Equipo Nizkor - Situación de los Derechos Humanos en el Sistema Penal de Argentina

La situación descripta en el informe del año 2015, en relación al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia (en adelante CSJN) finalmente cambió. En efecto, la CSJN que pasó a tener tres Ministros (11-12-2015) y que frente a esa situación el 15 de Diciembre de 2015 el presidente electo, Ing. Macri, mediante un Decreto de necesidad y urgencia (DNU) nombró en Comisión a los Dres. Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti, que fuera rechazado por dudosa legitimidad constitucional, encontró su cauce institucional, enviando los pliegos de los postulantes al Senado de la Nación; que los aprobó el 15 de Junio y el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial (día 23) los decretos 803 y 804 que incorporaron formalmente a la CSJN a ambos magistrados. El día 29 asumió el Dr. Rosatti, haciendo lo propio el Dr. Rosenkrantz el día 23 de Agosto. Luego de 12 años, asumen dos nuevos jueces en la Corte Suprema que quedó integrada con cinco miembros.

Al asumir las nuevas autoridades, El OIP solicitó entrevista con el Dr. Germán Garavano, Ministró de Justicia y DD. HH de la Nación, quién derivo la misma al Lic. Claudio Bernardo Avruj. La entrevista se concretó el día 18 de Enero y en la misma el OIP impuso al Secretario de DD. HH de la Nación su preocupación por varios temas que deberían ser materia de agenda a fin de lograr la concordancia entre las garantías Constitucionales y los actos de gobierno. Entre los temas de relevancia que se expuso fue la campaña de ciertos sectores para que los presos no perciban el sueldo mínimo, vital y móvil como los trabajadores en libertad. La otra cuestión que se planteó fue la necesidad de constituir el Mecanismo Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y/o Degradantes que lleva cuatro años de mora en constituirse. Se hizo notar así mismo que la Ley 26.827, no guarda relación con lo expresado literalmente en el Protocolo en relación a su composición debido a la alta injerencia del oficialismo en turno y las limitaciones de la participación de las ONGS sectoriales. La conclusión de la entrevista fue que el Lic. Claudio Avruj manifestó que no más allá de las vacaciones de invierno (Julio) se trataría el tema del Mecanismo de Seguimiento (Comité). Al cierre del presente informe en el Congreso no se trató el tema y no parece que el oficialismo tenga interés en llevar adelante la deuda pendiente.

La Defensoría del Pueblo de la Nación sigue sin tener un titular electo por la Comisión bicameral del Congreso de la Nación. El conflicto desatado por el aumento desmesurado de las tarifas públicas, puso en evidencia la necesidad del Defensor del Pueblo de la Nación durante el mes de Agosto. El Dr. Daniel Bugallo, letrado titular de la Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte que se expidiera sobre la necesidad de que el parlamento nacional nombre un Defensor del Pueblo |1|. El 1º de Noviembre la Corte falló a favor del pedido del Dr. Bugallo y solicitó al Congreso de la Nación que se reúna la Comisión bicameral para la selección del Defensor |2|.

A un año del actual gobierno, se puede observar que aún se está lejos de alcanzar la calidad institucional requerida para consolidar el Estado de Derecho. En efecto, es el caso del Tribunal Oral N° 23 (TOC 23) de la Capital Federal, que desde hace un año y medio funciona con sólo uno de los tres jueces que debería tener. Su presidente y único integrante, Javier Anzoátegui, elevó en el mes de Octubre un escrito a sus superiores de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y de la Cámara de Casación Criminal, María Laura Garrigós de Rébori, para pedir auxilio con un expediente en particular, que es una muestra de cómo funciona la Justicia penal argentina |3| debe observarse que ese tribunal tiene una abultada agenda de juicios que llevar adelante con personas que actualmente se encuentran privadas de su libertad y tamaña anomalía pone en el tapete la vulneración de derechos tales como: a un juicio justo en tiempo y forma, a la persecución penal de graves delitos que dañan el tejido social.

En relación a la regularización de los nombramientos de los jueces y los miembros del Consejo de la Magistratura, no se reportan novedades significativas |4|.

Por otra parte la Ong. FORES (Foro de Estudios sobre la administración de Justicia) desde hace 30 años, analiza las consecuencias negativas del actual sistema de Justicia de la Nación. Las extensas vacaciones que el Poder Judicial se atribuye. Algunos de los datos que la organización denuncia púbicamente, son impactantes: resulta inexplicable y hasta escandalosa, la persistencia de la situación año a año. La razón es, simple: "¿Cómo el cuerpo legislativo o el poder ejecutivo podrían enfrentarse, al menos sin grandes costes en su perjuicio, a la anquilosada corporación judicial?". Muy a pesar del equilibrio de poderes que consagra la Constitución nacional, la administración de Justicia funciona como una camarilla de tradición vitalicia con salarios altos, exención de impuesto y privilegiadas vacaciones que no condicen con las condiciones de trabajo del resto de la administración pública |5|.

Otro tema que saltó a la opinión pública es la relación entre algunos funcionarios de la administración de justicia federal y la policía. En efecto, el Juez Julián Ercolini decidió apartar a un Secretario Federal, luego de que se difundiera un audio entre ese funcionario y un policía que lo llamó a la madrugada para saber cómo proceder ante la detención de un hombre con un kilo de droga, en el marco de la nueva ley de flagrancia. El 1 de diciembre pasado (en medio de objeciones y reclamos de magistrados y funcionarios judiciales) comenzó a regir la Ley de Flagrancia que impulsó el Gobierno y permite el juzgamiento de delitos en caso de que sus autores sean detenidos en el momento de cometer un ilícito. La grabación a la que se alude registra el diálogo de un policía que se identifica con su nombre y su rango cuando llama durante la madrugada al secretario federal -cuyo nombre aparece en la grabación pero no fue difundido por el juez no lo difunde- para informarle de la detención de un sujeto en plena calle, en el cruce de Adolfo Alsina y General Urquiza, en el barrio porteño de Balvanera. El sujeto estaba en una actitud sospechosa hablando con un taxista que al ver a la policía huyó, y al proceder a su detención se le secuestró varias dosis de cocaína que sumaban un kilo |6|.

El día 6 de Octubre el Ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció en el Senado que el Gobierno postergará la puesta en marcha de los juicios por flagrancia, en respuesta a un reclamo de los fiscales que habían manifestado su preocupación por la incapacidad logística de la Justicia en poner en marcha ese tipo de procesos |7|.

Con el enunciado "complementación estatal en aplicación a la ley migratoria", el 19 de Agosto, el Director Nacional de Migraciones, Horacio García, la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich y su par porteño, Martín Ocampo, rubricaron un acuerdo por el cual la Ciudad entrega en comodato un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860, que estará destinado "de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras de la Ley 25.871 y su normativa complementaria". En los hechos, se tratará de la primera cárcel para migrantes del país. En el comunicado, la Dirección de Migraciones establece que se retendrán allí las personas que hayan cometido "infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio". |8| Varias organizaciones de DD. HH manifestaron su preocupación por el hecho. El OIP solicitó una entrevista al Sr. Secretario de Seguridad Gerardo Milman a fin de tratar el tema. La misma se concretó el día 12 de Septiembre. En un cordial encuentro, la institución señaló sus reservas sobre la iniciativa, el funcionario comentó que en realidad el tema corresponde al área del Ministerio del Interior en la Dirección general de Migraciones. Justamente por ese mismo hecho es que resulta preocupante que la Ministra de Seguridad haya hecho el anuncio. A menos que se considere que la seguridad interior esté en riesgo a causa de la migración. Al cierre del presente informe el debate cobró vigencia a raíz del denominado "Caso Brian" que se consignará en el ítem de menores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Un caso que tiene muchas aristas controversiales y que generó una fuerte crítica desde los organismos internacionales es el Milagro Salas. Esta dirigente de una organización social y actualmente electa diputada por el PARLASUR, pero que no llegó a jurar el cargo, se encuentra detenida en la prisión para mujeres Alto Comedero en su provincia: Jujuy. Independientemente de los cargos y los dos juicios que enfrentó y de los que fue hallada responsable y que a futuro deberá afrontar cinco cargos más por corrupción de diferentes modos, lo que realmente preocupa es que la República Argentina desoiga las recomendaciones de organismos internacionales tales como: Grupo de trabajo contra la Detención Arbitraria de ONU y la carta de solicitud del Sr. Secretario de la OEA Dr. Luis Almagro Lemes. En el caso Milagro Salas (ampliamente conocido) se aplica el famoso principio "del fruto del árbol envenenado".es decir que: si el comienzo del proceso está viciado por algún procedimiento de dudosa legitimidad, todo el resto del procedimiento judicial se cae. De acuerdo a las evidencias aportadas por la defensa de la Sra. Salas, no había motivos fundados para detenerla cuando ella comenzó con los acampes y las protestas. De ahí en más, su detención resulta arbitraria y la continuidad en esa situación, de dudosa legitimidad |9|. En medio de los cruces por la prisión preventiva de Milagro Sala y los pedidos de liberación inmediata, las autoridades jujeñas justificaron la decisión judicial en el entorpecimiento de la causa a partir de "la violencia" que la dirigente podría ejercer, se conoció una amenaza al fiscal General de Jujuy, Sergio Enrique Sánchez Lello, a través de un llamado telefónico a su mujer. |10|

El 16 de noviembre la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el Proyecto de Ley por el cual se modifica la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y da más participación a la víctima en el proceso penal, ingresó en Senado bajo los Exptes. 3805-D-2016 y 4829-D-2016. Impulsada por un sector de la oposición, la Cámara de Diputados dio media sanción por unanimidad (212 votos) al Régimen de Protección a las Víctimas de Delitos, que contempla el asesoramiento gratuito de un abogado a la víctima desde el inicio del proceso legal. La iniciativa establece la creación de centros de asistencia y protección en todo el país, además de la designación gratuita de un abogado para que represente a la víctima o a sus familiares, siempre que no dispongan de recursos económicos, en las causas en las que se investiguen delitos graves. Por otra parte, las víctimas deberán ser informadas durante todas las etapas de la causa, en las que podrán constituirse como querellantes. En particular, deberán ser notificadas de las actuaciones que dispongan la prisión o la posterior liberación de los acusados, así como las libertades transitorias y las variaciones sustanciales de las condiciones del encierro. El régimen previsto en el proyecto de ley estipula a su vez que las denuncias no se radiquen más en comisarías sino que se efectúen en Centros de Asistencia y Protección a la Víctima de Delito, que estarán disponibles las 24 horas, y que contarán con un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos, asistentes sociales y abogados a disposición. El 24 de noviembre, se oficializó, por Decreto 1194/2016 publicado en el Boletín Oficial la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, desde el 1 hasta el 30 de diciembre, entre los 17 proyecto enviados a tratamiento para el Senado se encontraba los exptes. Antes mencionados que obtuvieron media sanción. Frente a esa circunstancia, los familiares de los presos de todo el país se movilizaron para impedir el tratamiento y aprobación de la modificación de la ley de Ejecución penal 24.660. |11|

Situación de los menores de veintiún años en el Sistema Penal Argentino

En Argentina el estado de situación de los menores en conflicto con la ley penal tiene tres ítems de la máxima relevancia. Al menos 1300 |12| chicos están privados de libertad en el país. El Defensor del Niño, a la espera de una respuesta judicial. El riesgo de cumplir 18 y ser trasladados a una cárcel de adultos y la mirada de los especialistas: legisladores y expertos en DD. HH. Argentina es el único país de Latinoamérica que carece de un régimen de responsabilidad penal juvenil acorde con la Convención de los Derechos del Niño y mantiene vigente un decreto-ley de la última dictadura militar que no garantiza el estado de derecho para los niños y adolescentes en conflicto con la ley.

El postergado debate acerca de una ley nacional de responsabilidad juvenil, cobró súbito e inesperado vigor a fin de año y a raíz del denominado "Caso Brian". El actual gobierno dispuso desafectar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) a los Institutos de detención que estaban a su cargo. En efecto, a partir del motín que se produjo en el Instituto Manuel Rocca, el OIP tomó conocimiento del traspaso de los Institutos dependientes de la SENAF a la administración del gobierno de la CABA. El sábado 15 de Abril, a las 22,30 Hs aproximadamente, un grupo de adolescentes entre 16 y 17 años inició un motín en el mencionado Instituto con un saldo de seis heridos y el establecimiento totalmente destrozado e inutilizado. Efectivos de la comisaría 43ra rodearon el lugar y personal del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) ingresó por la fuerza debido a que si bien comenzaron negociaciones nunca avanzaron porque los adolescentes sólo querían huir, según comentaron las autoridades |13|. El día 18 de Abril, el OIP solicitó una entrevista a la SENAF con el propósito de conocer la versión oficial de los hechos antes relatados. El día 19 de Mayo fueron recibidos por la Subsecretaria Dra. María Mercedes Agresti y el Dr. Mariano Kierzembaum a cargo de la Dirección de los Institutos. Durante la reunión se solicitó información precisa sobre el traslado de los adolescentes que eran alojados en Rocca y el permiso para ingresar a ver las condiciones de alojamiento en general de todos los niños y adolescentes a disposición de la SENAF y bajo tutela judicial. Frente a la reticencia de las autoridades, el OIP dejó una nota por mesa de entrada (se insistió enviando nota a la privada de la Secretaria del SENAF, Yael Bendel, sin respuesta) y a posterior en reunión de Comisión Directiva se resolvió tomar contacto con la jueza en turno al momento del motín. |14|

1.- Situación de los Menores en conflicto con la ley penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Los casos que se relatan a continuación ponen en evidencia la violencia institucional y la falta de garantías en materia de DD. HH

El 29 de Enero la murga "Los Auténticos Reyes del Ritmo" de la Villa 1-11-14 estaba ensayando mientras gendarmería realizaba un operativo. Cuando un patrullero intentó atravesar la calle donde ensayaban, el director de la murga le pidió que esperaran o que dieran la vuelta, cosa que no atendieron y siguieron rosando con los patrulleros a los jóvenes y niños que bailaban, luego abrieron fuego hiriendo a varios de los 80 integrantes de la murga |15|.

El 30 de setiembre Un niño de 8 años fue detenido por oficiales de la federal en la Av. Caseros, CABA. Le imputaban haber robado un par de zapatillas del pelotero de "Mc Donalds" de la zona, le tomaron las huellas dactilares y lo retuvieron varias horas, hasta que interviene la guardia de abogados del Consejo de Derechos quienes lo trasladan a su casa y se harán cargo de su defensa |16|.

"El policía tendría que haber llamado directamente al Consejo de Derechos", dijo Florencia Gentile, plenarista del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes por la Legislatura. A raíz de este caso y tras una sucesión de hechos que comenzó con la represión a nenes y nenas de una murga en el Bajo Flores a principios de año, propuso que el plenario del Consejo emita una recomendación "para que todas las fuerzas de seguridad incorporen desde su formación un marco de regulación de derechos de niños y adolescentes".Gentile advirtió que la detención fue algo aislado. "Hubo dos casos la semana pasada de violencia institucional hacia niños y adolescentes: la detención del chiquito y la tortura a dos adolescentes de la Garganta Poderosa. Creo que hay que interpretarlos en conjunto

El 24 de Septiembre, Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro, 15 y 16 años, habitantes de la Villa 21-24, CABA fueron torturados por personal de Prefectura. Ambos integran la organización "La Poderosa". Ezequiel regresaba de visitar a su abuela cuando se encuentra con Iván y cuando están saludándose fueron agraviados y acusados de robo, golpeados y requisados, al no encontrarles nada los dejan en libertad. A los pocos metros son interceptados nuevamente por tres móviles de prefectura, con cuatro agentes cada uno de ellos, los suben a la fuerza a uno de los vehículos, los trasladan primero a una garita donde reciben una brutal golpiza |17|.

El día 24 de Diciembre Brian Aguinaco (14 años) quién iba en coche al lado de su abuelo, fue baleado durante la fuga de dos asaltantes a bordo de una moto. Falleció el día 26. Los vecinos indignados por la ola de asaltos en la zona, marcharon a la comisaría 38º donde se produjeron varios incidentes, luego de varios episodios, destituyen al comisario de la mencionada seccional y presentan plan de seguridad para el barrio de Flores. A partir de esta muerte se abre un ríspido debate sobre la baja en la edad de la imputabilidad debido a que (de acuerdo con las investigaciones policiales) el agresor sería un menor de 15 años también de nombre Brian y que su madre con arresto domiciliario lo acompañó a Ezeíza a tomar un vuelo a Chile, donde su padre lo aguardaba para seguir la fuga a su país de origen: Perú |18|. La postergada ley penal juvenil nacional, tiene un grave escollo en el debate: la baja en la edad de la imputabilidad. Gran responsabilidad de esta situación la tiene la administración de justicia que se niega a instrumentar medidas cautelares cuando el menor es responsable de un delito grave, cierra la causa y entrega al menor al mismo ámbito nefasto que generó la conducta disvaliosa del adolescente |19|. El Juez dispuso la guarda del imputado a sus abuelos en Perú y fue enviado a ese país con la custodia correspondiente. Sin embargo, nada impedía (salvo la propia interpretación del juez y su visión ideológica) que ese menor en riesgo material y emocional, dada las actividades ilícitas de sus padres, fuera retenido en una institución bajo la responsabilidad de un equipo interdisciplinario para su tratamiento psicológico y su socialización y cuando estuviera definitivamente deslindadas las responsabilidades, retornarlo con sus familiares en Perú. Esta forma de interpretar la ley de algunos jueces, genera irritación social en varios sectores de la sociedad frente al evidente abuso de los que son víctimas menores que delinquen instigados por adultos a sabiendas que no van a tener sanción. Por otra parte, el victimario es también un menor en estado de vulnerabilidad y riesgo social ya que carece de contención y amparo.

2.- En la Provincia de Buenos Aires

De acuerdo a la información obrante en la página web de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, en la actualidad hay 480 jóvenes privados de libertad, 110 en régimen de semi libertad y 2.200 con medidas socio educativas. En cuanto a las plazas existentes, los cuatro centros de recepción tienen un total de 284.167 en los 10 centros de contención y 160 en los centros de contención. Se implementó un Programa de Capacitación al personal de los centros cerrados en los cuales se les instruyó respecto a la normativa vigente, al régimen de vida y disciplinario, la existencia de un reglamento básico, capacitación en instituciones de las nuevas modalidades de trabajo, evaluación de los jóvenes adictos, su atención y derivación de ser necesaria. Un relevamiento realizado en abril por el sindicato SOEME que abarcó todos los centros de contención, denuncian que el 40 % de los jóvenes son mayores de 18 años, las terribles condiciones de detención con hacinamiento y riesgo de enfermedades infecciosas, durmiendo en el piso sin colchones, invadidos de ratas y escasez de personal. En Azul encontraron detenidos de 23 años por delitos graves.

El 31 de Marzo, el OIP realizó una visita al Instituto Almafuerte. El acta de la visita se puede ver en: www.oipargentina.org

El 5 de mayo se realizó un motín en el Centro Cerrado de Lomas de Zamora en el que prendieron fuego a los colchones. Hay alojados 86 jóvenes y reclamaban mejores condiciones de detención. El conflicto se originó en el módulo 3, un joven que está bajo tratamiento psiquiátrico solicitó un médico que no había en ese momento. Este es otro de los pedidos realizados, la designación de un profesional con orientación en psiquiatría, no hay enfermeros suficientes y el día del motín solo una enfermera atendió a los 20 chicos intoxicados por el humo. La infraestructura no posee condiciones aptas de evacuación, ni agua potable y tiene un notorio desgaste del sistema cloacal. Ya a fines del año 2015 el Juzgado de Responsabilidad Juvenil 1 de Lomas de Zamora ordenó la clausura del centro con expresa prohibición de alojamiento.

En el mes de abril 11 internos del Abasto se fugaron, las autoridades habían ocultado el supuesto suicidio de un joven que sufría un cuadro depresivo grave.

El 16 de julio encapuchados, saltaron el muro perimetral y cortaron un alambrado para ingresar al Aráoz Alfaro, en la localidad platense de Abasto. Dos internos escaparon y otros cuatro aprovecharon la situación y también se dieron a la fuga |20|.

El 25 de diciembre 3 adolescentes se fugaron del Instituto Almafuerte de Melchor Romero. Estaban en la enfermería por distintas molestias, uno de ellos amenazó al personal que lo atendía con una faca que tenía escondida entre su ropa logrando escaparse. Dos tenían 18 años y uno 16 años.

En el informe de la Defensoría de Casación, en los cuatro primeros meses del año, 52 niños y jóvenes menores de 18 años fueron víctimas de torturas y tratos inhumanos, la mitad de ellos se dieron en el distrito de La Matanza, el resto en Mercedes, Lomas de Zamora, Morón, Bahía Blanca, Mar del Plata, San Nicolás y Azul. Resaltan el trabajo mancomunado con la Defensa Departamental de La Matanza y el Servicio Local de Derechos. Del total de casos 47 de las víctimas solicitaron la confidencialidad. En varios casos se registró que los efectivos policiales además de agredir de primera mano, habilitan en los casos de flagrancia a quienes fueron damnificados agredan a los niños aprehendidos. En el segundo informe que abarca desde el 1 de mayo al 30 de noviembre de 2016, del total de 70 casos 68 fueron víctimas de la policía bonaerense. Del total 29 corresponden al departamento judicial de La Matanza, 8 a Mercedes, 7 a Morón, 6 a San Martín, 5 a Lomas de Zamora, 4 a San Isidro, 4 a Azul, 2 San Nicolás, 2 Mar del Plata, 1 a Bahía Blanca, 1 a Dolores, 1 a Defensoría de Casación. La modalidad es la misma que en el sistema de adultos, golpes, asfixia, quemaduras, aislamiento, abuso sexual, picana eléctrica, destrucción de pertenencias. Se sigue violando las disposiciones que prohíben que niños fueran alojados en comisarías donde se continua con detenciones y mal trato, por lo cual se puso en marcha el programa Jóvenes Detenidos cuyo objetivo es dar seguimiento de los casos para lograr la mejora de la situación de los niños, niñas y adolescentes de la provincia. En el presente año se dieron numerosos casos de detenciones sin causa, traslados, falta de intervención de los servicios de protección, golpizas, requisas. Nuevamente un joven pude ser detenido por no llevar consigo su DNI. De los casos que tomaron difusión pública detallaremos algunos de ellos:

El 3 de enero de 2016 Esteban Paniagua fue muerto en Villa Fiorito cuando intentó robar junto a otros seis chicos una moto donde iba un policía de civil quien disparó 10 veces mientras que los chicos, que estaban desarmados, intentaban escapar. Las únicas vainas encontradas son del policía Martín Arguello. El fiscal pidió la detención por homicidio calificado |21|.

El 14 de marzo de 2016 Lautaro Blengio, 17 años fue secuestrado y torturado por la policía comunal en Miramar. Lo llevaron cuando iba camino a su casa a la salida del colegio. El día anterior había sido amenazado por estos mismos policías con "tirarlo en el vivero" cuando le pidieron identificación por averiguación de antecedentes |22|.

El 24 de Abril Gabriel Alejandro Godoy de 15 años fue muerto a balazos por la espalda en Villa Itatí (Bernal) disparados por el policía Emiliano Vicente Paris. Iba caminando con su amigo Eric de 18 años, cuando reciben ambos impactos de bala, Gabriel murió en el acto mientras Eric fue internado en el hospital de Wilde donde quedó detenido |23|.

El 1° de junio Liliana herrera, cuando escuchó por primera vez una frase que le sigue retumbando en la cabeza: "Vas a aparecer tirada en el Riachuelo". Ese día un móvil blanco la sorprendió en la feria que se arma miércoles y sábados sobre la avenida Olimpo, cerca de La Salada, en Lomas de Zamora. Tres policías la llevaron hasta la comisaría 10° de Ingeniero Budge. Allí la tuvieron durante más de cinco horas sin registrar su ingreso. En su declaración denunció todo tipo de amenazas y acusó al jefe de la seccional de haberla abusado |24|.

El 13 de junio una niña de 11 años muere atropellada por patrullero en José C. Paz. Venían persiguiendo una moto cuando pasaron al carril contrario e embistieron a la niña que estaba cruzando la calle. El policía que conducía quedó imputado de homicidio culposo

El 24 de junio, Rodrigo de 16 años, fue baleado por el policía de la metropolitana Matías Ortiz, en la Ciudad de La Plata. El agresor manifiesta que cuando esperaba el colectivo en horas de la mañana, fue supuestamente sorprendido por dos jóvenes que intentaron robarle en Parque Castelli, sacó su arma y le disparó a Rodrigo en el abdomen quien fue internado en grave estado en el hospital San Martín.

El 8 de agosto policías golpean a dos adolescentes de 15 y 16 años en la puerta de la escuela 23 del barrio Las Rosas de Bahía Blanca. Un peatón filmó los hechos cuando uno de los efectivos les pidió a los gritos los papeles del ciclo motor en el que circulaban mientras los maltrataban. Dos efectivos fueron separados de la fuerza.

Víctor Emanuel González de 17 años, asesinado el 24 de agosto por la policía en la Ciudad de La Plata. Su cuerpo apareció con un balazo en la espalda en la calle 60 y 115 frente al Cuerpo de Caballería de la Bonaerense. La justificación fue intento de robo, la familia exige le dejen acceder a las cámaras de seguridad y la fiscalía no los recibió |25|.

El 3 de julio estudiantes de música fueron amenazados en Chivilcoy. Un grupo de jóvenes que estudian en el conservatorio de la zona fueron sometidos a requisas y amenazas. Se filmó un video sobre estos hechos, lo que motivó que las autoridades distritales se comprometieran a investigar a fondo estos hechos denunciados.

El Juez de Garantías Penal Juvenil Marcelo Giacoia presentó el 24 de agosto un habeas corpus colectivo para proteger a los jóvenes de Mercedes, Chivilcoy, Luján y Marcos Paz por el "notorio incremento de restricción de la libertad sin conflicto penal concreto que son detenidos por portación de cara |26|.

Pablo Micheli de la Central de Trabajadores del Estado (ATE) denunció a 10 agentes de la policía de Quilmes quienes el 8 de octubre habrían apuntado a su hijo de 12 años mientras jugaba en la calle a las escondidas con un grupo de amigos.

El 8 de noviembre un grupo de 5 jóvenes estaban sentados conversando en la plaza Cumelén en Morón, cuando se les acerca la policía, les pide los documentos y que se saquen las zapatillas, los pone contra la pared y los agreden verbalmente. Una joven que estaba en el lugar filmó los hechos y los difundió en la web.

Manuel, de 17 años, fue acribillado por la espalda el 22 de diciembre en Trujuí, Moreno, y luego rematado de un tiro en la cabeza cuando estaba tirado en el piso por un policía vestido de civil. La excusa para asesinarlo fue intento de robo.

3.- En la Provincia del Chaco

En el Chaco hay dos instituciones que albergan jóvenes en conflicto con la ley: el Hogar Granja Tres Horquetas |27|, de régimen cerrado y el Centro Construyendo Futuro, que es de régimen semi-cerrado. Se encuentra en ejecución la refacción del Centro Pestalozzi, con miras a su inauguración como Centro Modelo especializado en la temática de sistema penal juvenil. Además el Ministerio de Desarrollo Social ejecuta el Proyecto "Adolescentes protagonistas" que trabaja en territorio y siguiendo los casos de jóvenes con medidas tutelares |28|.

El 19 de septiembre la Asociación Pensamiento Penal presentó un comunicado por vulneración de derechos en la aldea Tres horquetas donde están alojados 18 adolescentes en conflicto con la ley penal que y depende de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, sin embargo, el accionar del Servicio Penitenciario Provincial sigue siendo preponderante. Esto distorsiona el objetivo de la institución, que insiste en su sentido correccional y diluye la labor de los trabajadores sociales que tienen a su cargo a los jóvenes |29|. El día 21, el titular del Ministerio de Desarrollo Social, Roberto Acosta, respondió a las críticas que recibió el trabajo que se realiza en la Aldea Tres Horquetas. El funcionario aseguró que el lugar no adopta prácticas carcelarias con los 18 menores que aloja bajo la supervisión de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Acosta aseguró que en el centro se trabaja "respetando y haciendo cumplir" la ley provincial 17162 y la ley nacional 2601 de Protección de Derecho de Niños y Adolescentes en Contexto de Encierro |30|.

4.- La Provincia de Chubut

El 13 de agosto, siendo la 01 Hs aproximadamente, en momentos en que un adolescente (17años) caminaba frente a la Escuela N° 30 de la localidad de Gastre, es demorado por los empleados policiales Emanuel Pailacura y Ezequiel Hincalef, quienes se hallaban en el móvil policial R.I. 627, y trasladan al menor a la Comisaria, dentro de la cual lo toman a golpes de puño en el estómago y la espalda. Posteriormente, siendo las 02.00 Hs, el menor es entregado a su progenitora |31|.

Integrantes de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut denuncian apremios ilegales de parte de la policía que el 22 de setiembre cuando transitaban por el centro ven a 15 policías que tienen a un joven reducido en el piso y al que maltratan, se acercan y al decirles que no pueden pegarle al chico, uno de los efectivos golpea a una integrante de la comisión y al tratar de defenderla sus compañeros también son golpeados y les tiran gas pimienta. Cuando intentan presentar la correspondiente denuncia, no se la aceptan motivo por el cual recurren a los medios locales para hacer público este grave incidente.

Un Joven de 18 años detenido denuncia intento de ahorcamiento el 12 de febrero en horas de la tarde en la Comisaría Mosconi, en Comodoro Rivadavia. Al presentarse ante la fiscalía, relató que le pegaron y luego lo colgaron de su campera en la celda, la misma en la que hace un año apareció muerto Lucas Fuentes. El joven fue encontrado colgando por otros tres policías que escucharon los gritos y lo auxiliaron. Quedaron detenidos varios uniformados |32|.

5.- En la Provincia de Catamarca

El 5 de setiembre los padres de los jóvenes estudiantes realizaron denuncian de abuso policial en fiestas estudiantiles. Los casos de prepotencia y arbitrariedad policial que se advierten en las fiestas de secundarios donde se eligen las reinas de cada escuela, se han vuelto una lamentable costumbre. La mayoría de los casos, según señalaron, se da en el ingreso a las fiestas que se realizan, por ejemplo, en el predio ferial. Allí el personal policial actúa de manera prepotente tomándose atribuciones que no le competen, como el derecho de admisión por aspecto o vestimenta, según la denuncia |33|.

El 5 de setiembre la madre de dos chicos de 11 y 14 años denuncia a dos policías, uno de ellos la oficial María de los Ángeles Díaz quienes intentaron mediante abuso de autoridad detenerlos en Santa María. Pretendían hacerlos confesar un robo que no habían cometido, en el momento del hecho estaban con su madre.

El 10 de octubre dos policías detenidos por abuso de dos jóvenes de 16 y 22 años. Los agentes Galván y Ramírez de la división de infantería conocieron a las jóvenes en un boliche, luego de un rato se ofrecen a llevarlas a la casa, lo que se niegan, pero ante la insistencia terminan por aceptar. Al llegar al domicilio amenazándolas que son policías y que si hablan se van a arrepentir |34|.

El 27 de octubre policías denunciados por la familia Casas por golpiza a un joven de 16 años y el haber baleado a su tío que intentó defenderlo. Mientras integrantes del grupo GIR y de la comisaría 2ª interceptan al joven cuando se dirigía al kiosco a comprar una gaseosa y lo tiran al suelo pateándolo y pidiéndole documentos pasaba el tío, que al ver lo que sucede llama al padre del joven y corre a auxiliar a su sobrino y cuando trata de frenar a uno de los uniformados que lo agredían, le disparan por la espada impactando varias balas de goma. Luego ingresaron a la vivienda y realizaron destrozos. Al realizar la denuncia ante la justicia Casas aportó videos de lo ocurrido y testigos que presenciaron los hechos

El 12 de noviembre un adolescente de 17 años y su madre Viviana Ojeda de 35 años sufrieron apremios en la comisaría departamental de Tinogasta. El joven fue detenido en la plaza local durante disturbios. Cuando la madre va a la seccional y pide que lo dejen en libertad la agredieron dándole un rodillazo en la entre pierna, la arrastraron tomándola del cabello y brazos, cuando el joven trata de defenderla lo tiran al piso y lo patean. Ya antes había sufrido agresiones.

6.- En la Provincia de Córdoba

En el marco de la discusión sobre chicos púberes en conflicto con la ley penal, el juez de Menores José Varela Geuna, opinó que: "Los menores en edad no punible pueden ser internados en el Complejo Esperanza"., explicó que en casos muy "concretos y específicos" de niños en edad no punible "existe la posibilidad de internación donde no se pueden externar" en el Complejo Esperanza. De todos modos, señaló que se trata de casos excepcionales y que el resto de los chicos en conflicto con la ley reciben "medidas de asistencia y protección penal". "El tratamiento y cómo prosigue (el caso) depende de cada situación porque no hay un proceso penal, ya que nunca se podrá llegar a un juicio o una pena", sostuvo al tiempo que aclaró que se debe a que son menores |35|. Por otra parte, el director general del Sistema Penal Juvenil del SENNAF Córdoba, Pablo Rivarola, dijo: "Dentro de lo que es el sistema penal juvenil hay medidas penales alternativas, por ejemplo, los espacios de talleres de padres, un seguimiento territorial de los chicos y el apoyo psico -educativo. El enfoque está puesto en el acompañamiento al entorno familiar". Sobre el trabajo con menores en conflicto con la ley, subrayó: "Se buscan estrategias locales a problemas globales" y agregó: "Esto no es algo que surgió de forma espontánea en Córdoba, tiene otro contexto, y está atravesado por cuestiones sociales, culturales, educativas, que están vinculadas con la exclusión social". Apuntó a un problema estructural y dijo que "es una tarea más amplia que abocarse al niño solamente". Por eso, contó que se buscan estrategias que beneficien tanto al menor como a la sociedad: "Para el niño, hay que intentar reconocer un referente pro social y vincularlo con el joven para generar un vínculo afectivo". Y, como segundo punto, mencionó las estrategias de prevención ambiental que tienen que ver con el cuidado de la ciudad y la iluminación |36|.

El 22 de Enero Santino Yuthiel Cabanillas l, 1 año y 9 meses, muere de un balazo en el barrio Marqués Anexo, Capital. A las 21,30 horas la policía venía persiguiendo a un joven de 17 años y pese a haber gente en la calle dispararon sus armas a mansalva. Santino estaba en brazos de su padre, recibió un balazo en el pecho con salida por la espalda. La policía en ningún momento prestó auxilio al padre e intentó inculpar al joven que perseguían, cuando ya lo habían detenido antes del disparo fatal |37|.

El 8 de setiembre dos adolescentes de 13 y 14 años, fueron apremiados por policías que iban en un patrullero en el barrio San Roque, de la Capital provincial. Volvían de la casa de uno de ellos cuando los obligaron mediante amenazas a correr mientras los seguían en el móvil policial. Uno de los agentes, el sub inspector Guillermo Torres estaba acusado de matar a un niño de 1 año y 9 meses en el mes de Enero, en un caso de gatillo fácil |38|.

El 22 de diciembre en el barrio Müller Lucas Leones Ruchi, 13 años, recibió un tiro en la cabeza de parte del sargento Armando Murúa. Según las primeras versiones, Lucas y otros jóvenes abordaron al cura Mariano Oberlin cuando se encontraba cortando el césped en un predio colindante a la parroquia del barrio. Le sustrajeron la máquina bordeadora, un celular, y emprendieron la huida. La versión policial señala que se habría producido un intercambio de disparos entre el efectivo de civil y los adolescentes. El saldo fue que Lucas cayera fulminado por un disparo en la parte posterior de la cabeza |39|.

7.- En la Provincia de Corrientes

El 17 de febrero Juan David Encina de 18 años, fue detenido en la zona del barrio Mil Viviendas de la capital por no llevar consigo sus documentos de identidad. Horas después estaba muerto en su celda de la comisaría 7ª. Primero fue alojado en un depósito de vehículos secuestrados y chatarra. Su cuerpo apareció en el pasillo inter celdas. La causa está caratulada como muerte dudosa |40|.

El 8 de agosto un joven denunció que fue abusado sexualmente en Corrientes Capital. Es estudiante universitario y fue detenido a la salida de un boliche y llevado a la comisaría 4ª por los cinco integrantes del GRIM 3 que realizaron la operación. Allí fue abusado, se constataron 34 lesiones en el cuerpo, dos de ellas en los genitales, y se corroboraron las vejaciones. Quedaron detenidos los cinco implicados, un oficial y cuatro cabos |41|.

8.- En la Provincia de Entre Ríos

El caso que a continuación se describe, sumió en el debate institucional y a la opinión pública en general, en opiniones encontradas y muy controversiales. El hecho fue así dado que las víctimas están bajo la tutela del COPNAF (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia).

El 5 de julio siete policías de entre 25 a 40 años denunciados por abuso de dos adolescentes de 13 y 14 años en Paraná. El abuso sexual se dio en los vagones de un predio que pertenece al ex ferrocarril, eran integrantes de la guardia especial. Las jóvenes venían de la Residencia Socio Educativa Mujercitas de Paraná. Realizaron la denuncia y el abuso sexual fue verificado en la revisión médica que le realizaron. Fueron separados de la fuerza e imputados |42|.

El caso, fue objeto de reproches, que tenían el tenor del siguiente calibre: qué hacían las nenas en la calle, por qué alguien no evitó que se fugaran, por qué nadie es responsable de que, a la madrugada, estén encerradas |43|. "Ahora, parece que el problema es que las chicas estaban afuera. Y no es ése el problema", remarca la titular del COPNAF Marisa Paira. El asunto de las instituciones de puertas abiertas, de chicos que están al cuidado del Estado sin estar privados de su libertad, es un tema recurrente y en ocasiones cruzado por malos entendidos. El caso puso sobre la superficie ese asunto |44|. La sociedad entrerriana al parecer no está interesada en interiorizarse de la problemática de los chicos en situación de abandono parental y bajo tutela del Estado |45|. Cabe señalar que la Ley Nº 9861, en relación a las salidas fija en su artículo 16º: "Cualquier limitación o restricción a la libertad de niños y adolescentes deberá ser ordenada judicialmente en forma fundada, mediando debido proceso, como medida excepcional y de último recurso, por tiempo determinado y por el mínimo período necesario, garantizando el goce de los derechos en la mayor medida posible" |46|. Por otra parte el hecho de referencia obliga a repensar algunos aspectos institucionales y de abordaje |47|. Cabe señalar que el COPNAF atiende a 304 niños y adolescentes que están alojados en residencias socioeducativas que dependen del Estado y también de organizaciones sociales y la Iglesia, y están con "medidas de protección excepcional", tal como fija la ley, adoptadas por la Justicia; y otros 94 ya en estado de pre- adoptabilidad. En todo el organismo, trabajan 1.482 empleados.

9.- En la Provincia de Formosa

De acuerdo a lo trascendido, el hecho habría ocurrido los primeros días del mes de julio en la Seccional Primera, lugar donde un hombre había sido aprehendido por personal de la Zona del Comando Radioeléctrico y alojado en dicha dependencia |48|.

El 10 de Agosto se dio un amplio debate en el marco de un ateneo sobre adolescentes infractores a la ley penal. El ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez presidio junto a profesionales de esferas del Poder Judicial y del Ejecutivo como Salud, Educación, Niñez y Familia, un interesante ateneo donde el tema central de debate fue el de adolescentes infractores a la ley penal. Fue en el Estadio Centenario, donde la subsecretaria de Niñez Adolescencia y Familia, Graciela Parola, el asesor de Menores del Poder Judicial, Alfredo Padilla Tanco El 8 de Noviembre en la Ciudad Posadas la Corresponsal del OIP Dra. María Silvina Barreyro informa que: entre el OIP y la Diputada Dra. María Ángeles Losada, del Bloque de Vanguardia, trabajaron conjuntamente los siguientes temas: Situación carcelaria en la Provincia de Misiones, Situaciones de violencia hacia la mujer, Proyectos de informe y/o comunicación por los cuales se estudia cómo está compuesta la población carcelaria y las cárceles en la Provincia de Misiones. Creación de la Comisión contra la Tortura en la Provincia de Misiones. Logros/ Proyectos de Ley presentados por la Diputada María Ángeles Losada y aprobados por la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones :

- Aprobación de la Ley de casas Refugios para mujeres víctimas de violencia Familiar

- Incorporación de la Comisión contra la Tortura en la Provincia de Misiones, por medio del trabajo realizado por la Diputada María Ángeles Losada en la Comisión de Asuntos constitucionales cuya presidencia se encuentra a su cargo.

- Aprobación del Proyecto de comunicación para que el Servicio Penitenciario Provincial informen cuantas Personas se encuentran en estado de detención, y/o procesados y/o cumpliendo sentencia firme y Respuesta del Servicio Penitenciario.

- Incorporación en el Presupuesto Provincial de las previsiones necesarias en el Presupuesto del año 2017 para la adecuación y reparación de la Unidad Penal N° 4 de Menores.- y la coordinadora Provincial de Atención a Adolescentes Infractores y/o presuntos infractores a la ley penal, Rosalía Casal, expusieron ante profesionales médicos, oficiales policiales y especialistas en diferentes esferas que tienen injerencia en esta problemática |49|.

10.- En la Provincia de Jujuy

El 21 de mayo, cerraron la Comisaría del Menor y abren un centro. Crean nuevos espacios con el objetivo de mejorar las condiciones de los jóvenes en contexto de encierro. En el marco del convenio firmado por la provincia con UNICEF para la adecuación del sistema penal, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, resolvió cerrar la Comisaría del Menor del Barrio Chijra para habilitar un Centro de Detención Transitoria e Identificación y, por otro lado, crear una Residencia Socioeducativa en el Servicio Penitenciario de Alto Comedero, respetando así los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal |50|.

El 20 de noviembre Sebastián Orozco y Gustavo Manuel Quispe, 15 y 16 años respectivamente fueron perseguidos por la policía en Perico. Habían asistido a un casamiento junto a sus familias cuando son sorprendidos en la calle por una camioneta de infantería desde donde los agentes los apuntan con sus escopetas, se asustan y salen corriendo. Inmediatamente comienzan a dispararles, uno de los jóvenes recibe 15 balazos de goma mientras al otro lo golpean brutalmente. Son trasladados al hospital y luego a la Brigada de Investigaciones donde siguen agrediéndolos y tratan de inculparlos del robo de una moto

El 30 Noviembre se llevó a cabo la presentación de los Protocolos de Actuación del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Sistema Penal Juvenil y Centro de Admisión, tres ejes fundamentales de trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia, el Poder Judicial, el Gobierno de la Nación y UNICEF |51|.

11.- En la Provincia de La Pampa

El 2 de agosto González, joven de 14 años, fue herido con seis perdigones de balas de goma por la policía, quien también lo golpeó en la cabeza en Santa Rosa,. Los uniformados llegaron por una denuncia de pelea familiar, la hermana del joven relató que eran sus hermanos mayores los que peleaban y el joven lo que hacía era tratar de separarlos y que uno de los policía le pegó una patada en la cabeza mientras otros disparaban |52|.

El 16 de Septiembre, se tomó conocimiento que la encargada de un hogar para personas con discapacidad que depende de la Asociación Civil Abrazo de Oso fue apartada de su cargo luego de propinarle un presunto maltrato a una niña que estaba alojada en esa institución. La decisión de sacar del lugar a la persona acusada de los malos tratos la tomó, supuestamente, el presidente de la ONG, el ex vice intendente de Santa Rosa, Luis Martínez |53|.

12.- En la Provincia de La Rioja

En relación al tratamiento de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal no se observan avances significativos, con respecto a los informes 2014 y 2015 del OIP. Tampoco la forma de abordaje en relación a su contacto con la ley a causa de la comisión de un delito.

13.- En la Provincia de Mendoza

El 15 de marzo Facundo Miczko Gaitán, fue asesinado en Las Heras, de un disparo en el pecho por una policía a la cual intentó asaltar El fiscal del caso, Gustavo Pirrello, ordenó su libertad después de recibir su versión del hecho. Tenía 17 años y su única arma era de fogueo (juguete que imita el disparo) |54|. Este hecho resultó en una escalada de violencia social. En efecto, a la madrugada del día siguiente se produjo un ataque alrededor de la 1 cuando sujetos que no están claro si iban en moto o en auto, dispararon contra el frente de la dependencia, ubicada en Padre Llorens y Uspallata (Comisaría 33). A pocas cuadras de allí se estaba velando al joven muerto en la persecución policial. Según la información oficial, los autores dispararon cerca de ocho balazos, que fueron a parar a la puerta de ingreso y el portón de la comisaría. Se hallaron vainas calibre 9 milímetros y 11.25. Si bien en el interior había efectivos, ninguno resultó herido |55|.

14.- En la Provincia de Misiones

La corresponsalía del OIP, trabajó la temática y obtuvo como logro la incorporación en el Presupuesto Provincial de las previsiones necesarias en el Presupuesto del año 2017 para la adecuación y reparación de la Unidad Penal N° 4 de Menores. En relación a la misma, la Comisión Directiva del OIP, ha instruido a su Corresponsalía para que trabaje el pase de la administración del Instituto de Menores en conflicto con la ley penal Nº 4, de la órbita del Servicio Penitenciario a la de la SENNAF de la provincia. Esto debe ser así dado que: los menores allí alojados son de 16 a 18 años, gozando de un régimen especial, que no es el mismo que los jóvenes adultos (18 a 21 años) ni de adultos.

El 15 de mayo, fue presentada una denuncia por apremios ilegales en Montecarlo, luego que efectivos policiales detuvieran a Alan un joven de 17 años con discapacidad y lo torturaran salvajemente. Este es uno de los tantos casos que vienen ocurriendo y la falta de accionar de la justicia ante las innumerables denuncias que organismos de derechos humanos realizan. En dicha localidad hay un lugar conocido como "El mirador" donde la policía lleva a los jóvenes, en especial a los pobres y a los de situación de calle para torturarlos |56|. La comunidad de Montecarlo se manifestó pidiendo justicia por el caso de apremios ilegales. La Jefatura decidió remover al comisario de Montecarlo y pasar a disponibilidad a los tres agentes involucrados. La Jefatura confirmó la agresión al joven y catalogó el caso como "posible abuso de autoridad". A través de un comunicado de prensa dado a conocer esta mañana, los altos mandos policiales dispusieron el nombramiento del Comisario Inspector Enrique Eugenio Camargo, como jefe de la dependencia policial. Y ordenaron el desplazamiento de tres efectivos, "un Oficial y dos agentes", que fueron "pasados a disponibilidad con la finalidad de preservar la claridad investigativa y el normal funcionamiento.

