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24dic07
Rechazan enviar a cárceles comunes a oficiales militares imputados Córdoba
La justicia de la provincia argentina de Córdoba rechazó el pedido de una fiscal para que represores detenidos por violaciones a los derechos humanos sean trasladados a cárceles de reos comunes, confirmaron hoy fuentes judiciales.
La Cámara Federal de Apelaciones, integrada por los jueces Ignacio Velez, Humberto Aliaga y Gustavo Becerrar, declaró "nulo por inaplicable" la solicitud de la fiscal federal Graciela López.
En febrero último, López requirió que unos 40 represores sean trasladados a penitenciarías comunes hasta conocerse la fecha del juicio.
Los presos permanecen alojados en dependencias del Tercer Cuerpo de Ejército y de la Guardia de Infantería de la policía provincial.
Si bien la fiscal precisó que no quiere polemizar, explicó que sólo discute el lugar de detención de todos, cualquiera sea el delito cometido.
"A los presos que están (en la cárcel) en Bower, no se les analiza caso por caso si deben estar ahí o no y a los genocidas sí", concluyó.
Abogados querellantes en una causa por violaciones de los derechos humanos denunciaron recientemente privilegios de represores encarcelados que salen de prisión tres veces por semana.
Revelaron un abuso por parte de ellos en los pedidos de autorización para concurrir a centros asistenciales de salud.
Citaron como ejemplo el caso del ex oficial Oscar Lanzón, a quien se le concedió permiso para concurrir a un grupo de Alcohólicos Anónimos.
Insistieron en que debe existir un cambio de criterio en el tratamiento, para no continuar violando la medida cautelar impuesta, es decir, la prisión preventiva.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, en las cortes nacionales hay 111 procesos abiertos, con 305 militares y ex agentes de fuerzas de seguridad incriminados.
De esa última cifra, a 46 se les dictó falta de pruebas en su contra, 44 están prófugos, 105 murieron, cinco resultaron declarados incapaces y cinco recibieron condena.
[Fuente: Prensa Latina, Bs As, Arg, 24dic07]
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