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24dic08
La Corte agilizará las causas sobre derechos humanos
Una semana después de que la Cámara de Casación ordenara la libertad de varios represores por la demora en la sustanciación de los casos que los involucran, la Corte Suprema prepara una acordada para agilizar los procesos y pide la colaboración de los demás poderes del Estado.
"Nadie puede dudar de que los tres poderes tienen una política clara en favor de castigar las violaciones de los derechos humanos y la justicia rápida es una política de Estado. Por eso, si hay problema con la duración de los juicios, no importa determinar si la culpa la tiene la Justicia, el Congreso o el Ejecutivo. Hay que dialogar con los otros poderes para buscar soluciones", aseguró el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en una entrevista exclusiva con LA NACION.
Las declaraciones de Lorenzetti no responden a una opinión personal, sino a una política bien definida por la Corte de profundizar las causas contra la represión. "Es más importante dialogar que culparse", dijo en tono conciliador.
-¿Qué está haciendo la Corte para lograrlo?
-Estamos preparando una acordada. Algunas soluciones las puede hacer la Justicia. Por ejemplo, hay que digitalizar las causas, porque son muy voluminosas. Pero expedientes distintos, con problemas distintos, merecen soluciones distintas. La gente no quiere conflictos, sino respuestas.
-Se critica la lentitud judicial.
- La Corte va a monitorear el desarrollo de las causas no para avasallar la independencia de los jueces, sino para ver qué problemas se van presentando. Por ejemplo, es natural que cada parte querellante quiera tener voz a la hora de impulsar el proceso, pero sería conveniente que unificaran representación procesal.
-Hacen falta más jueces.
- Sí, el Congreso está haciendo cosas positivas, pero sería conveniente que creara más tribunales orales. Y, por su lado, el Consejo de la Magistratura debe terminar de cubrir algunas vacantes judiciales. Hay muchos tribunales donde directamente no hay jueces o donde los magistrados son subrogantes y no quieren inmiscuirse en trámites tan farragosos.
-Fayt reclamó que se sancione una ley procesal.
- La Corte impulsa desde hace meses un proyecto para que se dicte una ley para abreviar los trámites de las causas no sólo de derechos humanos, sino también de todos los expedientes complejos, al estilo del de Cromagnon, donde hay muchos testigos, imputados, víctimas y recursos. El año último, el Congreso dictó una reforma procesal que avanzaba en la dirección de agilizar las causas judiciales y estableció la oralidad de los recursos judiciales.
-Los jueces, sin embargo, se opusieron.
- La reforma es buena, pero muy amplia, y los tribunales, con escasos recursos, quedarían ahogados de trabajo. Por eso, proponemos que ese trámite oral se aplique para los delitos más graves, con penas superiores a nueve años. Le enviamos al Ministerio de Justicia un proyecto.
-¿Cuáles son los otros problemas que deben ser solucionados?
- También tenemos problemas edilicios. Por ejemplo, ahora se lleva a cabo el juicio por Cromagnon dentro del Palacio de Justicia y no sería posible llevar otro semejante, en forma simultánea, porque no tenemos otra gran sala de audiencias.
Nadie puede dudar de que la política de los tres poderes es muy clara en el sentido de juzgar las violaciones de los derechos humanos. Pero lo importante no es culparse por los errores, sino coordinar soluciones.
[Fuente: La Nación, Bs As, 24dic08]
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