El 23 de Agosto en la Unidad penal, Correccional de Menores Varones Nº 4, celebraron el día del Niño. Por la mañana personal y autoridades del Correccional de Menores encabezado por el Director de la Unidad Alcaide Mayor Néstor F. Cabrera y el Subdirector Alcaide Principal Miguel A. Villalba junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos, representado por César Valdez y Adriana Naufuel y de la Defensoría de los Derechos del Niño, psicólogas Virginia Kurtz y Gimena Mercado organizaron un sencillo y merecido festejo que estuvo dirigido a los internos.

El 16 de noviembre Dian Walter Gruhn, 15 años, fue secuestrado, torturado y amenazado de muerte por policías de la Comisaría de Alba Posse, Oberá. Los padres de Dian junto a otros familiares de víctimas se presentaron ante la fiscalía de Oberá para iniciar una denuncia penal. Dian fue detenido por tres policías de civil cuando se dirigía a su trabajo en Colonia Acaruá donde reside. Lo acusaron de robar bidones de herbicidas, lo golpearon y lo amenazaron con un cuchillo, lo esposaron y lo trasladaron en una camioneta particular hasta una zona de malezas donde lo torturaron hasta que perdió la conciencia. Lo amenazaban con que lo iban a ahogar en el río Uruguay |57|. Otro joven detenido el mismo día, Luis Mateus Heineck (22), identificó como "Müller, Foster y Flores" a los tres policías de civil que irrumpieron en su domicilio y lo detuvieron en averiguación de los mismos hechos denunciados. Contó que lo golpearon y amenazaron, tampoco dieron aviso a su familia y, antes de trasladarlo a Alba Posse, lo mantuvieron encerrado ocho horas sin agua ni comida en el destacamento de Acaraguá. Desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, confirmaron que intervendrán en el caso de Dian Walter Gruhn.

15.- En la Provincia de Neuquén

La Sra. Liliana denuncia el 12 de setiembre que su hijo junto a un grupo de amigos fueron víctimas de abuso policial en Plottiern,. Tuvieron un inconveniente con el coche en el que circulaban, el que se quedó sin batería, cuando se acerca personal policial y les pide la documentación, se la muestran pero igualmente los detienen por averiguación de antecedentes y les retienen toda la noche trasladándolos luego a la capital provincial para posteriormente dejarlos en libertad |58|.

El 26 de noviembre en San Martín de Los Andes, Fernando Muñoz, denunció ante la fiscalía por abuso de autoridad y apremios ilegales a personal policial los que lo detuvieron a la salida de un pub identificando en rueda de reconocimiento al agresor.

A raíz del caso antes señalado y decenas de denuncias sin resolver de distintas organizaciones políticas y sociales que oportunamente denunciaron diversos hechos de persecución y represión por parte de la Policía provincial en la localidad. El Defensor del Pueblo Fernando Bravo reclamó por nota al Jefe de la Policía, solicitando un puntillo detalle sobre las actuaciones administrativas dentro de la fuerza frente a cada denuncia y su estado de trámite. De dos denuncias por mes durante el año 2015 se pasó a ocho por mes. Donde los jóvenes son los más perjudicados con la práctica de los malos tratos.

16.- En la Provincia de Río Negro

En la provincia se sancionó la ley D n° 4109, se implementó el Fuero de Familia y aún queda pendiente el fuero penal juvenil o de responsabilidad penal juvenil. El aporte fundamental de la ley citada -cuya letra es absolutamente convencional-ha sido el otorgar a los órganos judiciales creados al efecto una nueva forma de intervenir y de dar respuesta a las situaciones de riesgo y abandono en las que puede hallarse un niño, concibiéndose la violación de sus derechos como una vulneración de los derechos humanos.

Oportunamente la Justicia ordenó al Ejecutivo rionegrino que en 40 días (12-02-2015) establezca un centro especializado para la detención transitoria de menores de edad. La disposición fue producto de un hábeas corpus presentado por la Defensora de Menores e Incapaces de Viedma, Patricia Arias, en favor de los menores de 18 años que están imputados en causas penales. Como juez de amparo actuó Jorge Bustamante, integrante de la Sala B de la Cámara en lo Criminal, quien ordenó a la Provincia la creación de centros especializados de detención transitoria. Además el fallo exigió que estos espacios deben funcionar en lugares adecuados, con personal capacitado y que quienes lleguen a ellos deben permanecer separados de las personas adultas. El fallo dispuso que el inmueble debe estar habilitado en los próximos 40 días y en respuesta, desde el ministerio de Desarrollo Social se adelantó que ya trabajan en la refacción de un espacio en la calle Güemes de Viedma |59|.

El 12 de febrero, la Dra. Patricia Alejandra Arias - Defensora de menores e incapaces Nª 2, realizó un habeas corpus preventivo colectivo en favor de todos los jóvenes menores de 18 años que residen en la ciudad de Viedma, de conformidad al Art.43 CN, Art. 43 C.P. y leyes N° 23.098 y N°3368. Afirma que la vía intentada resulta la adecuada atento la amenaza actual, real e inminente que recae sobre la libertad ambulatoria de sus representados, todas personas menores de edad, a quienes se demora, aprehende y detiene con motivos ilegales, arbitrarios e inconstitucionales. Indica que el personal policial que lleva a cabo dichos actos sustentan los mismos en la previsión legal de asegurar a los niños y adolescentes la prioridad para recibir protección y socorro en cualquier circunstancia -Art. 5 inc. a) de la Ley D N°4109-Resalta la competencia para entender en la acción de Hábeas Corpus, toda vez que éste puede interponerse ante cualquier órgano jurisdiccional de la Finalmente el Artículo menciona: "En todos aquellos casos en los que el personal policial en uso de sus facultades y en ejercicio de sus funciones tome contacto con niñas, niños o adolescentes, debe en forma inexcusable y de manera inmediata, dar fehaciente aviso al organismo proteccional a los fines de resguardar los derechos de los mismos." El habeas corpus que encontró eco favorable en primera instancia Juzgado de Jorge Bustamante y que fue apelado por la Procuración ante el Superior Tribunal de la provincia, desató un debate en el ámbito judicial.

El 6 mayo dos policías fueron condenados por vejaciones a menores en Comisaría. En efecto, La Cámara Criminal Segunda de General Roca condenó a dos efectivos policiales por el delito de "vejaciones calificadas" y absolvió por el beneficio de la duda al tercer policía imputado en la misma causa penal. El hecho ocurrió en la Comisaría de Luis Beltrán, y las víctimas fueron dos jóvenes menores de edad en el año 2012 (casos reportados en el informe del OIP de ese año) |60|.

El 17 Mayo (CONIAR) El Consejo, que integran funcionarios y legisladores rionegrinos, dejó en claro su postura y dijo que "alojar niños y adolescentes en comisarías, sin orden judicial, es un accionar violatorio de los derechos humanos, no una política pública" |61|. La Fiscalía de Estado apeló la sentencia de Jorge Bustamante que aceptó el hábeas corpus y prohibió la detención policial. Esa discusión recayó en el STJ, con un dictamen de la procuradora y ahora, el CONIAR llega con su postura. En su escrito, el Consejo reafirmó que "alojar niños y adolescentes en comisarías, sin orden judicial" "es un accionar violatorio de los derechos humanos, no una política pública" "Las prácticas de la policía no responden en absoluto las exigencias de la ley", pues "las detenciones no son realizadas con orden judicial previa y son absolutamente incausadas". Agrega que el "concepto de demora es un eufemismo para atenuar la gravedad de la detención arbitraria de menores. Las niñas, niños y adolescentes que son trasladados por la policía y ubicados en la comisaría, de donde no puede salir" y están "privados de su libertad". En su explicación, el Poder Ejecutivo justifica el accionar frente a la "participación de menores de edad en la consumación de delitos contra la propiedad y las personas", entendiendo que el fallo de prohibición "coloca a los agentes policiales en estado de pasividad" y que la detención "quedaría reducida a aquellos casos de in fraganti delito" .Por su parte, el CONIAR entiende que esa argumentación gubernamental instala "la doctrina del derecho penal de autor", por la cual "la calidad o personalidad del autor constituye un elemento tipificante de la acción jurídicamente reprobada".

El 15 junio en el marco del debate público por el habeas corpus preventivo y colectivo la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) expresó su rechazo al fallo de la Justicia rionegrina que habilita la detención de niños, niñas y adolescentes y se comprometió a presentarse como amicus curiae |62|.

17.- En la Provincia de Salta

El 14 de Abril Braian Nahuel Márquez de 16 años fue muerto en la Ciudad de Salta por el policía Nicolás Sebastián Valdiviezo cuando junto a otro uniformado realizaba un patrullaje en Villa El Sol. En dicho operativo detienen a Emiliano González, y Braian interviene para que lo liberen y logran huir. Braian es detenido, lo golpean en la cabeza delante de familiares y vecinos, el joven saca un cuchillo y hiere en la pierna al policía, éste extrae el arma y le dispara en el pecho matándolo en el acto. Valdiviezo quedó imputado |63|.

El 18 de agosto en Villa La Juanita Agustín Miguel, 18 años y estudiante del BSPA Padre Marteareana, fue víctima de una feroz golpiza a manos de la policía. A raíz de una denuncia de pelea familiar, efectivos del 911 concurren al domicilio y en esas circunstancias es golpeado debiendo ser trasladado al hospital donde fue diagnosticado traumatismo de cráneo entre otras heridas. El joven relató que lo subieron a un móvil, lo esposaron y comenzaron a golpearlo con los puños y el vidrio de la puerta. Logró gritarle a uno de sus tíos que estaba en la puerta que se lo llevaban y tenía miedo que lo mataran. Finalmente luego de darlo vuelta por varios lugares, golpeándolo siempre, lo llevan a la comisaría. Además denuncia que le robaron algunas pertenencias |64|.

El 1 de octubre un joven de 16 años, preso en el Centro de Atención Nº 3 de Tartagal, pidió hablar con una integrante del grupo taller "Nosotros Salta Adentro" que se dicta a personal que presta servicio en el Centro de atención a jóvenes en conflicto con la Ley Penal y realizó la denuncia, manifestando que por las noches era agredido y obligado a realizar sexo oral por un oficial de la institución, el cual fue preventivamente dado de baja |65|.

El 13 de noviembre Marisol Diego Y Policarpo Flores fueron detenidos ilegalmente en Orán. Marisol fue abusada sexualmente por cuatro policías, los que están acusados por privación ilegítima de la libertad con abuso agravado, abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el número de participantes y por ser cometido por policías, y de robo agravado |66|. El 30 de Noviembre se complicó la situación judicial de los policías Pablo Alberto Díaz, Luís Alfredo Castro, Analía Valeria Roldán y Rosendo Anibal Rojas quienes continuarán detenidos acusados de un hecho de abuso sexual, robo y apremios ilegales en Orán. Marisol Diego y Policarpo Flores fueron sometidos a una ronda de reconocimiento e identificaron fehacientemente a algunos de los acusados. Puntualmente, la mujer señaló al efectivo que abusó sexualmente de ella. A partir de esto, la fiscal penal de Orán, María Soledad Filtrin, adelantó que la situación de quienes fueron identificados se compromete aún más y solicitó al Juzgado de Garantías N°1 la prórroga de la prisión preventiva mientras se cumplen otras medidas solicitadas por la Fiscalía penal de Derechos Humanos.

18.- En la Provincia de Santa Cruz

En la actualidad existe un solo Centro Juvenil Socio Educativo en toda la provincia de Santa Cruz, y está ubicado a 16 km de la ciudad de Río Gallegos. Recién en el año 2012 dejó de llamarse "Instituto de Rehabilitación del Menor" y de estar bajo la órbita del Ministerio de Gobierno a través de la Jefatura de Policía, para pasar a manos de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Esto se dio en el marco del cumplimiento efectivo tanto de la Ley 26.061 sobre Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como de su correlato provincial, la Ley 3.062, y la derogación de la Ley nacional N° 10.903 de 1919, denominada Ley de Patronato o Ley Agote. El centro socioeducativo juvenil se fundó en el año 1994. Cambiando de esta manera, en lo formal el abordaje de la problemática del adolescente en conflicto con la ley penal

El 9 de octubre se produjo un reclamo contra la violencia institucional en El Chaiten un grupo de alrededor de 80 vecinos se concentraron frente a la comisaría en apoyo a un grupo de jóvenes que denunciaron brutalidad policial durante un procedimiento afuera del local nocturno "El Místico". Fuera del local hubo una pelea, llegó la policía y cuando los jóvenes salieron a ver que sucedía fueron brutalmente reprimidos, introducidos en móviles donde continuaban pegándoles al igual que al llegar a la comisaría.

19.- En la Provincia de Santa Fe

El 13 de marzo. Matías Monzón de 19 años, fue atacado con balas de goma que impactaron en su rostro, por personal de la Unidad Táctica de San Lorenzo. El joven padece discapacidad intelectual y se dirigía a su casa luego de jugar fútbol en el club Old Boys. Al ver a la unidad policial se desvía, lo que es advertido por un patrullero que comienza a seguirlo y, según declararon los vecinos y transeúntes que estaban en el lugar, comienzan a dispararle. Siete perdigones impactaron en su rostro, motivo por el cual su vista quedó gravemente comprometida. Familiares, amigos y vecinos realizaron marchas pidiendo justicia por estos hechos.

El 17 julio denuncian tortura a menores en comisaria de Totoras: golpes, bolsas de nylon y amenazas de "aparecer flotando" por sacarse fotos en un techo. Un grupo de 4 menores de edad denunció que la policía local los torturó brutalmente luego de encontrarlos sacándose selfies en un techo de la ex fábrica Cottar. Estaban sacándose fotos arriba del techo de la fábrica abandonada cuando apareció la policía dando tiros al aire. Los menores corrieron lo que enfureció a la policía que realizó un operativo hasta encontrarlos junto a unas cañas. Y ahí comenzó el calvario para Brisa, Julián, Lisandro y Brian |67|.

El 24 de Septiembre, el OIP, en el marco de su recorrido por la provincia para observar las instituciones de encierro, visito el IRAR |68|.

El 29 de noviembre R., 16 años, fue golpeado por oficiales de la policía. Está bajo medida excepcional de la Dirección Provincial de Promoción de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia. Se acercó a la dirección para una entrevista con el equipo inter disciplinario y cuando subía por las escaleras el policía de guardia lo detuvo y maltrató, lo tiró al piso, le pateó la cabeza y cuando llegaron más efectivos trataron de llevarlo detenido sin orden judicial. Advertido el Defensor Ganon se hace presente e impide la detención iniciando una investigación sobre los hechos |69|.

20.- En la Provincia de Santiago del Estero

El 2 de junio dos hermanos de 16 y 22 años, detenidos en Quimilí, denunciaron haber sufrido apremios ilegales para que confesaran la autoría del asesinato del niño Mario Agustín Salto de 11 años. El caso movilizó a las fuerzas vivas de la ciudad, con marchas multitudinarias en reclamo de justicia. Estuvieron detenidos 35 días, al ser llevados a la comisaría a uno de ellos lo hicieron sentar en cuclillas, con un palo detrás de las piernas, las manos esposadas y una bolsa de nylon en la cabeza

21.- En la provincia de San Juan

El 3 de febrero se produce una fuerte represión a la murga "Los Soñadores" de Parque de Mayo de la localidad de Uñac. Se encontraban ensayando cuando llegó la policía que pretendían llevarse a uno de los jóvenes que estaban ensayando por la fuerza, lo que provoca que tanto sus compañeros como el público trataran de defenderlo. Llegan más móviles policiales y comienzan a reprimir brutalmente dejando varios heridos y deteniendo a varios integrantes y público, entre ellos menores. Los hechos fueron filmados por varios espectadores.

El 28 de junio se produjo una razzia policial contra jóvenes realizada en Pocito, en la cual detuvieron a 15 adolescentes, varios de ellos menores de edad. Estas razzias se repiten tanto en Pocito como en la capital sanjuanina. Los jóvenes son detenidos por no tener encima sus documentos. Lucas Carrizo relata que salía de comprar en un negocio del barrio cuando la policía le pide los documentos diciéndole que si no lo tenía si o si iba a la comisaría, lo subieron a una trafic donde ya tenían detenidos a dos chicos, uno de 12 y otro de 13 años que según los padres uno había salido a comprar y el otro para ir a su entrenamiento.

El 1 de diciembre Juan Carlos Ochoa de 18 años fue baleado por personal policial en Chimbas,. Recibió un balazo por la espalda, la versión policial es que estaba en una moto con otro joven de 15 años que quedó detenido y se resistió al arresto. Familiares que presenciaron los hechos filmaron lo ocurrido y al joven no se lo observa resistiendo al arresto |70|.

22.- En la Provincia de Tucumán

Bajar la edad de imputabilidad en la Argentina de 16 a 14 años supondría un desacierto por parte del Poder Ejecutivo, Afirmó el director del Instituto de Menores Julio Argentino Roca, Enrique Sansierra. Si se concretara ese proyecto cuyo debate auspicia el Gobierno Nacional, más de 700 adolescentes serían imputados cada año en Tucumán. Ese número sólo considera a la población del Roca: varones menores de edad en conflicto con la ley |71|. Al Instituto Roca ingresan cada año entre 700 y 750 adolescentes enviados por el Juzgado de Menores. De ese número, entre el 15% y el 20% son reincidentes. Por lo tanto, en caso de promulgarse una ley de estas características, 700 adolescentes terminarían sumándose a un sistema penitenciario provincial ya colapsado. En el presente, los chicos de entre 16 y 18 años (no cumplidos) son punibles, pero la aplicación de la sanción prevista en el Código Penal procede sólo si se dan algunos requisitos, entre ellos, que el acusado haya alcanzado la mayoría de edad.

El 18 de Abril, el director del Instituto de Menores, Ernesto Sansierra, informó que hubo disturbios en la institución pero que pudieron mantener todo bajo control sin la necesidad de llamar a bomberos o infantería, según informó la Secretaría de Comunicación Pública del Gobierno. El conflicto se generó a las 16, por reclamos realizados por tres adolescentes alojados en el lugar, que estaban molestos por un televisor que no funcionaba. Uno de los adolescentes se provocó heridas en los brazos por lo que fue atendido por personal del servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital Avellaneda para su control médico, donde se encuentra fuera de peligro.

El sábado 3 de diciembre a la tarde, dos operadores convivenciales que trabajan en el Instituto Roca para menores, salieron corriendo a buscar a los policías para decirles que en el sector de permanencia se estaba dando un intento de motín. Según se pudo saber, tres de los 14 menores alojados en ese sector ataron colchones en la puerta reja y comenzaron a incendiarlos. Inmediatamente se llamó a la Guardia de Infantería para sofocar la situación. También llegaron hasta allí profesionales del sistema de emergencia del 107, quienes examinaron a los implicados. Cuando comprobaron que todos estaban bien, los enviaron adentro de nuevo. Esta situación se dio en una semana en la que el lugar de alojamiento ganó relevancia por dos motivos: el intento de fuga de un joven que ya se había escapado seis veces anteriormente, y luego de que una jueza criticara de forma lapidaria la situación del edificio: "Es un lugar que no está preparado para resocializar ni para tratar con humanidad a los jóvenes internos", fueron las palabras de la magistrada Judith Solórzano. También habló de alimentos en mal estado; presencia de ratas; sectores sin luz; resumideros trancados; goteras en los techos; ventanas sin vidrios ni puertas que impidan el paso del frío durante el invierno; falta de ventiladores para combatir el calor |72|. En cuanto al informe de la Jueza, la Corte se pronunció sobre el tema a mediados de este año y le concedió un plazo de 15 días al Ministerio de Desarrollo Social para que los chicos fueran ubicados en otro sector del Roca y se iniciaran las remodelaciones pertinentes. Además envió a la titular de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Superior Tribunal, Lourdes Bascary, a que recorriera esas instalaciones. "La resolución de la Corte le permitió destrabar al Ministerio de Desarrollo Social el presupuesto necesario para hacer las obras de mejoras estructurales que ya se había pedido durante tres presupuestos y no se había otorgado", contó Bascary. En ese sentido, remarcó: "en el Roca hay una situación de orfandad presupuestaria para mejoras de larga data". |73|

SITUACIÓN DE LOS ADULTOS EN EL SISTEMA PENAL

1.- Sistema penitenciario Federal

El 21,35% de los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal (en adelante SPF) son extranjeros, informó el Gobierno. La cifra surge de los fundamentos del decreto que introdujo nuevos controles para el ingreso al país.

Según datos de abril, las cárceles federales de todo el país encierran a 10.521 personas, de las cuales un 39 % recibieron condena que está firme y el restante 61 % está detenido preventivamente, variable que respecto de las mujeres asciende al 69% y que en los jóvenes alcanza el 79,8. El SPF está compuesto por 28 cárceles, 1 anexo y 10 alcaidías distribuidas en todo el territorio nacional. En sólo tres de esos complejos se aloja más de la mitad de las 10521 personas detenidas: los complejos penitenciarios I (Ezeíza) y II (Marcos Paz) y de Devoto concentran a 5.389 personas.

Según el relevamiento de la procuración Penitenciaria de la Nación, durante 2015 se registraron 775 episodios de apremios ilegales. En su gran mayoría, se trata de puñetazos y patadas a los reclusos, cuando se encuentran en sus celdas o en los pabellones. Sin embargo este número se ha incrementado durante 2016, si se toma en cuenta los malos tratos por falta de atención médica adecuada, falta de elementos para higiene, falta de medicamentos. En este sentido Luego de una presentación conjunta del fiscal Matías Di Lello y la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), la jueza Wilma López ordenó al Servicio Penitenciario Federal que los presos no sean encadenados o esposados a los camiones durante los traslados desde las cárceles.

El 24 de febrero Pedro Enrique Amargán fue designado como Subdirector Nacional del Servicio Penitenciario Federal e Inspector general (Escalafón Cuerpo General). Lo llamativo del caso es que este prefecto está acusado por torturas. Un fiscal chaqueño viene reclamando su indagatoria para poder dictar eventualmente el procesamiento, mientras tanto el acusado fue ascendido por el Ministro de Justicia, Germán Garavano |74|.

El 12 marzo La Cámara del Crimen ordenó investigar las denuncias realizadas por un preso que dijo haber sido torturado mientras lo trasladaban desde la cárcel de Marcos Paz hasta el Palacio de Tribunales para concretar un trámite procesal. El traslado se produjo en el móvil 228 |75|.

El 18 de Abril, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) interpuso un habeas corpus colectivo ante la Justicia Federal de Motón luego de constatar las condiciones de las personas detenidas en los pabellones 1, 2, 3 y 7 de la Unidad Residencial I y de los pabellones 1 y 2 de la Unidad Residencial II del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz |76|.

El 3 de junio se da a conocer el dictamen que el Sistema de Control de Cárceles elaboró un documento que aborda las distintas circunstancias relacionadas con la cuestión de género en contextos de encierro. El trabajo se realizó teniendo en cuenta los más modernos estándares internacionales de protección de la mujer privada de la libertad, además de las particulares circunstancias de salud, familia, educación y trabajo desde la perspectiva de la cuestión de género. Entre los objetivos de la recomendación figura garantizar que la restricción de la libertad no se vea agravada por las condiciones en que es cumplida la sanción impuesta. En el documento, el organismo que preside el Juez Gustavo Hornos destaca que las prisiones se construyeron teniendo en cuenta las vivencias y necesidades de los varones, que prestan escasa o nula atención a las cuestiones específicas de las mujeres. En ese sentido agrega que la falta de un enfoque de género puede tener consecuencias graves para las presas |77|.

El 16 de Junio, la PROCUVIN encabezó 24 allanamientos simultáneos por el posible fraude en la compra de los alimentos de los presos alojados en Devoto. Además, analizó la calidad de los alimentos almacenados en la cárcel de Devoto. En tanto, luego de una inspección, la jueza Yamil Bernán ordenó la limpieza, la desinfección, la reparación de los sanitarios, la instalación de teléfonos y la puesta en marcha de un programa de nutrición para los detenidos y detenidas de la Alcaidía de Tribunales.

El 22 de Septiembre, El fiscal ad-hoc de la Procuvin, Fernando Vallone, junto a la coordinadora del Área de Encierro de esa misma dependencia, Bárbara Franco, denunciaron al Jefe del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Devoto) y al Jefe de la División Control y Registro del establecimiento penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia de órdenes emanadas por autoridades judiciales en acciones de habeas corpus, en relación al derecho a la educación de las personas detenidas |78|.

El 29 de septiembre clausuraron un área del Centro de Salud Mental del penal de Ezeíza Lo requirió el Sistema de Control de Cárceles, a cargo del juez Gustavo Hornos. Había tres internos alojados en condiciones de hacinamiento, sin agua para beber ni elementos básicos de higiene. El Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias ordenó la clausura provisoria del sector denominado de "Evaluación, Diagnóstico y Estabilización de Hombres" del penal de Ezeíza, donde se detectó que los internos se encontraban alojados en condiciones no adecuadas conforme los estándares internacionales mínimos. Durante un monitoreo sorpresivo en el Complejo Penitenciario Federal I, la comitiva encabezada por el juez Gustavo Hornos (quien presiden el organismo) encontró serias irregularidades por lo que requirió "la más urgente solución en razón del hacinamiento, inundación parcial, falta de agua para beber y elementos de higiene" en la que estaban tres internos con problemas de salud mental |79|.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo de primera instancia que había rechazado un amparo presentado por un estudiante, quien a pesar de haber aprobado el CBC (ciclo básico común) no podía cursar el primer año de la carrera por no poder tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI). La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal remitió al dictamen del fiscal general Rodrigo Cuesta y revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado un amparo presentado por un hombre extranjero privado de la libertad, quien no cuenta con DNI y había solicitado que la Universidad de Buenos Aires (UBA) le permita inscribirse en el primer año de la carrera de Sociología. Los jueces Clara María Do Pico, Rodolfo Eduardo Facio y Carlos Manuel Grecco ordenaron así a la UBA que lo acepte como alumno regular del Programa UBA XXII del próximo ciclo lectivo |80|.

El 1ro de octubre, comenzaron las batucadas, huelga de brazos caídos y huelga de hambre. Con esas medidas alrededor de 500 mujeres presas enfrentan la avanzada de la Jefa de Trabajo del ENCOPE (Ente de Cooperación Financiera y Técnica del Servicio Penitenciario Federal), que busca la reducción de las 200 horas de trabajo mensuales |81|. Este conflicto comenzó en abril de este año, cuando el ENCOPE anunció la reducción del cobro de 200 a 170 horas mensuales de trabajo. Según el comunicado, "tras algunas negociaciones con la jefa de Trabajo de la Unidad, se llegó al acuerdo de firmar por las 170 horas y cobrar 200 horas en mano. El primer mes se respetó el acuerdo, pero en los meses subsiguientes, la Jefa de Trabajo comenzó a pasar 170, 160 hs. hasta que la semana pasada, a las mujeres que se dedican a la fajina (limpieza) del penal, les pasaron 140 horas mensuales" |82| : "En el caso del complejo IV un porcentaje bastante alto de mujeres trabajan y cobran un ingreso que es el equivalente al ingreso mínimo, vital y móvil. Muchas mujeres que antes de estar presas antes no tenían trabajo, es la primera vez que conocen el trabajo formal y registrado. Esas mujeres mantienen a sus familias con el trabajo de la unidad, entonces para ellas implica no solamente que están vulnerando un derecho, sino que además tiene una implicancia concreta y cotidiana sobre sus cuerpos y los cuerpos de sus familias" |83|

El 18 de Octubre, custodios del complejo penitenciario federal de Marcos Paz se encuentran sospechados de filmar el brutal homicidio de un recluso, en mayo de 2013. La gresca terminó con la vida de Guillermo Hernán Giménez Rojas a manos de Miguel Ángel Zapata, quién lo hirió con un arpón casero. Las autoridades judiciales resolvieron abrir una investigación con respecto a la conducta de varios guardiacárceles de la Unidad, ya que aparecen sospechados de facilitar el asesinato de un recluso, que sucedió en una violenta pelea |84|.

El 22 de Octubre La Justicia ordenó al Servicio Penitenciario Federal usar en el penal de Ezeíza "de manera efectiva y eficaz" los "medios tecnológicos" necesarios para evitar situaciones degradantes para las internas como "desnudos o tocamientos" |85|.

El 16 de diciembre, ante la medida de fuerza que llevara adelante en el penal de Villa Devoto, a las 10 hs, los internos denunciaron que sufrieron una requisa degradante y humillante. Los internos del Centro Universitario de Devoto (CUD) denunciaron que fue en represalia por la protesta que ya lleva días contra la ley 24.660 que impulsa el gobierno |86|.

El 29 de diciembre la Corte Suprema emitió una Acordada por la grave situación que transitan las personas detenidas en la U28. A raíz de diversas presentaciones de la Procuración Penitenciaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió la Acordada nº 43/16 por la grave situación por la que transitan las personas detenidas en la Unidad nº 28 del SPF. |87| Por otro lado, en la acordada en cuestión, la Corte encomendó a la Subdirección de Seguridad que realice inspecciones asiduas en la alcaidía (tal como fue dispuesto en las Acordada nº 12/12) y que informe quincenalmente al Tribunal, sobre las condiciones de detención y tiempo de permanencia de las personas. Por último, se destaca que dicha situación continuará siendo monitoreada por esta Procuración Penitenciaria de la Nación, a fin de garantizar que efectivamente se respeten los derechos de las personas privadas de su libertad que transitan la Unidad nº 28.

2.- Provincia de Buenos Aires

El presupuesto para el año 2017 incluye una partida para poner en funcionamiento el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. La tarea de evaluación para el ingreso de postulantes finalizó en el 2015 para los distritos de Mar del Plata y Junín.

En cuanto al juicio por jurados, se realizaron hasta fines de setiembre: 66, de los cuales hubo 33 condenas, 28 absoluciones y 5 con condenas y absoluciones parciales. Según la ley el que decide que caso va al sistema es el defensor. Para condenas a perpetua se requiere la unanimidad, y para el resto de los casos 10 votos. El 9 de Septiembre, el Ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, reconoció el colapso del sistema carcelario en la provincia, con unidades súper pobladas que no podría ser resuelto en su totalidad por la actual gestión. Reconoció la necesidad de una justicia eficiente y un sistema carcelario que permita la re vinculación con la sociedad además de fuerzas penitenciarias y policiales eficientes. Respecto a la justicia es preocupante la cantidad de causas acumuladas, edificios con paredes rotas y húmedas, falta de espacio, de personal y de seguridad. Quienes no tienen los medios de solventar un abogado, deben concurrir a la oficina de Atención a la Víctima, donde falta personal y en especial: letrados, presentándose los mayores colapsos en los tribunales de Lomas de Zamora y San Martín.

Hay dos denuncias por día de torturas y castigos en cárceles y comisarías Lo reveló un informe de la Defensoría de la Cámara de Casación Penal; califican los hechos de "tratos crueles, inhumanos y degradantes" |88|. En total surgen 276 casos (registrados entre el 1° de enero y el 30 de abril de este año), lo cual significa que por día se radican dos denuncias. En ellas también se incluyen "agravamiento de las condiciones de detención" y "causas fraguadas con pruebas falsas", que se incorporaron al Registro de Casos de Torturas y Tratos Inhumanos de ese organismo judicial. Allí se precisa que 221 denuncias corresponden a hechos de torturas y a otros Tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 52 de ellos las víctimas resultaron ser menores de 18 años |89|.

Respecto al Servicio Penitenciario fue removida la cúpula por administración fraudulenta y fueron nombrados en su lugar a civiles, lo cual provocó una reacción adversa en la fuerza. Según números oficiales, se cuenta con 19.422 agentes para cubrir las 52 unidades penales, 3 alcaidías penitenciarias y 6 departamentales. En la reforma presentada se divide en dos al Servicio Penitenciario, una rama encargada de la seguridad interior en los penales y otra que dará asistencia a los reclusos para su reinserción. Se incluye también una nueva formación que requerirá de 3 años, uno de ciclo común y dos de especialización para cada una de las ramas. Se firmó un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos para reforzar la capacitación en los mismos tanto para penitenciarios como para policías. Más de 300 agentes penitenciarios según un análisis realizado del total del personal, tenían antecedentes penales, 21 fueron detenidos acusados de tortura seguida de muerte, venta de drogas en los penales, 52 estaban condenados y 67 con procesos abiertos y 61 con juicio oral y 215 con probation. Todos ellos seguían cumpliendo funciones. Se denunciaron distintos hechos de corrupción, los que fueron elevados a la justicia, en especial en las unidades carcelarias, dando de baja a 132 agentes en una primera movida |90|.

Se determinó la realización de auditorías externas a los nuevos jefes designados y a los directores de cárceles y alcaidías. En el mes de junio se reglamentó la forma de publicación de las declaraciones juradas incluyendo a aquellos que tengan categoría superior a sub comisario o personal de categoría inferior que esté a cargo de comisarías o de centros de detención. La superpoblación carcelaria se estima en alrededor de 10.000 internos por lo cual se lanzó un plan a diez años que contempla a construcción de nuevas unidades y alcaidías en los municipios. Se calcula que por año ingresan 2.200 nuevas personas al sistema con un recambio de 600 liberados El total estimado es de 33.077 internos de los cuales 31.760 están en las unidades penitenciarias, 1.317 en alcaidías, 2.310 en comisarías y 1.218 monitoreados electrónicamente.

Luego de un estudio realizado sobre las condiciones del Penal de Magdalena, se informa que la red cloacal no tuvo mantenimiento ni tampoco la planta depuradora, el entubado subterráneo había sido aplastado por la construcción de casas. A su vez en el penal de Olmos se detectó que los pabellones de la planta alta cuentan con puertas de emergencias pero no tienen escaleras, el quirófano estaba fuera de servicio desde hacía más de cuatro años. La falta de colchones totalizaba 7.000.

La gobernación busca edificios públicos abandonados para descomprimir las cárceles que permitan tener 2.000 plazas nuevas por año. Respecto a las mujeres detenidas con hijos se están construyendo casas al costado de los penales y que contarían con dos habitaciones, un living comedor, cocina y espacio verde común. La prueba piloto comenzará en la Unidad 54 de Varela para incorporar luego la 33 de Los Hornos y la 52 de Azul. Se calcula que en la actualidad son 50 los niños de hasta 4 años que crecen en contexto de encierro. Otra posibilidad que se evalúa es la construcción mediante el sistema de leasing, para lo cual se llamará una licitación el próximo año. Funcionarios del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial Bonaerense, junto con Justicia Legítima y jueces provinciales proponen la conmutación de penas manifestando que cuando se refieren a la "puerta giratoria" o de que nadie va preso, es desmentido por la realidad de la superpoblación carcelaria. La conmutación sería para aquellos detenidos que hayan cumplido la mitad de una condena de 5 años de prisión, reincidentes que hayan cumplido el 80% de la condena, condenados por tentativa o por tenencia neutra de estupefacientes, mujeres con niño o en etapa de gestación y condenados con más de 70 año.

El 5 de Enero hubo un motín en la unidad 37 de la localidad de Barker, Partido de Benito Juárez en reclamo de mejores condiciones de alojamiento y alimentación |91|. El mismo día un joven detenido en la Comisaría 1º de Escobar fue violado y golpeado por otros presos. La denuncia establece que fue abusado por cuatro internos durante un incidente en uno de los calabozos |92|.

El 16 de enero Elio Cajal de 31 años, apareció asesinado en la Unidad Penitenciaria 44 de Batán. Murió por las heridas que recibió en una pelea que hubo en el sector B de Mediana Seguridad de la alcaidía. Estaba amenazado desde hacía tiempo por los internos, Algunas versiones que analiza el fiscal Juan Pablo Lódola sostienen que Cajal había tenido un incidente días atrás y que desde entonces existían algunas amenazas.

El 4 de marzo, cinco mujeres de entre 20 y 30 años fueron torturadas y abusadas en la departamental de San Vicente. Estaban encerradas en pequeñas celdas, y en aislamiento extremo. Se alimentaban con lo que sus familiares le llevaban, sufrieron abuso sexual y hostigamiento de parte de los guardias hombres. Quedaron detenidos 7 efectivos |93|.

El 30 de Marzo Detienen a seis policías por maltratos a presos alojados en comisaría de San Vicente. La fiscal penal de La Plata dijo que los efectivos están acusados de los delitos de "severidades y vejaciones" en perjuicio de varios detenidos, tanto hombres como mujeres. Seis policías de la provincia de Buenos Aires fueron apresados hoy acusados por maltratos a detenidos alojados en una comisaría del partido bonaerense de San Vicente, informó la fiscal penal de La Plata, Virginia Bravo |94|.

El 14 de Abril Víctor Sagredo de 35 años, muerto en la comisaría 4ª de Cipolletti Había sido detenido por circular a gran velocidad. Dos hombres que compartían celda con él, avisan a la guardia que lo veían mal, cuando llega la ambulancia ya había muerto. Tenía golpes en la cabeza y escoriaciones.

El 22 de Junio al mediodía, el pabellón Nº 8 de la Unidad 45 de Melchor Romero, se convirtió en un verdadero infierno, donde 15 personas resultaron con heridas de distinta consideración. En ese sector del establecimiento carcelario, destinado a "jóvenes adultos", según confiaron a este diario fuentes de la fuerza, se alojarían unos 50 internos. Y la gran mayoría se entreveró en una violenta revuelta, hasta que llegaron los agentes penitenciarios en busca de restablecer el orden. En ese momento, la situación cambió súbitamente y habría sido un cuerpo a cuerpo entre el medio centenar de detenidos contra esos pocos efectivos, contaron los mismos voceros |95|.

El 15 de Julio un agente penitenciario quedó detenido por cobrar dinero. Roberto Carlos Paiz era el jefe de la sección de vigilancia y tratamiento y quedó imputado por cohecho en perjuicio de un jefe de barra brava del Club Los Andes, José Aniceto Paz de 51 años, detenido en el penal de Sierra Chica, para mejorarle sus condiciones de detención.

El 16 de Julio, la municipalidad presentó un recurso de Hábeas corpus por las condiciones de detención de presos en la seccional de Punta Lara (la comisaría segunda de Ensenada) Hábeas corpus por el cupo de presos en la seccional de Punta Lara, detallando el hacinamiento en una celda para capacidad de cinco personas en la cual hay diez y seis.. Agregan malas condiciones de salubridad y alimentación |96|.

El 1 de agosto Narciso Gastón Ayala de 36 años fue muerto en el penal de Olmos. Sufría epilepsia. El día de su muerte sufrió un ataque y sus compañeros de pabellón trataron de auxiliarlo llevándolo en una frazada, los penitenciarios se hacen cargo y lo llevan a otro sector donde lo sometieron a una feroz golpiza y le hicieron la "llave" en la garganta lo que provocó su muerte por asfixia |97|.

El 8 de agosto Gonzalo Daniel Cardozo, 21 años, encontrado muerto en su celda de la comisaría 5ª de 3 de Febrero. Había salido de su casa sin su DNI (Documento Nacional de Identidad) y fue detenido por averiguación de antecedentes. Según la versión se ahorcó con su pantalón |98|.

El 18 de agosto Jorge Gómez, 48 años, raptado y asesinado en Merlo. Fue llevado por cuatro hombres vestidos de policías, su cuerpo aparece horas después en un descampado, tenía las manos atadas y 9 tiros de 9 mm en el cuerpo. El fiscal apunta a la policía ya que estaba enfrentado a un grupo de oficiales de Moreno contra los que debía declarar en el juicio y había denunciado amenazas de los policías detenidos que les envió a un emisario.

El 19 de Agosto Enrique Fabián Díaz, llevaba más de cuatro meses en huelga de hambre porque hace 13 años que está preso sin condena y todo el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades. Pero al fin siente que un juez lo escuchó. Llegó esposado a la Sala II de Casación Penal en La Plata y los funcionarios judiciales debieron entrar en fila india para esquivar al nutrido grupo que se agolpó para saludarlo: sus afectos y un grupo de organizaciones que luchan contra la violencia institucional |99|.

El 8 de septiembre en la Unidad 54 de Varela hubo un motín en el que quedaron heridos tanto detenidos como penitenciarios. Según el informe de la dirección un grupo de jóvenes iniciaron una pelea que culminó en la toma de pabellones, por la negativa a que un interno fuera trasladado. Los guardias dispararon balas de goma, quedando un saldo total de 20 heridos |100|.

El 16 de septiembre Maximiliano Orellana de 36 años, salió de su casa en el barrio de Lanús para buscar a su hija al jardín de infantes, en el camino dos policías lo paran y lo detienen por averiguación de antecedentes, al decirles que por favor lo dejen ir para retirar a su hija, lo molieron a golpes y le llevan a la comisaría 5ª de Diamante donde siguieron golpeándolo y pateándolo hasta desfigurarlo. Murió a causa de las heridas recibidas en la tortura de la que fue víctima.

El 18 de septiembre Roberto Avalos de 27 años fue muerto por la policía en el barrio Belisario Roldán de Mar del Plata. Sufría trastornos psiquiátricos y tuvo un brote por lo cual su hermana llama a la policía ya que con dos cuchillo amenazaba de muerte a su padre. Cuando llegan, en lugar de contenerlo le disparan y lo matan |101|.

El 21 de septiembre Jorge Maximiliano Velázquez, 41 años, encontrado muerto en su celda de la comisaría 6ª de Tolosa. Compartía la celda con 24 detenidos más y lo detuvieron acusándolo por el robo de un celular y la explicación de las causas de su muerte es sobre dosis, pese a que se constató un fuerte golpe en su frente |102|.

El 23 de septiembre Víctor González de 37 años fue fusilado por policía bonaerense en el Barrio La Catanga del partido de San Martín. Era padre de dos hijos, trabajador de la construcción. En el momento del crimen estaba tomando una cerveza en la puerta del almacén de su barrio. Lo mataron cuando realizaban un operativo por el asesinato del joven Tomás de 14 años, disparándole sin motivo. La familia del joven Tomas participó de la marcha que familiares y amigos de Víctor realizaron en reclamo de justicia |103|.

El día 28 de Septiembre, hubo un enfrentamiento en el penal U2 de Sierra Chica un preso del penal bonaerense de Sierra Chica fue asesinado durante un enfrentamiento ocurrido en la Unidad 2, El recluso fallecido fue identificado como David Emanuel Monzón Almeida, de 31 años, quien recibió una herida que le ocasionó la muerte, pese a que fue trasladado de urgencia al área de Sanidad del complejo penitenciario. El hecho ocurrió cuando la víctima saltó del patio del Pabellón Séptimo al campo de deportes y ahí empezó la pelea. El agresor sería otro recluso identificado como Tomás Alberto Sislo Villariño. Se difundió un video captado por el celular de un penitenciario en el que se ve otro enfrentamiento a "facazos" en la misma cárcel.

El 6 de Octubre por la noche, el Juez de garantías, Dr. Juan Tapia, de Mar del Plata recorrió el penal Nº 15 de Batán y viralizó la imagen que tomó de uno de los internos que tenía una fractura expuesta de clavícula de dos meses, sin recibir ningún tipo de tratamiento |104|. El mismo día, el testimonio exclusivo de uno de los presos revela toda la trama delictiva y de sometimiento a los internos. Datos reveladores que dejan en evidencia hechos y actos aberrantes que se suceden sin que nadie haga nada. La Justicia realizó una inspección ocular en la Unidad Penitenciaria 39 de Ituzaingó luego de la denuncia que realizó la Revista "Veintitrés" sobre el funcionamiento de un desarmadero, entre otros ilícitos dentro de la cárcel. Las imágenes de armas, drogas y autos que estaban siendo reparados aunque allí no funcionan talleres, fueron difundidas por Veintitrés y motivaron la intervención judicial. Antes de la llegada de las autoridades, los presos denunciaron que en el penal se realizó una violenta requisa en la cual varios de ellos fueron golpeados, la abogada Karina Valenti presentó una denuncia para que se investigue los hechos relatados en el semanario de marras.

El 6 de Octubre, el OIP formalizó ante la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata, sus quejas por malos tratos y tratos crueles y degradantes a la Clínica Grupo Suizo, establecimiento de internación para drogodependientes. La Dra. María Pía Bibbo a cargo del Órgano de Revisión de la ley 26.657, recibió la denuncia y procedió a darle curso. El OIP tomó conocimiento que se realizó una inspección al establecimiento y comprobaron varias y serias irregularidades. La actuación sigue su curso.

El 11 de octubre sabe a la luz el escalofriante caso de "Mimí": su familia la creía muerta, pero llevaba 38 años en un neuropsiquiátrico. Un diario de Pergamino denunció el estado de abandono en que se encontraba y sus parientes la reconocieron. En 1978 había sido trasladada desde el Melchor Romero pero a la madre le dijeron: "Se escapó" |105|.

El 13 de octubre José Ojeda en Benavídez, Tigre. Estaba trabajando en su puesto de repartidor de harina junto a un ayudante, paran en una estación de servicio cuando una patrulla del CUT entorpece el paso de su vehículo, se baja y uno de los uniformados lo golpea en la cabeza y a raíz de la golpiza le quiebran una pierna lo que fue filmado por un hombre que fue amenazado al igual que uno de los playeros que trataron de defenderlo. Lo detienen junto a su ayudante por resistencia a la autoridad y tratan sin lograrlo que firme una declaración en la que se auto incrimina como el responsable de haber iniciado el hecho agrediendo a los uniformados. Uno de los policías fue exonerado

El 17 de octubre las autoridades judiciales resolvieron abrir una investigación respecto a la conducta de los guardias cárceles de la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz sospechados de haber facilitado el asesinato de Guillermo Hernán Giménez Rosas ocurrido el 23 de mayo de 2013. La pelea que terminó en la muerte del interno fue observada por las cámaras de monitoreo como también por otros penitenciarios que custodiaban el lugar. Un detenido, testigo de la causa, declaró que los guardias sabían que iba a suceder y no hicieron nada para impedirlo |106|.

