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27mar06
Las causas contra ex represores avanzan más lento en el interior.
Desde que se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, unas mil causas judiciales se siguen en todo el país por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Los represores imputados son alrededor de 1.400, entre civiles, militares y funcionarios de otras fuerzas. La marcha de estos expedientes es dispar: mientras en Buenos Aires avanzan a paso firme, acumulados en megacausas, muchas de las investigaciones que se sustancian en el interior van a ritmo lento.
De los 200 detenidos que se suman por estos crímenes, casi un cuarto corresponde a los sumarios que tramitan en la Justicia federal porteña. La mayoría -exactamente 47- pertenecen sólo a la megacausa sobre el Primer Cuerpo del Ejército, de acuerdo con registros judiciales, del Ministerio Público y de organismos de derechos humanos consultados por Clarín.
En la investigación sobre el Plan Cóndor hay 17 militares presos. Y en la megacausa sobre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), 12 más.
Los jueces que fueron interviniendo en estos expedientes no esperaron, como sí hicieron en muchas provincias, que la Corte Suprema convalidara -en junio de 2005- el criterio de que estos delitos aberrantes son imprescriptibles. La inconstitucionalidad de los indultos ahora está siendo estudiada por la Cámara Nacional de Casación Penal.
Este tribunal, el máximo del país en materia penal, no se viene caracterizando por su celeridad. En jurisdicciones como Chaco, Mendoza, Santiago del Estero y Salta, los sumarios también caminan despacito.
Algunos juzgados del interior tienen al frente jueces que trabajaban en el mismo lugar durante los años de la dictadura; en otros se encontraron con que los expedientes frenados por las leyes del perdón estaban más atrasados que los de Buenos Aires. Este es un panorama:
-En Resistencia, la causa por la masacre de Margarita Belén dio lugar al juicio político -cuyo veredicto se conocerá la semana que viene- de los camaristas María Beatriz Fernández y Tomás Inda, sospechados de liberar ilegalmente a militares. En esta provincia hay diez represores detenidos y dos prófugos.
-El juez federal de Mendoza, Walter Bento, fue denunciado varias veces. Primero se declaró extrañamente incompetente para investigar estos casos; hace dos semanas anunció unas detenciones, frustrando sus propios operativos. A pesar de ser una de las provincias con más causas, 63, no hay militares presos.
-En Santiago del Estero, Angel Toledo avanzó con sus sumarios cuando el Consejo de la Magistratura empezó a cuestionarlo por su protección del poder local. Aquí tienen procesamientos confirmados Jorge Videla, Luciano Menéndez y Domingo Bussi.
-Numerosos jueces salteños se excusaron de intervenir en estas causas por su amistad con Ricardo Lona, ex juez de Jujuy, denunciado por sus vínculos con la represión. En la masacre de Las Palomitas, recién van por las primeras declaraciones indagatorias.
En La Plata, en Rosario y en Córdoba -con matices- los expedientes se movieron a un paso más parecido al de Buenos Aires. En los Tribunales de Comodoro Py las causas sobre derechos humanos tuvieron su propio efecto político: jueces cuestionados por sus manejos en investigaciones sobre corrupción, mejoraron su imagen metiendo presos a decenas de represores.
De todos los detenidos, ninguno tiene condena excepto Miguel Etchecolatz y Jorge Bergés. Los prófugos suman 26. Y hay cuatro represores declarados inimputables, como el ex marino Emilio Massera. A las casi mil causas que tramitan en el país se les agregan otras en Europa.
[Fuente: Clarin, Bs As, Arg, 27mar06]
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