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24dic11
Denuncia por las trabas de Casación a las causas de Derechos Humanos
La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las investigaciones por delitos de lesa humanidad advirtió sobre las "preocupantes demoras" registradas en el tribunal. Ejemplos paradigmáticos y las provincias comprometidas.
A pesar de los avances en las causas por delitos de lesa humanidad, que convirtieron a 2011 en el año con mayor número de condenas a represores, la Cámara Federal de Casación Penal continúa siendo un obstáculo para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, según denunció la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos.
"Resultan especialmente preocupantes las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los Tribunales orales. Durante 2011 la Cámara de Casación revisó seis sentencias en relación con 13 imputados, cifra que no muestra cambios relevantes en su actividad si se toma en cuenta que durante 2010 revisó 5 sentencias respecto de 12 imputados", señaló el informe anual de la Unidad Fiscal a cargo de Jorge Auat y coordinada por Pablo Parenti.
Del total de 266 condenados por delitos contra la humanidad desde la vuelta de la democracia, sólo la sentencia de 43 de ellos fue confirmada por Casación o la Corte Suprema de Justicia, siendo el centro de las demoras el máximo tribunal penal, donde "continúan presentándose situaciones alarmantes", agrega la Unidad.
El informe toma como ejemplo la causa De Marchi, en la que el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó en septiembre de 2008 a cinco represores. La sentencia fue apelada y el caso ingresó en Casación en febrero de 2009. Sin embargo, luego de 33 meses, la Sala II todavía ni siquiera fijó fecha para el debate.
De esta manera, la Casación funciona desde hace años como un cuello de botella en las causas de lesa humanidad: mientras las cifras de represores procesados, elevados a juicio y condenados continúan creciendo, en la Cámara se frenan los avances. Símbolo de esas demoras era el ex juez Alfredo Bisordi, recordado por sus cruces con el ex presidente Néstor Kirchner y ahora devenido en defensor del ex comisario Luis Patti. Casación es ahora un escenario de disputa entre ese sector que representaba Bisordi y otro integrado por camaristas jóvenes que iniciaron una renovación del máximo tribunal penal, y se espera que esos nuevos aires permitan también una agilización en las causas por el terrorismo de Estado.
Según el informe de gestión de la Unidad Fiscal, las cifras de represores procesados, elevados a juicio y condenados continúan creciendo: durante el año 2011 finalizaron 19 juicio orales y públicos en los que fueron condenadas 80 personas, de las cuales 67 recibieron una sentencia por primera vez. Con estos casos, ya suman 266 los condenados.
"Más allá de estos avances, se prevé que los resultados más contundentes de la política de acumulación de casos para el logro de juicios significativos -que redunden en una optimización de los recursos humanos y materiales, la celeridad del procedimiento, la maximización del rendimiento de la prueba y en evitar una sobreexposición de los testigos- se evidenciarán con mayor claridad aún durante el año que viene", detalló la Unidad, que también cuestionó algunas situaciones puntuales que se dieron este año.
El informe criticó la "excesiva prolongación" del juicio oral que realizó el TOF 5 por delitos cometidos en la ESMA, que llevó casi dos años de audiencias llegar a la histórica sentencia contra los marinos Jorge "Tigre" Acosta y Alfredo Astiz. Esta demora "repercutió negativamente en el trámite de muchos casos vinculados a ese centro clandestino (en total cerca de 800 casos que involucran a unos 70 imputados) que ya se encontraban radicados ante el mismo tribunal. Sin lugar a dudas, la duración del juicio por casi dos años implicó un retraso considerable en el ingreso de ese universo de casos al juicio oral". Otro caso resaltado por los fiscales es el de Córdoba, donde se demora el inicio de dos juicios orales muy importantes, uno por La Perla y otro por el D2, que involucran en conjunto a 48 procesados en relación con 404 víctimas.
La Unidad también puso énfasis en la necesidad de investigar dos aspectos que hasta ahora han quedado relegados en las causas por delitos de lesa humanidad: los funcionarios judiciales cómplices y partícipes del terrorismo de Estado y los casos de violencia sexual.
"El proceso de juzgamiento aún presenta aspectos que deben profundizarse y a los que es necesario prestar mayor dedicación. Por ejemplo, el estudio del rol que han tenido los funcionarios de la administración de justicia durante el terrorismo de Estado ha comenzado hace muy poco, a partir de testimonios y del análisis de documentos de la época (en particular, los expedientes judiciales). Otro aspecto a desarrollar es el tratamiento de los casos de violencia sexual. El objetivo principal es que salgan a la luz muchos casos de abusos sexuales hasta el momento no denunciados o que, denunciados, no habían obtenido un tratamiento judicial adecuado. De ser así, ello implicará encontrar un nuevo campo de trabajo a explorar, del que muy probablemente surgirán nuevos problemas para pensar", señaló la Unidad.
[Fuente: Tiempo Argentino, Bs As, 24dic11]
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