El 15 de noviembre tres policías, uno de ellos sin el uniforme, golpean y detienen a trapito |107| en Vicente López. Se lo llevan detenido por averiguación de antecedentes. El hecho se produjo por la tarde, en avenida Mitre y Manuel Belzu, en la localidad de Munro, Según contó Mariana Rote, en su cuenta de Facebook "un oficial de calle golpea y detiene a un trapito por decir en el barrio que la policía le pide parte de su recaudación".

El 18 de noviembre Javier Molina Medina y Mario Roberto Ojeda, 36 y 44 años respectivamente, resultaron con heridas de arma blanca cuando se produjo una riña en el gimnasio de la unidad 9 de Villa Elvira |108|.

El 23 de noviembre, se realizó un motín con quema de colchones en la comisaría 1ª de Lanús donde estaban alojadas 15 personas. El hecho ocurrió cuando dos presos se negaron a ser trasladados, Fueron evacuados sin que se produjeran lesiones.

El 1 de diciembre Martín Zaravía de 23 años, fue baleado por un gendarme en Burzaco. Al tratar de evitar un control recibe un disparo de posta de goma, le provoca compromiso del riñón, fractura de costilla y un pulmón afectado. Según su testimonio, cuando le dan la voz de alto siente algo frio y duro en la cadera, se asusta y trata de escapar pero vuelven a dispararle y cae desmayado. Había ido a comer un asado con amigos en una parrilla cercana |109|.

El 4 de Diciembre cuando le dijeron a Liliana Herrera que los policías a los que había denunciado por secuestro y abuso sexual estaban a punto de quedar libres, decidió irse lejos. Viajó más de 2.800 kilómetros. Desesperada, recorrió ferias en las que se mezclaban comidas típicas y artesanías con sanadores y videntes. Visitó iglesias y subió los 1.399 escalones para llegar al Cristo de la Concordia, en la ciudad boliviana de Cochabamba.: "Tu vida está en peligro".es la frase que tenía grabada en sus oídos. Esa era la misma sensación que tenía Liliana desde el 1° de junio, cuando escuchó por primera vez una frase que le sigue retumbando en la cabeza: "Vas a aparecer tirada en el Riachuelo". Ese día un móvil blanco la sorprendió en la feria que se arma miércoles y sábados sobre la avenida Olimpo, cerca de La Salada, en Lomas de Zamora. Tres policías la llevaron hasta la comisaría 10° de Ingeniero Budge. Allí la tuvieron durante más de cinco horas sin registrar su ingreso. En su declaración denunció todo tipo de amenazas y acusó al jefe de la seccional de haberla abusado |110|.

El 14 de diciembre en el penal de Olmos se inició una huelga de hambre, con quema de colchones, sábanas, frazadas y otros elementos. Fue en protesta por la restricción de beneficios a reincidentes.

El 26 de diciembre se fugaron dos presos de la comisaría 6ª de La Plata: Matías López Roldán detenido por robo de automotor Nicolás Dimeola por robo agravado. Se sospecha connivencia policial por lo cual pasaron a disponibilidad preventiva el personal de guardia de ese día. El mismo día Jorge Flores de 33 años fue muerto en San Francisco Solano por el policía Víctor Torres del Comando de Patrullas de Lanús. Habría intentado robarle la moto. Falleció en el Hospital Iriarte de Quilmes |111|.

El 27 de diciembre Jonathan Ezequiel Pastrán de 27 años, fue baleado por la espada en el barrio San Jorge, Florencio Varela, por el policía Miguel Alejandro Bustamante de 21 años cuando la víctima discutía con el padre del uniformado |112|.

El 2016 termina con una gran noticia para la familia de Rosana Galliano, la mujer que su ex marido, José Arce, mandó a matar hace ya nueve años y quien sigue viviendo con los hijos de Rosana a pesar de estar condenado a prisión perpetua por el asesinato. El Juez Carlos Ruiz, al frente del Juzgado N° 5 de Familia de San Isidro, ordenó la revinculación de los dos pequeños con los padres de Rosana, Graciela y Reynaldo, que piden la tutela de sus nietos desde el día en que Rosana murió y que Arce impide con total impunidad a pesar de que la Corte Suprema dejó firme su condena hace ya más de un año |113|.

La síntesis del informe de la Defensoría de Casación que abarca el período comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre de 2016, da a conocer un total de 485 casos los cuales comprenden "tortura/trato inhumano, agravamiento de las condiciones de detención, causas fraguadas, pruebas falsas y obstaculización al ejercicio de la defensa" |114|.

Jorge González Nievas fue acusado de participar de un asalto mortal ocurrido en mayo de 2006, en Merlo. Una mujer sentenciada por el mismo hecho declaró que él no tuvo participación El defensor de Casación bonaerense, Mario Coriolano, presentó antes de la feria judicial, un recurso en favor de Jorge González Nievas, un hombre que en diciembre de 2005 tuvo una discusión callejera con un funcionario judicial de Morón por un incidente de tránsito y siete meses después fue detenido acusado de haber participado en una entradera que terminó con el homicidio de la víctima, en Merlo |115|.

La ley (ley 24660/ 96) les permite a las detenidas tener a sus hijos con ellas en prisión hasta que cumplen cuatro años. Los nenes juegan a "la requisa" y sufren igual que un condenado. Débora fue detenida en el año 2010 y la alojaron en la Unidad 33 de Los Hornos (La Plata), un pabellón que lleva el número 10 y un nombre que eriza: "Materno-Infantil". Está presa allí desde octubre de 2010, procesada por "robo agravado" en Morón. Pero no duerme sola. La acompañan sus trillizas, Valentina, Catalina e Isabela, nacidas en el encierro. Tienen 1 año y dos meses y están presas. En las cárceles bonaerenses hay 48 mujeres que están detenidas junto a sus hijos, todos menores de cuatro años. En total, hay 54 bebés presos |116|. El OIP presentó un reclamo ante el Subsecretario de DD. HH de las personas privadas de su libertad del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, por esta situación.

3.- Provincia de Catamarca

El 4 de febrero Simón Forniciari de 31 años, fue arrestado, golpeado y picaneado por la policía en Santa María. Estudia arquitectura en Buenos Aires, y estaba de visita en la casa de su padre cuando iba caminando rumbo a ella lo detienen y activa el celular que llevaba en el bolsillo de su camisa. Ante el requerimiento muestra su documento y le pide al uniformado que haga lo mismo, ante lo cual lo increpa, lo esposa y lo lleva a la comisaría. Una vez allí lo golpean y lo picanean, lo que también queda gravado. Al enterarse su padre de lo ocurrido va con un abogado y logra su liberación. La denuncia la realiza en PROCUVIN cuando regresa a Buenos Aires y está en trámite también en la provincia |117|.

El 13 de febrero Luciano Barrera (trabaja como fotógrafo en el periódico Esquiú) mientras iba a su trabajo fue violentamente agredido por policías provinciales mientras cubría el vuelco de un automóvil y tras tomar las imágenes un policía de apellido Rivas le arrancó la cámara que tenía aferrada, lo tiró al piso, le rodeó el cuello con los brazos intentando asfixiarlo. Tras dos rodillazos este policía logró tomar la tarjeta de la cámara, lo esposó y lo trasladó a la comisaría. Una colega de Luciano logró filmar la secuencia y también fue víctima de agresiones. Luego de cinco horas de detención, fue liberado |118|. El 30 de marzo Cristian Roldan apodado "El Chispiao" estaba detenido en la comisaría 10ª cuando sufre una infección urinaria siendo internado varias horas después con coma inducido, falleciendo en el hospital. Los familiares denuncian abandono de persona |119|.

El 14 de abril Claudio Argañaraz fue salvajemente golpeado por tres oficiales del Servicio Penitenciario en la unidad penitenciaria de Miraflores. Debió ser internado en grave estado en el hospital San Juan Bautista. Carina Segura, la hermana, presentó la denuncia ante la fiscalía |120|.

El 24 de mayo Marcelo Luna y su hijo fueron detenidos y salvajemente golpeados por la policía. Marcelo es camarógrafo de la televisión y salió con su cámara al ver que su hijo era víctima de abuso policial en la puerta de su casa, con intención tanto de defenderlo como de filmar los hechos. Fue detenido abruptamente por efectivos de la comisaría 7ª en cuanto salió, le arrebataron la cámara, lo golpearon y lo llevaron junto con su hijo a la dependencia policial donde los retuvieron 12 horas y le borraron la evidencia filmada. Pese a que al momento de devolverle la cámara, los uniformados borraron la filmación de lo ocurrido, Luna logró recuperar las imágenes |121|.

El 23 Mayo se supo que investigan a guardia cárceles en el penal de Miraflores, Se investiga la complicidad con internos a los cuales les advertirían el momento en que se llevarían a cabo las requisas para encontrar estupefacientes entre otras cosas. En los celulares había mensajes, lo que se comprobó en la pesquisa. Ya en una requisa realizada en el mes de Marzo, se encontraron celulares y droga |122|.

El once de Junio, Diego Castaño de 32 años, apareció muerto en la comisaría de La Merced donde fue conducido luego de su detención en el partido que presenciaba del Club San Martín de "El Bañado". La explicación oficial fue suicidio, cosa que su familia y amigos descreen. Durante el cortejo fúnebre que traslada sus restos, fueron reprimidos por la policía sus familiares y amigos, quedando el saldo de varios heridos.

El 10 de agosto Julio Cesar Barrientos fue encontrado ahorcado en su celda, por lo que fue trasladado hasta el hospital en donde se confirmó su deceso. Alrededor de las 18 Hs personal que cumple funciones en el Penal encontró en su celda a Barrientos, quien había tomado la drástica decisión. Se encontraba cumpliendo una pena de 9 años por un intento de homicidio ocurrido en la ciudad Capital.

El 25 de agosto Carmen Rodríguez denuncia a policías de la infantería de haberle propinado una feroz golpiza a su hijo cuando asistía a un recital. El joven se acerca a los encargados de seguridad para denunciar que le robaron el celular, discuten, intervienen los uniformados quienes los golpean al igual que a otros tres jóvenes que lo acompañaban y los detienen. Una vez en la comisaría deben llevarlo al hospital por las heridas recibidas.

El 29 de agosto Cristian Ariel Pereyra de 28 años, muere en el penal Miraflores. Se habría tragado una bolsa con drogas ante el aviso de una requisa, fue trasladado al hospital donde fallece. En una carta dirigida al fiscal que interviene en el caso, compañeros del pabellón denuncian que no fue atendido de inmediato por orden del personal de seguridad. Denuncian también las permanentes torturas de las que son víctimas y la falta de atención médica.

El 6 de noviembre Leonardo López de 30 años fue golpeado brutalmente por la policía. Hace cinco años que sufre cáncer, estaba jugando en un pool con amigos cuando efectivos de la comisaría 8ª y el Grupo de Intervención Rápida, GIR Norte concurrieron a una vivienda lindera por disturbios. Leonardo decide irse y tomar un taxi, pero los policías lo atacaron golpeándolo brutalmente, lo tomaron del cuello y mientras uno lo ahogaba otro uniformado le pegaba con un palo y lo pateaba además de dispararle balas de goma |123|.

El 26 de noviembre Braian Olivera de 23 años, fue atacado por efectivos de la guardia de infantería. Fue a auxiliar a una compañera de trabajo, víctima de violencia de género, de la cual era novio uno de los agentes. Al acercarse a la casa lo estaban esperando y lo atacaron golpeándolo con distintos elementos, lo que le provocó varios traumatismos y una fractura nasal. Luego habrían entrado en su domicilio y simulado un robo |124|.

4.- Provincia del Chaco

El 26 de Febrero se presentó Hábeas Corpus a favor de detenidos. En el marco de la audiencia judicial que convocó el Juez Civil y Comercial Nº 6, Jorge Sinkovich que se realiza debido a la queja de varios internos de la Alcaidía de Resistencia por la falta de agua en algunos pabellones, el director del Servicio Penitenciario Provincial, Jorge Ibarrola, explicó que estos problemas se deben a las obras que se están realizando para ampliar la capacidad del lugar |125|.

El 28 de febrero Mario Toloza de 35 años, muere de un disparo proveniente del arma de algunos de los policías que en la calle abrieron fuego para dispersar un supuesto desorden de jóvenes que estaban en el lugar. Mario estaba dentro de su casa jugando a las cartas con sus hijos. Quedaron detenidos 4 policías.

El 29 de marzo Aldana Alcides de 20 años, fue violada por policías en Villa Ghio. Fue detenida junto a su hermano Ángel y llevados a un monte cercano al barrio La California y mientras a su hermano lo golpeaban salvajemente los agentes de la seccional 10ª a ella la violaron reiteradas veces |126|.

El 14 de abril Abel Insfran de 30 años fue encontrado muerto en su celda de la alcaidía de General San Martín. Según el servicio penitenciario se trata de un suicidio, habría utilizado una sábana para ahorcarse colgándose de unos ganchos del ventilador de techo. Alrededor de las 15 horas fue encontrado sin vida |127|.

El 2 de mayo familiares denunciaron torturas en la alcaidía de Resistencia, y exigieron la renuncia del director Jorge Ibarrola, del subdirector Cañete y los jefes Pelliza y Montero por abuso de autoridad, torturas a detenidos y amenazas a familiares. Citan como ejemplo el caso de un interno al que le faltaba una pierna y era obligado a pasa la noche en la intemperie, saltando sin sus muletas mientras lo empujaban cuando se levantaba del piso. Citan también la mala alimentación, la falta de artículos de limpieza, la requisa a los familiares al que les estropean las comidas que llevan para los internos, las requisas en las celdas donde rompen los televisores, las radios y demás pertenencias, al trabajo al que los obligan sin pagarle remuneración alguna. Además solicitan que investiguen los hechos de corrupción y el ingreso para vender de parte de los agentes de drogas y bebidas alcohólicas |128|.

El 25 de junio Gerardo Gregorio Andrés Molina de 31 años murió en el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña. Estaba en tratamiento psiquiátrico y según el servicio penitenciario se cayó de la planta alta del módulo donde fue trasladado para tener asistencia psiquiátrica y neurológica. Habría muerto por traumatismo de cráneo encefálico grave. |129|

El 6 de agosto, alrededor de las 18 y 30 Hs. Claudio Gómez de 45 años murió tras un intento de fuga de la alcaidía de Resistencia de la alcaidía de Resistencia y tirotearse con personal policial. Recibió dos impactos de bala y quedó tendido en un descampado cercano a la alcaidía donde estaba alojado, falleciendo horas después. |130|

El 22 de agosto Fernando Emanuel Suarez de 19 años, murió por las graves quemaduras que sufrió en la comisaría 4ª de Sáenz Peña. Tras su sepelio hubo una protesta frente a la seccional, siendo apartados preventivamente varios agentes |131|.

El 26 de Diciembre cerca del mediodía, funcionarios del Ministerio de Gobierno del Chaco se hicieron presentes en la unidad penitenciaria y, a través de una mediación, labraron un acta por medio de la cual se dio por terminada la huelga de hambre de los internos de los diferentes pabellones. El compromiso asumido por el gobierno fue el de cesar las condiciones humillantes y degradantes que se producen durante las requisas a familiares de los alojados, como también acondicionar debidamente el lugar en dónde se producen las visitas, mejorando la higiene, el espacio y las condiciones edilicias, para lo cual se deberá construir en lo inmediato baños en el recinto para las visitas según informó un comunicado firmado por el doctor Rolando Núñez |132|.

5.- La Provincia de Chubut

Presos-liberados-590x410 Aunque estuvo desacelerada durante un año y medio, la curva de crecimiento en el número de personas privadas de libertad bajo la competencia de la Justicia del Chubut retomó el crecimiento: pasó de 519 detenidos a 531, la cifra más alta alcanzada desde 2008. El índice de prisionización también creció: de 92 presos cada 100.000 habitantes a 94. Ambos datos pertenecen al último Informe sobre Personas Privadas de la Libertad, que dos veces por año elabora el Ministerio Público de la Defensa. Es el octavo relevamiento consecutivo |133|. El 39,9% de los detenidos están vinculados al delito de homicidio (212 presos): el 35% (186 presos) están vinculados al delito de robo y el 18,8% de los detenidos (100 presos) están vinculados al abuso sexual. "Implica que sumando la cantidad de detenidos por estos tres tipos de delitos -homicidio, robo y abuso sexual- alcanzamos el 93,7% de los detenidos", dice el relevamiento. El resto, a otras violaciones a la ley |134|. Se mantuvo estable la cantidad de presos en comisarías y alcaidías policiales, verificándose variaciones mínimas en relación a mayo del año pasado: 1 detenido menos en comisarías y 11 más en las alcaidías. Disminuyó la cantidad de detenidos en unidades penitenciarias y creció la cantidad de detenidos con prisión domiciliaria. La cantidad de detenidos que cursa estudios primarios, secundarios o terciarios se incrementó levemente, pasando de 151 en mayo a 153 en octubre. En términos porcentuales disminuyó en relación al relevamiento anterior (29,1% en mayo y 28,8% en octubre), pero supera en 6 puntos porcentuales el porcentaje promedio de presos del período 2008/15. La cantidad y el porcentaje de detenidos que reciben capacitación disminuyó levemente: pasó de 114 en mayo a 111 en octubre (de 29,1% a 28,8%). En comparación con el período 2008/15, se supera en 2 puntos porcentuales el porcentaje promedio |135|. La ciudad que aloja la mayor cantidad de personas privadas de libertad, es Trelew, con 172 reclusos, que representan el 38% de los detenidos en las ciudades cabeceras o con mayor cantidad de población. Le sigue Comodoro con 152 presos. Luego, pero con mucha diferencia, Madryn y Esquel con 55 y 52 detenidos respectivamente. Por último Rawson con 19 y Sarmiento con 10. El 83,8% de los detenidos en comisarías tienen condena (197 reclusos) y representan el 46,1% del total de los condenados |136|. En este sentido, "se mantiene invariable, en términos generales, el problema del alojamiento de personas en comisarías. Más del 40 por ciento de las personas detenidas en la provincia se encuentra alojada en dependencias inadecuadas para tal fin, como lo son las comisarías". Para la Defensa Pública, "la pronta apertura del Centro de Detención ubicado sobre la ruta nacional N° 3, anunciada hace un año, aún no se ha concretado. Esta habilitación, preparada para alojar 72 plazas, descomprimiría un tanto la situación de las comisarías de Trelew y Puerto Madryn, pero hasta ahora no hay noticias sobre la fecha cierta en la que comenzaría a operar". |137|

El 1 de Abril denuncian abuso policial en barrio Ruca Hue, Madryn, en un operativo realizado En una persecución policial entraron a los tiros en el barrio cuando gran cantidad de gentes y en especial niños se encontraban en la calle |138|.

El 9 de Abril 2016 llegaron calo ventores para los internos de la Alcaidía que no tienen gas Los equipos llegaron desde Rawson y sólo se permitirá su uso para calefacción a un pabellón donde se alojan ocho internos. Se espera que el día 11 se resuelva la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a 14 presos que gozan de "semi libertad" debido a las condiciones en que se encuentran en tres pabellones del área "vieja" de la Alcaidía policial de Comodoro Rivadavia |139|.

El 16 de Mayo, se anuncia la puesta en funcionamiento del Instituto Penitenciario Provincial parecería ser el primer paso para solucionar uno de los principales problemas que tienen muchas de las dependencias policiales como comisarías y alcaidías a lo largo y ancho de la provincia, que es la falta de espacio y de recursos para contener a los reclusos y garantizar las condiciones de alojamiento establecidas por la Ley de Ejecución Penal 24.660 |140|. En este sentido El ministro de Gobierno, Rafael Williams se refirió a "otro problema que tenemos y en el cual se está trabajando, que son los lugares de detención para mujeres y para personas con enfermedades infecto contagiosas, por lo que estamos trabajando en todo, buscando que esto sea el inicio de un proceso de mejoramiento en todo sentido de lo que es la infraestructura carcelaria, para tener un Servicio Penitenciario Provincial propio".

El 26 de Mayo reformaron los edificios de las comisarías de Madryn. De acuerdo a lo informado por el juez Horacio Yangüela, quien había establecido un breve plazo para que las comisarías en cuestión lleven adelante las reformas edilicias necesarias, el día 25 estaba previsto que volvieran los internos a la Seccional Primera. La dependencia policial en cuestión, ubicada en Bartolomé Mitre 339, tenía una "escasa iluminación artificial" dentro de las celdas, según lo detallado en el informe de la Oficina de Asistencia de las Personas Privadas de la Libertad de la ciudad de Puerto Madryn, a principios del mes de abril. Además, en el Pabellón Condenados de la comisaría no había iluminación artificial por la ausencia de focos de luz, además de que el sistema de calefacción central no estaba en funcionamiento. En este sentido, el juez informó que se realizaron las reparaciones pertinentes, razón por la cual estarían garantizadas las debidas condiciones de alojamiento de los detenidos |141|.

El 27 de Mayo, Facundo Jones Huala integrante de la comunidad mapuche de la provincia fue detenido cuando se realizaba un mega operativo de parte de Benetton. Está detenido en la cárcel de Esquel mientras espera la realización del juicio. Junto a la detención de Jones también detuvieron a otros integrantes de la comunidad.

El 30 de septiembre Omar Capuyan y Pablo Cáceres fueron víctimas de apremios en Gastre. Iban en la camioneta de uno de ellos cuando son detenidos por un móvil policial, se bajan algunos agentes, los amenazan con sus armas, a Cáceres lo golpean con sus bastones en la cabeza hasta hacerle perder el conocimiento, a Capuyán le propinan bastonazos y patadas en todo el cuerpo. Los trasladan a la comisaría donde siguen golpeándolos debiendo trasladar a Capuyán al hospital. Al regresarlo a la seccional, les tiran gas pimienta, a ambos los imputan por resistencia a la autoridad. Quedó intervenida la comisaría e imputados los efectivos.

El 11 de noviembre, Presos regresaron a sus hogares por falta de inodoros en las celdas. Los detenidos que recibieron arresto domiciliario deberán regresar a la cárcel el lunes 14 cuando terminen obras de adecuación ordenadas por la justicia. Confirmó el jefe de la alcaldía, Víctor Farcy quien dijo que diez presos del pabellón 5 de la unidad penitenciaria de Comodoro Rivadavia gozan de arresto domiciliario desde el día 5, a pedido de sus respectivos abogados, que reclamaron por las condiciones insalubres del lugar |142|.

La tercera semana de Noviembre hubo una revuelta en el pabellón 2 de la Alcaidía policial de la ciudad Comodoro Rivadavia, la cual terminó con un hombre lesionado. "Richy" Alvarado recibió puntazos en la zona dorsal y tuvo que ser hospitalizado. De inmediato, la Jefatura de la Alcaidía dispuso una requisa que culminó con el secuestro de "puntas" que podrían estar vinculadas a la causa. En resguardo del lesionado y por pedido de su familia, la Defensoría Pública dispuso que el preso no vuelva a la Alcaidía, fue aislado y trasladado a la seccional Segunda. Lo que ocurrió en el interior de la prisión no habría tomado tanto vuelo si no existiera el video del ataque a "Richy" Alvarado -quien en noviembre fue condenado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión- y se escucha que su agresor filma el ataque a modo de amenaza exigiendo que el interno ingrese productos |143|.

6.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El 6 de marzo Braian Darío Romero de 25 años, fue muerto a las 9 de la mañana en el barrio Famatina de Soldati por un agente de gendarmería que estaba en el lugar. Las balas impactaron en la espalda de Braian, quien volvía de bailar. Su hermano lo encontró tirado en la calle en un baño de sangre, pensó que se había lastimado hasta que encontró el orificio por donde penetró la bala. Con su abuela lo llevaron al hospital donde llegó muerto. El autor, el gendarme Luis Segundo, está acusado de homicidio agravado.

El 25 marzo Fabián Mosquera de 38 años, detenido por la prefectura en Avenida Sáenz y Cruz, barrio de Pompeya. Trabajaba en el barrio cuando fue detenido por siete prefectos quienes comenzaron a pegarle y patearle la cabeza, lo esposan y lo trasladan en una camioneta hasta la zona del Riachuelo donde lo siguen golpeando mientras lo amenazaban con tirarlo al río. Al advertir que del otro lado del rio había un testigo, los agentes de prefectura se van y lo dejan libre. Fabián vive en Lanús y trabaja entregando alimentos a los comedores de la zona y tiene una pequeña discapacidad. Quedó con un brazo fracturado y distintas lesiones en el cuerpo |144|.

El día 18 de Mayo miembros de la comisaría 36 de Villa Soldati detuvieron tras una persecución a un joven, su madre testificó que cuando estaba tirado en el piso, ensangrentado, los policías lo patearon en la cabeza. Lo acusaban por la muerte de un policía, una vez en la comisaría le pusieron una bolsa de nylon en la cabeza, lo golpearon contra las paredes mientras sacaban fotos y filmaban. Están imputados el comisario Fabio Adrián de Paola, la sub comisaria Karina Flores y el sub inspector Andrés David Castellón. Efectivos de la federal imputados por torturas La acusación la formuló el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Miguel Palazzani, junto a los fiscales ad hoc José Nebbia y Fernando Vallone, quienes solicitaron al Juzgado de Instrucción 26 la declaración indagatoria para los tres miembros de la Federal. El caso se dio a conocer el 9 de octubre

El 13 de agosto Richard Pereira, 25 años, quedó paralítico a raíz de los disparos recibidos por efectivos de la comisaría 4ª. De la metropolitana. Luego de balearlo lo dejaron tirado en el piso y huyeron. El hecho fue registrado por una cámara de un testigo y numerosas personas que presenciaron el hecho. Intentaron justificar el disparo por resistencia a un registro.

El 8 de octubre Maximiliano Ayala, 19 años baleado por un efectivo de la policía federal en Villa Soldati. Recibió un impacto de bala en la cabeza siendo internado con muerte cerebral, falleció dos días después en el hospital Santojanni. Según la versión policial fue interceptado cuando circulaba en moto e intentó robar un auto en el que estaba el policía vestido de civil quien inmediatamente disparó. En la moto iba con un amigo. Según el amigo y la familia, se dirigía a una estación de servicio para cargar nafta, allí discutió con el policía quien le disparó por la espalda.

El 19 de Diciembre, el OIP tomó conocimiento que el día anterior y sobre tablas en la Legislatura de la ciudad, se había aprobado la ley para organizar el Comité local del seguimiento de la Convención contra la Tortura. El hecho se produjo sin despacho de Comisión, quienes se encontraban trabajando sobre cuestiones tan delicadas como la representación del Comité y el cupo y rol de las organizaciones de la sociedad civil.

El 22 de diciembre Ariel Martín Santo es un joven muerto de un balazo en la cabeza por una mujer policía en el barrio de Caballito. Trataron de justificar el hecho aduciendo que fue sorprendido en un intento de robo, pero las únicas balas que había eran del arma de la policía.

El 26 de Diciembre se informó que desde el 2 de enero el actual director de Comisarías será el nuevo jefe de la Policía de la Ciudad. El comisario inspector José Pedro Potocar será el jefe de la nueva Policía de la Ciudad informó el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño. Potocar tiene 58 años, es abogado, casado, padre de tres hijos y es graduado en el curso que la Academia del FBI estadounidense da a policías de otros países, según informó la cartera encabezada por el ministro Martín Ocampo |145|.

7.- En la Provincia de Córdoba

El 20 de Enero Ulises Nicolás Bustos, joven de 20 años salvajemente golpeado el lunes 18 a la madrugada en el Centro, Bulevar Guzmán al 300, cuando quiso entrar en el baño de un boliche fuera de horario. Cuatro efectivos de la policía provincial están acusados, dos subcomisarios, un oficial ayudante, un cabo y otras personas a identificar que serían imputadas |146|.

El 3 de Febrero el joven F.C. de 29 años de edad que según versión policial se habría intentado suicidar, fue trasladado en una camioneta policial desde la Comisaría 18ª, después del mediodía, al Hospital Príncipe de Asturias en Villa el Libertador, ingresando con un paro cardíaco. Su vida fue salvada por los profesionales de la salud, pero producto de la gravedad de su cuadro fue derivado al hospital de Urgencias, donde se encuentra bajo coma inducido con respirador artificial y en calidad de detenido |147|.

El 25 de Julio Alexis Jonathan Jaime de 25 años, muerto a golpes por la policía. Sufría convulsiones, la policía lo trasladó a pedido de la familia a un hospital, Estuvo 10 días internado y falleció La autopsia determinó que tenía golpes en distintas partes del cuerpo, le habían también tirado un balde de agua fría pese a las bajas temperaturas. Quedaron imputados dos uniformados por "severidad y vejaciones y omisión de los deberes de funcionario público" |148|.

El 19 de Septiembre, los presos alojados en el Pabellón II de la Unidad Penitenciaría Nº 6 de Río Cuarto iniciaron un motín esta tarde que fue rápidamente desarticulado, según informó el comisario inspector Pedro "Pasadas las dos de la tarde comenzó un motín, pero ya está todo controlado", precisó. Las primeras informaciones indican que iniciaron un incendio en el interior de la cárcel para evitar el traslado de un preso al penal de Bouwer. La esposa del interno por el cual se originó la revuelta, identificado como Iván López, indicó a que el traslado es injustificado. "Esta mañana notificaron a mi marido que lo querían trasladar. Él está cumpliendo una condena y lo querían llevar supuestamente porque tenía problemas de convivencia con los presos", relató la mujer. Y cuestionó: "No es así. Es el director del penal el que no lo quiere a mi marido".

El 24 de octubre La policía detuvo a un particular porque supuestamente estaba abriendo puertas de coches para robar en su interior, lo conducen a la fiscalía del Dr. Carlos Vera. Cuando el fiscal ve que en la lista de los coches que supuestamente intentaba robar detecta que uno de ellos es de un empleado de la fiscalía y había estado todo el tiempo estacionado en la playa del lugar y no en San Vicente donde detuvieron al supuesto ladrón. Quedaron detenidos e imputados el cabo Gerardo David Ríos y el oficial Joel Abraham Cuello. Los datos de los autos los sacaban de un registro oficial.

El 27 de Octubre estalló el escándalo de las estafas de la llamada "Flor de la Abundancia" llegó a la provincia. Lo más grave es que los investigados son cuadros medios del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), quienes habrían montado una red financiera en el complejo carcelario de Bouwer. El Tribunal de Conducta Policial, un organismo integrado con civiles que reemplaza a la antigua División de Asuntos Internos, inició una investigación a principios de octubre, luego que guardiacárceles denunciaran que los habían estafado sus propios superiores a través de esta red ilegal de ahorro e inversión |149|.

El 11 de Noviembre Nicolás Linares, 24 años, fue brutalmente golpeado por policías en el Barrio Las Violetas. Se dirigía en su moto a comprar un repuesto para el taller mecánico donde trabajaba, le dan orden de que se detenga por lo cual frena en el cordón, un policía lo tira al suelo pateándolo y luego cuatro más se suman a golpearlo hasta dejarlo inconsciente siendo trasladado al hospital. Cuando la familia trata de realizar la denuncia de lo sucedido no se la toman por lo cual recorren otras seccionales hasta logar radicarla. La detención es por la imputación de resistencia a la autoridad, siendo trasladado a la cárcel de Bauwer.

El 21 de Noviembre entre la noche del sábado 19 y la madrugada del 20 se enfrentaron dos bandos de reclusos en el presidio de Bouwer. Como resultado, hubo al menos 10 reos que terminaron lesionados con heridas cortantes y con golpes. Dos de ellos, dada la complejidad de las heridas, debieron ser trasladados a hospitales de la ciudad, según informes emitidos por el Servicio Penitenciario (SPC). |150|

El 23 de noviembre Luis Sebastián Carrizo de 30 años, apareció muerto en su celda de la cárcel de Bouwer. Estaba colgado de un cable y cumplía pena por el homicidio de su madre. |151|

El 27 de noviembre Guillermo Gavelli fue víctima de una brutal golpiza de parte de la policía cuando salía de un boliche en Rio Tercero. Uno de los uniformados lo demoró, lo empujó, lo redujo y una vez en el piso lo inmovilizó con ayuda de un colega y lo golpearon. Los hechos fueron filmados por un amigo del joven que los difundió por la web.

El 2 de Diciembre se conoció que el juez Vaca Narvaja ordenó a la Provincia el cese de maltratos en prisión. El Gobierno replicó que cumple la ley. La Justicia Federal de Córdoba ordenó al Servicio Penitenciario Provincial que haga cesar "de inmediato" el confinamiento y los tratos "inhumanos y degradantes" al que (según su criterio) son sometidos algunos reclusos en las cárceles de Bouwer y Cruz del Eje, debido a las deficientes condiciones de infraestructura y modalidades vigentes de encierro La medida fue dispuesta por el juez Federal N°3, Miguel Vaca Narvaja, al conceder un recurso de habeas corpus que había solicitado el fiscal federal Enrique Senestrari. El planteo del fiscal fue consecuencia directa de su reciente participación en una inspección carcelaria, que detectó importantes deficiencias en los pabellones de los módulos MXI y MXII de Bouwer y en los de máxima seguridad E3 y E2 de Cruz del Eje |152|.

El 16 de diciembre Erika Cortez de 23 años, murió en la celda número 13, en el penal de Bouwer. Se trató de justificar como suicidio, sin embargo resulta sospechoso dado que en cinco meses saldría en libertad y disponía de salidas transitorias |153|.

8.- En la Provincia de Corrientes

El 14 de Enero un preso agredió apuñaló con un arma blanca al director de la Unidad Penal 1 de Corrientes, Sergio González, y arremetió contra dos agentes penitenciarios con agua caliente. Los ataques sucedieron mientras se desarrollaba un festival solidario de música chamamecera. El recluso tomó por sorpresa al director del penal cuando estaba apoyado sobre un alambrado, luego de una recorrida por la cárcel en la que recibía inquietudes de los internos. Junto a él estaba el subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas |154|.

El 13 de Febrero Nelson Solís de 28 años, detenido en la Unidad Penitenciaria 1 de Corrientes, apareció muerto en su celda. Había denunciado reiteradas veces las pésimas condiciones de encierro y las torturas de las que eran víctimas los detenidos.

El 16 de Junio se presenta un habeas corpus por situación alcaidía de Goya, por el Comité contra la Tortura de Goya y la Secretaría de Derechos Humanos junto a otras organizaciones, se solicita se solucione las inaceptables condiciones del lugar. Reiteran lo solicitado en distintas oportunidades, sin que hasta el momento se hiciera nada al respecto. Son alojados entre 30 y 40 internos y entre 10 y 12 en la comisaría de 1ª de Goya. La Cámara de Apelaciones dio lugar al recurso presentado.

El 1 de agosto en la Unidad Penal Nº 1 ((cárcel de 128 años). Afirman que el servicio penitenciario es selectivo con el permiso de uso de celulares y de la realización de llamadas telefónicas. En su mayoría los internos son oriundos del interior. Afirman que hay que entrar en la red de corrupción para tener derechos y privilegios y para ello hace falta dinero. Durante las visitas a centros de detención por parte de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, presididas por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se repitieron las quejas de los internos por la vulneración de distintos derechos como salud, educación, buena alimentación y comunicación |155|.

El 3 de Septiembre, la directora de Derechos Humanos de Goya, Alicia Helena Casabonne, junto a miembros del Comité Provincial contra la Tortura, Comisión de DDHH del Colegio de Abogados y organizaciones de DDHH, manifestaron sus inquietudes a directivos del Servicio Penitenciario de la Provincia de Corrientes, en relación a la situación de los internos alojados en la Alcaidía de Goya |156|.

El 22 de septiembre el Comité contra la Tortura visitó la Comisaría N° 1 de Bella Vista y constató la existencia de vejámenes contra los internos y condiciones infrahumanas de detención. Piden reformar el Código de Faltas de la Provincia por violar principios constitucionales. El Comité denunció que los internos sufren todo tipo de torturas y vejámenes, mientras que las condiciones de detención en el lugar son infrahumanas. Todos los detenidos allí alojados, siete al momento de la inspección, refirieron tormentos y vejámenes. Los mismos se agravaron luego de un intento de fuga, por parte de algunos detenidos, que luego fueron trasladados a San Cayetano |157|.

El 22 de Diciembre "…Se produce un altercado con el oficial Alejandro Darío Gómez quien la toma de los pelos, la golpea contra la pared, la tira de rodillas contra el piso, la esposa y le pisa las manos, posteriormente le pega una trompada en la cara e intenta ahorcarla, ya esposada, la tira contra una mesa, de espalda, situación que lleva a atorarla, con serias dificultades para respirar, empieza a sangrar por la nariz. A continuación es pateada en la vagina en medio de agravios verbales como "hija de puta ahora quién te va ayudar". Este oficial estaba acompañado de otro de apellido Monzón que también la golpeaba y que en un momento le recomienda a Gómez que pare porque la va a matar". Parte del comunicado del CCT (Comité Contra la Tortura) correntino sobre violencia de género que sufrió María Itatí López |158|.

9.- En la Provincia de Entre Ríos

El 9 de enero a la madrugada Kevin Rodríguez de 20 años, víctima de gatillo fácil, en Colón. Circulaba por la zona de la costanera en su moto cuando lo balearon. Quedaron detenidos los sub oficiales Adrián F. Saffer y Roberto C. Bonn.

El 11 de julio Hilario Zubizarreta de 31 años fue encontrado muerto en su celda en la Unidad II de Concordia. Era hijo del jefe comunal de Yeruá y estaba detenido por feminicidio. Se investiga si fue un suicidio o un asesinato.

El 27 de Julio una interna de la Unidad Penal N° 6 de Paraná contaba que "está cada vez peor" la vida en esta cárcel ubicada en calle Ruperto Pérez, frente al Penal N° 1 de varones. Hay situaciones que merecen la atención de las autoridades, y otras que exceden las posibilidades de quienes están a cargo de lugares sobrepoblados y con personas con problemáticas mucho más profundas que el propio encierro |159|. Luego de que tomara público conocimiento estos hechos, se produjo un cambio de Directora del penal.

El 4 de agosto un joven de 23 años detenido en Paraná. Estaba en la puerta de su casa junto a un amigo cuando para una camioneta policial, se bajan dos efectivos, le piden documentos y los acusan de haber disparado contra el móvil. Al escuchar los gritos, sale la familia del joven para ver qué pasaba, los policías comienzan a disparar al aire, el joven temeroso que hieran a alguien se arroja sobre uno de ellos para impedir que tiren, lo detienen, lo suben al móvil y comienzan a pegarle, cosa que no cesan de hacer todo el tiempo que lo tuvieron llevándolo por varias seccionales hasta que en la madrugada lo dejan detenido en la 5ª. Además entraron en el domicilio y realizaron destrozos. El joven presentó la denuncia ante la fiscalía de turno.

El 25 de Agosto el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, repudió la manera en que se hizo el allanamiento en el convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas de Nogoyá. Dijo que las religiosas tienen una vida "muy exigente" pero que son mujeres "grandes y libres que ofrecen su vida por la salvación del mundo". En relación con los elementos de tortura secuestrados, el religioso confirmó que "se sacaron cilicios y disciplinas. Los que tengan una formación cristiana lo van a entender" |160|.

El 24 de septiembre Sebastián Briozzi de 20 años, murió de un balazo en el cuello por un policía en Concordia. Sucedió a las 6 de la mañana cuando se alerta al 911 de un hombre armado en una camioneta acompañado de otras personas. La policía los intercepta y los persigue comenzando a disparar, hiriendo gravemente a Sebastián quien fallece camino al hospital mientras su hermano que lo acompañaba resultó herido. Ninguno de los jóvenes tenía antecedentes y se demostró que el arma encontrada se le plantó a la víctima quedando detenido el otro joven.

El 16 de Noviembre, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Diego Lara, explicó que se conformará un organismo de supervisión de carácter independiente para prevenir la Tortura. Se realizó la primera reunión para tratar el proyecto presentado en abril de 2015 por el Poder Ejecutivo. El mismo propone un Mecanismo provincial de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, para garantizar los derechos de las personas que se encuentren privadas de su libertad. Participaron el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Matías Germano y la coordinadora general de la subsecretaría, Sofía Uranga.

10.- En la Provincia de Formosa

El 31 de Mayo Agustín Santillán de 33 años, referente de la comunidad wichi fue detenido, incomunicado y acusado de varios delitos armados cuando reclamaba por la educación y alimentos para su comunidad. Es maestro en ingeniero Juárez.

El 11 de Agosto el gobierno inauguro unidad penitenciaria en un contexto de reorganización de los penales provinciales |161|, el gobernador Gildo Insfran inauguro Unidad Penitenciaria 6 de Cumplimiento de Pena, construida sobre Av. Alicia Moreau de Justo 1650 del barrio San Antonio de la capital. Junto al primer mandatario estuvo el presidente del STJ, Guillermo Alucin, el intendente Jorge Jofre, el Jefe de Gabinete, Antonio Ferreira y el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González |162| demás ministros del PE, legisladores nacionales, provinciales y comunales, además de la plana mayor policial y también de otras fuerzas de seguridad federal con asiento en la provincia.

11.- En la Provincia de Jujuy

El 4 de Abril condenaron a 12, 11 y 10 años de prisión a los policías torturadores de Güemes además, el Tribunal los inhabilitó de por vida a ejercer algún cargo público. Fue la última audiencia del juicio a los seis policías acusados de torturas a dos jóvenes en la Comisaría 11ª de General Güemes. La sentencia es de la Sala 3. El tribunal de juicio presidido por la jueza Carolina Sanguedolce condenó a Marcos Gordillo a 12 años de prisión, a Héctor Ramírez, Matías Cruz y Leonardo Serrano a 11 años, a Alberto Ontiveros a 10 años, todos por imposición de torturas; mientras que a Roberto Barrionuevo lo condenaron a tres años de prisión condicional por omisión de radicar la denuncia de torturas. Además fueron inhabilitados de forma perpetua a ejercer algún cargo público. La audiencia se realizó con un clima tenso en medio de insultos y agresiones verbales. Los abogados defensores se mostraron disconformes con la condena.

El 14 de abril Javier Rosario Albornoz de 48 años, muerto en la seccional 21 de Perico. Había sido detenido en la madrugada y según la versión policial se habría descompensado al aspirar hojas de coca. El fiscal investiga también si la muerte habría sido provocada por un golpe |163|.

El 21 de Junio el abogado Lucio Plaza, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Jujuy, hizo referencia en Radio Universidad, a los hechos de violencia institucional que involucran a miembros de la policía de Jujuy como el comisario Fausto Cabrera. El policía mencionado fue denunciado por maltrato y torturas a 9 detenidos en la comisaría 6º del barrio "12 de Octubre" y por ese motivo fue removido del cargo.

El 25 de junio José Martínez de 27 años denunció que fue víctima de apremios ilegales y violencia institucional. Fue detenido en horas de la madrugada por el cuerpo de radio patrullas y llevado a la comisaría 6ª en San Pedrito donde los someten a todo tipo de hechos de violencia.

El 19 de octubre a las 16:30 hs., en el Salón Marcos Paz de la Legislatura de la Provincia, se debatió sobre el mecanismo de prevención de la Tortura, el debate fue organizado por Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), En pos de alentar el debate crítico y difundir información especializada en la materia, a lo largo de la jornada se llevarán a cabo una serie de actividades con el propósito de trabajar en la implementación del mecanismo para la prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes en la provincia.

El 22 de Octubre policías jujeños golpean, esposan y arrastran a un hombre ciego que pedía limosna. Fue defendido por vecinos que vieron lo que ocurría y lo filmaron difundiéndolo en la web.

El 29 de Noviembre una mujer policía en actividad de la provincia identificada como la agente Natalia Tejerina, denuncio públicamente el maltrato y la desidia que sufre por parte de algunos miembros de la institución policial, estos hechos la llevaron a que atentara contra su vida. Fue internada en un sanatorio privado con pronóstico reservado y custodia policial |164|. A la denuncia de Tejerina se suman una serie de sucesos que involucran también a efectivos de la policía. En octubre, Carina Gutiérrez, de 30 años, fue asesinada por su pareja -un efectivo que le disparó con su arma reglamentaria. En ese mismo mes, un sargento se disparó en la cabeza luego de realizar dos disparos en contra su ex pareja, quien logró sobrevivir al ataque. Estos hechos marcan la crisis de las fuerzas de seguridad. Mientras el jefe de la policía de la provincia, Aldo Soles, atribuye estos sucesos a cuestiones personales o sentimentales, la impunidad y el encubrimiento con el que cuentan los violentos en la policía, permite en última instancia el uso del arma reglamentaria para cometer estos crímenes. La denuncia retrata a un régimen social, en donde las fuerzas de seguridad son una de las patas principales de un entramado de represión institucional que convierte al Estado en el principal responsable de los feminicidios y la impunidad reinante.

El 1º de Diciembre, una mujer policía denunció que fue violada por otro agente de la fuerza. La mujer contó que la violó de manera anal y vaginal con un palo de escoba. "Realicé la denuncia y el sigue trabajando, además me golpeó y me amenaza", relató la víctima de violencia de género Por otro lado comentó que se encuentra con parte psicológico porque tiene ataques de pánico. "Física y psicológicamente estoy mal", relató

El 9 Diciembre se dio a conocer el asesinato de Nelson Cardozo a mano del personal del penal de Gorriti, donde se encontraba detenido. En ese mismo penal, familiares de otros presos reclamaron la ayuda de medios de comunicación y de organismos de Derechos Humanos para que cesen las torturas físicas a las que son sometidos permanentemente varios internos |165|. Familiares de presos del penal de Gorriti, en Jujuy, denuncian torturas y golpizas del servicio penitenciario a los privados de la libertad. Piden poder ingresar a la cárcel para conocer el estado de salud de sus familiares. Además, acusan que los atacaron con balas de plomo. Todo ocurrió después de que se conociera que el preso Mariano Cardozo había muerto. En un principio, el Servicio Penitenciario de la provincia dijo que se había suicidado, pero la presión de los medios alternativos y de los familiares llevó a que deban hacerle una autopsia que develó que falleció por golpes: tenía moretones, hemorragias y órganos destrozados. Nadie que se cuelga, puede tener esas marcas |166|.

