
circunstancias del caso concreto ameritan la aplicación de una eventual condena en suspenso...",
ello precisamente no es así, nótese que el mayor grado de injusto reprochable por las condiciones
en que los crímenes a juzgarse se han cometido habilitarían la petición de la aplicación de una
pena que deberá ser de efectivo cumplimiento, pues de acreditarse en el debate los extremos
propuestos por la acusación, la gravedad de los hechos enrostrados, la utilización de medios
especialmente ofensivos empleando la seguridad de la clandestinidad, el grado de reiteración
delictiva, la circunstancia de que las acciones se llevaron a cabo junto a numerosos copartícipes,
el aprovechamiento de los medios puestos a disposición por el Estado, la calidad de los motivos
que impulsaron a delinquir al sujetos activo, la participación del imputados en los hechos, y la
extensión del daño causado que abarcó a familiares, amigos y la sociedad toda, de manera
intergeneracional.
Por ello, en relación a la escala penal, es sabido que el legislador ha fijado para todas las figuras
penales un margen discrecional que obliga a los juzgadores a valorar distintas circunstancias que
rodearon los hechos sometidos a su jurisdicción, a fin de determinar, en el caso concreto de
condena, el quantum de la sanción aplicable. Al efectuar esa valoración, y partiéndose del
mínimo de la escala prevista para el tipo del que se trate, de acuerdo a cada una de las
circunstancias atenuantes o agravantes que resulten computables podrá mantenerse en el aludido
mínimo, o por el contario, ir ascendiendo en la escala, de acuerdo a los parámetros de cada causa
y hechos, de conformidad con ello, en el caso puntual considerando, entonces, la gravedad de los
delitos endilgados, en el marco de una complicidad en los crímenes de Lesa Humanidad
perpetrados desde la época de los sucesos y continuados e intensificados durante la última
dictadura cívico-militar (1976/1983) al intervenir en la lesión grave a la integridad física o
mental de los miembros de la sociedad civil y en el sometimiento intencional del grupo a
condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física, total o parcial, mediante la
comisión en calidad de coautor de los gravísimos delitos, y el valor de los bienes jurídicos
puestos en juego al perpetrarse los mismos, como la lesión concreta producida, la falta de
eximentes y de atenuantes, y la multiplicidad de agravantes a computar, indudablemente la
escala penal prevista por el legislador -para el tipo penal en que finalmente encuadren las
conductas reprochables- no encuentra otra opción que ascender al máximo de la misma.
En conclusión, al tratarse los hechos enrostrados al imputado José Luis Granel del rango de
mayor gravedad de los ilícitos que deben ser perseguidos y Juzgados por el Estado en
cumplimiento de las mandas de derecho Internacional, no habilitan la aplicación del instituto
pretendido, y deben necesariamente ser juzgados y sentenciados.
III.- PETITORIO.
Por todo lo expuesto a VV.SS solicito:
1. Tengan por contestado el traslado en legal tiempo y forma.
2. Oportunamente, y en base a los argumentos vertidos rechacen la solicitada aplicación de la
suspensión de juicio a prueba enervada por el Sr. Defensor a favor del imputado José Luis
Granel.
Sírvanse VV.SS tener presente lo expuesto y proveer de conformidad que
SERA JUSTICIA.-
Donaciones