El 17 de diciembre se llevó adelante una reunión entre funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la provincia para la puesta en común de herramientas, proyectos, dudas y objetivos de la implementación y el respeto de los derechos personales y laborales tanto del personal de la Policía como del Servicio Penitenciario. Durante el debate sobre la situación actual de las fuerzas de seguridad de Jujuy, se plantearon la responsabilidad del Estado en el respeto al derecho de los trabajadores, la existencia de un equilibrio de justicia para el personal de ambas áreas, presencia y compromiso del Poder Político en el bienestar de las fuerzas, inclusión de los efectivos y el abordaje de los rasgos de la violencia institucional interna. Los funcionarios de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación presentaron distintos puntos para trabajar pero señalaron que llegaron a la provincia con el fin de conocer la realidad jujeña y a partir de ahí trabajar en conjunto |167|.

12.- En la Provincia de La Pampa

Es notable la falta de información sobre hechos policiales. El jefe policial Roberto Ayala aclaró que no hay una idea de "negar hechos u ocultar la realidad", sino que se trata de un "proceso de organización y ordenamiento" para no entorpecer investigaciones ni perjudicar a las víctimas. Admite que hay pocos policías en General Pico. El jefe de policía, Roberto Ayala, confirmó que de los 80 alojados que hay en la Alcaidía, 40 tienen condenas. "Es muy preocupante", calificó. La Alcaldía está prevista para procesados y alojamientos transitorios de detenidos. El funcionario afirmó que ya realizaron gestiones ante las autoridades nacionales para el traslado de unos 20 que serán llevados a la Unidad 4 en pocos días |168|. Acerca de la cantidad de condenados alojados en el lugar, pese a que no es su función, afirmó: "desde el primer día el gobierno provincial se está ocupando del tema en contacto con autoridades nacionales. Se ha logrado, estamos en trámite, derivar más de 20 presos condenados a la Unidad 4. Y nos darían más plazas. Es un principio de solución. Se sigue en contacto con las autoridades nacionales". Dijo que hay además hay condenados que están alojados en las comisarías y en General Pico: "es importante el número".

El 2 de Mayo la Cámara de Diputados de La Pampa se encuentra elaborando una iniciativa para instar la designación urgente del juez federal con asiento en Santa Rosa y del juez federal en General Pico. "Además es deplorable estado edilicio del juzgado, es un sitio con bajas condiciones estructurales, inminente peligro, incluso de vida", indicaron los legisladores |169|.

El 17 de julio Johanna Leiva radicó una denuncia contra personal policial por mal trato y apremios durante un operativo de tránsito realizado en General Pico. A raíz de los golpes tiene hematomas en todo el cuerpo cuando se resiste al secuestro de su moto, debiendo ser trasladada al hospital.

El 24 de Julio, Héctor Santiago Garialdi de 38 años fue muerto por la policía en Lonquimay. Fue baleado mientras cazaba liebres junto a un grupo de amigos e iba en la parte trasera de una camioneta. El hermano declaró que los policías los esperaban en el cruce de una calle y dispararon 8 tiros, estaban con las luces apagadas y al pasar la camioneta las encendieron y dispararon resultando también herido el conductor. En el lugar se encontraron clavos miguelitos con lo cual se prueba la emboscada. Quedaron detenidos con prisión preventiva dos de los uniformados.

El 18 de Octubre la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó la designación de un nuevo juez subrogante en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa. Se trata del juez Facundo Cubas, quien reemplazará a Luis Roberto Salas a partir del 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del 2017 o la cobertura del cargo dentro de los mecanismos constitucionales establecidos. El Juzgado Federal se quedó sin magistrado subrogante después de la renuncia de Héctor Plou, titular del Juzgado de Primera Instancia de Junín. Cabe recordar que a principios de 2016, el Cuerpo desplazó a Iara Silvestre como jueza sustituta a raíz de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancias. La Comisión también aprobó la posibilidad de que un concursante con discapacidad pueda ser asistido durante la realización de la prueba escrita. El consejero representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques, propuso "arbitrar los medios necesarios para que las personas con discapacidad puedan contar con las herramientas necesarias para concursar a fin de que tengan igual posibilidades".

El 26 de octubre Raúl López de 31 años, denunció que fue salvajemente golpeado por la policía en Intendente Alvear. Iba en su moto con una amiga cuando un patrullero se le viene encima, frenó, uno de los policía se bajó y comenzó a golpearlo, luego lo conducen a la comisaría donde continúa la golpiza, lo desnudan, lo dejan en calzoncillos mientras lo pateaban con sus borceguíes. Cuando al día siguiente de ser liberado concurre con su madre a presentar la denuncia, no se la toman e intentaron golpearlo nuevamente, por lo cual se dirigen a la fiscalía donde la realizan y citarán como testigo a la amiga que vio todo lo ocurrido.

El 4 de noviembre Alejandro Darío Lanestosa de 20 años fue víctima de apremios ilegales. Tres policías de la comisaría 1ª de General Pico, Federico López, Jonathan Rodríguez y Pablo Valdés quedaron imputados por vejaciones y lesiones graves. Lo detuvieron en la vía pública por "averiguación de antecedentes".

13.- En la Provincia de La Rioja

El 2 de marzo el asesor jurídico de los internos condenados en el penal manifestó que el servicio penitenciario tiene graves falencias debido a la superpoblación de internos y la falta de políticas que tiendan a la reinserción social de los presos. "La cárcel de la provincia era para una Rioja donde el delito era otro, hoy hay muchos más condenados y hay menos rebajas de pena, entonces metemos más gente, no le damos tratamiento", explicó |170|. El asesor jurídico explicó que el principal problema es la falencia en cuanto a reinserción social, que es el objetivo que tienen los penales de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional. Sin embargo, el alto nivel de reincidencia indica que la política carcelaria de reinserción está fallando. Una de las causas de esto, según consignó Yoma, es que no hay un tratamiento por adicción de personas que están privadas de la libertad, "si una persona comete un delito a consecuencia de su grado de adicción y lo encarcelo pero no le doy las herramientas va a salir peor", expresó y agregó que no es una falta de voluntad del personal del servicio penitenciario, sino que hay falta de políticas que tiendan a ello. Por otro lado, sostuvo que el servicio penitenciario está colapsado en su capacidad y el personal no da abasto, existe una superpoblación y una falta de infraestructura.

El miércoles 8 de junio, personal de la Comisaría 2ª ubicada en Av. Alem, detuvo a Adrián Lozada de 26 años, en principio por una contravención. Durante su proceso de traslado de la comisaría a la Alcaldía Provincial, Adrián recibió fuertes golpizas que provocaron roturas en sus intestinos. Actualmente se encuentra en un Coma Farmacológico en la UTI (unidad de terapia intensiva) del Hospital Enrique Vera Barros.

El 23 de septiembre Diego "el gordo" Díaz, acusado de asaltar y violentar a una señora la cual le habría dado trabajo en su casa. Esta detenido en el Servicio Penitenciario Provincial. El recluso aduce que sufre constante violencia dentro de la cárcel; "La policía me trata mal, me pegaron muy feo, yo casi me muero". Díaz fue insistente con su inocencia diciendo: "le quieren mostrar a la sociedad que yo soy culpable y eso no es así". También confirmó que tenía relación con la persona que denunció el ataque. "Yo trabajé en la casa con la señora. Yo tome mate con la señora por 15 días mientras trabaje con ella, yo converse con la señora. Y sin embargo me fue a reconocer a los 14 días de ocurrido el hecho" |171|.

El 17 de Noviembre, en la mañana, un interno del servicio penitenciario ingresó en la guardia del hospital porque se presumía que tenía envoltorios en su estómago. El titular del servicio penitenciario, Eduardo Poledri, confirmó que los estudios comprobaron la existencia de 3 envoltorios en el estómago, por lo que deberán esperar que sean evacuados para saber de qué se trata específicamente. Poledri explicó que se trata de un interno que tenía el beneficio de salidas transitorias y que por una información de inteligencia interna se conoció que podría tener envoltorios en su interior. A raíz de esto, se decidió dejarlo en observación en la noche del día 16 y luego fue trasladado al hospital Vera Barros, donde los estudios médicos constataron la presencia de 3 envoltorios en el estómago. Poledri aclaró por otro lado, que durante el fin de semana la madre de un interno intentó ingresar 30 pastillas de uso psiquiátrico en la cintura de un pantalón y en la requisa se secuestraron los elementos y se demoró a la mujer.

El 10 de Diciembre, el deceso de López un interno, de 44 años en horas de la tarde en el Servicio Penitenciario Provincial se habría producido por causas naturales, de acuerdo a los primeros informes que brindaron profesionales médicos, indicó el secretario de Seguridad Luis Angulo. Estaba en su celda cuando otro interno llegó al lugar y vio que de la boca salía espuma e inmediatamente avisó a los guardias |172|.

14.- En la Provincia de Mendoza

A principios del mes Julio había 3.998 internos repartidos en las cárceles de la provincia, los que deben alojarse entre las 3.306 camas disponibles. Esto representa uno de los grandes problemas del sistema, porque no hay estructura para contener a 692 personas que están viviendo en un contexto de encierro y sin las condiciones adecuadas. Es más grave aún, si un 40% del total de la población penitenciaria no tiene una condena firme, es decir la Justicia aún no determinó si es culpable o no del delito que se le acusa, pero ya está privado de su libertad |173|.

El 28 de Mayo Andrés Florentino Peñaloza de 23 años fue asesinado en el Penal Almafuerte, Luján de Cuyo, por su compañero de celda Diego Casanova Trigo que ya había asesinado a otro interno. En el penal le dicen el "mata presos" y por eso nadie quiere compartir celda con él. Peñaloza recibió un fuerte golpe en la cabeza que le produjo lesiones graves y terminaron con su vida.

El 10 de julio Omar Gómez de 30 años, fue acuchillado en el penal Almafuerte, Cacheuta, donde cumple condena perpetua. Fue atacado por dos internos en el patio cuando hubo una gresca. Por la gravedad de las lesiones debió ser internado aunque su vida no corre peligro.

El 12 de Julio se tomó conocimiento de las condiciones de alojamiento de la cárcel de Boulogne Sur Mer Jaulas a la intemperie, celdas destrozadas y en penumbras; escasez de agua y baños fétidos; alimentos que no llegan y que, cuando lo hacen, son prácticamente incomibles; atención médica ineficiente y encierros ilimitados. Una vez más Mendoza quedó en el ojo de la tormenta por las condiciones inhumanas en las que viven los presos de los dos principales complejos carcelarios de la provincia. |174| La provincia ya ha sido condenada y viene dando explicaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por diversas presentaciones de abogados y organizaciones sociales a raíz del estado de los penales, las condiciones de los reclusos y las condenas de menores a prisión perpetua. Para enfrentar esos cuestionamientos y evitar una nueva sentencia en su contra, el gobierno elaboró un plan de mejoras con una inversión de 120 millones de pesos para obras, la edificación de un nuevo penal y el cumplimiento de una ley sobre prisiones preventivas.

El 20 de julio Franco Daniel León Alvarez de 23 años, murió en el Penal Almafuerte de Cacheuta. A las 10 de la mañana hubo una riña en el módulo 2, donde lo mataron. Estaba cumpliendo una pena por robo agravado.

En San Felipe, el peor escenario se observó en el pabellón 5-B, donde residen los detenidos con sanciones disciplinarias o bajo medidas de resguardo de integridad física, quienes se quejaron a los gritos de las condiciones que deben soportar a diario. "Las pésimas circunstancias registradas abarcan todos los aspectos que hacen al régimen de encierro, afectando su vida e integridad", se rubricó en el informe oficial. Los presos afirman que no tienen ninguna actividad recreativa, educativa o laboral y que pasan 23 horas diarias en las celdas. Contaron que deben vivir con un balde de agua para tres días de encierro, que no reciben elementos de higiene o aseo personal y que la comida es literalmente "incomible". Asimismo, se corroboró que no cuentan con indumentaria de invierno para hacer frente a las bajas temperaturas.

El 5 de agosto Mario Rubio y Cristian Báez 30 y 23 años respectivamente. Rubio fue muerto mientras Báez resultó herido durante una pelea en el penal de Boulogne Sur Mer. Ambos fueron agredidos con arma blanca, la fiscalía está investigando en qué circunstancias se produjo dicha riña en la celda 8 del pabellón 3.

El 9 de noviembre Gustavo Adolfo Munizaga Quinteros de 30 años, murió en el penal San Felipe. También fue herido de gravedad otro interno, Carrizani Ochoa. El hecho ocurrió durante una riña, según informaron las autoridades del penal, en la que habrían intervenido 4 internos en el módulo 48.

El 1 de diciembre Oscar Pinto de 36 años, denuncia acoso policial hacia él y su familia en Rivadavia. Oscar, su esposa y su hijo de 15 años son constantemente interceptados por la policía para revisar sus antecedentes y el vehículo en el que transitan desde hace más de dos años. Allanaron su casa y lo tildan de ladrón delante de su hijo.

15.- En la Provincia de Misiones

El 8 de Noviembre en la Ciudad Posadas la Corresponsal del OIP Dra. María Silvina Barreyro informa que: entre el OIP y la Diputada Dra. María Ángeles Losada, del Bloque de Vanguardia, trabajaron conjuntamente los siguientes temas: Situación carcelaria en la Provincia de Misiones, Situaciones de violencia hacia la mujer, Proyectos de informe y/o comunicación por los cuales se estudia cómo está compuesta la población carcelaria y las cárceles en la Provincia de Misiones. Creación de la Comisión contra la Tortura en la Provincia de Misiones. Logros/ Proyectos de Ley presentados por la Diputada María Ángeles Losada y aprobados por la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones:

- Aprobación de la Ley de casas Refugios para mujeres víctimas de violencia Familiar

- Incorporación en el Presupuesto Provincial de las previsiones necesarias en el Presupuesto del año 2017 para la adecuación y reparación de la Unidad Penal N° 4 de Menores.

El 30 de septiembre un nuevo e insólito escándalo dejó al descubierto las deficiencias del sistema penitenciario. En esta oportunidad, el protagonista es Omar, un preso conocido como "El brasilero". Este hombre purga una condena en la Unidad Penal II de la ciudad misionera de Oberá y tras una requisa se descubrió que había montado con varios teléfonos celulares y una tablet un precario "ciber" dentro del penal |175|.

El 24 de Noviembre, luego de las observaciones que realizaron desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó la clausura de los calabozos de la Seccional Primera y el traslado de los detenidos a otras dependencias de esta localidad - La medida fue consensuada con el Ministerio de Gobierno, que avaló el reclamo por las precarias condiciones en que se hallaban las personas alojadas en la céntrica comisaría. El hacinamiento al que eran sometidos los detenidos fue varias veces denunciado por familiares y abogados, aunque la situación persistió por muchos años. La capacidad de las celdas se veía ampliamente superada y era motivo de constantes roces y peleas entre los reos. Incluso, en la última década se registraron varias fugas, lo que puso en evidencia las limitaciones de un edificio construido en la década del 30. En tanto, fuentes de la fuerza anticiparon que existe un proyecto que contempla importantes remodelaciones edilicias, habida cuenta a las necesidades actuales, al tiempo que no volverían a alojar detenidos en la dependencia |176|.

El día 4 de Diciembre la estudiante de enfermería Daniela Ledesma de 22 años denunció que fue detenida sin motivo y golpeada por una comisión policial integrada sólo por hombres. "Cuando me taparon la boca y empezaron a tironearme, pensé lo peor. Eran cuatro policías y yo estaba sola. Ahora tengo pesadillas; me despierto de madrugada, miro mis brazos y no puedo creer lo que me hicieron", lamentó. Tiene hematomas y excoriaciones en los brazos y la cabeza de la chica grafican la brutalidad que padeció a manos de los uniformados |177|. La joven precisó que el lunes 5 se presentó ante la fiscal María Gisela Casafus para radicar la denuncia, que el día 6 acercó el certificado médico en el que constan las lesiones que padece en varias partes del cuerpo, incluida la cabeza. Su relato confirma un proceder institucional que se reitera y vulnera los derechos humanos básicos. Para colmo, la joven fue golpeada y amenazada por hombres, lo que constituiría un flagrante caso de violencia de género.

El 27 de Diciembre, Patricia Lola Miguel, de 38 años, lleva detenida 68 días en la Alcaidía de Posadas, acusada de ser partícipe secundaria en el homicidio de César Javier Pauluk, ocurrido el 10 de abril de 2009. De acuerdo a la Justicia de Misiones, un chip que supuestamente pertenecía a la acusada (algo que ella niega) fue activado en el teléfono de Pauluk unos días después del crimen. Sin embargo, su familia denuncia que Patricia es "inocente", que está injustamente acusada ya que jamás fue titular de la línea en cuestión y sostienen que desde "hace dos meses está pasando un infierno. La acusan de un delito que no cometió". "Está detenida en las peores condiciones desde hace 68 días. Ella no come, sólo come los días de visita cuando le llevamos galletitas, gaseosa, agua y hielo", afirmó a este diario Ana María Miguel, hermana de la mujer detenida. "El juez de la causa generó un chivo expiatorio para cerrar la causa", agregó |178|.

16.- En la Provincia de Neuquén

Las cifras en Neuquén: 16 son las internas que están actualmente en la Unidad de Detención 16, diez están condenadas. 46 son los efectivos que prestan servicio en la prisión. 414 son las personas privadas de la libertad que hay en toda la provincia.

El 28 de febrero Diego Villaman estaba tomando mate en una reposera en la costa del río Limay, en la localidad de Plottier, junto a dos amigos. Se acercaron 3 policías en un patrullero y le pidieron los documentos. Como vive enfrente del lugar donde estaba les dice que lo va a buscar, a lo cual los uniformados lo toman de un brazo diciéndole que de ahí no se podía mover. Varios vecinos se acercaron a defenderlo, lo que es aprovechado por el joven para correr hacia la casa a buscar su documento. Al volver encuentra más patrulleros y aunque mostró sus documentos, lo obligaron a subir a un móvil donde comienzan a golpearlo mientras le decían "sabemos que sos puto, en que escuela trabajás y que te gusta salir por canal 7". Lo llevan a la comisaría de Plottier donde sus amigos y familiares fueron a buscarlo pero les negaron que estuviera allí. Al día siguiente lo dejaron libre, y desde entonces, según sus declaraciones, vive con mucho miedo.

"Si salís afuera y no tenés nada, el segundo de lucidez se te va enseguida", explicó una de las mujeres que lleva más años detenida en la Unidad 16. El tiempo en la cárcel tiene un aspecto espeso, parece estancado. Pero lo que más inquieta a quienes viven en contexto de encierro es cómo será el tiempo de la libertad. Si habrá posibilidades de construir futuro sin atajos. En la única cárcel de mujeres de la provincia, ubicada a 8,7 kilómetros del monumento a San Martín y a 3 minutos del aeropuerto de la capital, hay entrega de diplomas. Una decena de internas finalizaron el taller de "técnicas de peluquería y derechos humanos con perspectiva de género". Se trata de una propuesta articulada entre la subsecretaría de las Mujeres de la provincia, el programa de políticas territoriales de la secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue y la dirección de Unidades de Detención |179|.

El 4 de octubre fue detenido Cesar Figueroa víctima de violencia policial de parte de integrantes de la comisaría 23º y llevado a dicha seccional donde el efectivo Rusconi junto a cinco uniformados más lo golpearon brutalmente en rostro y cuerpo. Al llegar la madre fue maltratada y amenazada |180|.

17.- En la Provincia de Río Negro

El 12 de agosto fue hallado en Bariloche, el cadáver del policía Lucas Muñoz (con un disparo en la cabeza, luego de 27 días de encontrarse desaparecido) ha desatado una crisis política en la provincia. Cerca de 2 mil personas se movilizaron en el Centro Cívico exigiendo justicia y denunciando la responsabilidad de la cúpula policial en el crimen. La hipótesis que maneja la familia de Muñoz es que éste habría sido asesinado por una banda mixta de policías y civiles porque iba a denunciar a sus oficiales superiores por protección a narcos y a una red de trata que opera en la ciudad |181|. El crimen de Muñoz es sólo un botón de muestra del accionar de un aparato descompuesto que amedrenta a los trabajadores y la juventud (en 2010 se produjo una pueblada por tres casos de gatillo fácil). Uno de los oficiales separados, Irusta, también se encuentra sospechado de "plantar" una pista falsa en la investigación por la desaparición de un trabajador golondrina de Choele Choel, Daniel Solano. Elizondo, uno de los comisarios imputados, oficia de custodio del gobernador en la ciudad de Bariloche. Aballay, otro de los comisarios trasladados con posterioridad a la desaparición de Muñoz, fue quien estuvo a cargo del caso de Micaela Bravo, la joven aparecida muerta en abril a pocos metros de donde recientemente se encontró el cuerpo de Muñoz. La fuerza policial provincial se encuentra también directa o indirectamente involucrada en otros casos de desapariciones forzadas, como el de la joven Otoño Uriarte o Carlos Painevil (todos ellos impunes) |182|.

18.- En la Provincia de Salta

El 10 de Enero Mariano Choque, víctima de apremios al ser detenido. Lo acusaron de circular en estado de ebriedad en su moto y fue llevado al centro de contraventores donde fue ferozmente golpeado y donde robaron sus pertenencias. Quedaron imputados una oficial y un sargento. En su declaración contó que fue alojado esposado en una celda, que lo obligaron a firmar un escrito, que volvieron a golpearlo y lo dejaron tirado en el patio. Una vez libre, presentó la denuncia.

El 21 de Enero en Cafayate. Andrea González de 24 años quedó con hematomas en sus ojos denunciaron a efectivos del 911 por apremios ilegales. El primero de los hechos tuvo lugar el sábado 16, cerca de las 7.30, Andrea González 24 años y su novio, Diego Inca de 28años, regresaban del festival folclórico de San Carlos. Camino a sus domicilios, por la calle Monseñor Diego, fueron interceptados por un móvil del 911. En ese momento uno de los efectivos señaló que habían recibido una denuncia anónima de un supuesto maltrato del hombre hacia la mujer. |183|

El 14 de marzo Azucena Figueroa de 25 años, embarazada de 7 meses fue salvajemente golpada por policías, en Orán. En la denuncia detalla que uno de los policías que la agredieron le dijo que "le importa una mierda que estés embarazada". El hecho ocurrió a las 21 horas cuando los efectivos intentaron llevar a jugadores que estaban bebiendo. Fue golpeada en rostro, la empujaron y la golpearon en la cabeza lo que le provocó un desmayo.

El 12 de Abril se descubrió delivery de psicofármacos en la comisaría 42 de Tartagal cuando, pese a su negativa, requisaron a un penitenciario y le encontraron Clonozepán, Tranxilium y Rivotril. Quedaron imputados dos efectivos que fueron preventivamente separados de la fuerza.

El 8 de mayo 12 policías de la comisaría 20 de Orán son investigados, tras una requisa realizada se descubrió en poder de los detenidos celulares, drogas y las llaves de sus celdas, en los celulares había fotos ingiriendo bebidas presuntamente alcohólicas. La requisa se realizó luego de una pelea entre dos internos, quedando involucrados un cabo y once agentes.

El 21 de Agosto fue detenido Gustavo Cuellar, integrante de la comunidad Tuyunti fue detenido recibiendo una brutal golpiza en especial en la cabeza lo que provocó fractura del maxilar. Quedaron imputados 11 policías de vejaciones agravadas por el uso de la violencia en concurso real y falsedad ideológica entre otros delitos. Fue detenido, llevado a la seccional, golpeado y abandonado en el patio por lo cual intentó fugarse.

El 22 de agosto hayan muerto a Mario Rodríguez, Fue en junio de 2011 que se filmó el video que un año después cobró estado público: cuatro policías torturaban a dos jóvenes en el patio trasero de la comisaría de General Güemes. Tras conocerse el caso, el Gobierno provincial había dispuesto custodia policial para los dos jóvenes torturados. La medida estaba orientada para evitar cualquier ataque hacia ellos después del revuelo que se armó en la fuerza con la difusión del video. Por este delito los cuatro uniformados recibieron condenas que van desde los 12 a 10 años de prisión en un fallo que fue dictado el 3 de abril de este año. Mario Rodríguez, precisamente el detenido que aparece con una bolsa en su cabeza al momento de los tormentos aplicado por la policía salteña, fue encontrado colgado de un árbol el día 19 a la tarde. Miguel Ángel Martínez, el otro torturado aquella tarde de 2011, intentó quitarse la vida unos meses después de que el video tomase estado público, pero la rápida intervención de una de sus tías evitó su muerte. uno de los jóvenes torturados por policías de Salta "Yo no sabía ni entendía por qué me hacían todo eso". Corría 2012 y Mario Luis Rodríguez contaba parte del capítulo más negro de su vida, el que se había difundido en un video donde se veía cómo le colocaban una bolsa de plástico en la cabeza para aplicarle el "submarino seco" durante un interrogatorio policial en General Güemes. A más de cinco años de haber sido torturado en una comisaría, lo encontraron muerto |184|.

El 17 de octubre Víctor Alejandro García, murió a causa de las quemaduras que sufriera en la comisaría de Trancas. Las llamas fueron apagadas por los efectivos que estaban de servicio y por los bomberos voluntarios de esa localidad, sin embargo no lograron evitar que el detenido, terminara herido. Perdió la vida en el hospital Centro de Salud donde había sido trasladado con custodia policial por las quemaduras que sufrió durante el incendio.

El 25 de Octubre Cuatro policías de Rosario de la Frontera, detenidos por torturas. Se trata de un oficial, un sargento, un cabo y un agente, quienes están acusados de golpear y torturar a dos jóvenes en el marco de una investigación por el homicidio de Martín López. Los policías pretendían que uno de los jóvenes se hiciera cargo del crimen, cometido por otros dos sujetos que, posteriormente, fueron detenidos. Los cuatro investigadores de la Brigada de Investigación de Metán, identificados como el oficial, Gustavo Orlando Orozco; el sargento, Víctor Alejandro Luna; el cabo, Rubén Darío Medina y el agente, Javier Sebastián Reynoso, se encuentran detenidos por orden de la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo del fiscal, Gustavo Vilar Rey |185|.

El 9 de noviembre, denuncia apremios contra la policía de Rosario de la Frontera, por un detenido que cumple 10 años de condena. Según su testimonio, los sometían a submarino seco, incluso le introducían la cabeza en el inodoro y tiraban de la cadena, las golpizas eran permanentes. La fiscalía pudo comprobar este viejo accionar ya que el denunciante mostraba distintas lesiones en el cuerpo y existían informes médicos que confirmaban su testimonio.

El 22 de noviembre Blas Ferreyra, de 23 años fue brutalmente golpeado por un policía en Salvador Mazza. Había ido a bailar junto a su novia cuando es atacado con golpes de manoplas por el policía Durán, quien estaba fuera de servicio motivo por el cual la fuerza trata de deslindar responsabilidades. El castigo lo presenciaron otros uniformados, que si estaban de servicio, y no hicieron nada para pararlo. Cuando Blas fue con su familia a presentar la denuncia intentaron detenerlo. Debió ser intervenido quirúrgicamente y los daños, según los médicos, son irreversibles y solo puede alimentarse con licuados ya que no puede ingerir nada sólido.

El 23 de Noviembre se detuvo a 28 efectivos de toda la provincia involucrados en distintos delitos graves. Además, se expulsó a otros 17 agentes por exceder los días de sanción por faltas internas. Desde el 20 de octubre, cuando se detuvo a ocho policías de la división Drogas Peligrosas implicados en la venta de drogas, se conocieron otros nueve casos en los que miembros de la fuerza fueron imputados y detenidos. Se destacan delitos como la falsificación de documentos, torturas y apremios, abuso sexual, robo y coimas. |186|

El 19 de Diciembre en el Penal de Villa Las Rosas, Un preso de 47 años murió acuchillado. El director General del Servicio Penitenciario, César Rodríguez, informó que se produjo una pelea entre dos internos en el pabellón de la primera planta del penal que terminó con la vida de uno de ellos. Señaló que el agredido salió caminando del pabellón y fue trasladado al hospital San Bernardo donde fue intervenido quirúrgicamente, aunque pasado el mediodía falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

19.- En la Provincia de Santa Cruz

El 17 de Abril Horacio Pietragalla, Secretario de Estado de Derechos Humanos, recorrió las cárceles y Alcaldías de las diferentes localidades de la provincia. Tras tomar contacto con los protagonistas, explicó que "los derechos de las personas privadas de su libertad también, constituye uno de los ejes de su gestión". Además, apuntó contra la gestión anterior al encontrar los lugares de detención en estado de abandono y desidia en materia de infraestructura edilicia y en cuestiones básicas. Luego de regresar a la capital santacruceña, el titular del organismo, explicó: "visitamos las Comisarias y cárceles afincadas en la Zona Norte y Centro de Santa Cruz y entre ellas, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado y también, la localidad de Puerto San Julián". |187|

El 18 de Septiembre, Gustavo Gerez de 20 años, murió en la comisaría de Caleta Olivia, Había sido detenido horas antes de que apareciera su cuerpo sin vida en la seccional a causa de la brutal golpiza que recibió. La explicación policial es que murió de sobre dosis, lo que desmiente los golpes y hematomas que presenta en todo el cuerpo. Cuando los familiares y amigos manifestaban pidiendo justicia, fueron reprimidos con gases y balas de goma, lo que dejó un saldo de 30 heridos.

20.- En la Provincia de Santa Fe

El 15 de febrero Gustavo Leguiza de 30 años, muerto en la cárcel de Coronda, a causa de dos heridas de arma blanca. La pelea fue en el pabellón 9 del ala sur y dos internos más quedaron heridos, uno de ellos de gravedad.

El 24 de mayo Carlos Godoy de 25 años, muerto por la policía en Rosario. Regresaba en horas de la mañana de la casa de su suegra y al cruzar un puente peatonal hubo aparentemente un enfrentamiento de un grupo contra policías, los que comienzan a disparar impactando varios tiros en la espalda del joven a quien rematan con un disparo en la cabeza. Testigos vieron cuando los policías le ponían un arma en la mano.

El 2 de Julio, Julio César Vallejos de 23 años, muerto en el hospital a causa de las heridas recibidas en una riña en la celda 3 del sector B-1 del pabellón 5 de la Cárcel de Coronda.

El 23 de Septiembre, el OIP realizó una visita a las cárceles de la provincia cuyo informe está publicado en: www.oipargentina.org

El 24 de agosto Miguel Ángel Gamboa, detenido en la cárcel de Coronda denunció mediante una presentación hecho por su madre Isabel Gamboa, los malos tratos, apremios, torturas y hasta una velada promesa de muerte, contra los penitenciarios agregando que cobran a los internos para el mantenimiento de una buena conducta y la venta de sustancias. Sufre una condena de 3 años y medio por portación de arma de guerra.

El 25 de Octubre se tomó conocimiento que Devorah de 19 años contó el calvario que vive desde que conoció a "El Pitu" hace dos años, a las tres semanas de iniciar la convivencia el sujeto de nombre Ramón, de 24 años, fue detenido y derivado al penal de Las Flores por homicidio. Durante el noviazgo, la sometió a sucesivas golpizas pero "yo no lo denunciaba porque la familia me tenía esclavizada". En este sentido, la joven reveló a que "ellos me encerraban, no me dejaban salir a la calle ni tampoco comunicarme con mi familia. Además, me obligaban a estar con el hijo". Forzada por el círculo íntimo de "El Pitu", Devorah lo visitó a la unidad carcelaria el pasado 2 de octubre. El encuentro tuvo lugar en la celda, delante de los compañeros de su ex pareja, quienes con sábanas y subiendo el volumen de la música lograron que sus ruegos no fueran escuchados por los guardiacárceles, puesto que Ramón la recibió a los gritos, reprochándole que "no iba a estar con nadie, que sólo era de él. Inmediatamente me pegó y luego me violó" |188|.

El 25 de setiembre Iván Franco fue detenido y torturado en el destacamento de Colastiné Norte. Lo detuvieron entrando sin orden de allanamiento en la casa de un amigo con el que se encontraba, llevándolos a ambos al destacamento donde los golpearon y los acusaron de un tiroteo.

El 27 de Septiembre, internos de la comisaría 13ª protagonizaron un motín e incendiaron instalaciones. Los 23 internos reclamaban por las condiciones de detención. El fiscal dijo que algunas partes de la comisaría quedaron "inutilizables" "Fue un incendio, un verdadero incendio", sostuvo el fiscal Ponce Asahad .ocasionaron un severo incendio, que fue sofocado por bomberos pero hizo que algunas partes del edificio quedaran "inutilizables". El fiscal Gustavo Ponce Asahad aseguró que los autores del hecho están debidamente identificados y añadió que deberán trasladar a los 23 internos debido a los destrozos que ocasionó en fuego. |189|

El 10 de octubre denuncian incremento de detenciones y malos tratos policiales. Agregan que se realizan allanamientos sin orden judicial, averiguación de antecedentes y armados de causas. Los datos surgen del Ministerio Público de la Defensa, y citan como ejemplo los casos de David, joven herrero de 25 años y Hugo, tornero de 22 quienes fueron a tomar gaseosas cerca de sus casas y son interceptados por encapuchados armados, quienes los tiran al piso y mientras los agreden llegan más encapuchados en coches quienes los siguen golpeando, los esposan. Vecinos que vieron lo sucedido llaman al 911 y cuando llega el patrullero, hablan con los encapuchados y se van. Les robaron sus pertenencias. En una audiencia por un habeas corpus colectivo presentado y un posterior informe del Ministerio de Seguridad provincial, hasta octubre del año en curso se produjeron 1043 detenciones en Rosario, de las cuales dan 28 diarias en circunstancias no delictivas o por averiguación de antecedentes.

El 9 de Noviembre, los bomberos sofocaron rápidamente el incendio en el penal de la Séptima Fue un día agitado para los efectivos de la Comisaría Séptima, de Cafferata al 300. Bien temprano a la mañana detectaron un agujero en una pared por donde los presos planeaban fugarse. Al decidir el traslado de los convictos, estos iniciaron un motín a modo de protesta. Por la tarde, la situación estaba controlada. Cerca de las 6:30 de la mañana de este miércoles, efectivos policiales de la seccional de barrio Agote realizaban la requisa de rutina en los calabozos donde tienen alojados a los presos. Pero fue en el baño del penal donde detectaron, cubierto por chapas y cartones, un orificio en una de las paredes, por donde los convictos planeaban realizar un túnel y huir |190|.

Mediante un decreto, el Gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad Pullaro impulsan una nueva calificación del concepto de presos, busca evitar la salida prematura de la cárcel de condenados que no están en condiciones de tener ese beneficio. El gobierno provincial aspira a ordenar mediante un decreto las lagunas legales que, a su criterio, vuelven poco lógicas las condiciones en las que una persona que cumple condena en Santa Fe accede a salidas transitorias. Mediante una reglamentación el gobernador modificó algunos aspectos que tienden a endurecer o limitar las posibilidades de egreso de la cárcel de condenados. "La intención es evitar la salida prematura de condenados que no están en condiciones de obtener ese beneficio", dijo el secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Cococcioni |191|.

21.- En la Provincia de San Juan

El 20 de Julio Silvana Lampaya y su hija madre y hermana de Mauricio Atencio, muerto por la policía, fueron detenidas y maltratadas cuando regresaban de la marcha y demás actividades realizadas para pedir justicia.

El 18 de Octubre Carlos Roberto de 40 años, muerto en el penal de Chimbas, Apareció ahorcado y se investiga si fue un suicidio o un suicidio inducido. Estaba en tratamiento psiquiátrico y amenazó varias veces con suicidarse. Ingresó muerto al hospital

El 4 de Julio, se informó que trasladarán la cárcel de mujeres: ya está definido el terreno La cárcel de mujeres funciona dentro del predio del Servicio Penitenciario. El objetivo es que las presas puedan vivir en un mejor entorno, en especial para aquellas presas que son madres y viven con sus hijos en el Penal. La "casita de piedra" se transformará en un nuevo pabellón para los hombres. La cárcel de mujeres dentro del Servicio Penitenciario próximamente será parte de la historia. El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, anunció que mudarán a las 86 mujeres alojadas allí a un nuevo edificio, que cambiará de nombre y pasará a llamarse "Instituto Modelo de Mujeres". El terreno de la cárcel ya fue elegido, pero se mantendrá en secreto el departamento porque nadie quiere que le pongan una cárcel en su territorio. Dentro del Penal de Chimbas funciona la cárcel de mujeres, en un edificio conocido como la "casita de piedra" porque antes del terremoto del '44 en este espacio funcionó una fábrica de mármoles en donde los presos trabajaban. El lugar quedó chico y es muy incómodo, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de las internas atraviesan embarazos allí y crían sus hijos hasta que tienen cinco años. La anterior cárcel, conocida como alcaidía, funcionaba sobre calle 9 de Julio a pocos metros de Rawson. Luego del terremoto fueron derivadas a Chimbas

El 20 de febrero, después de 21 meses Alejandra Ríos (la madre de Camila, la niña del milagro de Brochero) Un tribunal la sacó de los calabozos de la Seccional Primera y la envió a una celda común de la Alcaidía de Mujeres. El ocaso de la ex vicedirectora de un colegio bilingüe privado

El edificio del Penal de Chimbas tiene capacidad para 700 presos y en la actualidad hay 1.365 personas cumpliendo condena. Para poder cambiar la situación de la población carcelaria, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, dijo que están llevando adelante un plan de mejoras programadas a corto, mediano y largo plazo. Este plan es integral y no sólo tiene en cuenta las deficiencias a nivel infraestructura sino también a nivel sanitario y social. Otro de los avances fue mejorar el micro hospital que está adentro del Penal. En este sentido, Baistrocchi adelantó que se contratará más personal, habrá un médico para cirugías pequeñas lo que permitirá evitar los traslados a los hospitales Rawson o al Marcial Quiroga por cortes ocasionados por peleas por ejemplo. También se sumarán enfermeros y un psiquiatra, que en la actualidad no hay. Además se integrarán dos psicólogos más

22.- En la Provincia de San Luis

El 1 de Noviembre se realizó la primera reunión del Instituto de Derechos Humanos de la provincia de San Luis. En el marco de la Campaña Reglas Mandela se hicieron presentes Joaquín Ortiz Gómez y Raquel Martínez, miembros de la Delegación Cuyo de la Procuración Penitenciaria de la Nación; y Juan Ignacio Pérez Cursi representando a la Defensoría General de la Nación.

23.- En provincia de Santiago del Estero

El 9 de Enero Julio Ricardo Ávila de 34 años, fue detenido durante la madrugada en la capital de la provincia por estar ebrio, trasladado por una patrulla policial y alojado en una celda por una patrulla policial y alojado en una celda de la comisaría 4ª de la que fue retirado en grave estado. Murió en una sala de terapia intensiva del Hospital Regional "Ramón Carrillo", tras cinco días de agonía. La autopsia determinó que tenía golpes en la cabeza, fractura de cadera, desprendimiento de médula ósea y demás daños. La jueza de feria, Rosa Falco, ordenó que el cadáver de Ávila sea trasladado y sometido a una autopsia en la morgue judicial que funciona en el Hospital Independencia de la capital provincial.

El 11 de Marzo la administración de justicia imputó de "Apremios ilegales", "Torturas" y "lesiones graves" a tres efectivos de la Seccional 12 de Policía, identificados con los apellidos Chazarreta, Serrano y Gutiérrez. El primero de ellos sería el oficial a cargo de la dependencia. En al menos cuatro detenidos se comprobaron serias lesiones producto de "golpes con bastones y rociado de gas pimienta". Habría dos casos más que esperan confirmación de parte de los peritos. De acuerdo con los testimonios que obran en manos de la Justicia, los reos eran "bolseados" y sometidos a "torturas, desnudos en la propia seccional". Se secuestraron los celulares de los acusados. En uno de ellos, sería el de Chazarreta, habría filmaciones de los apremios.

El 13 de Marzo, la madre del Oficial Cristian Carrizo explica y exige a las autoridades de la policía de la provincia el esclarecimiento del asesinato de su hijo en manos del oficial Franco Albornoz, dentro de la comisaría 2ª de la ciudad capital de Santiago. El juez que atiende la causa Ramón Tarchini Saavedra caratulo a la misma como "homicidio calificado agravado por su condición de funcionario policial", luego de algunas pericias. La incertidumbre que está pasando la familia del Oficial Carrizo es que a Albornoz lo internaron desde un primer momento en una clínica psiquiátrica privada permaneciendo en ella misma 36 días |192|. La decisión la tomó la Sala I de la Cámara Penal, quien terminó con ese privilegio y la trató como a cualquier detenido procesado que espera que le hagan un juicio para determinar si es o no culpable de los delitos que le achacan. Silvia Peña, Caballero Vidal (h.) y Raúl Iglesia tomaron la decisión sin más trámites que una providencia, esto es, una decisión judicial sin argumentaciones que se toma y se comunica a la Policía de San Juan y al Servicio Penitenciario Provincial.

El 8 de Agosto un confuso incendio en la comisaría 13ª dejó como saldo 14 internos asfixiados Alrededor de las 14hs comenzó el movimiento en la Comisaría nº13 de la ciudad de La Banda, ubicada en Pedro León Gallo y Mitre, en donde se pudo saber que un incendio aparentemente intencional se produjo dentro de una de las celdas. Como era de esperarse, en la comisaría se encontraban los familiares de los presos, quienes pedían a viva voz la presencia de los medios y las cámaras de televisión. Un grupo de madres que se encontraban en la vereda de la seccional dijeron que "fue una especie de motín, quemaron colchas y prendas de vestir" dijo una de las hermanas de un detenido, al mismo tiempo, otra agregó "la atención es muy mala aquí. Los tienen como perros, a veces venimos trayéndoles comida y nos cansamos de golpear la puerta y no nos atienden, sino se la comen ellos. Los tienen amontonados a todos en una celda, y hacen sus necesidades ahí adentro" relató |193|.

24.- En la provincia de Isla Grande de Tierra del Fuego

El 23 de Junio, el Gobierno capacita al personal penitenciario de Río Grande en prevención del consumo problemático de sustancias psicoactivas y salud mental en contextos de encierro. Se trata de una labor conjunta entre la Secretaría de Coordinación del Plan Provincial de Adicciones, dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete; y la Dirección Provincial de Salud Mental y Adicciones, del Ministerio de Salud. Estas actividades se enmarcan en un Programa de Salud Mental y Adicciones en contexto de encierro que vienen desarrollando ambos organismos del Gobierno provincial conjuntamente con el Servicio Penitenciario. Además de los talleres que se están dictando en el mes de junio para el personal del penal de Río Grande, el proyecto contempla otras acciones como capacitación a agentes del Servicio Penitenciario en Ushuaia, implementación de grupos terapéuticos para personas privadas de la libertad y creación de un dispositivo de salud mental para personas en conflicto con la ley penal.

25.- En provincia de Tucumán

Juan Ramón Roldan de 19 años, Trabajaba con su padre como vendedor ambulante y estaba cursando estudios terciarios. Había ido a bailar y cuando se retiró junto a un amigo y dos jóvenes que conocieron esa noche son baleados por policías del 911 quienes dicen haberlos confundido con ladrones. A raíz de uno de los disparos perdió su ojo derecho, recibiendo 6 en el cuerpo y 4 en el rostro.

El 14 de enero Miguel Reyes Ponce de 24 años, muerto por dos policías conocidos como Rambito y Figueroa en el Barrio San Cayetano. Le dispararon en la frente y cuando estaba tirado en el piso le propinaron culatazos con sus itakas, falleciendo luego de estar 24 horas en coma. Durante su agonía estuvo vigilado por la policía los que provocaron y amenazaron a la familia. Trataron de justificar la muerte como un enfrentamiento por robo, en el cual el disparo fue "accidental", lo cual fue desmentido por numerosos testigos. No llevaba ningún arma y las pruebas de parafina dieron negativas.

El 21 de febrero Jorge Herrera de 31 años, estudiante de educación física, volvía a su casa cuando es detenido por efectivos de la comisaría 5ª. Al día siguiente apareció en su casa golpeado, con esposas en la muñeca derecha y con heridas que ponen en riesgo de perder un ojo. El joven antes de ser detenido comenzó a correr pensando que le querían robar, es en ese momento cuando es interceptado por los uniformados quienes comienzan a golpearlo y lo trasladan a la seccional donde fue brutalmente atacado a golpes por 4 agentes que lo patearon en la cara con sus borceguíes mientras lo amenazaban que si no llegaba a decir que había sido atacado por una patota lo iba a lamentar. Logró escapar aprovechando que el agente que lo custodiaba se quedó dormido.

El 23 de mayo se entrevistó a una mujer de 27 años, cuya identidad se reserva, pero a quién se la denomina "El caso de Belén" (condenada a ocho años de prisión, luego de estar dos años y medio en situación de prisión preventiva, acusada de infanticidio) ilustra una injusticia que no cesa. Ocho provincias aún no tienen protocolo de aborto no punible. En tanto, programas como el de Salud Sexual y Procreación Responsable sufrieron despidos y relocalizaciones, y están virtualmente paralizados. "¿Por qué estás presa?" "Por ser mujer y humilde, por no tener plata para pagar una clínica privada, por no haber abierto la boca y no responderle a la doctora, porque no me asesoraron ni me escucharon, y por haber tenido un aborto espontáneo". El breve testimonio de Belén, desde una cárcel tucumana, da cuenta de una injusticia que no cesa |194|. El 18 de Agosto Belén salió de la cárcel con el rostro cubierto y en medio del festejo de mujeres que la acompañaron acompañada por su abogada, algo más de 48 horas después que la Corte Suprema de Justicia ordenara que la joven recuperara la libertad en forma inmediata, resolución que tardó en cumplirse debido a los trámites administrativos que se dilataron por diferentes motivos, la joven tucumana cruzó el portón de la cárcel de mujeres ubicada en Banda del Río Salí alrededor de las 20.15. Minutos antes, las autoridades del penal recibieron el oficio 3332 firmado por el presidente de la Sala III, Dante Ibáñez, que ordenaba la liberación de Belén. En la unidad 4 de la cárcel de mujeres, la joven estuvo detenida desde hace más de dos años y su caso movilizó a organizaciones de Derechos Humanos y, especialmente, a entidades que luchan por los derechos de la mujer, quienes realizaron marchas de protestas en diferentes partes del país reclamando su liberación.

El 5de Julio un grupo de presos se amotinó en la Dirección General de Investigaciones de la Policía que funciona en Barrio Norte. De acuerdo con las primeras informaciones, los problemas habrían comenzado al mediodía. U detenido que se encontraba alojado en la alcaldía de la dependencia le prendió fuego a un colchón. En el momento del hecho había al menos 25 internos más. El fuego fue rápidamente sofocado por los otros internos. En este momento, los Bomberos, el Grupo Cero y otros cuerpos policiales trabajan en el lugar.

El 13 de octubre se produce un intento de motín en el penal de Villa Urquiza los malos tratos, el hacinamiento y una serie de abusos por parte del personal penitenciario provocaron los serios incidentes, minimizados por el director del penal. Se escribió otro capítulo en la grave crisis carcelaria que atraviesa la provincia. El miércoles 12 hubo demoras para el ingreso de la visita, que se realiza habitualmente ese día y los domingos. Los familiares tenían información de que el servicio penitenciario habría propinado golpizas a dos internos, que no habrían recibido atención. Uno de los reclusos realizó la denuncia por recibir una brutal paliza. Según confirmaron familiares de los detenidos, hubo incidentes en varias de las unidades de la unidad carcelaria: en las unidades 1, 2, 5 y en el anexo. La unidad 5, de ingresos y menores venía siendo escenario de numerosos abusos policiales, según nos contaron familiares. Las razones del descontento de los detenidos son los iniquidades por parte del personal: otorgamiento discrecional de los beneficios (salidas al patio, poder trabajar en la carpintería, bullying a familiares durante las visitas), sumado al hacinamiento.

El 8 de Noviembre se produjo un intento de motín a la tarde en el penal de Villa Urquiza. La revuelta, según confiaron fuentes policiales, fue controlada. En la puerta de la cárcel, sin embargo, familiares y allegados a los presos protestan con una quema de cubiertas. Los motivos de la protesta, según los familiares aseguraron que se debió a los malos tratos que reciben por parte de los guardiacárceles. Algunos abogados, sin embargo, coincidieron en señalar que el motín se debió a la demora por parte de la Justicia para confirmar o descartar los beneficios que podrían recibir antes de fin de año. Entre esas medidas figuran permisos especiales para pasar las fiestas de fin de año con sus familiares o los permisos extramuros

En la última reunión del año de Comisión directiva del OIP, analizó la situación del sistema penal de la provincia y se resolvió que para la agenda del próximo año se incluirá una visita a los institutos penales de Tucumán.

ANEXO CON FOTOGRAFÍAS

Alcaidía de resistencia - provincia de Chaco

Bebés Presos en Argentina
Bebés presos

Mapuches en tierras usurpadas por Benetton

Denuncian torturas y malos tratos en la cárcel de Jujuy - Diciembre de 2016

El policía mientras corroboraba la identidad.
Caso Simón Forniaciari

Horacio Petriagalla recorriendo los lugares de detención en la provincia de Santa Cruz
El Secretario de Estado de Derechos Humanos, Horacio Petriagalla - recorriendo los lugares de detención en la provincia de Santa Cruz

Hugo Miguel Gonzalez Bulacio Causa N°5541 Ejecución N° 2 de San Martín ! Dra Olmedo... Alojado unidad 21 de Campana.....

Imagen de Devorath la denunciante

La foto fue obtenida durante una recorrida nocturna por la Unidad Penal 15, de Batán del Jjuez de Garantías marplatense Juan Tapia.

Sucedió luego de la recaptura de un preso de la unidad penal de Florencio Varela. Guardia cárceles no dudaron en castigar a varios reclusos, en una represalia por la recaptura del reo

Unidad penal de Villa Urquiza
Vista del pabellón del edificio viejo del penal de Villa Urquiza

[Fuente: Observatorio internacional de Prisiones de Argentina, Bs As, 02abr17]

Notas:

1. reclamó que "el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación se encuentra vacante y el Congreso de la Nación, pese al tiempo transcurrido, no ha nombrado a su reemplazante" ya que debe ser dispuesto con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Nación. [Volver]

2. Tras el llamado de atención de la Corte Suprema, el Congreso puso en marcha la comisión que propondrá el candidato para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, puesto vacante desde 2009. La presidencia de la Bicameral de la Defensoría del Pueblo quedó en manos de la senadora Marta Varela (oficialismo), mientras que el vice será el legislador Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV primera minoría de oposición). [Volver]

3. El caso empezó el 13 de septiembre de 2007, por una investigación de Facundo Pastor para "Documentos América" que descubrió una mega banda que había cometido 350 estafas con la compraventa de autos. El expediente identificó a 5 acusados que, tres años después, el 6 de agosto de 2010, quedaron a disposición del TOC 23. Justo el tribunal que menos empleados tiene en el fuero. Y al que le faltan dos jueces. La causa entró en un embudo junto a otras 492 que tenía activas el tribunal a febrero de 2015, cuando se le fueron dos de los jueces. A pesar de esto, se logró fijar el inicio del juicio para el 28 de febrero de 2017 (a diez años de abierto el expediente), con el apuro de que si transcurren unos meses más todo quedará prescripto. Para poder hacer el debate, el TOC 23 tiene que pedir "prestados" a dos jueces subrogantes, que tienen la agenda ocupada por los juicios de sus propios tribunales, por los que sólo se podrá hacer una audiencia por semana. Se estima que todo el proceso demorará al menos 6 meses, ya que los testigos citados son 409.( fuente: diario "Clarín) [Volver]

4. El día 22 de Diciembre, con la presidencia de la Dra. Adriana Donato se realizó el plenario que determinó la apertura de concurso para algunos cargos que a todas luces resultan insuficientes para regularizar las vacancias actuales [Volver]

5. Los funcionarios del Poder Judicial se ven beneficiados por un receso de 45 días anuales: 15 durante el invierno y 30 durante todo el mes de enero. La feria judicial implica así una interrupción del 18,36% anual de la labor del sector. Si se contabilizan feriados y ferias, funciona sólo 190 días al año. Si se suma que, en dicho poder, se trabajan 6 horas diarias, el resultado comparativo con otros sectores del Estado es de 132 jornadas. Cabe resaltar que, en las demás áreas de la administración pública, el total es de 165 días, y 231 días en el sector privado. En una semana de feria judicial, se pierde medio millón de horas hombre a razón de 6 horas de trabajo diarias, lo que equivaldría a 420 empleados en funciones durante todo un año. Si se agregara tan sólo una hora más de trabajo a cada uno de los más de 18.500 empleados del poder judicial por los 220 días laborables estimados para un año judicial razonable, resultaría un total de 4 millones de horas hombre, es decir, un aporte de 3.030 empleados extra trabajando todo el año. [Volver]

6. El audio de la conversación, en donde el funcionario judicial insulta al policía Cuando el policía se dispone a explicarle por qué lo llamaba, el funcionario judicial le advierte: "Espero que sea grave, espero que sea grave...". por "romperle las bolas"(en argot: sacarlo de quicio) por esa "pajereada"(en argot: consulta baladí), se difundió a través de redes sociales. "Ya hablaremos. ¿Entonces la flagrancia sabe qué es? Es un perfume la flagrancia (frase dicha con ironía y haciendo juego de palabras) [Volver]

7. El mecanismo que se utilizará será la postergación de la publicación en el Boletín Oficial de la ley, sancionada por el Congreso el 7 de septiembre último. "Le hemos pedido a la Secretaría General (de la Presidencia) que demorara la publicación de la ley por unos días para poder hacer los ajustes reclamados por la Justicia", afirmó Garavano durante la exposición que brindó en la Cámara alta para presentar las modificaciones que se le introducirán al Código Procesal Penal sancionado durante el kirchnerismo. Fuente: diario La Nación [Volver]

8. La ley argentina, aprobada en 2004, reglamentada en 2010 y considerada modelo a nivel internacional, abandonó los criterios restrictivos de "combate" a la inmigración. La normativa sólo habilita la detención de los migrantes para situaciones muy puntuales y como última instancia, en caso de una orden judicial firme de expulsión del país y luego de que el Estado le otorgara al extranjero la posibilidad de regularizar su situación. La nueva interpretación del Gobierno implica una ampliación de los supuestos de retención y expulsión que hasta este momento la ley no contempla. [Volver]

9. Tal y como se desprende de los fundamentos del grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU -pág. 2 - Título información recibida ítem 6 [Volver]

10. "¿Dónde querés que te deje el cadáver de tu marido?", le dijeron a la esposa del fiscal. Según consignan los medios provinciales, el hecho ocurrió a las 9:15 am y ya está detenido un hombre de apellido Cardozo, quien figura como titular del teléfono desde donde se realizó el llamado intimidatorio. No es la primera vez que Sánchez Lello recibe una amenaza, la anterior había sido con un llamado telefónico a su madre. Además, el jefe de los fiscales jujeño denunció que estuvo siendo seguido por vehículo sin patente y contó que percibió a extraños merodeando su domicilio. El 5 de Diciembre, el Ministro de Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, habló de otras "graves amenazas" a uno de los abogados que están imputados en el juicio, "advirtiéndole lo que podía pasarle a sus hijos si se metían con la líder de la Tupac Amaru - Fuente: jujuyonlinenoticias [Volver]

11. El OIP reclamó ante el Senador M. A. Picchetto, jefe de la bancada opositora que se fuera a tratar sin escuchar a las ONGS defensoras de los DD. HH las objeciones al proyecto. Participó así mismo del acto de protesta frente al Congreso nacional y envió una nota al Senador Guatavino presidente de la Comisión de Asuntos penales del Senado. Puso un alerta internacional y acompañó el reclamo de los detenidos que iniciaron huelga de hambre. Finalmente y luego de una reunión de los técnicos de los senadores miembros de la Comisión de Asuntos penales, el presidente provisional del Senado, el Dr. Federico Pinedo anunció que dada las serias falencias técnicas detectadas en el proyecto, se pasa el debate para el año 2017, lo que descomprimió transitoriamente el conflicto. [Volver]

12. No existen estadísticas fidedignas sobre la cantidad de chicos privados de su libertad en el país y, mientras registros oficiales a los que accedió Télam, contabilizan 1305 adolescentes en los 24 distritos, Unicef había detectado hasta diciembre del año pasado unos 2.915 niños en programas de "supervisión en territorio", otros 871 en unidades de privación absoluta de libertad y 122 en establecimientos de restricción de libertad.

"Hay cajas negras de datos en Mendoza, Buenos Aires y Córdoba, entre otras provincias", graficó la PPN está realizando un recuento nacional de todos los adolescentes en conflicto con la ley, luego de que la Corte Suprema habilitara este año a la Procuración para supervisar los centros e institutos de menores, donde hasta ahora tenía vedado el ingreso. Casi la mitad de ellos, en total 547, habita en los 19 institutos que tiene la provincia de Buenos Aires y, de ellos, los más poblados son los centros de Lomas de Zamora (79 chicos), Malvinas Argentinas (58), Nuevo Dique (47) y Almafuerte (38), estos últimos dos de régimen cerrado, una modalidad que creció en los últimos meses en el distrito. Sin embargo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tiene anotados 619 jóvenes en 27 centros bonaerenses y alertó que en la mayoría se implementa un "sistema carcelario", lo que resulta violatorio de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Fuente: TELAM [Volver]

13. Celadores y enfermeras se encerraron por sus propios medios a resguardo para no ser tomados de rehenes. Los menores amotinados "quisieron fugarse con una camioneta Trafic del instituto". "Los amotinados prendieron fuego una camioneta de uno de los celadores. Embistieron el portón con una camioneta, pero no pudieron con su cometido ya que se encontraba un patrullero bloqueando el mismo", indicaron fuentes policiales Los menores pedían abrigos, colchones, ver a familiares, entre otras pretensiones, aunque la intención de los amotinados era fugarse del establecimiento. Personal del SAME (servicio de ambulancia), Bomberos y móviles de la comisaría 43 acudieron al lugar. Como consecuencia de los incidentes fue desalojado en forma completa el lugar y los 44 internos que tenía este instituto fueron reubicados en otros centros como el San Martín, Inchausti, CAT y Luis Agote. El juez dispuso que se le tome declaración en las próximas horas a los empleados del Instituto, al tiempo que notificó a Mariano Kierzembaum, director Nacional para Adolescentes infractores de la Ley Penal, dependiente de la Secretaría Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia, para que presente la lista completa de los internos, en qué instituto fueron reubicados y el Juzgado del que se encuentran a disposición. Fuente: TELAM [Volver]

14. El OIP, se dirigió al Juzgado de Instrucción Nº 48, sito en Lavalle 1171 P.B. y fueron recibidos por la Secretaria del Juzgado y el Prosecretario quienes en una cordial entrevista informaron sobre la caratula de la causa iniciada el día 15 de Abril. A los jóvenes que participaron de los hechos se les imputa: Tentativa de evasión, estragos, privación ilegítima de la libertad y daños. Durante la entrevista se informó que la Fiscalía actuante es la Nº 2 para Menores sito en la calle Tucumán 966, piso 11º. El OIP se entrevistó con una asistente de la fiscalía quién ratificó los cargos por los que están imputados los adolescentes y además comentó que varios de ellos fueron desligados de algunas imputaciones. A la pregunta sobre quién ejerce la defensa de cada uno de los imputados, la respuesta es el Juez que tramita cada tutela de los mismos. La siguiente entrevista que se propuso el OIP fue la del Patronato del Menor, integrada por los miembros de la Cámara en lo Correccional. y Criminal Nº2 La Pro Secretaria era la Dra. Rosa M. Martínez Sipriz, con licencia por enfermedad y próxima a jubilarse. En una primera entrevista atendió el Dr. Diego Passerieu, indicó al OIP la necesidad de poner por nota la solicitud de entrevista. Así se hizo y el día 1 de Agosto se envió la misma y se obtuvo pronta respuesta. En una entrevista muy productiva que comenzó a las 10 Hs. y se prolongó hasta las 11 y 30 Hs. con el servicio de Asistencia Social de la Cámara, por disposición del Sr. Presidente de la misma (Dr. Rodolfo Pociello Argerich), el OIP tomó conocimiento del traspaso de los institutos bajo la égida de la SENAF a la administración de la CABA. Se le comunicó al equipo así mismo que: dada las trabas para ingresar a los institutos, se había tenido una entrevista con el Dr. Julio Raffo de la Comisión de Justicia de la H. Cámara de Diputados de la Nación y que se había comprometido en organizar una comisión para observar el estado de esos lugares de alojamiento. El Dr. Raffo gestionó una entrevista con un asesor de la Lic. Carolina Stanley, Ministra de Acción Social de la nación y bajo cuya responsabilidad está la SENAF y el día 28 de diciembre se realizó la misma con la presencia del Dr. Diego Luna, asesor del Dr. Raffo. Allí el OIP planteó la dificultad de constatar per se el estado de las instituciones mencionadas. El Dr. Guillermo Haiuk, tomó debida nota del plateo y quedó en ocuparse del tema luego del receso de verano. Por último, cabe señalar que: el día 2 de Diciembre se envió una nota al Dr. Pociello Argerich solicitando ingresar a los institutos antes de comenzar la elaboración del presente informe. En principio la respuesta rápida fue llamar a la Procuración Penitenciaria a fin de que se facilite información para que se pueda verter en el presente, sin perjuicio de tomar en cuenta la solicitud. El día 13 de Diciembre, el OIP reiteró el pedido y el Presidente de la Cámara envió a cada miembro de la misma copia a fin de tener el voto de todos y no una decisión suya. Cabe señalar que la Procuración Penitenciaria ha podido ingresar a los institutos, luego de la presentación de un amparo que demoró cinco años en resolverse. Al cierre del presente informe la Cámara no se había expedido, entre otras cuestiones por la feria judicial [Volver]

15. Hubo niños que recibieron impactos de balas de goma y uno de ellos una de plomo. La información difundida oficialmente es que hubo 2 gendarmes heridos al ser rodeados por personas que lo amenazaban, por lo cual debieron "actuar". El 17 de febrero varias murgas marcharon junto a organizaciones políticas y sociales repudiando el hecho. [Volver]

16. En junio, un niño de nueve fue denunciado penalmente por llevarse un producto de limpieza y otro de perfumería de un supermercado. "Lamentablemente es bastante común: en el último mes, por ejemplo, de 13 años para abajo tuve 14 chicos en la Ciudad. Es muchísimo", advirtió Gustavo Gallo, Defensor de Menores de la Defensoría General de la Nación. En las cuatro horas que permaneció retenido, el chico -que está escolarizado y vive en Fuerte Apache- "preguntaba si lo iban a llevar con su mamá". "Quien llama es la empresa, actúa la Comisaría 44 y le da intervención a la jueza de turno, Silvia Sassano (Juzgado Nacional de Menores Nº 2). Su secretaria plantea la cuestión de permanencia en el centro de detención", relató Gallo, "El nene estaba solo. Me parece que esa es una estigmatización importante. Estaba solo y le deben haber preguntado dónde vivía y dijo 'Fuerte Apache' y lo mandaron (detenido), porque tiene que ver con esta persecución que hay a los sectores más vulnerables", sostuvo el defensor público, que asiste a menores de 16 años a quienes se imputa la comisión de delitos. Fuente: Política Argentina. [Volver]

17. Luego los llevan a un descampado cercano al Riachuelo amenazándolos que: son boleta (en el argot, muertos) seguidamente los esposan a un caño y comienzan a disparar al aire, les quitan las pertenencias mientras les ponen un cuchillo en el cuello para posteriormente liberarlos obligándolos a correr. [Volver]

18. Su viaje se interrumpió el miércoles 28, cuando fue detenido en Santiago y acusado de ser uno de los dos ladrones que participó del brutal crimen. el sospechoso -identificado como Brian. Su nombre había llegado a los investigadores -de la Policía de la Ciudad y de la Federal- el domingo, a partir de un testigo. La División Homicidios de la Federal lo rastreó hasta su casa de la villa 1-11-14 del Bajo Flores e investigó su Facebook y el de sus familiares. Así supieron que el lunes se tomaría un avión en el Aeroparque. Luego de su detención por parte de las fuerzas de seguridad chilena ateniéndose a la orden de captura internacional librada por Interpol, fue puesto en la frontera junto a su padre (quién fue expulsado de Chile por tener antecedentes penales en Argentina), allí lo aguardaba la policía argentina que los trasladó hasta Buenos Aires, donde quedó a disposición del Juez de menores del Tribunal Nº 7, Dr. Enrique Velázquez, [Volver]

19. B.G, el joven de 15 fue sobreseído por el juez de menores del caso, Enrique Velázquez. Sin embargo, su posible participación en la muerte del adolescente en Flores podrá seguir siendo investigada. El menor fue sobreseído únicamente en base a su edad -en una estricta aplicación del Código Penal que lo considera inimputable- y no por falta de pruebas, a pesar de que tres testigos del crimen no pudieron señalarlo en su rueda de reconocimiento. El fallo firmado por el titular del Juzgado de Menores Nº7 asegura que el "buen nombre y honor" de B.G no queda afectado por la causa. De todas formas, su rol en la trama queda por ser establecido, Aunque no recibirá ninguna sanción si es que participó del brutal asesinato. Queda, por ejemplo, el chequeo de su coartada, presentada por su defensor, el abogado Jonatan Vicente. El joven aseguró que al momento del crimen estaba con su novia y luego compró zapatillas en un local deportivo de Flores: las cámaras del lugar, junto con otras en la zona, ya fueron requeridas por la Justicia para ser peritadas. [Volver]

20. Fuentes policiales informaron que el hecho fue cometido en la noche del sábado, alrededor de las 23, cuando dos sujetos armados, tras saltar el muro perimetral y cortar un alambrado, irrumpieron en el complejo Villa Nueva Esperanza, ubicado en el cruce de las calles 226 y 520, para luego dirigirse hasta el Instituto de máxima seguridad "Aráoz Alfaro" .Los encapuchados redujeron a los cinco celadores, que no estaban armados, los maniataron, amordazaron, golpearon y robaron sus pertenencias antes de rescatar a dos internos. Según los informantes, la situación fue aprovechada por otros cuatro menores que escaparon igual que los otros. . Tomó intervención la fiscal Virginia Bravo que ayer pasó el caso a la Justicia de Menores de La Plata. Fuente: Diario El Día [Volver]

21. El policía Martín Argüello se encuentra en libertad desde fines de enero de 2016 pero continúa imputado de un delito grave: homicidio agravado. "La causa está lejos aún de llegar a juicio oral", confiaron fuentes judiciales. Desde un inicio, amigos y familiares Esteban "Chuky" Paniagua, de 17 años, denunciaron que se trató de un caso de gatillo fácil y que el policía acusado le disparó por la espalda. No obstante, en el transcurso de la investigación surgieron dudas sobre el desarrollo de los hechos que favorecieron el imputado. En el caso interviene la fiscal Viviana Giorgi, titular de la UFI 1 de Lomas de Zamora. En tanto, Paniagua y los jóvenes que se encontraban con él en el momento en el momento del robo al policía en Fiorito están acusados en una causa paralela por robo agravado. De continuar la instrucción de la causa como hasta el momento, el policía podría llegar a juicio oral en libertad aunque con una fuerte acusación en su contra. Si bien, en un principio se pensó que se podría recalificar la causa en favor del efectivo de la Federal, esto no ocurrió todavía. Fuente: DiarioConurbano.com. [Volver]

22. En esta ocasión le apuntaron con armas de fuego y lo obligaron a subir en un Fiat 600 llevándolo a vivero municipal donde lo encapucharon, lo obligaron a arrodillarse, lo golpearon lo quemaron con cigarrillos y le hicieron cortes en distintas partes del cuerpo y una cruz en el pecho diciéndole que ese era el centro del tiro fatal. Terminaron con un simulacro de fusilamiento. Lautaro el presidente del Centro de Estudiantes de la Media 1 y militante de LGYBI. Desde hacía meses venía siendo hostigado por la policía lo que fue denunciado oportunamente por sus padres. [Volver]

23. París se justificó diciendo que intentaron asaltarlo cuando estacionaba su camioneta y que le dispararon. Sin embargo no hay ningún impacto de bala en el vehículo pero fue suficiente para que fuera exculpado por legítima defensa. Aun con estas contradicciones, el fiscal Andrés Nieva Woodgate se basó únicamente en el testimonio del policía a la hora de actuar. Por ese motivo acusó a los jóvenes de tentativa de robo, motivo por el que Cejas todavía se encuentra detenido. Luis Valenga, abogado de la familia de Gabriel Godoy junto a la Doctora Jarque, denunció "Paris armó a su gusto la escena del crimen. Comenzó a amenazar a la gente del barrio que se fue asomando, mientras llegaban los primeros familiares. De inmediato llegó la policía, un patrullero primero y decenas de efectivos después, personal de la Cría. Quilmes 2ª., DDI, Guardia de Infantería, GAD y para no ser menos, un grupo de sus "compañeros de trabajo" de la DDI Drogas Ilícitas que, enseñoreados en la escena del hecho, hicieron y deshicieron a gusto y antojo, a pesar de la prohibición de ley". No conformes con esto los Policías le plantaron un arma al padre de Gabriel motivo por el cual el hombre también permaneció detenido durante siete días. Como denuncia Valenga: "Mientras el cuerpo tendido y cubierto por una lona esperaba la morguera para que lo retiren, un episodio increíble hizo que detuvieran al padre, en medio de tanto dolor. Sucedió que mientras aguardaban sobre la vereda, junto a la abuela, la madre y una enfermera que la asistía, el padre, habiendo pedido una frazada para arroparla por el crudo frío reinante, la "mano generosa" que le pasó una frazada, aparentemente incluyó un revólver, el que cayó ni bien desplegó la manta, y provocó su detención inmediata, a pesar de ser completamente ajeno al hecho, según dos testigos presenciales, claves: el policía y el dueño de la casa en cuya vereda ocurrieron los hechos, que se encontraban parados junto a él. Ello no impidió sin embargo que tuviera que pasar por siete (7) días privado arbitrariamente de su libertad, y enfrentar un juicio en flagrancia del que salió absuelto". Fuente: Andar agencia de Noticias- [Volver]

24. Liliana se enteró de la decisión judicial de liberar a los agentes por el dueño de un boliche de la zona de Budge con aceitados contactos con jefes de la Bonaerense. "Cuidate mucho", le recomendó. Tras esa advertencia decidió irse. Hacía tiempo que sentía que estaba en peligro. "Se había acercado gente a la feria para decirme que me iba a arrepentir de haberlos denunciado. Después descubrimos que un hombre me estaba sacando fotos. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, sacó una pistola y me dio culatazo", agrega la mujer, madre de dos hijos. A fines de julio Liliana escapó a Bolivia. "Sentía que estando acá ponía en peligro a mis hijos", recuerda. Su estadía en Cochabamba se cortó por un llamado que recibió desde Buenos Aires. Su familia le contó sobre llamados extraños que habían recibido, de gente que decía trabajar para los fiscales que estaban investigando su denuncia, luego de a finales de junio la Fiscalía General de Lomas de Zamora decidiera pasar las causas vinculadas a La Salada a un cuerpo de instructores. "Se me vino el mundo abajo. Decidí volver porque no me gusta estar escapándome", explica. Cuando se presentó en los tribunales confirmó su sospecha. "Preguntó si la estaban llamando y la respuesta fue no", confirmaron fuentes judiciales. Las amenazas reaparecieron en octubre. Fue un miércoles de feria. Herrera cuenta que mientras viajaba hasta la avenida Olimpo tuvo un mal presentimiento. En el auto sintió ganas de vomitar. Le sonó el teléfono y escuchó los gritos de Claudio, su esposo. "Lili, nos pusieron", le decía. De atrás se sentían los gritos de su hija: "Mamá, me quieren matar". Cuando llegó se encontró con una patota que rodeaba la camioneta de su pareja. Adentro, escondida debajo del asiento, estaba la nena. "Decían que eran los 'nuevos cobradores' y recorrieron todos los puestos amenazando a los feriantes", asegura. Según su relato, el grupo estaba comandado por un hombre de gorra que le rompió su celular y tuvo una charla con un policía que se había acercado, alertado por los gritos. "Le pasó un teléfono, como si lo estuviera comunicando con alguien. Después de esa conversación el agente se fue. Me dijo que tenían banca", denuncia.No sabe si ese violento episodio tuvo relación directa con la denuncia que hizo contra los policías. Pero la consecuencia es el mismo: siente miedo. "Todo el tiempo pienso que me están persiguiendo. Ando encapuchada. No puedo trabajar. Perdí todo", explica. Fuente: Diario Clarín [Volver]

25. Se difundió durante una conferencia de prensa una movilización hasta la fiscalía. La conferencia se realizó en la facultad de Trabajo Social, en diagonal 78 y 9, de la que participaron estudiantiles, organizaciones políticas y sociales. La autopsia confirmó que el menor murió por una bala que le ingresó por la espalda y le salió por el pecho. A casi un mes del crimen, la causa, a cargo de la fiscal Leila Aguilar, "no avanzó nada", denunciaron familiares y allegados a la víctima. Fuente: El Día digital - [Volver]

26. La presentación que tuvo un eco positivo puede leerse en:www.oipargentina.org [Volver]

27. La Aldea Tres Horquetas aloja a adolescentes en conflicto con la ley penal y depende de la Dirección de niñez, adolescencia y familia del Ministerio de Desarrollo Social. se trata de un panorama que lamentablemente, la mayoría de estos centros que debieran ser socios educativos y que, sin embargo, conservan una lógica penitenciaria. Hay provincias que se han adherido a la ley 26.061 y otras que no. En materia legislativa, está bastante adelantada pero nosotros por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución, adherimos a la Convención por los derechos de los niños. "La cuestión fundamental es que este centro en particular, si bien se firmó un convenio de traspaso desde el Ministerio de Gobierno al Ministerio de Desarrollo Social, nunca llegó a concretarse y el Servicio Penitenciario Federal tiene una presencia muy marcada en el lugar, cuando todas las reglas aplicables en la materia indican que no deben interferir con los docentes, con los operadores que trabajan con estos chicos. Por otro lado, el equipo interdisciplinario está desarmado. Y esto es lo que sucede en casi todos los lugares en los que el personal que trabaja con las personas más vulneradas, también son vulneradas respecto de sus situaciones laborales" Analizó , Sandra Saidman, de la organización Pensamiento Penal [Volver]

28. El Hogar Granja Tres Horquetas, institución que depende del Ministerio de Gobierno de la Provincia. Hay 11 adolescentes que se albergan allí continúan sus estudios medios, realizan deportes, talleres de porcelana fría, trabajan en una huerta y en la cría de chivos y cerdos. El Centro Construyendo Futuro que depende directamente del Ministerio de Desarrollo Social. alberga a 17 chicos sólo con medida de protección. Allí, los adolescentes asisten regularmente a la escuela y también realizan capacitaciones en carpintería, albañilería, electricidad, computación y bellas artes. Además, los chicos se encuentran participando del programa Jóvenes y Memoria elaborando el cortometraje Fantasmas de la Memoria Fuente: Chaco Día x Día.com [Volver]

29. En junio del 2015 el gobierno provincial dispuso el traspaso paulatino de la competencia orgánica y funcional de la Aldea, del ámbito del Ministerio de Gobierno a Desarrollo Social. No obstante en Tres Horquetas se conservan, bajo el amparo del Ministerio de Desarrollo Social, prácticas carcelarias inaceptables para este tipo de instituciones. La medida que buscaba garantizar la plena aplicación del principio de especialidad nunca se concretó y el Servicio Penitenciario Provincial, que únicamente debiera custodiar el perímetro del lugar, continúa no solo monitoreando toda actividad de la Aldea, sino también en permanente contacto con los adolescentes, interfiriendo inclusive con la labor que realizan los trabajadores sociales que allí se desempeñan. Los lugares que alojen a niños o adolescentes en conflicto con la ley penal deben ser institutos socio-educativos o centros de integración, no cárceles. El trabajo que el Estado, a través de equipos interdisciplinarios capacitados debe realizar con los adolescentes es especial y debe garantizar a los adolescentes su interacción con su familia y la comunidad. Todos los derechos que el Estado debe garantizar a niñas, niños y adolescentes no pueden vulnerarse cuando se encuentran privados de libertad y así lo dispone el artículo 19 del Decreto Nº 415/08 que reglamenta la Ley 26061. [Volver]

30. "Trabajamos con 18 menores en el lugar, dándoles una formación socioeducativa, actividades recreativas y culturales. Aprenden guitarra, juegan al fútbol. Muchos chicos están terminando la escuela primaria y otros la secundaria", mencionó. El funcionario resaltó que se trata de "un abordaje muy complejo", porque los alojados son menores en conflicto de la ley penal, que "provienen de un contexto muy difícil". "Si bien hay situaciones muy tensas, nunca vamos a recurrir a prácticas carcelarias", aclaró. "Duelen mucho las expresiones vertidas, por los trabajadores y los operadores convivenciales, que se esfuerzan mucho y le ponen mucho cariño a lo que hacen", resaltó. Acosta también aceptó "todo tipo de críticas constructivas", respecto de las condiciones de alojamiento. "Se marcan prácticas carcelarias que no existen, porque todos los trabajadores de la aldea atienden esta problemática con todo el esfuerzo", mencionó. En ese punto aseguró que "falta muchísimo por hacer, muchas cosas por corregir, y estamos atentos a los aportes y críticas". Pero dijo que de forma permanente se consulta a especialistas. "Me siento agraviado por el esfuerzo de la gente que trabaja ahí", dijo sobre las críticas de Pensamiento Penal". "Quiero aclarar que la Aldea Tres Horquetas no es una cárcel ni lo será. Y reconocemos que muchas veces los agentes del servicio penitenciario están dentro del perímetro. Pero en ese punto soy muy realista, tenemos operadores convivenciales y profesores de educación física y de manera preventiva el Servicio Penitenciario está cerca", indicó Acosta. Roberto Acosta consideró que el funcionamiento de Tres Horquetas "depende de un sistema" que también involucra a el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los consejos sociales. "Esto no responde al criterio de un ministro que dice tiene que ser así o así. Ese sistema tiene que adaptarse a la situación actual", consideró. Fuente: Diario Norte [Volver]

31. El 26 de octubre fiscal de Puerto Madryn, Jorge Bugueño, solicitó la apertura de investigación tras una causa iniciada de oficio por dos hechos que involucran a policías de Gastre, imputados de golpear a un menor y a dos vecinos. Se los imputará de "vejaciones y severidades ilegales".Fuente: Diario Jornada [Volver]

32. La fiscal Camila Banfi junto al jefe del Ministerio Público, Juan Carlos Caperochipi, investigan la denuncia de un joven detenido por un hurto en la Seccional de Kilómetro 3. Debió ser hospitalizado esa noche porque según la policía intentó quitarse la vida ahorcándose. En el hospital frente a la fiscal, los médicos y una defensora, denunció que lo quisieron matar tres policías: "uno alto, uno gordito y uno pelado", describió. Relató que le pegaron y luego lo colgaron con su propia campera. La primera en dar la novedad a la fiscal fue la juez Daniela Arcuri, quien estaba de turno. Sucedió pasadas las 23 del viernes. El joven ya había ingresado al Hospital Regional donde fue atendido por un médico y un psicólogo. Allí frente a los médicos el joven se quebró y dijo que él no había intentado quitarse la vida sino que tres policías, lo habían querido ahorcar después de golpearlo en la celda. La fiscal se constituyó nuevamente en la comisaría y secuestró la campera del joven que estaba en la mencionada celda que carece de energía eléctrica. La representante del Ministerio Público requirió a la Unidad Regional de Policía que todo el turno de la comisaría saliera de la dependencia para poder trabajar en la inspección ocular que se llevó a cabo con la Policía Científica y la Brigada de Investigaciones. Mientras tanto, los médicos constataron golpes en las piernas y en el rostro del denunciante, quien una vez que recuperó el alta amplió la denuncia ante la fiscal con el objetivo de que "a nadie más le pase lo mismo". El joven dijo que nunca hubiese tomado la decisión de quitarse la vida porque es padre de un niño. Además, según las fuentes consultadas, el denunciante no tiene antecedentes. Fuente: Diario El patagónico [Volver]

33. Ante las quejas por parte de los chicos, los efectivos suelen actuar de manera violenta, agrediendo a los menores con empujones o tirándolos al piso. Hechos de estas características se vivieron por ejemplo este fin de semana en ocasión de la fiesta de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú. Los padres aclararon que en ninguno de los casos los menores pretendieron ingresar sin la correspondiente entrada ni promovieron disturbios. Sólo pidieron explicaciones por la improcedente decisión de impedir el paso por el aspecto físico o la vestimenta. Fuente: Diario El Ancasti [Volver]

34. Las jóvenes cuentan a sus padres lo ocurrido y se presentan en la justicia denunciando el hecho. El protocolo de abuso indicaría lesiones en ambas jóvenes, en tanto que la pericia psiquiátrica realizada a la adolescente evidenciaría un grave daño psíquico en la menor. La orden de detención fue solicitada por el fiscal Roberto Mazzucco y fue cumplida por personal de la Brigada de Investigaciones pasado el mediodía. Fuente: Diario El Ancasti.com.ar [Volver]

35. "En cada caso puntual y concreto amerita la intervención del juzgado de turno junto con la SENAF que debe abordar inmediato y proteger al niño", añadió. En este sentido, opinó: "No serán medidas judiciales concretas las que den una solución integral a esta problemática sino que se trata del compromiso de toda la sociedad". "Es una ardua tarea porque lo que nos convoca la ley en estos casos, en conjunto con la SENAF, es la protección del niño con ley penal", explicó y añadió: "A veces resulta complicado explicarle estas cuestiones a las víctimas de los hechos". Fuente: Cadena 3 [Volver]

36. Fuente: Cadena 3 [Volver]

37. En primera instancia, el Ministerio Público Fiscal informó que a Santino lo había matado una bala perdida, en virtud de un tiroteo cerca de su casa entre dos oficiales de la Policía y dos jóvenes que huían tras haber protagonizado un robo. Para la Justicia no había dudas de que la bala que mató al bebé había sido disparada por uno de los jóvenes "delincuentes". La hipótesis se sostenía en las declaraciones de un médico del Hospital Infantil que determinó que los orificios de bala coincidían con un proyectil 22. Sin embargo, desde la familia de Santino y desde organizaciones sociales como La Coordinadora de Familiares de víctimas de Gatillo fácil se denunció públicamente que al bebé lo había matado la Policía. "Los policías disparando sin importarles nada provocaron la muerte de un tiro en el pechito de Santino Yuthiel Cabanillas con salida en la espalda. Su padre salió con urgencia hacia el hospital pero a pocos metros de su casa, el niño muere en sus brazos. Ahora la Policía quiere culpar del homicidio a los menores que venían persiguiendo pero ¿cómo pueden culpar a los menores si uno de ellos de 16 años ya estaba detenido unos minutos antes del disparo y el otro menor de 17 años corría sin armas? En el frente de la casa había disparos de armas de la Policía pero cuando la familia se fue al hospital paro un auto y se llevó los plomos incrustados en la pared y de un árbol que estaba en la vereda de la casa. ¿Hasta cuándo la Policía va a seguir destruyendo las vidas de la gente humilde y trabajadora? Vamos a luchar con la familia por la Justicia de Santino", denunciaron. El menor que era sindicado como autor del disparo homicida sufrió en la persecución un impacto de arma de fuego en su pie. La versión de la fuerza aseguraba que el joven se había herido a sí mismo. Sin embargo, la bala alojada en su tobillo era la prueba certera de que la Policía le había disparado y no que él mismo sin querer se había provocado la lesión. Cuando el proyectil fue retirado de su cuerpo, se comprobó efectivamente -pericia mediante- de dónde había salido el disparo. Se hizo un cotejo de esa bala con las esquirlas halladas cerca de donde se encontraba Santino y las pericias demostraron que se trataba de un calibre 9 mm (arma reglamentaria). Este hecho fue determinante para que el fiscal Carlos Matheu de un giro en la causa y asegurara que a Santino lo mató la policía. Desde fiscalía afirman que los jóvenes estaban desarmados, que el muchacho herido de bala no se auto agredió y que el caso de Santino, es efectiva y lamentablemente, un nuevo episodio de Gatillo Fácil. Fuente: La Tinta.com.ar [Volver]

38. El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de Córdoba asegura haber identificado a los dos policías que grabaron un video mientras humillaban a dos adolescentes Se trata del video que fue revelado el miércoles 19 de Octubre en exclusiva por La Voz del Interior y que investiga el fiscal Carlos Matheu, luego de una presentación del abogado Carlos Nayi.De acuerdo a lo confirmado por el letrado, desde el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario se le informó el día 8 de Octubre que se ordenó el pase a situación pasiva del suboficial Guillermo Torres (ya está preso por un homicidio) y del cabo primero Waldo Miranda Encinas. Se trata de una resolución administrativa, aunque se aguarda que la Justicia provincial también avance en alguna imputación. Fuente: Diario La Voz del interior [Volver]

39. Sin embargo la familia y vecinos aseguran que los únicos disparos que se ejecutaron salieron del arma del sargento Murúa. El propio Oberlin relató haber escuchado disparos, aunque no supo distinguir realmente "ni cuántos disparos hubieron ni de dónde salían". La familia se acercó al abogado Carlos Orzaocoa para presentarse como querella en la investigación que recayó en la Fiscalía del Distrito 2 Turno 6 de Córdoba. "El custodio de la parroquia, a unos 60 o 70 metros de estos niños que le ofrecían la espalda, hizo tiro al blanco. Dos disparos fueron letales y ocasionaron la muerte de Lucas", indicó el abogado, y agregó: "No hubo enfrentamiento, hubo sólo dos disparos. Tenemos numerosos testigos. Los únicos dos disparos salieron del armar del sargento. No hubo una situación de peligro para Murúa o terceros. Obró de una forma deliberada, consciente, en una línea de tiro letal para Lucas". [Volver]

40. Según un primer análisis médico, el joven murió por asfixia por ahorcamiento, sin encontrarse signos de violencia externa. Fue hallado colgado con cordones de zapatillas, aunque como también se informara, él calzaba zapatillas con cierre de abrojos. Las irregularidades comienzan en el lugar en el que fue alojado el joven, un depósito con vehículos secuestrados y chatarras. El deplorable estado de las instalaciones donde el joven Encinas fue alojado, cuenta con más detenidos que se encuentran allí hace más de un mes, y tras el macabro hallazgo, el lugar recibió la visita del Comité contra la Tortura, autoridades de la secretaría de DDHH y el Dr. José Valdez y otros integrantes del Instituto Médico Forense, dependiente del Poder Judicial. La investigación está a cargo de la fiscalía del Dr. Buenaventura Duarte y la causa recayó en el Juzgado de Instrucción n 4 del Dr. Leandro Maciel. Fuente: Diario digital Momarandu.com [Volver]

41. El abuso sexual fue a posterior de un operativo realizado el día 7 de agosto. Los efectivos involucrados prestarían servicio en el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Grim 3. De acuerdo a lo manifestado por el denunciante, fue demorado a la salida de un local bailable ubicado en el barrio Aldana, luego de ser expulsado del lugar por los guardias de seguridad. Los efectivos habrían trasladado al joven a la Comisaría Cuarta, donde también la dependencia es utilizada de base. De acuerdo a lo dicho por el muchacho allí fue víctima de abuso. Ante la denuncia radicada en la fiscalía, desde Jefatura Policial se ordenó separar de sus funciones a los policías que fueron identificados y que permanezcan en carácter de demorados en una comisaría. Fuente: Diario El Litoral [Volver]

42. Por disposición de la Justicia, están alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná con prisión preventiva por 45 días. [Volver]

43. La Legislatura de Entre Ríos sancionó, el 10 de septiembre de 2008, la Ley Nº 9.861 que estableció un régimen de protección integral al niño, el adolescente y la familia, y desterró la práctica del encierro en los hogares de menores que, después, comenzaron a denominarse residencias socioeducativas y tenidas desde ese momento como última medida, excepcional. [Volver]

44. "En este caso, lo más grave es que el abuso lo lleve a cabo alguien que tiene que cuidar a esas chicas. Fue terrible lo que pasó. Pero también rescato que fue rápida la reacción de la institución policial, lo que favoreció que podamos trabajar el tema articuladamente. El procedimiento se hizo en una semana", afirma Marisa Paira [Volver]

45. "Esto lo vemos con lo que pasa en la residencia San Martín, de Victoria. Hay un pedido de la comunidad, hay un pedido de los medios, piden que los chicos no estén en la residencia, que la residencia no esté ahí, en la ciudad. En esto lo que advertimos es que la sociedad trata de no tener el problema, de no verlo" Refiere la titular del organismo. [Volver]

46. "Las residencias, a partir de la ley, tienen esta característica de ser espacios abiertos, en el sentido de que no son privativos de libertad", afirma Paira y agrega: "Pero esto no quiere decir que no sean espacios de cuidado, con un ordenamiento interno, con reglamentación, con pautas de lo que uno puede o no hacer, de acuerdo a las características. Los chicos salen a la escuela, vuelven, tienen actividad recreativa, y vuelven, como cualquier otro adolescente que está en su casa, con su familia. Otra es la situación que se plantea cuando estas salidas se producen sin el permiso, o sin el acuerdo necesario. Entonces, si uno evalúa que puede riesgosa esa salida, es ahí cuando uno da aviso a la policía" aclara Paira. [Volver]

47. En estos dos meses y medio de gestión, hemos estado trabajando muy fuerte en lo que es la revisión de las prácticas con los adolescentes y los niños. ¿Qué hemos hecho? Primero, todo lo que implica una revisión de cómo estamos interviniendo en estas situaciones. Hay problemáticas nuevas, que requieren nuevo abordaje. No alcanza sólo con cambiar las normas, con cambiar las políticas si uno no trabaja con el personal, y con el operador que está todos los días con los chicos. Y esto se logra con la capacitación. Esto que pasó con las dos nenas no es que quedó en nada, que no hicimos nada hacia adentro. Nos puso frente a la necesidad de una revisión hacia adentro, qué pasó, cómo pasó. Pero no en una actitud sancionatoria, sino de revisión de las prácticas. Hay que pensar estrategias sobre cómo trabajar con adolescentes que tienen problemas de consumo, por ejemplo. Mucho personal viene de trabajar con la vieja ley del patronato y con otra práctica respecto de las residencias, donde el celador, como decíamos en ese momento, tenía la función de cuidar que el chico no se fugue. Es diferente la función de un promotor comunitario en una residencia. No es sólo cambio de nombre. Es una persona que tiene a cargo el cuidado a un chico, a un adolescente. Y esto implica una relación con el otro totalmente diferente. Y lleva un tiempo de aprendizaje, porque una cosa es adaptarte al cambio de paradigma con población de 0 a 8 años, y otra, hacerlo con población adolescente, con rebeldía. A eso, se le suma el grado de vulneración que tiene. Es más difícil. Es población que no pide que la cuides. Tirar una piedra, salir a robar, fumarse un porro, consumir, tiene que ver con un modo de relacionarse, y de pedir protección. Continua explicando Marisa Paira Fuente: El Diario [Volver]

48. Situación que fuera posteriormente denunciada en la misma sede policial, dando intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de esta ciudad, Rubén Spessot. Fuente: Diario Digital Cuarto Poder [Volver]

49. A su turno, el doctor Alfredo Padilla Tanco dijo que "La ley N° 26.061 marcó un paso hacia adelante, no obstante ello los distintos funcionarios que han pasado por el poder ejecutivo a cargo de esta tarea, han tenido tino suficiente para entender que esto se debe trabajar conjuntamente, desde la óptica de la justicia, desde la óptica del poder ejecutivo. Así nos hemos venido manejando a través del tiempo, la asesoría está abierta para cualquier tipo de consulta, para cualquier tipo de cuestión para la cual sea necesaria la intervención de la justicia." Amplio indicando que "es una tarea dura porque, no es una tarea que la sociedad reconozca, porque la sociedad desconoce el problema. Desgraciadamente todavía nos quedan algunos espacios por cubrir, en el caso particular de la justicia, todavía no hemos tomado conciencia dentro de ese poder que la problemática del menor en conflicto con la ley no es aquel ámbito que va desde los 16 a los 18 años, el menor a los 15 años si comete un delito es un menor en conflicto con la ley, independientemente de la imputabilidad o inimputabilidad, todo menor de 18 años que comete un delito es un menor en conflicto con la ley". Fuente: www.siempreformosa.com.ar [Volver]

50. La directora de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriela Ferreyra Jenks, quien sostuvo que "no existían convenios con Unicef y en reiteradas oportunidades el organismo internacional pidió el cierre de la Comisaría del Menor que funcionaba desde el 2007". "Nunca se hizo nada por los chicos en contexto de encierro, nosotros en 5 meses cambiamos lo que en 9 años no hizo el gobierno anterior", afirmó. Describió que al momento de asumir detectó, "alojados en la Comisaría del Menor sin ninguna sentencia en situación de hacinamiento sin las condiciones mínimas para la vida de las personas, vulnerándose todos sus derechos, cuando el único derecho que se tendría que ver afectado es el de la libertad". "El lugar no era apto para el alojamiento eran celdas dos por dos, donde había colchones tirados en el piso y con humedad, por ello se tomó la decisión política de cerrar la comisaría del menor y comenzamos a trabajar articuladamente con el Ministerio de Seguridad, la Dirección de Patronato de Menores y armamos un protocolo de actuación y un programa de adecuación al nuevo paradigma de adolescentes en conflicto con la ley penal, todo acorde a los derechos internacionales de los niños, niñas y adolescentes", agregó. En cuanto a la revisión se va encargar el personal de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y un equipo interdisciplinario que trabajarán además en la re vinculación con la familia, dependiendo de las situaciones del adolescente. "Si hay que hacer un inmediato reintegro a la familia o si por disposición de la jueza tienen que quedar detenidos se los traslada a la Residencia Socio Educativa en la Unidad 2 en el pabellón autodisciplina del Servicio Penitenciario, en un espacio cedido por el Ministerio de Seguridad a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia", precisó. Fuente: Diario El Tribuno [Volver]

51. Estuvieron presentes el gobernador, Gerardo Morales; la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Clara de Langhe de Falcone; el subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Germán Onco; los ministros de Desarrollo Humano, Ada Galfre; de Salud, Mario Fiad; y de Seguridad, Ekel Meyer; la secretaria de Gestión Educativa, Aurora Brajcich; y la representante adjunta de UNICEF, Ana De Mendoza. Con la vigencia de la Ley 26.061 y la decisión del Ejecutivo provincial de efectivizar su cumplimiento todas las áreas de gobierno son corresponsables del Sistema de Protección Integral de Derechos, para que niños, niñas y adolescentes puedan gozar de sus derechos.

"Enmarcados en sistemas retrógrados que se venían implementando en la Provincia, se generaba retroceso y vulneración de los derechos, es por eso que unos de los grandes desafíos de la ley de protección integral fue la desinstitucionalización, con la creación de centros de admisión con un trabajo interdisciplinario de todos los Ministerios, buscando la recuperación y la reinserción social de los niños y niñas, siendo la primer provincia del NOA que pone en marcha este sistema", cerró el gobernador. "En este sistema penal juvenil, el organismo de aplicación en los casos de jóvenes menores a 18 años, en situación de conflicto, es el Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia", sostuvo Galfré. Dicha área será la encargada de articular acciones con la Justicia y el Ministerio de Salud en los casos que los jóvenes tengan algún tipo de problemas de salud, "como podría ser en una situación de consumo de sustancias", detalló. "Los chicos menores a 14 años, por su condición de inimputables, deberán ser atendidos junto a su familia siendo el Ministerio de Desarrollo Humano quien deberá hacerse cargo del abordaje terapéutico y de la atención familiar", remarcó. "Cuando encontramos a un chico en una situación así es que está diciendo algo y es lo que tenemos que abordar con la familia. La idea no solo la reinserción sino la desestimación, lo que significa que en el proyecto de vida de los y las chicas no entre la posibilidad de cometer delitos", concluyó Galfré. Ante cualquier situación de vulneración de derechos, la población podrá recurrir a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) o llamar a la línea 102.- Fuente: Prensa Jujuy [Volver]

52. El menor ingresó a la guardia pediátrica del Hospital Lucio Molas. La hermana del chico, Eliana González, relató que una patrulla policial irrumpió en su vivienda para detener una pelea familiar y un policía, al que identificó, le disparó a su hermano menor, que solo intentaba separar a los que intervenían en la disputa. La mujer también dijo que otro policía le pegó una patada en la cabeza. Según relató González, el hecho se desencadenó al mediodía en su casa, ubicada en Asunción del Paraguay y Chacabuco, en el barrio Zona Norte, cuando dos de sus hermanos discutieron con un primo por cuestiones relativas a la propiedad y las mejoras del inmueble en el cual residen. La discusión entre los parientes, derivó en una pelea y agresiones. Según la mujer, tres "patovicas" amigos del primo, acudieron en su apoyo. En la guardia, al niño de 14 años le hicieron curaciones en las heridas de las piernas y le sacaron placas radiográficas del cráneo en forma preventiva. Otros policías se presentaron en el hospital y, según dijo, le aconsejaron que no denunciara el apremio sobre el menor para "no meterte en problemas". Fuente: El Diario de La Pampa. [Volver]

53. Una versión insistente indica que existirían un video y varias grabaciones de audio que no dejarían dudas del clima hostil en el que vivían los niños alojados en la institución. Fuentes con conocimiento de los hechos aseguraron que una persona que expuso el caso ante los superiores de la encargada habría recibido veladas amenazas por parte de los mismos directivos de la ONG para que el caso no trascendiera públicamente, uno de los cuales, en uno de sus sugestivos llamados, le manifestó que le hablaba desde el despacho de un encumbrado legislador Sin embargo, el caso ya está en conocimiento de una alta dirigente política del oficialismo que manifestó su solidaridad con la persona que habría sufrido las amenazas. La Asociación Civil Abrazo de Oso tiene su sede en la calle Alsina 131 de esta capital provincial. Allí fue donde una mujer de apellido Uribe, de 23 años, falleció en el mes de Enero en el hospital Lucio Molas, a donde había sido trasladada de urgencia con convulsiones. Según se informó, tenía una discapacidad mental y estaba internada en el hogar. Entonces, la información policial daba cuenta de un allanamiento en el hogar Abrazo de Oso de la calle Alsina, donde estaba internada, para dar con la historia clínica de la fallecida. Según trascendió, horas antes de entrar en convulsiones y ser internada en el hospital Lucio Molas, la mujer se habría quemado con agua caliente, dato que surgió en la autopsia realizada. La causa judicial abierta en ese momento todavía está en curso pero fuentes judiciales aseguraron que no surgieron elementos para responsabilizar a nadie por el incidente. En el hogar viven entre 7 y 8 personas que están bajo el cuidado de operadores con la supervisión de un profesional médico. Algunos llegan por disposición de la Dirección de Discapacidad de la provincia y otros por decisión de los propios familiares. El área de Discapacidad depende del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce la piquense Fernanda Alonso. [Volver]

54. Este joven habría disparado un arma de "fogueo" contra la uniformada de la Unidad Especial de Patrullaje de Capital, quien respondió, prima facie, apretando el gatillo de su pistola calibre 9 milímetros reglamentaria dos veces hacia el aire y dio la voz de alto para intentar frenar la actitud del presunto agresor. Como el señalado, quien viajaba como acompañante de una moto, continuó su camino contra la efectivo, esta disparó el arma por tercera vez: en esta oportunidad, el plomo ingresó por costado del cuerpo del Miczko Gaitán y lesionó parte del tórax. [Volver]

55. Ya en horas de la mañana, personal policial logró detener a un joven en las inmediaciones del barrio Las Rosas que tenía en su poder una pistola calibre 380. Si bien el aprehendido quedó a disposición de la Justicia de Flagrancia por la tenencia ilegal de arma de fuego, la pistola será cotejada con las vainas servidas que fueron encontradas en el lugar, aunque en su mayoría eran de 9 milímetros. El expediente por el ataque armado está siendo liderado por el fiscal departamental Gustavo Pirrello, que es el mismo investigador que tiene a su cargo el caso de Miczko. Fuente: Diario Loa Andes [Volver]

56. El joven discapacitado que mendiga por las calles de Montecarlo llegó llorando a un local céntrico. Estaba todo golpeado y medio desnudo cerca de las 3.20 de la madrugada de este sábado. Por el hecho acusan a los policías de la ciudad. Al parecer los efectivos lo vieron en la calle, lo subieron al patrullero y llevaron al Club de Pesca de esa ciudad. En el lugar lo habrían golpeado salvajemente, denunció "Alee Villalba", usuaria de la red social Facebook. Según el relato de la joven vecina, el joven quedó en gravísimo estado y medio moribundo. Acusó a los efectivos policiales de reiterados ataques a "pobres jóvenes inocentes". Sufrió graves cortes y fue trasladado al hospital local por un grupo de jóvenes. Quedó internado en el nosocomio local bajo observación. - Vía MisionesCuatro.com [Volver]

57. Sus padres, en tanto, mencionaron que no supieron nada de él durante todo el día y la que Policía ni siquiera les notificó de su detención, lo que violó el protocolo respecto a los casos que implican a menores. Dian pasó toda la noche en dependencias de la Comisaría de Alba Posse y estuvo preso por más de 24 horas. Recuperó la libertad el jueves a las 9 de la mañana y lo único que la Policía les informó a sus padres fue que estuvo detenido por "averiguación de un hecho". "Mi hijo estudia y trabaja para ayudar en la casa. A la mañana trabaja y a la tarde estudia. Como no vino al mediodía, pensé 'este gurí no va ir al colegio para hacer unos pesitos más'", pero en realidad la Policía le estaba torturando y le podrían haber matado. No me entra en la cabeza lo que le hicieron, ni nos avisaron que le habían detenido. Le trataron peor que al delincuente más peligroso; pero no vamos a dejar esto así, no quiero que otro padre pase por una situación como esta", subrayó Gilberto Gruhn. Se corroboró que existen al menos dos casos más de apremios denunciados contra jóvenes de la misma zona detenidos el mismo día. Todos eran sospechosos de una serie de hechos contra una familia de apellido Massis, quienes habían denunciado el hurto de una moto, de bidones de herbicida, una azada y unas ponchadas. Al respecto, Gilberto Gruhn comentó que "la señora del jefe de la Comisaría de Alba Posse, que también trabaja ahí, me dijo que la gente que hizo la denuncia tiene influencias políticas y que por eso la Policía estaba presionada para agarrar a los ladrones. Entonces le pregunté qué sentiría ella si tuviera un hijo de 15 años golpeado y detenido injustamente" A pesar del reclamo de los progenitores, el menor pasó la noche preso y recién lo liberaron el jueves a las 9, luego de que la médica policial corroborara una serie de lesiones y excoriaciones en varias partes del cuerpo. Inmediatamente, se radicaró una denuncia por apremios. "Dian padece una cardiopatía y se podría haber muerto. Estamos muy tristes y dolidos por lo que le hicieron, y ahora tenemos miedo de que tomen represalias porque hicimos la denuncia, pero esto no puede quedar así", agregó su mamá. Fuente: Diario El Territorio [Volver]

58. "El auto fue remolcado y los hicieron empujarlo hasta la comisaría. También les presentaron la documentación de una computadora que llevaban en el auto", relató. Según dice, se trata de jóvenes que no tienen antecedentes por lo que especulan que los detuvieron "por cómo estaban vestidos". Además, Liliana dijo que los muchachos estuvieron toda la noche detenidos y que fueron trasladados a la capital neuquina alrededor de las 4 de la madrugada para que un perito médico los revisara por la mañana. "Los soltaron a las 10:30 de este martes y los hicieron volver caminando a Plottier", agregó. Fuente: Mejor Informado.com [Volver]

59. Arias explicó que "un chico no puede permanecer en una comisaría, más allá del eventual hecho por el cual esté ahí, porque esto puede dar lugar a diversas cuestiones y es, además, un inconveniente para la propia policía. Debe existir, en cambio, un mecanismo aceitado para que el Estado cumpla con las normativas que indican las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la administración de justicia de jóvenes, que nosotros tenemos incorporadas a través de leyes como la 4109 de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes". [Volver]

60. Oscar Ariel Lopez, de 38 años, y Johana Cecilia Berthe, de 26, fueron condenados a la pena de dos de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial para cumplir funciones policiales tras ser declarados autores del delito de "vejaciones calificadas" del que resultaron víctimas dos menores de edad en la madrugada del 5 de mayo de 2012 en el interior de la Comisaría N° 19 de Luis Beltrán. En tanto que el empleado policial Rodrigo Adrián Masson Gorordo, de 31 años, fue absuelto porque "la prueba analizada (…) carece de entidad suficiente para vencer su presunción de inocencia", según estableció la sentencia dictada este viernes por los jueces Gastón Martín (voto rector), María Evelina García Balduini y Laura Pérez. En la jornada de alegatos, la Fiscal de Cámara Graciela Echegaray había acusado por vejaciones a los tres uniformados, afirmando que todos "propinaron golpes de puño y patadas, esposaron, hicieron arrodillar y se rieron de las víctimas (…) infiriéndoles un trato humillante y severo mientras estaban detenidos". Sin embargo no sostuvo la acusación por el delito de "tortura" por el cual también venían procesados, aclarando que esa decisión no respondía a "que no se crea de la utilización de un aparato eléctrico (picana)" sino a que oportunamente no se llevaron adelante las medidas de prueba recomendadas "que habrían dado más prueba para ese delito" La Cámara concluyó que quedaron acreditadas "tanto la existencia material del hecho como la autoría que cupo en el mismo a los encartados López y Berthe", reconocidos en rueda de personas, señalados por las víctimas en el juicio y comprometidos por el resto de la evidencia colectada. Fuente: Diario Últimas noticias. [Volver]

61. El Consejo de los Derechos de Niños y Adolescentes (CONIAR) intervino en el proceso judicial para la prohibición de la detención de menores, cuyo expediente analiza el Superior Tribunal de Justicia después de un hábeas corpus originado en el Ministerio Público por casos registrados en las comisarías de la capital provincial. Con un "Amicus Curiae" (presentación como tercero en un litigio), el Coniar envío su opinión al STJ, que preside Liliana Piccinini. La presentación del Consejo -integrado por funcionarios y legisladores- la firma su presidente y secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Daniel Badié. La postura del Coniar respalda al Ministerio Público en férrea oposición a las detenciones, mientras que la Fiscalía de Estado objeta esta instancia en defensa del accionar de la policía. Ese posicionamiento se hizo público y contundente de parte del gobernador Alberto Weretilneck cuando se conoció que la procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, ratificó el hábeas corpus de la defensora de menores, Patricia Arias, que solicitó la prohibición en la detención o demora de niñas, niños y adolescentes en la vía pública. Fuente: diario Conéctate Río Negro [Volver]

62. La SENNAF no solo manifestó su rechazo a este fallo del Superior Tribunal de Río Negro, sino que además su titular se comprometió a presentarse como amicus curiae ofreciendo su opinión técnica ante la Corte Suprema de la Nación, en caso de que la causa llegue a esa instancia. Así mismo anunció que en su carácter de Presidenta del Consejo Federal del Niño y el Adolescente, incluirá el caso de Río Negro en la orden del día de este organismo a fin de que también pueda expedirse en forma urgente sobre dicho fallo. Fuente: Redacción ADN Provinciales [Volver]

63. En su requerimiento, el fiscal presentó varias pruebas que fundamentan esta hipótesis criminal. Además de señalar varios testimonios, tanto de familiares del menor, del detenido González, como así también de otros policías, quienes comprometieron a Valdiviezo.Además, se sumaron otras medidas probatorias, tales como una serie de pericias médicas realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales que echaron luz respeto a un punto clave del hecho, y por ende fortaleció la imputación contra el cabo.Las mismas giran en torno a la distancia del disparo fatal, pues la defensa del policía insistió en que se trató de un impacto accidental, ocurrido durante el forcejeo entre el uniformado, el menor y dos familiares que intervinieron en defensa del adolescente. Sobre esta coartada, la fiscalía pudo probar que el disparo en realidad fue realizado a una distancia superior a los 50 centímetros, según las pericias técnicas que se ordenaron y que fueron llevadas a cabo por el CIF. Asimismo, y tras examinar los restos de piel extraídos de la zona de impacto de bala, los peritos forenses descartaron la existencia de "tatuaje", rastros dejado cuando un disparo se realiza a corta distancia. Por otra parte, el reporte de la autopsia también confirmó que las lesiones que dejó el proyectil son coincidentes cuando se realiza a corta distancia."De los elementos probatorios incorporados se ha podido acreditar con el grado de probabilidad requerida para esta etapa que el encartado, Nicolás Sebastián Valdiviezo, personal policial en funciones, ofuscado ante la provocación de la víctima, Braian Nahuel Márquez, quien momentos antes se había interpuesto en el procedimiento de detención de su amigo, para luego huir e introducirse en el predio de la Laguna de la Cerámica, desde donde arrojaba botellas", "decidió ir en persecución del menor Márquez, solo sin refuerzos, a sabiendas de que el predio de la laguna es un sector peligroso (ello se comprueba con el informe psicológico en el cual se informa que Valdiviezo puede tener dificultades para prever peligro y para protegerse de un ambiente hostil quedando expuesto a situaciones de riesgos)". Pese a ello, continuó el fiscal, el acusado salió por detrás del menor, lo "alcanzó y lo redujo mientras le golpeaba la cabeza contra el suelo", hecho que motivo la intervención de dos familiares, quienes lograron que el policía libere al menor. Ante esta situación, "el imputado extrajo su arma reglamentaria, apuntó al menor, quien ya se estaba escapando y remontó el arma, accionando el mecanismo de disparo".Con este accionar, según el criterio del fiscal, Valdiviezo demostró su "claramente su intención homicida", ya que el disparo afectó directamente órganos vitales, como es el corazón. En vista de ello, Rivero cerró la investigación penal y solicitó el enjuiciamiento del policía por el delito de homicidio calificado. Fuente:MPFS fiscalespenalessalta.gob.ar [Volver]

64. La paliza sufrida por Miguel Agustín no tiene justificación alguna, ya que el joven es soltero, no tiene pareja y no se encontraba en el domicilio de donde surgió la denuncia. Miguel Agustín, en diálogo con El Tribuno en presencia de sus hermanas y de sus padres, aseguró que se hallaba caminando junto a una amiga sobre un calle de la manzana 9 de Villa Juanita, cuando divisó delante de ellos el móvil del 911 estacionado, del cual bajaron tres uniformados. "Ahora vamos a arreglar el asunto, me dijeron, apartaron a mi amiga, me tiraron al piso y me esposaron. Después me subieron al móvil. Yo no entendía nada, me empezaron a insultar, a decirme de todo que así le pegás a las mujeres y qué se yo y comenzaron entre todos a golpearme", dijo. Continuando con su relato afirmó que "me arrancaron el cabello y me hacían golpear el rostro contra sus puños o con el vidrio de la puerta y comencé a gritar que me dejen pero seguían golpeándome. Arrancaron el móvil y salieron por la manzana 9, con mala suerte para ellos porque en la calle estaba mi tío, a quien grité que me llevaban para matarme. Estaba secuestrado por la fuerza pública, detenido por ningún delito y golpeado no sé por qué. Digo esto porque me llevaron a un callejón oscuro y de nuevo empezaron los golpes y las risas entre ellos", afirmó el joven. Agregó que "una cuadra más entraron a un pasaje y otra vez, hasta que me desmayé. Ahí me vi dentro de un móvil del 911 solo, ensangrentado. Unos minutos después me llevaron hasta la comisaría de El Sol, donde la comisaria o el encargado o jefe lo escuché que decía que no me querían allí, que me llevaran a otro lado. Luego trajeron otro móvil y me cambiaron porque el del 911 tenía sangre en los vidrios y en los asientos. Entonces escuché la voz de mi hermana. La encargada le negaba que yo estuviera allí, pero ellas entraron y me encontraron escondido, esposado y desfigurado". Según Miguel Agustín, "entonces urgente me llevaron al San Bernardo, me bajaron, pidieron el turno y me guardaron de nuevo en el móvil, esposado, ya estaba sin zapatillas, sin la campera, sin el dinero que portaba y sin el celular, me dejaron solo el documento y la tarjeta de estudiante. Fuente: Diario El Tribuno [Volver]

65. El fin de semana se radicó la denuncia en comisaría sexta de Tartagal, donde se dejó sentado que un oficial abusaba sexualmente de un menor de 16 años. El Dr. Alavila, Secretario de Políticas Penales, al conocer la situación, dispuso el retiro del mencionado oficial, siendo suspendido preventivamente. La información fue brindada por FM Capital. [Volver]

66. La pareja había denunciado haber sido interceptados por los oficiales alrededor de las 1.30 del 13 de noviembre, poco después de abandonar un local bailable. Los policías habrían descendido de un vehículo y se habrían identificaron como integrantes de la División Drogas Peligrosas. En ese momento redujeron a la pareja y les indicaron que los llevaran hasta su casa. Allí agredieron al hombre y le robaron una importante suma de dinero. También abusaron sexualmente de la mujer quien luego sufrió convulsiones, lo que obligó a los policías a trasladarlos hasta un centro médico privado. Allí el personal médico constató las lesiones sufridas por la pareja. Los efectivos permanecieron prófugos durante varios días y eran buscados por fuerzas federales hasta que finalmente integrantes de la Policía Federal en Salta los detuvieron. Fuente: corresponsalía del OIP en el NOA [Volver]

67. Los efectivos los llevaron hasta un claro a patadas y mientras les apoyaban el rifle en la cabeza amenazaban con m atarlos si no cantaban. Los menores explicaron que solo estaban sacándose fotos y ofrecieron sus celulares para que corroboren sus dichos pero la policía no quedó con conforme e insistían con que ellos estaban ocultando droga o robando. Mientras Brisa era obligada a tirarse al piso, los efectivos se dirigieron a los tres varones y a patadas los tiraron al barro podrido para que buscasen algo que supuestamente habían tirado. Les aplicaron golpes de puño, patadas en las costillas, luego los obligaron a realizar flexiones y a hacerse "los muertos". Luego les dijeron que estaban "gordos" que los llevarían al arroyo a matarlos, todo esto a punta de rifle en la cabeza. Al pasar un auto por el lugar uno de los efectivos arrojó el rifle bajo el auto y decidieron trasladarlos a la comisaria. Ya en la comisaría los menores primero fueron obligados a limpiar el baño y los pisos mientras los efectivos los escupían, al ver que Brisa lloraba la agredían verbalmente diciéndole también que luego les iba a realizar sexo oral y la amenazaron de muerte si hablaba. Uno de los menores fue obligado a sacarse un piercing, el menor explicó que no podía hacerlo y el policía amenazó con arrancárselo con una pinza. Acto seguido fuero llevados a una oficina y le dijeron a uno de los menores que brindara nombres de personas que se drogaran o que vendieran droga en Totoras. Al no tener información el menor, el efectivo le explicó que si no cantaba por las buenas lo haría por las malas y dicho eso le puso una bolsa de nylon en la cabeza hasta que se desmayó, ahí espero a que volviera en si y repitió la operación frente a sus compañeros. Ante la llegada de los padres de los menores a la comisaría, los efectivos amenazaron a los 4 menores diciéndoles: "Vos llegas a decir que yo te pegue o que te hicimos algo y te encuentro en la calle y te meto un tiro". Desde ese momento los menores si bien se animaron a contar lo sucedido en sus hogares y realizaron la denuncia correspondiente, tienen pánico a dejar sus hogares. Ellos asisten al segundo año de la escuela técnica de Totoras. Los propios menores explican que se animaron a denunciar los aberrantes hechos por miedo a que "agarren a chicos más chicos y que no se animen a contárselo a sus padres". Julian (14), Brian (17), Lisandro (16) y Brisa (15) se hicieron presentes en la fiscalía de Cañada de Gómez donde junto a dos de las mamás (Verónica y Noemí) radicaron la denuncia. La fiscal Tulian de Cañada de Gómez prometió investigar el caso "a fondo". [Volver]

68. Ver el informe en la página web: www.oipargentina.org [Volver]

69. R. fue asistido por personal médico del SIES para constatar las heridas recibidas por parte de la policía provincial". "El defensor provincial, Dr. Gabriel Ganón, junto al secretario privado del Ministerio Público de la Defensa, Dr. Marcelo Marasca, arribó al establecimiento ubicado en la cortada Ricardone de la ciudad de Rosario para intervenir en la problemática situación", lo que evitó la detención. "De no haber mediado la pronta y urgente intervención del Ministerio Público, el adolescente habría sido arrestado sin cumplir con los requisitos legales que el propio Estado debería garantizar", dice el comunicado. [Volver]

70. María Valenzuela, mamá del chico asesinado, dialogó con radio Sarmiento y dijo que "la policía me lo mató. Lo persiguió, quiso frenar, cayó y cuando intentó saltar a la vereda, le dispararon". Agregó que "lo dejaron tirado como un perro, la gente miraba. No tienen perdón de Dios". Luego dijo que su hijo "no se quiso parar para darles la documentación" y que "yo le puse la mochila, no tenía armas" .Más que desafiante, dijo acerca del policía que le disparó que "voy a hacer justicia. Sé dónde vive, sé todo" .Además dijo que su hijo "era muy sano, la moto se la regalé por sus 18", y reflexionó que "se equivocaron, matan a cualquiera. Son dueños y señores de la calle". Fuente: Diario Tiempo de San juan [Volver]

71. El director del Instituto Roca se mostró en desacuerdo con la propuesta del Gobierno. "Mi opinión personal es que depende de lo que se busque, de qué tipo de política pública se quiera aplicar desde el Estado. Si es por una cuestión de seguridad, bajar la edad de imputabilidad no es una solución. Y si lo que se pretende es un impacto social, menos aún", cuestionó Sansierra. En ese sentido, el director del Roca subrayó: "los pactos internacionales sobre los derechos del niño dicen que el desarrollo de los adolescentes empieza entre los 15 y los 16 años. Por lo tanto, bajar la edad de imputabilidad sería imputarles a niños cuestiones que no hacen a su pleno discernimiento: no creo que sea una solución". Fuente: Diario La Gaceta [Volver]

72. Sobre esta situación, el director de la institución, Ernesto Sansierra, opinó: "Si uno viene un día ellos lo verán como la oportunidad de conseguir la libertad y se van a quejar de todo. Pero es muy distinto convivir con ellos". Fuente: Diario La Gaceta [Volver]

73. Respecto al informe Solórzano, la titular de la oficina de Derechos Humanos de la Corte aclaró que su función no era la de confirmar o desacreditar lo expuesto por la jueza de Menores, sino que simplemente está entre sus funciones realizar relevamientos en los lugares donde hay personas privadas de su libertad. No obstante, respondió: "sí se ven necesidades, pero no observamos las cosas con la misma gravedad (que la magistrada)". Fuente: Diario La Gaceta [Volver]

74. El fiscal federal ante el TOF de Resistencia, Federico Carniel, formuló el requerimiento de instrucción en base a denuncias recogidas por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y por la fiscalía en diferentes visitas al penal. Los internos denunciaron malos tratos, amenazas y destrucción y robo de objetos personales. Por esa razón, Carniel solicitó que se instruya una causa por apremios ilegales cometidos por miembros del Servicio Penitenciario Federal de la Unidad 7, a quienes en principio imputó como autores de ese delito, y al por entonces director, Pedro Amargan, por la "comisión por omisión", es decir, no haber evitado los apremios. Fuente: Corresponsalía OIP [Volver]

75. La Sala 7ª resolvió que sea el juez de instrucción 26 Santiago Zavalía quien lleve adelante la investigación por las denuncias del detenido, cuya identidad permaneció en reserva. Los apremios fueron “presuntamente cometidos por personal de la División Traslado de Detenidos del Servicio Penitenciario Federal y habrían tenido lugar a bordo del móvil 228 de la fuerza que transitaba por la Ruta Nacional 205”. El tribunal rechazó enviar las actuaciones al fuero federal porque “no se advierte la afectación de intereses federales o del servicio prestado por un ente nacional, pues la mera pertenencia de los agentes involucrados a una repartición estatal no alcanza para atribuir competencia al fuero de excepción”. Además, “tampoco se determinó fehacientemente el lugar de comisión del hecho, ya que se desconoce el tramo de la Ruta Nacional 205 donde aconteció el suceso”, añadieron los jueces Mauro Divito y Mariano Scotto. [Volver]

76. Durante el procedimiento, encabezado por el fiscal ad hoc de la Procuvin Fernando Vallone, los funcionarios inspeccionaron también la cocina central del penal. Encontraron inundados dos playones anexos a ese lugar, donde observaron gran cantidad de basura de larga data: cajones de verduras, restos de papa y calabaza, paquetes de comida, entre otros restos. Por esa razón, junto al habeas corpus también requirieron la adopción de medidas para terminar con esa situación. "La basura se encontraba en estado de descomposición y había gran cantidad de insectos. Esto sumado a la inexistencia o insuficiente desinfección por parte de las autoridades explica los reclamos insistentes acerca de la presencia de ratas en todos los pabellones y deriva en la presencia constante de moscas y otros insectos", situación "inaceptable para un sector tan cercano al que se manipula alimentos" La comitiva del Ministerio Público Fiscal de la Nación comenzó su trabajo en el Pabellón 7, destinado al alojamiento de detenidos que se encuentran bajo el Protocolo de Resguardo de Personas de Especial Vulnerabilidad y también por quienes se hallan cumpliendo sanciones, lo cual lo convierte en un sector prioritario para el control judicial. [Volver]

77. "La presencia de los niños/as en la cárcel, si bien está permitida por la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad como opción de las mujeres privadas de la libertad que tienen hijos/as menores de cuatro años a su cargo, presenta desafíos urgentes orientados a garantizar que en ese ámbito existan condiciones de vida apropiadas". También se afirma en el documento que las cárceles no fueron diseñadas tomando en cuenta vivencias propias de las mujeres, y mucho menos lo fueron para alojar niños y niñas pequeños. Por ese motivo, no constituyen las unidades penales un lugar adecuado para su permanencia. Advierte además que durante el monitoreo hecho por el organismo se constataron deficiencias en algunos sectores donde están alojadas mujeres con sus hijos con una infraestructura que no garantiza un ambiente libre de plagas y seguro para la salud. Durante esas recorridas se pudo observar la presencia de cucarachas, roedores y alimañas en lugares en donde habitan chicos. En las unidades del Servicio Penitenciario Federal -según el trabajo- a las mujeres que están detenidas no les proveen elementos suficientes para la limpieza de los lugares de alojamiento ni de aquellos destinados para la higiene personal. Tampoco les aseguran la provisión de ropa digna a las internas. Durante los monitoreos hechos por el Sistema de Control de Cárceles detectaron que muchas de las mujeres privadas de la libertad llevaban puesta la misma ropa que tenían en el momento de ser detenidas. Casi la totalidad de las mujeres encarceladas están presas por delitos no violentos. La mayoría de ellas están detenidas por infracción a la ley que reprime el tráfico de estupefacientes. Entre las situaciones discriminatorias que se mencionan, están las visitas de familiares que, en general, es menor en las unidades penales de mujeres que en las instituciones de varones. Las visitas íntimas entre personas detenidas replican estereotipos de género que someten a las mujeres a situaciones indignas y humillantes. Durante las inspecciones realizadas por el organismo que preside el juez Hornos, advirtieron que (especialmente en el norte del país) existe un importante número de mujeres que son captadas por las redes de narcotráfico y trata de personas, circunstancias que consideran deben ser evaluadas a la hora de ser juzgadas. Fuente: Diario Judicial [Volver]

78. Tras una inspección, la fiscalía especializada determinó que "los alumnos del Centro Universitario de Devoto aún padecen inconvenientes para acceder al derecho a la educación por incumplimientos de los funcionarios penitenciarios de ese establecimiento". La presentación de la Procuvin destacó las responsabilidades de los funcionarios acusados y cómo sus "conductas y omisiones" terminaron por afectar "el derecho a aprender y a educarse de todas las personas privadas de su libertad alojadas en el complejo carcelario".En relación a la responsabilidad de los agentes penitenciarios, la denuncia cuestionó que no se cumplen en tiempo y forma los traslados de los estudiantes desde los distintos pabellones en que se alojan al centro de estudios ubicado en el mismo complejo.En marzo de este año, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había resuelto en favor de un habeas corpus colectivo por la demora en el ingreso de los docentes y los materiales de estudio al Centro Universitario de Devoto (CUD), así como también respecto del incumplimiento en el traslado de las personas privadas de la libertad desde los lugares donde se encuentran alojadas dentro del Complejo carcelario. Esta situación implicó la vulneración del derecho a la educación consagrado en los artículos 14 de la Constitución Nacional y 133 de la ley n° 26693, de aproximadamente doscientas personas detenidas en el establecimiento penal. Fuente: Ficales.gob.ar [Volver]

79. En consecuencia, las autoridades del complejo dispusieron el traslado inmediato de los tres presos a un sector de contención adecuado a las afecciones de salud que padecen y comprometió las obras de reformas necesarias conforme los estándares de Derechos Humanos nacionales e internacionales. El Sistema de Control de Cárceles, que preside el juez Hornos, busca proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, por lo que realiza controles sin previo aviso para verificar las condiciones de vida de los internos y emite recomendaciones. [Volver]

80. El amparista había requerido que se "declarara la inconstitucionalidad del artículo 19 de la resolución N°7349 aprobada por el Consejo Superior de dicha casa de estudios el día 28 de agosto de 2013, y se ordenara a la accionada" que lo registre. Sin embargo, la jueza de grado rechazó la acción al considerar que no se presentan en este caso la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta a la que hace referencia el artículo 43 de la Constitución nacional que establece que "toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley", ni la ley que reglamenta ese recurso (N°16986). El detenido apeló esa sentencia y entendió que "se le pide un requisito de imposible cumplimiento" en tanto "no hay forma de que un extranjero privado de la libertad pueda gestionar un DNI". Además, recordó que el relator especial sobre el derecho a la educación del Consejo de Derechos humanos de la ONU que sostuvo que "el aprendizaje en prisión por medio de programas educativos se considera por lo general una herramienta para el cambio y su valor se juzga a la luz de su repercusión en la reincidencia, la reintegración y, más concretamente, en las oportunidades de empleo tras la puesta en libertad". Subrayó además que una vez que la justicia dicta una sentencia, el Estado retira la residencia legal en la Argentina y que la Dirección General de Migraciones suele promover la expulsión. Por último, indicó que afirmar que únicamente el DNI permite acreditar la identidad, lleva a desconocer que también el pasaporte utilizado para ingresar al país sirve para ese objetivo y que eso llevaría a suponer que la justicia no pudo certificar los datos personales antes de condenarlo. "Este argumento lleva al absurdo de que los jueces desconocerían su identidad pese a encontrarse privado de la libertad desde hace 13 años", concluyó. Fuente: Ministerio Público Fiscal [Volver]

81. Todo el penal se encuentra parado por mujeres que, en la gran mayoría de los casos, son sostenes de familia a través de los salarios que obtienen desde los talleres de Tejidos, Costura, Carpintería, Encuadernación, Jardinería, Lavadero y Fajina (limpieza, que es el puesto mayoritario), entre otros. Desde un comunicado emitido por la Red de Cooperativas de Liberados/as explican que este paro "significa que ninguna presa sale de su pabellón para realizar actividades, ya sean laborales, o de educación. A esto se suma el rechazo de retirar la comida del carro, hecho que simboliza al interior de un penal una acción colectiva contra el Servicio Penitenciario y en especial hacia la gestión de gobierno de la cárcel". [Volver]

82. De abril a esta parte, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un habeas corpus colectivo en los juzgados de Lomas de Zamora, que fue rechazado y apelado, y aún se encuentra sin resolución. No obstante ello, las medidas continúan con su avanzada, a lo cual desde la Red de Cooperativas sostienen que "la reducción de las horas de trabajo no solo vulnera e impide el acceso pleno al derecho al trabajo, sino que las consecuencias tienen efectos concretos en las vidas de las mujeres y sus familiares". Informó María Medrano, abogada de la Asoc. "Yo no fui" [Volver]

83. Fiorella, detenida del penal sostuvo que "en este cierre que tuvimos fue de 164 horas, no llegamos ni a los $4.000 (…), el valor de la hora es 34 pesos y se saca la cuenta a 164 horas que cerramos nosotras ahí sale la plata, un porcentaje va a jubilación y tantas cosas. Ahora para este mes, para el otro cierre de planilla nos dicen que la hora va a valer 37 pesos, pero no sabemos cuánto nos quieren bajar, porque le suben un peso pero cada vez bajan más la cantidad. No estamos saliendo a los talleres hasta que nos digan que nos van a pagar las 200 horas. Y hasta ahora no tuvimos respuesta, eso estamos esperando, se supone que el lunes nos tienen que dar una respuesta". Además de la huelga de brazos caídos y las recurrentes batucadas en los pabellones, es menester destacar que el sector de las fajineras, el mayoritario del penal, se encuentra hace más de 10 días en huelga de hambre, debido a que son las más afectadas por la medida dispuesta por el Servicio Penitenciario. [Volver]

84. El dramático hecho se produjo el 23 de mayo de 2013, en el interior del pabellón Nº 1 de la Unidad Penitenciaria Federal, cuando se generó una contienda entre internos de diferentes grupos, lo que derivó en la muerte de Guillermo Hernán Giménez Rojas a manos de Miguel Ángel Zapata.Por este crimen, el 30 de noviembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín condenó al acusado a la pena de 8 años y 6 meses de reclusión. Días pasados la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, confirmó esta sentencia en perjuicio del imputado. Además, los magistrados, que descartaron que el condenado hubiera obrado en legítima defensa, resolvieron que se investigue la responsabilidad de guardiacárceles en lo ocurrido. Los jueces, al respecto, confirmaron que "en el marco de esta gresca -la cual era observada por el personal del Servicio Penitenciario Federal, a través de 4 cámaras de monitoreo instaladas en dicho pabellón, como también por otros uniformados que custodiaban el lugar -, se produjo un brutal enfrentamiento mano a mano entre Zapata y Giménez Rojas". Según determinaron las filmaciones, los hechos que derivaron en la fatal disputa se extendieron entre las 19:26:10 y las 19:40:24 de aquel 23 de mayo. Uno de los reos, que declaró como testigo en el expediente, manifestó que los guardias sabían lo que iba a suceder, pero no hicieron nada por impedirlo, debido a que "se quedaron mirando, filmando con celulares y riéndose desde un sector cercano a la cocina, mientras que los miembros de la requisa también estuvieron en el lugar, aunque no reprimieron". El preso agregó que los custodios habían cerrado el ala superior del citado pabellón y que, además, uno de los celadores les había abierto las celdas a los sancionados y a los internos recién llegados al establecimiento. Fuente: Diario Judicial [Volver]

85. tipo de práctica humillante y degradante", com.- La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) "implementar de manera efectiva y eficaz los medios tecnológicos pertinentes en toda requisa que se practique a las internas alojadas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeíza", para evitar "cualquier o "desnudos o tocamientos". En la resolución, uno de los camaristas detalló que el tribunal rechazó el recurso de casación que había interpuesto el SPF en el marco de una causa -iniciada en 2012- en la que la justicia había avalado el pedido de habeas corpus presentado por una interna del penal de Ezeíza, porque "el análisis del fallo recurrido debía formularse desde una perspectiva de género".El fallo de los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky ordena al Director del SPF "informar quincenalmente al juzgado de origen" sobre la implementación de los medios tecnológicos requeridos para las requisas, algo que deberá ser cumplido por el Consejo Consultivo de Políticas Penitenciarias. Los magistrados se sirvieron de distintos instrumentos internacionales que conforman las bases para el abordaje de las problemáticas de las mujeres en prisión, entre ellos las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok, aprobadas por la Asamblea de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010), y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención De Belem Do Para), que pone especial énfasis en la situación de vulnerabilidad de las mujeres privadas de la libertad. Fuente: Diario Página 12 [Volver]

86. Los internos de Villa Devoto venían llevando adelante, desde el lunes 12, una huelga de hambre que es acompañada por "ruidazos" a las 20 hs y 00 hs todos los días en contra de las reformas de la ley 24.660 impulsada por el legislador Luis Petri de la alianza "Cambiemos" La huelga de hambre fue masiva en la cárcel de Devoto contra una ley del oficialismo. Ante esta situación en el pabellón universitario ubicado en módulo 2 fueron intimidados por el personal de requisa del Servicio Penitenciario Federal (SPF) quienes rompieron y les sacaron sus pertenencias. Según la información que se conoció, el SPF no contento con esto, en una forma de quebrar su lucha y humillarlos les sacó también los inodoros. Donde antes había un inodoro ahora solo hay un agujero para que hagan sus necesidades. Fuente: corresponsalía del OIP [Volver]

87. Se observó que durante los últimos meses, el número de ingresantes y alojados ha sido muy elevado, produciéndose así, una alarmante sobrepoblación de la unidad. En tal sentido, se destaca que muchas personas transitan largos periodos de permanencia, teniendo que pernoctar allí en el piso o en bancos de concreto. A su vez, los sectores sanitarios también resultan muy precarios e insuficientes para la cantidad de alojados. Esta situación, se ve evidenciada en los dos pabellones de ingreso de la alcaidía, donde existe un constante hacinamiento de las personas. Claramente la situación descripta, se configura en tratos inhumanos y en un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención, teniendo en cuenta el alojamiento permanente de personas en un centro de detención de tránsito, que no está preparado en infraestructura, cuestiones de seguridad ni higiene. Esta situación finalmente fue resuelta por el máximo Tribunal, mediante la Acordada nº 43/16 en la cual dispuso una serie de medidas dirigidas al Ministerio de Justicia Derechos Humanos …"a fin de que en el marco de sus competencias, se solucione la situación de las unidades carcelarias, lo que tiene directo impacto en el Centro de Detención Judicial"….Asimismo, la Corte intimó al Servicio Penitenciario Federal …"para que adopte con urgencia, medidas eficaces para evitar el pernocte en el Centro de Detención Judicial (Unidad 28); y para que garantice las condiciones dignas de detención de las personas allí alojadas transitoriamente así como la adecuada conservación y mantenimiento de esa unidad y la permanente disponibilidad de móviles para trasladar de inmediato los encausados una vez que cumplan la actividad procesal para la que fueron convocados"...A su vez, el máximo Tribunal exhortó a los Jueces con competencia en materia penal de la Capital Federal a fin de que se aumente la implementación de las videoconferencias (siempre y cuando se cumplan con todas las garantías) y restrinjan el traslado de las personas para los casos que su presencia sea realmente necesaria, como así también que se limite (también al máximo) las disposiciones relativas al alojamiento nocturno de las personas en la unidad. [Volver]

88. Primer caso: "El joven manifiesta que en el momento de estar alojado en la comisaría, el personal policial le ató sus manos a las rejas de una celda y le propinó golpes de puño en las costillas y en los testículos. Posteriormente lo desataron, y entre otros cinco policías nuevamente lo agredieron con golpes de puño en todo el cuerpo". Segundo caso: "A una mujer detenida, personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) la golpeó en el rostro y cuerpo con puños y patadas como "bienvenida" a la Unidad Penitenciaria 33. A raíz de ello a la denunciante se le abre una vieja herida". Ambos casos, según constan en las denuncias ante la justicia, fueron cometidos por policías y penitenciarios, respectivamente. También hay otras 219 situaciones similares de torturas cometidas sólo en el primer cuatrimestre de este año en comisarías y unidades carcelarias bonaerenses, las que fueron relevadas por la Defensoría de Casación Penal de la provincia. [Volver]

89. En este período, las Defensas de los departamentos judiciales que más episodios relevaron fueron las de Morón (63 casos), Mercedes (30), San Nicolás (29), La Matanza (25) y Lomas de Zamora (20). Según los registros, 103 casos fueron denunciados a un funcionario judicial, además del defensor. Por el contrario, en 118 hechos las víctimas solicitaron a su defensa mantener en reserva lo sufrido, ya que preferían omitir toda denuncia formal "para evitar problemas con los agentes penitenciarios de la unidad penal donde estaban alojados (o en otras donde podían ser trasladados), o con los policías que los detuvieron". En los 121 casos de torturas, las víctimas denunciaron haber sufrido tratos inhumanos a manos de personal de la policía bonaerense; mientras que en otros 95 los responsables habrían sido agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. En tanto, los cinco restantes hechos habrían tenido como autores a personal de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal, de la Prefectura Naval y del Centro Cerrado de Detención de Menores "Carlos Sbarra". En ese período, está acreditado que 47 de los 52 menores (90 % de los casos) solicitaron a su defensor que no formulasen la denuncia penal por las torturas y tratos inhumanos padecidos. Esta actitud de los denunciantes, según el Defensor ante el Tribunal de Casación, Mario Luis Coriolano "Es una constante que se registra período tras período, lo que muestra el miedo que infunden sobre sus víctimas las fuerzas de seguridad, con el logro de la impunidad de sus acciones". [Volver]

90. Se detalla que de los 51 talleres de chapa y pintura, solo funcionan 14, los 18 textiles están cerrados, de 23 carpinterías funcionan 6, de 24 herrerías 3 y la fábrica de cemento y la de fideos están cerradas. Se piensa reactivar la panadería que funcionaba en el penal de Junín y abrir otras en las unidades de Olmos, Mar del Plata, Varela y Mercedes. Junto a la Secretaría de Derechos Humanos se elaborará un protocolo para desterrar la violencia institucional, evitar la tortura y los malos tratos. Se ampliará la atención de adicciones creando centros especializados en las unidades donde no existen. En la investigación realizada respecto a los delitos cometidos por el servicio penitenciario, se detectó la venta de drogas, robo a detenidos y sus familiares, desvío de dinero destinado a alimentos y combustible, portación de armas, secuestros extorsivos, abusos sexuales, entre otros. Respecto a alimentos se detectó que se firmaban y pagaban por la compra de 100 kg cuando se recibían 50, en combustible se carga la mitad de lo facturado el resto en todos los casos se divide entre el proveedor y el servicio penitenciario, lo mismo sucedía con las horas extras. A los presos se le cobraba por gozar de algunas ventajas tales como derivarlos a pabellones más seguros, darles colchones, celulares, mejor alimentación y por ingreso de drogas y celulares. [Volver]

91. "Nos estamos cagando de hambre", dijo uno de ellos. "Si nos trasladan a Sierra Chica nos van a matar a todos", denunció uno de los presos. "Queremos que nos den una mano, somos seres humanos", reclamó otro interno. La Unidad 37 de Barker (entre Tandil y Benito Juárez) es de régimen semiabierto. Fue inaugurada el 31 de octubre de 2003. Es un establecimiento de Mediana Seguridad de bajo costo y conforma un Centro de Formación Agrotécnico y Micro granja. El edificio tiene una extensión de 9000 metros cuadrados cubiertos. Los pabellones son edificios compactos que albergan dos sectores de alojamiento separados entre sí. La dependencia aloja internos penados y procesados. [Volver]

92. Fue golpeado y luego violado reiteradas veces, le introdujeron en el ano un frasco de desodorante mientras lo amenazaban de muerte con una faca. La conducta del personal de guardia no está siendo investigada. La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción a cargo del fiscal Cristian Fabio, quien este martes allanó los calabozos de la dependencia acompañado por personal de la Gendarmería Nacional, algo que sorprendió a los efectivos de la seccional. Además, el funcionario tomó declaración a varios reclusos. También se hizo presente en el lugar personal de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense "Al contrario, fueron ellos quienes al notar que había una trifulca en el calabozo tomaron intervención y realizaron la denuncia", explicó un vocero de la fuerza. Del mismo modo, las fuentes desmintieron que el fiscal Fabio haya reemplazado a los policías de imaginaria de los calabozos por un gendarme, como circuló en algunos medios. En tanto, el preso abusado fue trasladado ese mismo día a la comisaría de Garín, para evitar nuevos episodios de violencia y resguardar su integridad física. Un dato que contextualiza este caso es la superpoblación existente en las cárceles y comisarías. Sin ir más lejos, cuando ocurrió el abuso de este preso en la de Escobar 1ra había más de veinte detenidos, cuando su capacidad autorizada es para ocho. Fuente: El Día de Escobar. [Volver]

93. Permanecían alojadas todas juntas en una celda de 3 × 4 con sólo dos camas de cemento y un baño que se tapaba de manera recurrente. Dormían en el piso sobre colchones que sus familiares les habían traído. No tenían acceso a cuidados médicos de ningún tipo ni recibían alimentos. Comían lo que, también sus familiares, alcanzaban cada día a la dependencia policial. Denunciaron que en los últimos meses fueron víctimas de torturas sistemáticas por parte de los policías encargados de su cuidado, todos agentes varones, pese a tratarse de una dependencia destinada únicamente a mujeres. A las condiciones antes descriptas, se sumaron las agresiones físicas, psicológicas y verbales; abuso sexual y hostigamiento permanente por su condición de mujer: "están acá por putas"; "sus familias saben que son putas", eran algunas de las frases con las que convivían. Un equipo del Comité contra la Tortura de la CPM inspeccionó el lugar e intervino para garantizar un rápido traslado que permita salvaguardar la integridad de las mujeres. Al ingresar a la celda donde permanecían detenidas, se percibió rápidamente un clima de hostigamiento y violencia que las obligaba a permanecer en silencio. Luego reconocieron estar amenazadas por los victimarios. Al momento de la entrevista, presentaban síntomas de estrés post traumático: episodios de llanto, temblores, imposibilidad de sostener la mirada. Entre los episodios narrados refirieron a la noche del 31 de diciembre, cuando varios agentes policiales ingresaron a la celda, les entregaron una sidra, las agredieron verbalmente y amedrentaron violentamente lo que motivó que salieran al patio. Con las detenidas allí, los agentes se subieron al techo enrejado y comenzaron a masturbarse mientras les gritaban "a ver a quien le cae este guascazo". Esa misma madrugada alrededor de las 4 am, un agente comenzó a arrojarles petardos dentro de la celda y amenazarlas diciéndoles que les iban "a meter un tiro en el culo por putas" y que iban a informar que "habían querido escaparse". La secuencia de la noche entera las aterrorizó completamente. En otra ocasión, a una detenida la obligaron, mientras la golpeaban, a limpiar con una tapita de gaseosa una letrina colmada de excremento. En el relato, las detenidas mencionaron ser testigos de un hecho ocurrido a mediados de enero: la detención y torturas a un hombre que fue ingresado a una celda contigua. Escucharon ruidos que confirman que fue golpeado y torturado con picana eléctrica. Luego, el detenido fue vestido con ropa íntima de las detenidas y abusado. La inspección realizada por el CCT-CPM habilitó la rápida intervención de la Fiscalía de Brandsen que constató las graves condiciones de detención y el riesgo que implicaba la permanencia de las detenidas en el lugar. Luego, el Juzgado de Garantías Nº 1 de La Plata, en articulación con la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos, dispuso el traslado de las mujeres a la Alcaidía Nº 3 de La Plata. El día 5, todas ellas prestaron declaración en la Fiscalía Nº 7 a cargo de la Dra. Virginia Bravo, quien lleva la causa por las denuncias de las detenidas contra los agentes policiales. [Volver]

94. La fiscal explicó que en el pedido de detención que fue avalado por el Juez de Garantías de la Plata, Guillermo Atencio, está imputado otro efectivo policial que era buscado intensamente. Tras la detención de los policías, el ministerio de Seguridad bonaerense resolvió separarlos de inmediato de la fuerza. La denuncia se inició a principio de mes cuando la Comisión por la Memoria (CPM) intervino para garantizar un rápido traslado a cinco mujeres detenidas en esa comisaría y que ante una inspección del Comité contra la Tortura reportaron que permanecían en "aislamiento extremo" y sufrían en maltratos. Tras una recorrida de integrantes de la Comisión, la Fiscalía de Brandsen inspeccionó el lugar y comprobó que las mujeres, de entre 20 y 30 años de edad, eran alojadas juntas en una celda de 3 por 4, con sólo dos camas de cemento y un excusado. "No tenían acceso a cuidados médicos de ningún tipo ni recibían alimentos; sólo comían lo que sus familiares alcanzaban cada día a la dependencia policial; permanecían encerradas las 24 horas, en aislamiento extremo", informó la CPM. Las detenidas aseguraron que en los últimos meses fueron víctimas de torturas sistemáticas, agresiones físicas, psicológicas y verbales; abuso sexual y hostigamiento permanente por su condición de mujer. "Están acá por putas" y "sus familias saben que son putas", eran algunas de las frases que los policías les repetían sistemáticamente, según consta en la denuncia. Las mujeres contaron que en la noche del pasado 31 de diciembre, cuando varios policías les entregaron una sidra, las agredieron verbalmente, amedrentaron violentamente y las sacaron al patio. Con las detenidas allí, los agentes se subieron al techo enrejado y comenzaron a masturbarse y más tarde, cuando volvieron a la celda, un agente comenzó a arrojarles petardos y amenazarlas diciéndoles que les iban "a meter un tiro" Fuente: Agencia Telam [Volver]

95. De acuerdo al reporte oficial, el saldo de semejante rebelión fue ocho penitenciarios y siete presos con golpes y cortes en distintas partes del cuerpo. Al parecer, el primer oficial que ingresó al calabozo fue Maximiliano Ríos, el jefe de requisa, detallaron los informantes. Presuntamente lo acompañó su segundo y otros seis guardicárceles, quienes, en instantes, quedaron a merced de un clima de absoluto desborde. Se explicó que "todos terminaron con lesiones contuso-cortantes, especialmente Ríos, que sufrió un fuerte traumatismo craneal". A los penitenciarios los derivaron de inmediato al Hospital Italiano, para las curaciones de rigor, aunque el jefe de requisa, que tiene la jerarquía de alcalde mayor, permanecería internado para un seguimiento médico más intensivo. Respecto de los detenidos lesionados, una vez asistidos por los médicos de la Unidad, que se encuentra situada en la intersección de las calles 520 y 176, se ordenó su traslado a otros establecimientos carcelarios. La causa quedó caratulada como "resistencia a la autoridad y lesiones", con intervención de la fiscalía penal Nº 3 de nuestra ciudad, a cargo de Marcelo Martini, por la secretaría de Leandro Rubio y el juzgado de garantías Nº 2 de César Melazo. Desde esas dependencias judiciales se impartieron varias directivas para la obtención de datos que permitan conocer más en detalle las circunstancias del incidente y sus responsables. Asimismo, se ordenó la realización de todos los peritajes en la escena de los hechos. Fuente: Corresponsalía OIP [Volver]

96. Desde la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Ensenada volvieron a denunciar la superpoblación de detenidos en la comisaría de Punta Lara, donde se registraron graves incidentes y hubo dos heridos. Fue con fecha 16 de julio, a través de un hábeas corpus que ingresó en el juzgado de garantías de Juan Pablo Masi, que se comunicó que en la única celda disponible dentro de esa dependencia policial, que tiene cupo para cinco personas, estaban alojadas 12, "siendo más que evidente la gravedad de la situación existente", expresaron en dicha presentación. Con un informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se indicó que, en menos de 15 días, el calabozo de la comisaría segunda de esa ciudad, que había sido desalojado por la presentación de otro hábeas corpus colectivo en el mes de junio pasado, ante el juzgado de Guillermo Atencio, estaba nuevamente con hacinamiento de detenidos. Por otro lado, "se corroboraron las malas condiciones de detención, pudiéndose observar la falta de colchones ignífugos (sólo había cuatro), falta de agua y limitadas salidas al espacio de dispersión, entre otras", expresaron. Fuente: Corresponsalía OIP [Volver]

97. A pedido del Fiscal Fernando Cartasegna, el Juez de Garantías platense Pablo Reale ordenó la captura de nueve efectivos del SPB que cumplían funciones en el penal de Olmos: el jefe, dos subjefes y seis oficiales, todos ellos acusados del homicidio del detenido Narciso Gastón Ayala. "Hasta el momento sólo se pudieron concretar dos detenciones ya que los demás presentaron pedidos de eximición de prisión que si bien fueron desestimados no están firmes aún ya que están apelados", explicó el 1º de septiembre a Télam una fuente con acceso al expediente. [Volver]

98. Marcela, la madre del joven, detalló que un individuo ajeno a la familia la alertó de que Gonzalo había sido trasladado al destacamento policial por supuesta averiguación de antecedentes. Arribados al lugar, un efectivo les preguntó si traían comida y ropa para el joven. "En ese momento nos dijeron que hasta las 20 horas no llegaba el personal que abría la celda. Había un bulto tapado y no llegaba a distinguir, pero mi corazón decía que era mi hijo. Les dije a todos los oficiales y a todo el personal oficial, pero me lo negaron", expresó Marcela. "Fue todo un circo, no nos decían nada. Mi señora se descompuso y en aquel momento vino una ambulancia. Insistieron en movilizarla al Hospital Bocalandro para que fuera asistida, pero cuando me dispuse a subir al vehículo me pidieron que me quedara. A continuación me dijeron que habían encontrado a Gonzalo ahorcado con el pantalón dentro de la celda", agregó Daniel, su padre. Sin mostrarle el cuerpo, el padre del joven fallecido fue traslado por personal policial hacia su casa en estado de shock. Una vez que se tranquilizó decidió volver a la Comisaria, donde ya se encontraba la gendarmería: "Supuestamente estaban haciendo las pericias correspondientes, pero no me explicaron nada. Cuando les pedí que me mostraran el jean con el que se había ahorcado me dijeron que no podían porque era parte de las pruebas de la causa. Llevaron el cuerpo de mi hijo al Hospital Carrillo y luego lo trasladaron a la morgue de Lomas de Zamora para realizarle la autopsia. La causa está en manos de la Unidad Funcional 2 de San Martín, a la espera del informe de la fiscal que detalle los motivos de la muerte de Gonzalo. "Yo quiero saber qué pasó con mi hijo y por qué si ya estaba muerto recibieron la comida y la ropa que fui a entregarle", finalizó Daniel. Fuente: N3F (Noticias de 3 de Febrero) [Volver]

99. Enrique Fabián Díaz está preso desde 2003 sin sentencia firme. Nunca pudo contar su historia, su versión de los hechos ni ejercer su derecho a la defensa. Ahora pide la excarcelación, porque todos los plazos se agotaron. Esta vez, el juez Fernando Luis María Mancini lo escuchó con atención. El 10 de julio de 2003, él se escapaba de un robo. A pocas cuadras de esa casa, mataron a un policía. Entonces, los agentes unieron las dos escenas y lo atraparon en una terraza de Santos Lugares por donde intentaba escapar. Lo tiraron al piso y lo esposaron. De pronto un agente de civil le sacó las esposas, le levantó el brazo, le apuntó y gatilló. La bala le atravesó el tórax y salió por el otro lado, le tocó el corazón. Sobrevivió de milagro. En su huelga de hambre, una vez por semana le enchufan suero en las venas, toma caldo y leche. Lo contiene mucho el trabajo con la tierra (prepara plantines de acelga, espinaca o tomates cherry) que hace con Pabla Miño, del equipo de capellanía de San Isidro. Todo lo producido lo donan a comedores en el marco del programa Pro Huerta del INTA. Fuente: Casación Penal [Volver]

100. Intervino personal de la Unidad Fiscal asignada al complejo carcelario a cargo del doctor Marcelo Selier. [Volver]

101. Los policías que mataron a Avalos dicen que actuaron para defenderse. Dieron su versión de los hechos ocurridos en la casa del barrio Regional. La autopsia revela que la víctima recibió un disparo, aunque investigan otra herida que presentaba el cuerpo y las marcas de las balas de goma. Los uniformados, que permanecen en libertad pese a haber sido notificados de su imputación en una causa por homicidio, se presentaron en horas del mediodía del 18 ante el fiscal Alejandro Pellegrinelli en Tribunales. Acompañados de los letrados de la Asesoría Legal de la Policía Bonaerense, dieron su versión de los hechos ocurridos el sábado por la noche en la vivienda de San Lorenzo al 7100.De acuerdo a los datos que se desprenden de la causa, sumados a las versiones de los uniformados, primero intentaron contener los ataques de Avalos disparando balas de goma. Dicha situación fue corroborada por el secuestro de cuatro proyectiles. Al parecer, dos de las postas fueron en dirección al piso para intentar que el joven depusiera su actitud. Sin embargo, al notar que esto no ocurría uno de los dos uniformados efectuó otros dos tiros que hirieron a Avalos.Ese detalle también se corresponde con los resultados del informe parcial de autopsia al cadáver, que también se conoció ayer. Según los forenses, el cuerpo presenta una herida de bala mortal, otra lesión que podría ser de un segundo disparo -que no fue confirmado aún- y varias marcas correspondientes al impacto de las postas (que habrían rebotado dentro del inmueble y lastimado a Avalos en distintos sectores de su humanidad). [Volver]

102. El hallazgo del cadáver se produjo alrededor de las 3 de la mañana y motivó un operativo ante la presencia del titular de la Fiscalía 6, Marcelo Romero, personal de la Departamental La Plata y Policía Científica. De acuerdo con la información suministrada, Velázquez permanecía detenido en la sección de 1 entre 528 y 529 por orden de la Fiscalía de Flagrancia en el marco de una causa por robo agravado. Si bien las causas del deceso son investigadas, trascendió que en principio el cuerpo no presentaba signos de violencia externa, aunque se constató una lesión "a nivel frontal producto de la caída". Por su parte, el fiscal Marcelo Romero indicó que en el transcurso del día se le tomaba declaración testimonial a unos 24 detenidos y a personal afectado a la seccional. Asimismo, el fiscal precisó que ordenó la clausura del calabazo. [Volver]

103. Los policías estaban persiguiendo a unos supuestos delincuentes, y entraron al barrio disparando a mansalva. No solo provocaron la muerte de Víctor, sino también varios heridos y destrozos. Los efectivos aseguraron que Víctor era uno de los ladrones. "Muerte por enfrentamiento", es la carátula de la causa. "Los vecinos llamaron de inmediato a emergencias para que llegue una ambulancia, pero la policía dejó que ingrese recién al tercer llamado. Había pasado más de una hora. Víctor ya estaba muerto", dijo Mariano Montenegro, miembro de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. La causa está a cargo de la fiscal de la UFI Nº5 de San Martín, Ana Armetta, quien separó a la Policía Bonaerense de la investigación. Además, pidió un peritaje sobre la bala alojada en el cuerpo de Víctor y el informe de todos los efectivos que participaron del operativo ese día. Fuente: Corresponsalía OIP [Volver]

104. "El que se pudran en la cárcel' debe ser algo muy parecido a esto", expresó Tapia y agregó indignado: "Las deudas de nuestra democracia". [Volver]

105. La Argentina estaba en plena dictadura militar, cuando las autoridades de Pergamino, inauguraban nuevo hospital con pabellón psiquiátrico incluido. La ciudad aspiraba a ser cabecera de la Región Sanitaria IV para recibir más fondos. El requisito era tener 60 camas, pero Pergamino no tenía esa cantidad de pacientes psiquiátricos. "Como no había 'locos' autóctonos, se trajeron dos micros llenos desde el Melchor Romero", contó el periodista Javier Ferreyra, quien reveló la historia de "Mimí", en el diario local Primera Plana. La sala se inauguró entonces a pleno con los 60 "locos" importados desde La Plata. Pergamino necesitaba 60 pacientes psiquiátricos para ser cabecera de la IV Región Sanitaria; los "importó" de La Plata (Primera Plana) Pero lo más siniestro es que, cuando Paula, la madre de "Mimi", una mujer de condición social humilde que vivía en Santa Rosa, La Pampa, fue a visitarla al Melchor Romero (Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn, de La Plata), le dijeron: "Se fugó, creemos que se cayó al río"…"Era 1978, un tiempo difícil para averiguar paraderos", dice Ferreyra, aludiendo a los años en que la represión ilegal, con su metodología de secuestro y desaparición de personas, estaba en pleno auge. Quiero decirle a Mimí que su madre no la abandonó. La madre de Mimí siguió yendo durante muchos años al Melchor Romero a preguntar por su hija, pero falleció sin saber que estaba viva, a no muchos kilómetros de allí. Su prima, que irá a visitarla desde La Pampa la semana próxima, dice: "Quiero decirle a Mimí que su madre no la abandonó". Mimí, Noemí Arnuz Llanos, 38 años internada en Pergamino, sin que lo supieran sus allegados. "La hicieron desaparecer", insiste su primo Sixto. Fuente: Diario de Pergamino [Volver]

106. El dramático hecho se produjo el 23 de mayo de 2013, en el interior del pabellón Nº 1 de la Unidad Penitenciaria Federal, cuando se generó una contienda entre internos de diferentes grupos, lo que derivó en la muerte de Guillermo Hernán Giménez Rojas a manos de Miguel Ángel Zapata. Por este crimen, el 30 de noviembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de San Martín condenó al acusado a la pena de 8 años y 6 meses de reclusión. Días pasados la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, confirmó esta sentencia en perjuicio del imputado. Además, los magistrados, que descartaron que el condenado hubiera obrado en legítima defensa, resolvieron que se investigue la responsabilidad de guardias cárceles en lo ocurrido. Los jueces, al respecto, confirmaron que "en el marco de esta gresca -la cual era observada por el personal del Servicio Penitenciario Federal, a través de 4 cámaras de monitoreo instaladas en dicho pabellón, como también por otros uniformados que custodiaban el lugar -, se produjo un brutal enfrentamiento mano a mano entre Zapata y Giménez Rojas". El primero de los nombrados tenía un arpón, que había sido confeccionado con un palo de escoba con una punta de acero, mientras que su adversario se hallaba armado con una faca de 45 centímetros de longitud. En este altercado, el acusado le aplicó un certero puntazo en el ojo izquierdo a su rival, quien cayó al suelo y tuvo que ser auxiliado por otros reclusos que participaban y presenciaban la acalorada reyerta, los cuales lo cargaron en una manta y lo sacaron rápidamente del pabellón. Según determinaron las filmaciones, los hechos que derivaron en la fatal disputa se extendieron entre las 19:26:10 y las 19:40:24 de aquel 23 de mayo. Uno de los reos, que declaró como testigo en el expediente, manifestó que los guardias sabían lo que iba a suceder, pero no hicieron nada por impedirlo, debido a que "se quedaron mirando, filmando con celulares y riéndose desde un sector cercano a la cocina, mientras que los miembros de la requisa también estuvieron en el lugar, aunque no reprimieron" .El preso agregó que los custodios habían cerrado el ala superior del citado pabellón y que, además, uno de los celadores les había abierto las celdas a los sancionados y a los internos recién llegados al establecimiento. Por su parte, otro testimonio afirmó que "al momento de los sucesos el pabellón se encontraba partido en 4 sectores por decisión de los penitenciarios, que buscaban que hubiera choques entre los internos. Los guardias tenían conocimiento de los problemas, aunque juntaron a todos en uno de los recreos, para que se enfrenten las distintas facciones". El arma usada por el acusado, en su recorrido hasta el cerebro de la víctima, alcanzó una profundidad de 15,5 centímetros. El cuerpo, a su vez, presentaba una herida cortante de 4 centímetros en la mejilla izquierda y otra de 3 centímetros en la parte superior del hemitórax izquierdo. Zapata había arribado el 20 de mayo de 2013 a la cárcel de Marcos Paz, procedente del penal de Rawson. Fuente: Diario judicial [Volver]

107. trabajo informal de cuida y lava automóviles [Volver]

108. Javier Molina Medina, se llevó la peor parte, con diversos cortes en todo el cuerpo: cabeza, antebrazo y muslo derecho. Su estado, según pudieron precisar los auxiliares médicos, es muy complejo, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente. Agentes de la unidad carcelaria dieron aviso de la situación a sus pares de la comisaría Octava de La Plata, al mando del subcomisario Carlos Prieto, manteniendo contacto en todo momento con la fiscal Virginia Bravo, de la Unidad Funcional de Instrucción número 7. Si bien Bravo resolvió tomarle declaración testimonial a los damnificados, ambos se mostraron reticentes a colaborar o a aportar datos de relevancia que permitan establecer los términos de lo acontecido y determinar quiénes participaron de la riña además de ellos dos. Fuente: Corresponsalía OIP [Volver]

109. Una segunda versión de lo ocurrido desdijo la anterior. Esta vez afirmaron que el motociclista estaba corriendo picadas y cuando intentaron detenerlo agredió al gendarme, quien luego le disparó. El joven fue internado en la terapia intensiva del hospital Lucio Meléndez de Adrogué con un riñón comprometido. También tiene lesiones en un pulmón, la cadera y una fractura de costilla, heridas que no condicen con un impacto de una bala de goma. El autor del disparo, el subálferez Emanuel Elio Moyecundo, quedó detenido y es investigado por el fiscal Leonardo Kaszewski de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Lomas de Zamora. Fuente: Página 12 [Volver]

110. Dos semanas después fueron detenidos dos policías: el subcomisario Eliazar Omar Beckman (45) fue acusado de "privación ilegítima de la libertad", "extorsión" y "abuso sexual gravemente ultrajante"; al oficial Gerardo Ibarra (30) le imputaron los dos primeros delitos. Ambos fueron liberados un mes más tarde, luego de que el Juzgado de Garantías N° 6 de Lomas de Zamora les concediera sorpresivamente la excarcelación. Es que en medio del proceso, la causa cambió de manos: pasó del fiscal Leonardo Leonardo Kaszewski a Carlos Baccini, quien centralizaba 17 expedientes vinculados a La Salada y a la comisaría de Budge. Al momento de pedir la prisión preventiva, Baccini mantuvo la acusación por privación ilegítima de la libertad, al considerar que los policías no habían cumplido los pasos previstos por la ley para informar una detención. Sobre los otros delitos, como el abuso sexual, consideró que "las nuevas probanzas colectadas con posterioridad no logran intensificar la sospecha inicial". Entre sus argumentos figuran las declaraciones de una oficial administrativa y de un mecánico que trabaja para el Ministerio de Seguridad, quienes declararon haber acompañado durante todo momento a la detenida y dijeron no haber visto los abusos. Es decir, el fiscal usó los testimonios de sus compañeros para favorecer a los policías. También incorporó al expediente el relato de un puestero de la feria Olimpo, que acusó a Liliana de cobrar por protección "en nombre del comisario" y de amenazar con violentas represalias. En su denuncia, la mujer dio otra versión: aseguró que los policías la secuestraron para exigirle el pago de 5.000 pesos por semana. "Me pedían que le sacara 300 pesos a los puesteros y 1.000 a los locales", "Se había acercado gente a la feria para decirme que me iba a arrepentir de haberlos denunciado. Después descubrimos que un hombre me estaba sacando fotos. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, sacó una pistola y me dio culatazo", agrega la mujer, madre de dos hijos. [Volver]

111. Los voceros del departamento judicial de Lomas de Zamora revelaron que el hecho se produjo en el cruce de Charcas y Falucho, en el citado distrito, en el sur de conurbano provincial, cuando Víctor Torres, quien se desempeña en el Comando Patrulla (C.P.) de Lanús, fue interceptada por este malviviente, quien se dice se hallaba armado y que actuó con fines de robo. De acuerdo a lo manifestado por los informantes, Torres salió milagrosamente ileso. Pesquisas policiales de la comisaría de San Francisco Solano (10ª de Almirante Brown) investigan el suceso. Lo curioso de todo el episodio es que no han podido consignar si el saltante también disparó y que arma llevaba. La pesquisa se orienta en averiguar si hubo un cómplice, no si fue un fusilamiento. [Volver]

112. Trascendió que el sangriento hecho se produjo en la calle 570 al 1000, entre 517 y 519, en el denominado Barrio San Jorge y el agresor con una pistola Bersa Thunder 9 milímetros, (que resultó ser la pistola reglamentaria del muchacho)le efectuó un tiro a Pastrán a escasa distancia. Momentos después los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) de Florencio Varela, tras recepcionar un llamado al número telefónico de emergencias 911, concurrieron al escenario de la disputa y apresaron al agresor, oportunidad en la que se estableció que se desempeñaba como miembro de la Unidad de Prevención de la Policía Local. El sospechoso, que tiene el legajo Nº 485.801 y un total de 8 meses de antigüedad en la institución de seguridad, fue capturado en una finca situada a pocos metros del lugar del episodio. Intervino en la causa, que fue caratulada "Tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego", la doctora Vanesa Maiola, fiscal de la Unidad Funcional Nº 6 de Florencio Varela, dependiente del departamento judicial de Quilmes. Fuente: corresponsalía OIP [Volver]

113. El año pasado, un grupo de especialistas y organizaciones no gubernamentales presentaron un amicus curiae para que el juez Ruiz reviera su postura, pero Ruiz no respondió. En agosto de este año se metió el Estado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). "Es increíble lo que está pasando. Si alguien mata a una persona y la condena está firme pierde la patria potestad inmediatamente. Arce y su madre están condenados a prisión perpetua, y no pueden estar viviendo con estos chicos", dijo Yael Bendel, titular de la SENNAF. Fuente Diario Clarín [Volver]

114. Del total, 70 tienen como víctimas a niños, niñas o adolescentes menores de 18 años de edad. En 184 hechos serían responsables agentes de la policía bonaerense, 216 el servicio penitenciario y los restantes a manos de las policías locales y en un caso se denuncia a una fiscal y una jueza del Departamento Judicial de San Nicolás. Sobre el total, en 193 casos las víctimas por temor decidieron no realizar la denuncia formal. En las modalidades siguen denunciando el uso de la picana, intentos de asfixia, quemaduras, abuso sexual, aislamiento, golpes de puños y con objetos, destrucción de pertenencias, duchas frías, agresiones con arma blanca entre otros. En cuanto a las denuncias por departamentos judiciales, el Departamento Judicial de Morón encabeza la lista con 121 casos denunciados y 47 confidenciales, seguida por Bahía Blanca con 89 denunciados y 39 confidenciales, Mercedes 36 denunciados y 14 confidenciales, La Matanza 33 denunciados y 25 confidenciales, Azul 21 denunciados y 15 confidenciales, San Isidro 17 denunciados y 6 confidenciales, San Nicolás 17 denunciados y 5 confidenciales, Lomas de Zamora 13 denunciados y 11 confidenciales, San Martín 13 denunciados y 1 confidencial, Mar del Plata 12 denunciados y 8 confidenciales, Dolores 10 denunciados y 5 confidenciales, Trenque Lauquen 9 denunciados y 8 confidenciales, Zárate-Campana 9 denunciados y 6 confidenciales, en el resto de los departamentos no se tienen datos. En 240 casos se denuncia la falta de asistencia médica, 15 mujeres denuncian torturas. Fuente: Defensoría de Casación [Volver]

115. Por lo que figura en el expediente, la única prueba en su contra fue el reconocimiento fotográfico que hizo un testigo con las imágenes que le habían tomado a González Nievas en una comisaría, cuando ocurrió aquel problema automovilístico. En definitiva, el Tribunal Oral en lo Criminal n°1 de Morón lo condenó a 25 años de prisión y actualmente está detenido en la Unidad Penal n° 24 de Florencio Varela, pero Coriolano pidió que Casación revise el caso tras la declaración de una mujer que fue condenada como "marcadora" en el mismo hecho y desligó a González Nievas. Coriolano explicó que este caso "es uno más" entre los alrededor de 200 que investigan desde el año 2000, "con patrones sistemáticos de armado de causas", por parte de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y el Servicio Penitenciario Bonaerense. En la presentación que el propio González Nievas hizo ante Casación para que revise el fallo que lo mantiene preso y que se tenga en cuenta el veredicto que en junio de 2011 dictó el Tribunal en lo Criminal n°3 de Morón contra el oficial Alberto Oscar Casco, condenando a 10 años de prisión por tentativa de extorsión y encubrimiento agravado. Es que muchos de esos casos ocurrieron durante la investigación que terminó con la detención de González Nievas y en el fallo "se advierte que existía un modus operandi en el que los oficiales de la Comisaría 3ra de Castelar se dedicaban a extorsionar a los imputados, solicitándoles dinero a cambio de no incriminarlos". "Este modus operandi resulta de notable interés", apunta González Nievas, "pues es el mismo del que denuncié haber sido víctima".Coriolano y su asistido también piden considerar que "con fecha 20 de Mayo de 2016, el Subprocurador General de la Suprema Corte, Dr. Juan Angel De Oliveira presentó una denuncia contra el Agente Fiscal Alejandro Jons, responsable de la UFIJ n°4 de Morón, ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento", entre otros motivos, por su supuesto mal desempeño en la investigación del hecho ocurrido el 24 de mayo de 2006, por el que González Nievas fue condenado. El mismo declaró en el juicio oral que "días después de que me citaran a declarar en la fiscalía, mientras estaba detenido en la Comisaría 3ra de Castelar, el oficial Casco" y otro policía "vinieron a buscarme al calabozo y me llevaron a una oficina", donde estaba "el fiscal Alejandro Jons". Contó que le "explicaron" que si quería "recuperar la libertad debía vender mi taxi para pagarles $60.000 a ellos. Yo le dije que no tenía que vender nada porque era inocente, que no les iba a dar ni un cigarrillo". [Volver]

116. En el mismo penal de Los Hornos están Mateo y Nazareno, uno de 2 años y el otro de cinco meses; su mamá está condenada a una década de prisión por intentar matar a un familiar. Los mellizos Nicole y Benicio nacieron el año pasado en la cárcel y siguen ahí con su madre, que está detenida desde agosto de 2014 por el homicidio y abuso de otra de sus hijas en complicidad con su pareja. Samuel y Nahomi, la otra parejita de mellizos de la prisión, ya cumplieron 3 años. Ludmila tiene 12 meses y comparte la celda con su mamá, que está acusada de intento de robo agravado y a punto de parir a su segundo hijo. En otra cárcel, la de Florencio Varela, Aluhé y Nahomi -de dos y tres años- también se preparan para recibir a un hermanito entre rejas. La más chiquita fue noticia en enero de 2015, cuando su madre se vio forzada a darle la teta a través de los barrotes de su calabozo de la comisaría 4° de Morón -adonde estaba transitoriamente- porque la Policía le prohibió entrar a la bebé. La ley les permite a todas las detenidas del país (que cada vez son más) tener a sus hijos con ellas hasta que cumplan cuatro años. Los bebés, entonces, enfrentan la misma condena que ellas y las mismas dificultades para acceder a salud, alimentación adecuada y educación, aunque con mayor vulnerabilidad que los adultos y sin haber cometido delito alguno. Si bien nadie se anima a pronosticar cómo será su futuro, sí se sabe que cuando salen de prisión antes que sus madres (porque superan el tope de edad) terminan rebotando entre hogares de familiares lejanos, en los mejores casos. O en institutos. Un juez lo decide. El drama, al que en las próximas semanas se sumarán 25 embarazadas que parirán en prisión, es profundo. La mayoría de estas mujeres convive en el penal de Los Hornos, donde funciona el jardín maternal "Las Palomitas", y algunas tienen graves problemas de conducta que las han llevado incluso a revolearse bebés por la cabeza. Son ladronas (hay 24 presas por este delito), asesinas (son 15) y traficantes de drogas (10). Sus hijos crecen a la sombra de los muros, jugando a "la requisa". Fuente: Investigación de Diario Clarín [Volver]

117. El fiscal de la jurisdicción, Marcelo González, trabaja en la causa. La policía del departamento lo detuvo mientras él caminaba hacia la casa de su padre. Tras ofrecerle el documento que le solicitaron para identificarse, él, consciente de sus derechos, le pidió amablemente al funcionario público que haga lo mismo, pero no solo no lo hizo sino que le dijo: "-¿Te hacés el vivo?", para luego forzarlo, ponerle las esposas y trasladarlo sin más explicaciones hasta la comisaría. Los efectivos no sabían que el joven estudiante los iba grabando con su celular, que colocó en el bolsillo de su camisa. En el audio puede escucharse cuando él, mientras los trata de "Señor", les pide "por favor", poder comunicarse con su familia, cómo única respuesta lo fuerzan de las esposas. "-Me está haciendo daño", le dice, pero el policía se burla y lo golpea. Segundos después se escuchan los gritos de Forniaciari pidiendo auxilio y se ven claramente los destellos de la picana. "Mi padre no sabía dónde estaba, cuando supo que en la comisaría no lo dejaron verme si no iba con un abogado. Me hicieron firmar un acta que estaba con errores y cosas que no eran así. Yo solo quería irme. La denuncia la quise radicar en la ciudad de Catamarca pero no pude. Es por esto que concluí haciéndolo en la Procuvin. Sé que desde ahí se comunicaron y la causa cayó finalmente en el fiscal González". En agosto, Forniaciari viajo a Santa María, esta vez en compañía de su abogado Sebastián Vergara. Con él tuvieron una entrevista con el fiscal, quien les confirmó que no había hecho nada. "Salí descompuesto de ese lugar. Me di cuenta de que no le interesaba al fiscal porque miraba para otro lado. Solo espero justicia", concluyó. Fuente: ElAncasti.com.ar [Volver]

118. El reportero gráfico fue arbitrariamente arrestado en circunstancias que realizaba la cobertura de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta nacional 38. Estuvo cinco horas privado de su libertad tras haberse negado a dejar de sacar fotografías al vuelco de una camioneta en cercanías al puesto caminero de El Portezuelo. Fue abordado por un efectivo policial quien se identificó como "oficial Rivas". Le dijo que no podía tomar fotografías. El reportero les habría manifestado que estaba cumpliendo con su trabajo y, cuando se estaba por retirar del lugar, Sin mayores explicaciones, Barrera fue subido violentamente al patrullero por los uniformados, y uno de ellos le aplicó un rodillazo a la altura de las costillas. Fue esposado y trasladado hasta la comisaría de Santa Rosa en donde permaneció privado de la libertad. Llamativamente, al momento de que le hicieran entrega de su herramienta de trabajo, había desaparecido la tarjeta de memoria en la que estaba la secuencia del incidente. Según confirmó el abogado de Barrera, Iván Sarquís, realizarán formalmente la denuncia penal contra los uniformados que intervinieron en el procedimiento. Fuente: Elancasti.com.ar [Volver]

119. El arresto se produjo el día 23, al día siguiente, Roldán comenzó a sufrir una infección interna, aparentemente urinaria, y los policías, siempre según la denuncia de sus familiares, no le brindaron la asistencia necesaria vía SAME. "El cirujano del Hospital de Urgencias del San Juan Bautista me dijo el viernes que tenían que internarlo, pero el médico clínico dijo que no. Mientras tanto, él, el sábado ya no podía ni mover las piernas y los policías se burlaban de su estado de salud. Y la comida que llevábamos se la comían ellos", contó Carolina Luna, su mujer. Finalmente, y sin que su condición exhibiera mejoras, el domingo pasado en horas de la noche, alrededor de las 21.30, el joven de 35 años ingresó al Hospital San Juan Bautista, donde fue internado de urgencia. "Cuando llegué con él al hospital esa noche, no podía ni mover los pies, ni ninguna otra parte del cuerpo del cuello hacia abajo. Lo llevaron con los brazos esposados porque se le caían de la camilla. En el hospital, cuando hicieron los estudios y vieron lo grave que estaba, no lo podían creer y comenzaron a correr de un lado para otro. Cuando lo llevaron a la terapia intensiva del hospital me crucé con el médico que no había posibilitado su internación días antes, y le pregunté qué pensaba de lo que ocurrió, y no supo qué responderme", contó Carolina. "En el parte médico que nos dieron ayer a las 9 de la mañana nos informaron que él permanece en grave estado por un cuadro de infección urinaria y neumonía. Y claro, si dormía en el piso en el calabozo. La verdad es que no puede pasar lo que hicieron con mi marido. Él me controlaba, me decía que no dijera nada, pero me contaba que los policías le decían: 'Ya te vas a morir'. Una locura. Y éstas son las consecuencias de todo esto", comentó la mujer, con lágrimas en los ojos. Fuente. ElAncasti.com.ar [Volver]

120. Segura relató que el jueves por la tarde recibió una llamada de su hermano quien le relató que se sentía muy mal porque había sido fuertemente golpeado por tres oficiales penitenciarios de apellidos Quinteros, Vega y Reinoso. Inmediatamente ella se habría dirigido a la unidad judicial para radicar la denuncia correspondiente. "Lo internaron el viernes porque se seguía sintiendo mal. A nosotros ni siquiera nos avisaron. El médico nos dijo que además de los golpes está orinando sangre, situación que nos angustia mucho, sobre todo por el antecedente último de la comisaría Décima", contó la joven refiriéndose al caso de "El Chispiao" Roldán, quien tenía el mismo síntoma y falleció hace pocos días luego de permanecer internado. "Me contaron que lo llevaron hasta la enfermería. Dicen que un enfermero que estaba en el lugar vio lo que le hicieron", detalló la joven. "Más allá de qué hizo o no mi hermano, que no justifico, lo que nos preocupa es que pasen estas cosas en la cárcel. Muchos no hablan por miedo. Sabemos que nosotros podemos decir cosas desde afuera pero después se pueden tomar represalias contra ellos que están adentro y sin nadie que los defienda o sea testigo de lo que pasan", señaló angustiada. La joven explicó que pronto intervendrá su abogado y que espera que el fiscal al que le corresponde la causa investigue la situación tal cual es. "En el hospital está fuertemente custodiado por varios penitenciarios. Eso también nos preocupa. Pasa que así él no puede ni hablar con nosotras y contarnos mejor qué fue lo que pasó y si lo obligaron a algo más", concluyó la joven. Fuente: Diario El Ancasti [Volver]

121. Marcelo Luna (44), es un camarógrafo de 23 años de trayectoria en los medios, que sufrió la brutalidad policial en persona cuando intentó registrar con su elemento de trabajo la violencia que efectivos de comisaría Séptima empleaban para arrestar a su hijo, a quien confundieron con un ladrón de motos. Los golpearon dentro de la seccional e intentaron romperle la cámara, a la cual terminaron por borrarle los registros que había filmado. El atropello policial ocurrió entre las 3 y las 3.30 de la madrugada del domingo 22, en avenida Los Legisladores. Varios gremios mostraron su apoyo a Luna con comunicados repudiando el hecho de violencia que sufrió. Asimismo, se pudo conocer que integrantes del FCyS (Frente Cívico y socil) presentarían un pedido de informe por la agresión al fotógrafo. [Volver]

122. La fiscalía Nº 5 con el fiscal de instrucción Juan Pablo Morales tiene en sus manos el caso en el que se revelaría la complicidad de miembros del Servicio Penitenciario (SPP) con reclusos. Por tal motivo desde el SPP se confirmó que, en forma paralela a la investigación penal se está llevando a cabo un sumario administrativo para tratar de determinar el grado de responsabilidad de él o los sujetos involucrados. Se trabaja paralelamente pero no van actuar hasta que la fiscalía efectúe las pericias y se determine el grado de responsabilidad de los involucrados El día 19 el fiscal de instrucción, recibió un teléfono celular desde el Penal de Miraflores. En el aparato, el cual aún no fue visualizado, existirían mensajes que revelarían la conexión entre agentes y reclusos. Fuente: eldiariodecatamarca.com.ar [Volver]

123. Azucena Baigorri, madre de López, relató que su hijo estaba jugando al pool con unos amigos en un local comercial ubicado en cercanías de Choya. En ese momento, efectivos de la comisaría Octava y del Grupo de Intervención Rápida (GIR Norte) concurrieron a una vivienda cercana porque había disturbios. Cuando los revoltosos vieron a la policía intentaron desperdigarse y algunos ingresaron al pool donde estaba Leonardo. Al ver que había problemas, el joven quiso salir para tomarse un remís y volver a su casa, pero los policías lo vieron, "lo tomaron de los pelos y empezaron a golpearlo ahí mismo". Mientras mostraba unas imágenes, señaló que su hijo le contó que lo tomaron del cuello y mientras uno lo ahogaba otro le daba con un palo y también lo pateaban. "También lo balearon con una de esas escopetas con balas de goma", dijo: "Mi hijo tuvo un accidente y usa dentadura postiza que cuando ellos lo estaban agarrando del cuello se le caía, y los policías se le burlaban. Fue una aberración lo que hicieron", contó. "Actualmente él no puede tragar por cómo le duele. Cuando hice la denuncia lo mandaron al médico de ellos, pero ahora su oncóloga va a realizar otros análisis para saber si se vio afectado en su tratamiento", contó. Fuente: Diario El Ancasti [Volver]

124. El joven también se quejó del médico policial, que habría intentado minimizar el hecho al comentar que sus heridas eran leves. Por último, no pudo realizar la denuncia por temor, debido a que en ese momento se encontraban los efectivos en el precinto 4, donde el sujeto trataba de dar cuenta de lo acontecido. [Volver]

125. "Estamos trabajando sobre esa situación", dijo Ibarrola en diálogo con RADIO CIUDAD. El funcionario reconoció no desconocer la problemática y aclaró que el sector donde hubo problemas con el agua "hace poco tiempo fue habilitado". "Siguen las construcciones en ese sector y eso acarrea complicaciones. Más allá de eso estamos tomando las precauciones para que el agua no falte pero la situación se complicó un poco", dijo el funcionario.Ibarrola aclaró sin embargo que "en ningún momento se cortó el suministro de agua. Nosotros habíamos previsto con SAMEEP la provisión permanente de agua". En este sentido, el funcionario reconoció que la Alcaidía "tiene una estructura que tiene sus años y sus problemáticas". "La otra parte se está terminando, por ahí las conexiones complican un poco porque eso surge por una necesidad de alojar internos de forma inmediata que es lo que estamos dando al sector de narcomenudeo que está alojado en la parte nueva. Y los procesados que estamos trayendo de las comisarías para descomprimir en esos lugares". [Volver]

126. Mientras el fiscal penal especial de Derechos Humanos, Daniel Turraca resolvió que dos policías sigan detenidos por el delito de abuso sexual agravado en concurso real por apremios, y otros dos fueron liberados, pero siguen procesados, por encubrimiento y apremios, familiares de los imputados intentan sembrar dudas sobre la veracidad de la denuncia de Aldana Alcides, quien habría sido golpeada y abusada, durante la aprehensión de su hermano Ángel. Los familiares relativizaron el delito sexual, a pesar de que un perito del Instituto Médico Científico Forense (Imcif), dictaminó que Aldana fue abusada y no fabula. La prueba fue requerida por el fiscal Turraca, entre otras, mientras que la prueba al GPS del móvil descartó que se haya desviado atrás del barrio La California, donde según Alcides, se produjeron las agresiones a ella y al muchacho de 18 años. Fuente: Corresponsalía OIP [Volver]

127. El cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue que funciona en el hospital "Doctor Félix Anselmo Pértile" donde se realizó la autopsia de rigor. Posteriormente fue entregado a sus familiares para los fines póstumos. En el penal en forma inmediata se hizo presente, Guillermo Orlando Codutti a cargo de la Fiscalía de Investigaciones 1 y personal del Gabinete Científico a efectos de registrar las evidencias que permitan aclarar debidamente el hecho. Fuente: Corresponsalía OIP [Volver]

128. La Asociación de Familiares de Detenidos se presentó ante el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, comisario Héctor Lisboa, para reclamar renuncias.Un interno que es discapacitado, le falta una pierna, "fue obligado a pasar la noche a la intemperie, saltando sin sus muletas, mientras lo empujaban cada vez que se levantaba". Estos y otros terribles hechos fueron relatados por al menos una decena de mujeres ("y sólo vinimos algunas, pero somos muchísimas más") familiares directas de presos que están alojados en la Alcaidía de Resistencia. Otra situación de discrecionalidad y maltrato manifestada por las familias de los internos es que en la revisión que se realiza a las visitantes, las autoridades "cambian cada vez que se les ocurre la lista de cosas autorizadas a ingresar", y que rompen envoltorios y estropean las comidas u objetos que llevan a sus internos. Mucho peor es lo que hacen durante las requisas en los pabellones: los penitenciarios "rompen los televisores, radios y cosas personales", sin que nadie se haga cargo del daño ocasionado. Este extremo se dio por última vez el 30 de Abril en el pabellón de buena conducta, que está poblado por internos que trabajan (en muchos casos en beneficio de la alcaidía o de los jefes de la misma) "Sin cobrar nada, al contrario de lo que cree la gente. Y las máquinas y los materiales tenemos que conseguirlos nosotras". Relataron que "los presos del pabellón de buena conducta fueron mantenidos en paños menores, hasta las 8 de la noche, en la cancha de fútbol", mientras los agentes "revolvían y rompían todas las cosas en las celdas". Las mujeres explicaron que después de la violenta requisa, el 1º de Mayo, los internos habían decidido tomar el pabellón para protestar contra el abuso y la innecesaria crueldad, pero que ellas mediaron para que las autoridades recapacitaran y prometieran erradicar esas prácticas. Sin embargo, volvieron los desplantes, las amenazas y el maltrato, por lo que decidieron denunciar el asunto ante el subsecretario de Asuntos Penitenciarios y hacerlo público. Por último, las familiares reclamaron la investigación "de los hechos de corrupción que se dan en forma impune, no sólo de la plana mayor, sino de los mismos celadores, que ingresan los elementos prohibidos, sea drogas, alcohol y otras sustancias que comercializan como en un verdadero mercado negro, mientras los jefes hacen la vista gorda". [Volver]

129. A pesar de que la muerte no fue inmediata, cuando era trasladado de manera urgente por parte de los efectivos del lugar, con el móvil del complejo, arribó sin signos vitales a la guardia del hospital 4 de Junio de la termal. se habría suicidado ayer arrojándose desde la planta alta de la edificación. Las graves heridas sufridas en la parte de la cabeza, luego de saltar al vacío, le causaron una rápida muerte, según indicaron. El hecho se habría producido a eso de las 17, en un momento de recreación que los internos tienen, y fuentes policiales indicaron que aparentemente el detenido habría subido hasta una de las partes más altas del complejo, y desde ahí se arrojó al vacío, con claras intenciones de terminar con su vida. [Volver]

130. Se informó oficialmente y se adelantó el inicio de una investigación judicial de los hechos y, determinar si el occiso tenía una pistola en su poder, como expusieron las primeras informaciones. El comunicado oficial detalla que a las 18.10 del sábado, "al momento de realizarse la entrega del racionamiento para los internos, Claudio Gómez -alojado en la celda "A"- solicitó de manera pacífica al comandante de guardia que extraiga de su sector una caja de cartón, aduciendo tener basura para tirar. Al acercarse, Gómez extrae de entre sus prendas un arma de fuego amenazando al personal del servicio penitenciario" "El interno logró salir por el portón de acceso principal, utilizando el arma para intimidar al personal penitenciario. Ante tal situación, y habiéndose adoptado las medidas de seguridad necesarias, se realizó una persecución de forma inmediata". "En ese momento, Gómez comenzó a efectuar disparos contra las fuerzas de seguridad, quienes -con el fin de proceder a su aprehensión y posterior restitución- también dispararon, procurando repeler la acción del prófugo. Posteriormente, y a pocos metros de la Alcaidía, Gómez se desvaneció sobre el suelo por una herida en su cabeza". "De manera inmediata, se solicitó el móvil del Servicio Penitenciario y de Readaptación Social, a fin de trasladarlo hacia el Hospital Julio C. Perrando, en donde fue asistido de manera urgente. Un poco más tarde, se informó que habría fallecido producto de una herida de arma de fuego". "El hecho fue informado inmediatamente a la Fiscalía de Investigación Penal en Turno N° 3, a cargo de la doctora Carmen Beatriz Scarpin, quien se abocó al procedimiento con su equipo de trabajo, en las instalaciones de la División Alcaidía de Resistencia. Allí se realizó oportunamente las correspondientes diligencias judiciales y momentos más tarde se hicieron presentes peritos pertenecientes al Gabinete Científico del Poder Judicial". [Volver]

131. El día 24, Diputados de todas las bancadas se refirieron a la muerte de Fernando Suárez, de 19 años, quien falleció a raíz de las graves quemaduras que recibió al prenderse fuego el colchón de la celda de la comisaría 4ta de Sáenz Peña donde estaba detenido. El diputado Justicialista Ricardo Sánchez manifestó "hay una investigación de por medio, pero quiero referirme específicamente a la actuación y a las expresiones de la fiscal interviniente, Dra. Lupi, quien muy suelta de cuerpo y quizás sin tener siquiera la autopsia en la mano se apresuró a decir que 'no hay indicio de responsabilidad policial' en el fallecimiento de este joven". "Lamento estas expresiones porque no son parte de un sistema judicial que a mi me gustaría que investigue esto en profundidad, quisiera una fiscal que no deje cabos sueltos y no una fiscal que apresuradamente salga a decir lo que dijo, porque parece querer encubrir todo y archivar la causa en pocos días", aseveró el legislador y añadió:"Si hubo un detenido, que comenzó, según algunos testimonios, con el incendio de un colchón que después le termina costando la vida; se inicia este fuego, cuanto menos por impericia y negligencia del personal policial encargado de la requisa", analizó. Daniel Trabalón del Frente Grande compartió lo planteado por el diputado Sánchez y manifestó su preocupación "en principio por el hecho ocurrido pero también por el proceso de investigación que se abrió posterior al mismo" señalando que "cuando hay una persona detenida hay responsabilidad del Estado en la custodia de esta persona, por eso vemos con preocupación estas declaraciones". Agregó que "como consecuencia hubo una reacción de la sociedad, de la madre, de la comunidad que resultaron en una violenta represión, algo que también repudiamos" y se refirió a los antecedentes observando que "situaciones similares siguen ocurriendo en nuestra provincia, y es necesario que el Gobierno actúe en el marco de la justicia, para establecer el grado de responsabilidad que hubo". El diputado de Libres del Sur Carlos Martínez señaló: "más allá de la conducta de la fiscal, lo recurrente es que se mueren detenidos en las comisarías por 'auto incinerarse', entre comillas, es una marca registrada estatal chaqueña, lamentablemente" y recordó que existen normativas que prohíben colchones de poliuretano en los lugares de detención, así como "un compromiso del Ex Gobernador Capitanich de que no iba a haber más detenidos en comisarías; creo que eso también es importante más allá que comparto algunos de los conceptos respecto a que hay una falta de sensibilidad en una gran parte de los fiscales penales de esta provincia salvo excepciones". Martínez pidió que se trate un pedido de informe sobre este tema y "definir el Comité de Prevención de la Tortura, porque ese organismo viene cumpliendo un rol muy importante en este tipo de situaciones, si la cosa no está peor es porque existen organismos como el comité" aseguró. Roberto Bracone del bloque Justicialista y oriundo de Sáenz Peña, señaló "pasamos un momento muy difícil estos días, y a diferencia de otros, creemos en la justicia y estamos esperando que se conozcan las verdaderas circunstancias de la muerte del hijo de una persona amiga que realmente enluta a todo el pueblo de Sáenz Peña". Hugo Sager, titular del Bloque Justicialista, expresó su la preocupación por este hecho y pidió "una justicia que investigue, que se llegue a la verdad que va a poner las cosas en su verdadero lugar, una verdad que le va a dar garantía a los ciudadanos y seguramente más allá del dolor de la pérdida de un ser querido, seguridad a su familia por saber que hubo un Estado que desde sus poderes encuentra los resultados que se buscan" y agregó "vamos a abogar por esa justicia, clara, en favor de la gente y de la verdad". Su par Orlando Charole, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos compartió las expresiones de los diputados preopinantes, y se refirió en particular a lo que mencionó el diputado Martínez respecto del Comité de Prevención de la Tortura, señalando la necesidad de "despolitizar el tema, renunciar algunas situaciones de mezquindades o estrategias políticas partidistas, es una responsabilidad de toda la Cámara que venimos prorrogando". En este punto, el diputado Roberto Bracone coincidió y pidió alterar el Orden del Día para abordar la constitución del Comité, moción que fue secundada por los diputados Rubén Guillón, Daniel Trabalón, Raúl Acosta y Carim Peche. Fuente: Diario Chaco [Volver]

132. La medida se había iniciado ero por parte de condenados y procesados de los pabellones 5 y 8 de la Alcaidía de Resistencia y lograron extender la cantidad de adherentes a sus reclamos al punto que durante el transcurso de la semana varios internos de otros pabellones se sumaron a la huelga de hambre, decisión adoptada ante la humillante y degradante requisa a la que eran sometidos los familiares y amigos de los presos. La huelga también fue adoptada como consecuencia de las pésimas condiciones de alojamiento de los detenidos, quiénes sobreviven en penosas condiciones de higiene, salubridad y espacio de reclusión, como también para recibir visitas, precisó el Centro Mandela. En la nota, el doctor Rolando Núñez asegura que de hecho, la Alcaidía de Resistencia funciona en un edificio que ha colapsado en todas sus instalaciones. La alimentación es insuficiente y de muy mala calidad; no condice con los fondos que supuestamente se destinan a la compra de mercaderías y de los restantes insumos. Todo el sistema de alojamiento está asignado a la más absoluta precariedad, con un congestionamiento de presos que es totalmente inaceptable. Los sistemas eléctrico y sanitario se encuentran en ruina. La pérdida de agua y la humedad impregna todo el establecimiento En suma, la Alcaidía de Resistencia no puede continuar funcionando como tal puesto que por su estado general ruinoso, con evidencias de deterioro estructural del edificio y de todas las instalaciones, se ha transformado en un lugar para sufrimiento y mortificación de los presos, en abierta contradicción con las pautas de alojamiento y la finalidad de las detenciones que establecen las constituciones de Chaco, Argentina y los Tratados internacionales de Derechos Humanos, lo que de hecho entabla la responsabilidad inocultable de jueces y funcionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo del Chaco advierte el Centro Mandela. Sostiene además que en un escenario colapsado, se agrega el trato degradante, muchas veces violento, del personal penitenciario que por falta de capacitación o por herencia y costumbres actúa en forma agresiva con la población, sometiendo los presos a malos tratos. En otros casos no brindan la atención sanitaria apropiada, lo cual también constituye una vía de hecho concreta de violencia. A todo esto se suma el auspicio, la facilitación y la entrega de sustancias a los drogodependientes detenidos en este establecimiento, cuyo recinto se ha transformado en un territorio de libre consumo y tráfico de drogas, con todo lo que esto implica en la convivencia entre internos y con los carceleros, concluye el comunicado firmado por el doctor Rolando Núñez. Fuente: Corresponsalía OIP [Volver]

133. y vuelve a encender luces de alarma pues es urgente hacer previsiones para evitar situaciones de hacinamiento, que se sumen a la ya crónica insuficiencia de edificios aptos como centro de encierro". Advierte el documento del Ministerio [Volver]

134. El 39,9% de los detenidos están vinculados al delito de homicidio (212 presos): el 35% (186 presos) están vinculados al delito de robo y el 18,8% de los detenidos (100 presos) están vinculados al abuso sexual. "Implica que sumando la cantidad de detenidos por estos tres tipos de delitos -homicidio, robo y abuso sexual- alcanzamos el 93,7% de los detenidos", dice el relevamiento. El resto, a otras violaciones a la ley. [Volver]

135. El 3,4% de los detenidos se encuentran alojados fuera del territorio provincial y el restante 96,6% están en Chubut. Las personas privadas de libertad alojadas dentro del territorio provincial se distribuyen de la siguiente manera: 460 detenidos (89,7%) están en las localidades cabeceras de las circunscripciones judiciales o localidades con mayor cantidad de habitantes: Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento. En cambio, otros 53 detenidos (10,3%) están alojados en comisarías de pequeñas localidades, por ejemplo: Puerto Pirámides, Dolavon, Cushamen, Facundo. [Volver]

136. "En cuanto a las personas que se encuentran cumpliendo pena en tales dependencias, el número total de condenados se redujo de 211 a 197 personas, pero sigue tratándose de una situación endémica, que no respeta parámetros legales y constitucionales expresos, y las perspectivas de solución no se avizoran a corto y mediano plazo", advierte el MPD. [Volver]

137. Tampoco hubo novedades sobre acciones de la gestión de Martín Buzzi destinadas a hacerse cargo del aumento a futuro del número de personas privadas de libertad, "ni se ha ratificado la política carcelaria que había comenzado a explicitarse". El promedio general de las penas impuestas a los condenados -más allá del tipo de delito al que se lo vincula- es de 10 años, y el 71,1% tienen penas que no superan los 10 años. La mayoría de los detenidos son varones (96,6%) y tienen de 21 a 30 años (45%). El 8,7% de los condenados tienen penas de "prisión perpetua", o sea, a más de 35 años. Más de la mitad de los detenidos (56,7%) no tienen finalizada la primaria o completaron sólo estudios primarios. Dentro de este grupo de detenidos -que son 124- diez son analfabetos. La mayoría de los detenidos cuenta con baja calificación laboral o no tiene oficio (70,6%) y su último domicilio declarado es en Chubut (94,5%). El 96,8% tiene familiares. Y de este grupo, en el 29% de los casos los familiares viven a más de 15 kilómetros de distancia del centro de detención donde están alojados. La mayoría de los detenidos (78,1%) son defendidos por abogados del Ministerio de la Defensa Pública. El 29% de los detenidos cursaron o estaban cursando estudios primarios, secundarios o universitarios, sumando un total de 154 detenidos estudiantes. El 19,6% de los detenidos en comisarías estudian, lo que implica casi 10 puntos porcentuales menos que el porcentaje provincial, esta tendencia se acentúa en las comisarías ubicadas en pequeñas localidades. Se capacitó el 20,9% de los detenidos. El 31 de octubre de 2015 se encontraban privadas de su libertad 18 mujeres, que representan el 3,4% del total de la población carcelaria provincial para esa fecha. El índice de prisionización de las mujeres es de 6,4 detenidas cada 100.000 mujeres. De acuerdo al Informe, "la población carcelaria femenina del Chubut es fluctuante y no se verifican tendencias históricas de crecimiento, habiéndose producido los picos máximos de cantidad de detenidas en los relevamiento de octubre de 2014 y 2015". [Volver]

138. El Jefe de la Unidad Regional, Comisario Mayor Marcelo Diosquez, aseguró que se trataron de "disparos disuasivos con escopetas anti tumulto para frenar la arremetida de la gente que defendía a este individuo. Son balas de algo parecido al plástico", aunque las huellas en las paredes ponen en duda la versión del jefe policial, a lo que se suma la versión de algunos testigos presenciales. Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal del barrio Ruca Hue, Luis Calfuman, se mostró muy enojado por el accionar policial mostró los agujeros en la pared producto de los balazos de la policía y aseguró que se trata de armas de fuego del calibre que utilizan los efectivos (calibre 9 MM.). Respecto a la persona detenida, el presidente de la Junta Vecinal aseguró que "lo detuvieron porque insultó al primer policía, le pedimos que no se lo llevaran, que no le pegaran porque la persona estaba operada hace poquito". Por estos hechos, Calfuman se presentó ayer por la mañana en la Fiscalía para realizar la denuncia por los abusos policiales que se registraron dentro del barrio. [Volver]

139. Se trata de tres pabellones sin calefacción ni agua caliente y pertenecen a una zona sobre la cual se desarrollan obras de refacción. Allí se alojan un total son veinte personas algunas de las cuales cuenta con "semi libertad" con permisos para salir durante el día o los fines de semana. [Volver]

140. En este sentido, el establecimiento de Seguridad Media que actualmente tiene espacio para unos 72 presos, ampliaría su estructura para unos 80 reclusos más, a partir de una serie de obras edilicias que ya se estarían desarrollando, según consignaron funcionarios provinciales. El subsecretario de Protección Ciudadana de la Provincia, Pablo García, adelantó que ya se relevaron varias alcaidías y comisarías en distintas localidades y que, además de la ampliación edilicia del Instituto Penitenciario, se planea construir otro establecimiento de similares características en la ciudad de Esquel. [Volver]

141. En el resto de las comisarías "se solucionaron los temas referidos a la calefacción y se están terminando las obras", expresó el magistrado, en referencia al resto de las dependencias policiales de Puerto Madryn, entre ellas las seccionales Segunda y Tercera. Las mismas presentaban faltantes, como por ejemplo, en el caso de la Comisaría Segunda, de un patio donde los internos pudieran realizar actividades recreativas, a la vez que en la seccional Tercera se había constatado que el sector de duchas "no posee agua caliente en la ducha ni grifería adecuada, que tampoco posee el suministro de agua caliente en el lavatorio" y que "el estado de conservación y limpieza es regular, atento el deficiente estado de mantenimiento de la pintura de las paredes y en cuanto a la iluminación, no existe iluminación artificial".Dichas obras estarían en curso y responderían a los pedidos realizados tras la inspección de los establecimientos, realizada por el juez Horacio Yangüela y las doctoras Gladys Del Balzo, de la Defensoría Pública, y Luciana Capone, abogada del Ministerio de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial de Puerto Madryn. [Volver]

142. Los hombres con condenas firmes por diversos delitos convivían en un mismo pabellón con un solo inodoro, y se encontraron medias y objetos que tapaban las cloacas, contó el jefe penitenciario Los detenidos deberán regresar a la cárcel el lunes cuando terminen obras de adecuación ordenadas por la justicia. En el mismo penal, ocho presos condenados habían sido beneficiados en abril pasado con prisión domiciliaria al denunciarse falta de gas en la zona de máxima seguridad del presidio. Se instalaron termo tanques eléctricos para subsanar el problema, pero el reclamo se repitió en Junio cuando por problemas de la red eléctrica dejó de funcionar la caldera que calefaccionaba el penal. [Volver]

143. Alvarado no muestra signos de resistencia al momento de ser filmado, aparece pasivo aceptando los términos de la siniestra negociación. "Acá no sos nada hijo de puta", le dicen mientras lo instan a mostrar las lesiones que le dejaron en el cuerpo ensangrentado. "Dale o te mato acá nomas", levanta la voz quien parece ser el líder del grupo y un segundo más pasivo le advierte "vos tenés que hacer llegar eso" .Desde la Jefatura de la Alcaidía indicaron que el video será investigado. A primera vista, no pudieron determinar por la voz quién sería el instigador. Además, se ratificó que al momento de la requisa no se secuestró ningún teléfono en el cual se hayan podido captar las imágenes. [Volver]

144. A las 21 Hs, la patrulla frenó en uno de los bordes del Riachuelo. Lo tiraron de la camioneta y entre siete prefectos, lo patearon, le dieron golpes de puño en la cabeza y en todo el cuerpo. "Vamos a tirarlo al río", dijo uno de los uniformados. Del otro lado del agua, un hombre desde un coche estaba siendo testigo involuntario. Al grito de "lo van a matar", sacó su celular y empezó a echar flashes. Fabián no supo nada más de esa persona que logró que los prefectos huyeran dejándolo adormecido, pero vivo. La recuperación le va a llevar 45 días. La denuncia se la tomó la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) y la causa avanza en el trámite. [Volver]

145. El nuevo jefe de la fuerza que tendrá 26.000 hombres a su cargo y fusionará a la Policía Federal de la Ciudad y la Policía Metropolitana, cursó también una maestría en Ciencias Criminológicas Forenses y fue docente de la cátedra de Derecho Penal II en la Universidad de Morón. Potocar lleva 35 años prestando servicio en las fuerzas de seguridad y desarrolló gran parte de su trayectoria en el ámbito de las superintendencias de Seguridad Metropolitana, Drogas Peligrosas, Asuntos Internos e Interior de la Policía Federal Argentina (PFA). [Volver]

146. Cuatro efectivos de la Policía de Córdoba fueron puestos en situación pasiva por el Tribunal de Conducta Policial por su supuesta responsabilidad en la golpiza que sufrió el joven quien resultó con graves golpes en el rostro y efectuó la denuncia ante la Justicia y apunta a ocho uniformados en total. Su familia reclama que los policías sean imputados y detenidos. "El chico fue golpeado de forma brutal, salvaje. Sufrió desprendimiento de retina y no puede ver bien. Es increíble que todavía haya policías que actúen de esa manera, como si estuviéramos en años pasados", expresó el abogado Carlos Nayi, quien representa al denunciante. Tras la denuncia efectuada, el Tribunal de Conducta Policial dispuso el pase a situación pasiva de cuatro efectivos: los subcomisarios Lucas Andrés Sánchez y Federico Gualterio Allende; el oficial subinspector Marcos Sebastián Tocci y el cabo Sebastián Rodrigo Rivero. "Vamos a pedir que ellos y otros cuatro policías sean imputados y detenidos", indicó Nayi, quien mañana se presentará en Tribunales II para convertirse en parte querellante. [Volver]

147. El hermano del joven ahorcado, descarta de plano el intento de suicidio y denuncia que FC tiene en el cuello una marca clara, de una soga o cable de oreja a oreja. "El viernes a las 10 nos enteramos que Carlos tuvo un 'intento de suicidio' seguido de un paro al corazón, en la comisaría 18 de Villa El Libertador. Desde allí lo trasladaron al Hospital Príncipe de Asturias y luego, aquí, al Hospital de Urgencias", relata en las afueras del hospital el hermano de la víctima. En ningún momento la policía informó a los familiares de la situación de salud de FC y el motivo de su detención. La detención de FC junto a su novia se produjo el viernes a las 7:30 en un allanamiento a su vivienda. La Policía habría ingresado, aparentemente, sin orden alguna. Luego FC es trasladado a la dependencia policial, lugar donde horas más tarde aparecería ahorcado. [Volver]

148. De acuerdo a la denuncia, todo se originó el 15 de Julio, cuando Alexis Jaime tuvo, según dijo su madre, un "brote psicótico", por lo que una familiar llamó en procura de ayuda al 101 de la Policía. Al mediodía arribó una patrulla del CAP. En esas circunstancias, según los denunciantes, uno de los uniformados le habría arrojado agua helada en el cuerpo para que reaccione. La madre del muchacho, Elizabeth Pacheco, dijo que los policías conocían bien a su hijo y sabían perfectamente los padecimientos que tenía. El muchacho era paciente crónico del Instituto Provincial de. Alcoholismo y Drogadicción (IPAD). Los policías habrían trasladado al muchacho a la Comisaría 2ª, de avenida Duarte Quirós, para luego retornarlo a su domicilio, alrededor de las 14. Siempre según la denuncia, los uniformados arrojaron al muchacho desde el móvil frente a su vivienda y se marcharon. Al parecer, Alexis estaba desnudo, sucio, golpeado y tapado con una colcha. A todo esto, según su madre, sufrió una crisis epiléptica. La mujer dijo que el joven estaba inconsciente y que presentaba golpes en la espalda, brazos y piernas. En otro patrullero, convocado por la familia, fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde quedó internado en terapia. En los últimos días, su cuadro de salud se agravó y finalmente murió el 25. Con la asistencia del abogado Carlos Nayi, la familia hizo una presentación judicial en Tribunales II para que se investigue a los policías y se determinen eventuales responsabilidades penales. [Volver]

149. Así funciona "La Flor de la Abundancia". Télam. La PROCELAC advirtió sobre los engaños con la flor de la abundancia plan de inversión que promete grandes y rápidas ganancias "El escándalo se destapó el 7 de octubre pero esta Flor de la abundancia ya funcionaba desde hacía meses. Incluso, este confuso sistema, según fuentes penitenciarias, también existiría en el penal de Cruz del Eje y en otra cárcel del sur cordobés", Fuentes del Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba confirmaron su preocupación por estas presuntas estafas. Incluso, un alcaide de uno de los módulos del penal Bouwer, que también es comisario de la Policía de Córdoba, fue pasado a situación pasiva y se está investigando la presunta participación de otros alcaides y subalcaides. "Antes tuvimos que renegar con los guardias que metían drogas, después con el tema de los celulares, ahora andan con esto de la mesita de dinero", se quejó un alto funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, del que depende el SPC. Según la investigación, en la cárcel de Bouwer funcionaría una mesa de dinero, donde los aportantes serían guardiacárceles rasos y sus jefes, quienes se quedaban con las ganancias. Los agentes denunciaron que depositaron sumas que oscilan entre los $ 3.000 y $ 9.000 y no vieron las regalías. [Volver]

150. Sólo uno de ellos finalmente quedó internado en un centro de salud, con custodia de guardiacárceles, mientras que el otro pudo ser regresado al penal Hubo, por otro lado, daños edilicios y se vivieron serios momentos de tensión con el personal penitenciario, que debió realizar disparos con balas de goma. Las autoridades provinciales repitieron varias veces que no se trató de un motín, aunque fuentes penitenciarias reconocieron que "fue un episodio muy grave". El incidente se inició, según los reportes oficiales del SPC, alrededor de las 23.30 del sábado en el pabellón D4 del módulo de mediana seguridad (MD) 2 para presos condenados. Dada la gravedad de la situación, ingresó al módulo un grupo de la guardia externa del penal, efectivos que cuentan con escopetas que disparan balas de goma (antitumulto). Semejante estruendo, a su vez, generó tensión en otros pabellones del presidio. Fuente: Corresponsalía OIP [Volver]

151. El homicidio de su madre ocurrió en febrero en barrio San Martín. Clorinda Bustos fue hallada sin vida en su vivienda y al momento del hecho el principal sospechoso fue su hijo. Carrizo ya había sido denunciado antes por violencia contra su hermana e internado con tratamiento por adicción. [Volver]

152. El juez avaló la queja del fiscal respecto de que en esos sectores los reclusos afrontan situaciones de "confinamiento o aislamiento de casi todo el día, falta de higiene y hacinamiento", lo cual, dijo, "lejos de contribuir al objetivo de reinserción social, implica graves violaciones al principio de respeto a la dignidad". Las irregularidades denunciadas remiten al "régimen disciplinario, a falencias edilicias, a pésimas condiciones de higiene y a la no entrega de elementos que deberían estar cubiertos por el sistema penitenciario". Vaca Narvaja indicó en su fallo que la gravedad del cuadro "pudo ser constatada por el Tribunal a través de una inspección ocular" y objetó particularmente el hecho de que los reclusos casi no tengan disponibilidad horaria en el día para acceder a espacios abiertos. Desde la Provincia, el jefe del Servicio Penitenciario, Juan Bouvier, mostró sorpresa por la resolución judicial y negó que algún preso sea tratado por fuera de lo que mandan las leyes. "Nuestra tarea es controlada por jueces de ejecución provincial y nunca tuvimos reproches de ningún tipo", replicó. Opinó que la percepción de los magistrados federales es errónea y la atribuyó al hecho de que se entrevistaron con un universo no mayor a 40 internos (sobre un total de 7.300), que justamente estaban "en tránsito" para definir su alojamiento final, debido a problemas de convivencia hasta con sus propios pares. "Es gente que estuvo en pabellones de tránsito, pero ahora ya todos están en régimen común. No hay aislamiento", insistió. Fuente: Corresponsalía OIP [Volver]

153. En su legajo figura que "era vulnerable social, económica y psicológicamente". "Fue detenida hace casi 4 años por comercialización de droga. Cantidades pequeñas. 'Delitos menores' se le llama. Era una chica muy tranquila, que estaba haciendo la escuela en Bouwer", dijo una fuente cercana a la joven. No fue confirmado, pero aparentemente, Érica habría estado en pareja con un nieto de la "Gorda Kika", la famosa narcotraficante de barrio Müller. Érica quería estar cerca de sus hijos de 3 y 4 años, por eso pidió "la domiciliaria" al Juzgado de Ejecución Penal N°2, a cargo del juez Laje Ross. Los pequeños estaban a cargo de su abuela, quien padece un cáncer terminal y vive en La casa de la bondad, del Padre Ángel Rossi. Antes de ponerle fin a su vida, había estado con sus compañeras del pabellón, festejando un cumpleaños. "A la mañana se había reunido con la psicóloga, estaba angustiada porque quería ver a su mamá, pero no parecía deprimida. Nunca tuvo un intento de suicidio, ni estaba en el grupo de riesgo" .Según un empleado del Servicio Penitenciario que pidió no ser identificado, "Érica estaba mal porque después de conseguir que el juez la autorizara a visitar a su mamá enferma, en Bouwer no la dejaron salir. Eso la angustió mucho". Desde la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba emitieron un comunicado donde indican que "en la madrugada de hoy, siendo las 00:50 horas aproximadamente y mientras realizaba el recorrido de cierre de pabellones del Establecimiento Penitenciario N° 3 para mujeres, personal penitenciario detectó el cuerpo de una interna colgado con un trozo de tela alrededor de su cuello y amarrado a un barrote superior de la ventana Después, según el SPC, "le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y la trasladaron al hospital Misericordia, donde finalmente se constató su deceso a las 01.52 horas aproximadamente". Sin embargo, las fuentes cercanas insisten en que Érica salió de la cárcel muerta: "Ni las maniobras de reanimación, ni llevarla al hospital tuvieron la intención de salvarla. Se hizo todo eso para disimular la negligencia del Servicio en el caso". [Volver]

154. El presidiario atacó a González con un elemento punzante en las costillas, por lo que dos agentes salieron en su defensa. Estos también resultaron lesionados, ya que el recluso les arrojó agua hirviendo que otros presos tenían para tomar mate. Las tres personas agredidas fueron trasladadas al Hospital Escuela y quedaron fuera de peligro. El interno, quien cumple una pena por homicidio y ahora se le sumará la causa por lesiones graves, registra varios antecedentes por mala conducta e incluso intentos de evasión de la sede carcelaria. [Volver]

155. "Esto es la corruptela en la reja, se comercializa los teléfonos celulares, el Servicio Penitenciario vende celulares a algunas personas a quienes deja tener o no, se venden los pabellones: para estar en un pabellón mejor tenés que pagar, se vende el acceso a todo. Eso es algo que se tiene que atacar por-que no tiene nada que ver con la democracia. La venta de estupefacientes también, se vende lo legal y lo ilegal", aseguró Cipriano García de la Comisión de la Memoria [Volver]

156. "Las gestiones a fin de mejorar tanto la parte edilicia como la condición socio ambiental y sanitaria de los detenidos en la Alcaidía de Goya, fueron llevadas a cabo en el ámbito de los Derechos Humanos desde hace dos años atrás y se hallan encuadradas en el marco de un hábeas corpus colectivo y correctivo radicado en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal N°1 de la Ciudad de Corrientes, que intimara al Ministro de Seguridad a subsanar las falencias existentes" dice Alicia Casabonne. La directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Goya estuvo acompañada por Gladys Leonor Hanke, integrante del Comité Provincial contra la Tortura; y Verónica Alaya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Goya e integrante del equipo jurídico de la dirección municipal. Por parte del Servicio Penitenciario de la Provincia de Corrientes, estuvieron el subjefe Rubén Roque Romero; la directora general, Ana María Canteros y el nuevo director de la Alcaidía de Goya, subalcaide Patricio Rubén Espinoza. "Fue positivo, ya que se intercambiaron las distintas apreciaciones sobre la situación actual y se planteó la necesidad de acciones conjuntas en cuanto a lo educativo, cultural y recreativo. Reiteramos el compromiso del Colectivo de Derechos Humanos y con los representantes del Servicio Penitenciario Provincial, ratificamos una buena predisposición para la continuación del proceso iniciado" dijo la directora municipal de Derechos Humanos sobre la reunión. [Volver]

157. Los internos relataron que en temporada invernal, con un intenso frio, eran sacados de "plantón", desnudos, al patio. Todos señalaron un árbol de mango que se encuentra en el mismo, donde esposados, les aplicaban golpes con un cable de grueso calibre. Los miembros del Comité contra la Tortura constataron la presencia de un par de esposas y el cable, colgando de una estructura metálica. En otro sector de la comisaría, en condiciones infrahumanas de habitabilidad estaban alojados seis contraventores. Alguna de estas personas, llevaban tres, cinco y hasta 15 días depositados en una celda única. El ingreso de los más nuevos, no estaba debidamente asentado en los libros, sus familiares no tenían conocimiento de su detención. El espacio compartido no tenía ningún tipo de mobiliario, solo restos de colchones y gomaespuma en el piso. El ambiente, oscuro, sórdido, húmedo y con un olor nauseabundo e irrespirable, proveniente de una letrina desbordada, y rota que está pegada a la celda. Ninguna de estas personas estaba a disposición judicial, ya que no habían cometido delito alguno, eran meros contraventores, por "merodeo", ebriedad, o por riña, e imposibilitados por su humilde condición de abonar multas de más de 3200 pesos, quedaron sujetos al arbitrio policial con detenciones de hasta 20 días. [Volver]

158. El Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ha recibido y constatado una grave situación de apremios ilegales, vejámenes y torturas, por parte del personal policial en la comisaría de Yapeyú, Corrientes. El pasado 19 de diciembre, la profesora María Alejandra Mumbach, integrante del Comité se hace presente en la Alcaidía de Paso de los Libres, acompañada por Marisa Ramis miembro de la Asociación Civil por la Memoria la Verdad y la Justicia de Paso de los libres, quienes se entrevistan con la señora María Itatí López DNI 27.081.414, alojada en esa alcaidía. La misma refiere muy abatida, que en la localidad de Yapeyú, el día sábado 17 de diciembre en horas de la mañana, tras una pelea en la calle donde participa su hijo, se dirige a la policía a radicar la denuncia pertinente. Como el personal policial no respeta el orden de llegada y recepta primero los dichos de los atacantes de su hijo, se produce un altercado con el oficial Alejandro Darío Gómez. Luego es llevada a la celda de varones, donde la dejan muy dolorida y por momentos que no puede recordar con detalles. También relata que en un momento el oficial le mete la mano en los senos, sacándole el dinero que esta guardaba en su corpiño, un total de 2.954 pesos, resultado de la plata que le habían dado su hijo y esposo que habían cobrado (realizan colocación de adoquines), que luego le serán tirados en la cara un total de 854 pesos, el resto quedó con el oficial. Luego no recuerda quien abrió la puerta de la celda, desde donde salió arrastrándose por el piso ya que le era imposible ponerse en pie, quedando tirada en el piso hasta que la levantan para ser traída a Paso de los Libres. Al llegar pudieron observar que estaba toda sangrada, hasta las zapatillas, las dos presas que comparten su celda la ayudaron a bañar, no puede peinarse por el intenso dolor en la cabeza producido por los golpes. Luego de bañarse es revisada por el médico de Policía Dr. Vizcaino. El domingo por la mañana, la buscan de su celda para que declare y es el propio policial Alejandro Gómez quien debe tomarle declaración. Ante esto, se niega a declarar, y recibe señas y amenazas por parte de ese oficial para que no denuncie lo sucedido. Luego es trasladada a Paso de los Libres. Por su parte, María Alejandra Mumbach, luego de la charla con la detenida, de tomar las fotos que se adjuntan, de requerir informes y asistencia médica adecuada para la detenida, y de entrevistarse con el Comisario Fredi Alcaraz de la localidad se presenta el 21 de Diciembre ante la Fiscalía de la doctora Liliana Elizabeth Carlino, y acompaña también como integrante del Comité Contra la Tortura, presidido por el doctor Leguizamón, denuncia judicial por vejaciones, apremios ilegales y torturas que realizara María Itatí López con patrocinio de Osmar Cabrera. [Volver]

159. Hay un incremento de mujeres presas por los llamados delitos comunes, robos u homicidios, con severos problemas de adicciones. En el interior del penal la convivencia se ha complicado. Casi a diario se cuentan peleas entre internas o conflictos ocasionados por mujeres que entran en crisis. A su vez, el consumo de drogas y pastillas potencia los conflictos. Hay una presa por narcotráfico que, según cuentan testigos, no perdió las mañas y logra ingresar la droga, la fracciona en su celda y la vende en el interior de la cárcel. También hay otra interna que es de una localidad del interior de la provincia que hace lo mismo, y cada vez que viaja a su casa regresa provista de droga para vender. La circulación de comprimidos de psicofármacos no es menor: el personal médico del penal los suministra a quienes se encuentran en crisis, e incluso cuentan que un grupo de internas, luego de visitar a la psiquiatra y proveerse de pastillas, las ponen en el termo para la ronda de mates (bebida nacional que se toma con pajilla y se intercambia con otras personas) Fuente: Corresponsalía OIP [Volver]

160. Una investigación periodística de la revista "Análisis Digital" de Paraná denunció al monasterio por presuntas torturas a las religiosas. Por orden de la fiscalía, la policía allanó el convento. Los oficiales secuestraron látigos, fustas y cilicios, un accesorio utilizado para provocar dolor o incomodidad en quien lo viste. Según Puiggari, estos elementos son usados "libremente por las hermanas cuando quieren ofrecer una penitencia a Dios". En el lugar viven 18 monjas que fueron entrevistadas por médicos de la policía para conocer sus condiciones de salud. Según la denuncia, algunas estaban desnutridas. Sin embargo, el arzobispo rechazó esa acusación. "Ellas viven libremente una vida austera y de oración. Además rezan por la Iglesia y por el mundo. Si hay que corregir algo, se corregirá". [Volver]

161. La reorganización de las alcaidías policiales, las que en este proceso también cambian de nombre y se adecuan a sus funciones específicas. Por ejemplo la Alcaidía Policial de Varones pasa a ser Unidad Provincial 1 de Detención Preventiva, la Alcaidía de Mujeres es la Unidad Penitenciaria Provincial de Detención 2 para Mujeres, en Las Lomitas esta la ahora llamada Unidad Penitenciaria 3 Mixta; en Clorinda estarán emplazadas la Unidad Penitenciaria Provincial 4 de Detención Preventiva y también la moderna Unidad Penitenciaria Provincial 5 de Cumplimiento de Penas. [Volver]

162. Quien marcó la importancia de esta unidad que permitirá "separar a personas privadas de la libertad procesadas de aquellas que ya son condenadas, que son dos situaciones jurídicamente diferentes pero también en su tratamiento distintos. Esto nos va a permitir llevar adelante el tratamiento de la pena de una manera mucho más adecuada". "Y en esta Unidad Provincial Penitenciaria 6 vamos a alojar a las personas que ya tienen una condena, separando a las personas procesadas que van a permanecer en la Unidad Penitenciaria 1", explico. Asimismo, explico que en este edificio también estará implementándose el Gabinete Criminológico, el que "es fundamental en el cumplimiento de la legislación penitenciaria. Se trata del gabinete que hace el acompañamiento de las personas que están condenadas, y está conformado por psicólogos, por asistentes sociales, por psiquiatras". [Volver]

163. La autopsia realizada por el médico forense Constante Bermúdez al cuerpo de Javier Rosario Albornoz, quien fue hallado muerto el lunes 11 en el patio de la seccional 21ª de Perico, determino que la causa de la muerte fue por "Bronco Aspiración por hojas de coca en la tráquea de la víctima", sin lesiones externas o internas en el cadáver. No se descarta que el fiscal continúe con la investigación judicial, con el fin de determinar si lo que causo la bronco aspiración de la víctima fueron las hojas de coca que mascaba o algún golpe que pudo haber sufrido, lo que ocasiono que se tragara las hojas y provocando la asfixia que termino con su vida. [Volver]

164. Las denuncias abarcarían delitos como acoso sexual, laboral, arreglos con narcotraficantes, ventas de elementos secuestrados, encajonamiento de causas judiciales, entre otros hechos. Esta denuncia refleja el modo en que opera el aparato policial, un aparato descompuesto encargado de reprimir al pueblo y relacionado a las peores formas de explotación de un régimen descompuesto, como los son la trata y el narcotráfico. Un aparato responsable de las zonas liberadas y el gatillo fácil. [Volver]

165. La denuncia la dio a conocer la Agencia "El Vigía", justamente cuando el gobernador Gerardo Morales preparaba su acto "por la paz" con el cual celebró su primer año de mandato. Los familiares pidieron que organismos de Derechos Humanos ingresen al Penal lo antes posible para constatar los vejámenes que sufren los internos. En ese sentido, reclamaron también que los medios nacionales difundan la noticia, para evitar que se sigan produciendo los castigos y torturas. [Volver]

166. Los familiares denuncian que luego de que el caso se hiciera público, los tormentos contra los presos se intensificaron. En una entrevista, la esposa de uno de los detenidos aseguró que les dispararon balas de plomo, los golpearon y los ataron en el patio bajo la lluvia durante cinco horas. "Mi suegro entró a la cárcel. Están todos golpeados, hay muchos que están quebrados y no recibieron atención médica", dijo la mujer, quien además contó que no reciben apoyo de ninguna organización y que los agentes del servicio penitenciario provincial no dan respuestas claras. Algunos familiares temen que la represión sea para obligar a que los presos se hagan cargo de la muerte del recluso Cardozo. "A los del pabellón tres los quieren hacer declarar que mataron al preso", dijo otro familiar. "Ellos le dan el té hirviendo y se lo hacen tomar de un solo golpe. También le hacen comer alimentos podridos" detalló la mujer, quien pidió que los medios difundan la noticia, debido a que no llegó ni siquiera a los pueblos del interior de Jujuy. "Uno se tiró del segundo piso y su hermano fue brutalmente reprimido. No sabemos bien, pero aseguran que puede terminar en silla de ruedas", alertó la familiar. Hay cientos de heridos, algunos con fracturas visibles. El servicio penitenciario los sigue golpeando, según los testigos. Además amenazan con tenerlos en las celdas de aislamiento durante más de cien días. Esto no sólo impediría que los familiares vean la situación de salud en la que se encuentran, sino también que declaren en la causa por el asesinato del interno Cardozo. [Volver]

167. Los presentes debatieron con perspectivas de prevención para lograr un quiebre institucional. Por su parte, el rector del Instituto Superior de Seguridad Pública, Miguel Singh, analizó que "seguimos atados a un chip que se creó en otra época de la sociedad, es un chip de los 70´ con otro contexto. Hablar de violencia institucional hacia dentro de las fuerzas significa sacar un chip y poner otro". En el mismo sentido Pablo Buitrago de la Dirección de Bienestar de las Fuerzas señaló que "la mayor resistencia está adentro y arriba de la institución". En la misma línea el subjefe de la Policía de la provincia, Natalio Ruiz, señaló que se les pidió a los 28 oficiales superiores de la Policía que presenten voluntariamente proyectos o ideas para evaluar y luego implementar cambios en el seno más íntimo de la institución, pero lamentó que cumplido el plazo "ninguno presentó nada" y concluyó diciendo que "hay resistencia" a los cambios. El director de la Dirección de Bienestar de las Fuerzas, Mario Taglioli, quien ya viene trabajando en este sentido, planteó que "no es lo mismo la exigencia reglamentaria y el 'te atropello porque soy tu jefe" Con respecto a la manera de pedir cambios se busca generar responsabilidad, no solo acudir a la exigencia sino también aportar ideas que ayuden. "La queja como movilidad de vida tiene que desaparecer. El no puedo y el no me dejan también. Tiene que haber más compromiso de todos", indicó Taglioli. [Volver]

168. El jefe policial, además, admitió la escasa dotación de personal en General Pico y atribuyó a esa situación la reiteración de diversos delitos en la segunda ciudad de la provincia. Reconoció también que en este momento no hay información precisa de los hechos policiales, porque se está en un "proceso de organización" para que los datos que trasciendan a la prensa no entorpezcan investigaciones ni perjudiquen a las víctimas. Ayala habló acerca de las tareas que se están llevando a cabo para recapturar a José Luis Velázquez y Angel Pavón, dos de los presos que escaparon de la Alcaidía de Santa. Los otros dos, Kevin Gómez Ganora y José Antonio Turrión, fueron recapturados. El funcionario afirmó que no hay policías involucrados en lo que, insistió, fue una "evasión" y no una fuga. Sentenció que no hubo complicidad ni desidia. "A lo mejor cuesta entender, pero el detenido dispone de todo el tiempo para procurar su libertad y escaparse. No es la primera fuga, hemos tenido muchas, en distintas dependencias policiales. En este caso realizaron la maniobra de cortar los barrotes con una sierra. Si les parece extraño está bien, bárbaro... estamos haciendo la investigación administrativa, pero por lo pronto lo que aparece es que no habría personal policial involucrado". [Volver]

169. La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputado de la provincia acordó trabajar para elaborar un proyecto único sobre la Justicia Federal con asiento en Santa Rosa y General Pico y, de este modo, emitir dictamen. Como consecuencia de una enfermedad, el Juez federal de Santa Rosa, Pedro Vicente Zabala, falleció en octubre de 2013. "Debido a su enfermedad, desde hacía varios meses no desarrollaba sus funciones habituales en la Justicia por lo que estaba de licencia. En su lugar había sido designado como Juez Federal subrogante José Charlín (titular del Juzgado de General Pico) pero que no fue puesto en funciones", explicó la iniciativa. Luego, el Consejo de la Magistratura designó a la jueza Iara Silvestre, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Subrogancias (27.145), la cual fuera "declarada inconstitucional por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 04 de Noviembre de 2015". En consecuencia, el Cuerpo desplazó a Iara Silvestre y designó en su reemplazo como subrogante a Hector Plou, quien también es juez federal de Primera Instancia de Junín. "Es un Juzgado que hace casi tres años no cuenta con un juez designado por el procedimiento que corresponde; sumado ello a la queja constante tanto de profesionales como de ciudadanos que pretenden acceder a la justicia y se encuentran con procesos extremadamente dilatados y que, ante la situación actual, de contar con un Juez de otra jurisdicción, quien por dicha situación no se encuentra en sus funciones diariamente en esta ciudad". [Volver]

170. "La cárcel de la provincia era para una Rioja donde el delito era otro, hoy hay muchos más condenados y hay menos rebajas de pena, entonces metemos más gente, no le damos tratamiento y meto más gente porque es más rápido y no descomprimo la situación entonces se convierten un depósito de personas", aseguró. En este sentido dijo que no es culpa del personal sino de políticas de seguridad, y que esto puede solucionarse a través de convenios para tratar de que la cárcel tenga la infraestructura necesaria para seguridad, para el tratamiento de adicciones, para educación y demás. [Volver]

171. "La señora dijo que no tenía tatuajes quien la atacó, eso en el expediente, y yo tengo tatuajes hasta en el c…". Volvió a aducir su inocencia diciendo que se lo acusa solo por tener un prontuario en su contra. "Yo no tengo causa por golpear a nadie, no tengo asaltos ni secuestros. Solo tengo antecedentes por peleas" (…) "Yo cometí mis errores pero ya pague la condena, hice buena conducta." Al preguntarle de porque se fue a Catamarca, el acusado declaró que lo hizo porque no tiene dinero para pagar un abogado. "No tengo plata y si yo me entregaba me tenía que comer un prontuario y poner un abogado". Por último describió que está pasando por un mal momento físico y psicológico. "Me patean y me pegan muy feo. Estoy mal y la gente me juzga" (…) "Estoy cansado, yo cumplí mi condena, quiero estar con mi familia, esto va a terminar mal, yo me voy a quitar mi vida", Amenazó. Fuente: Diario La Rioja Libre [Volver]

172. Con posterioridad se convocó al servicio de asistencia médica del hospital Enrique Vera Barros, donde fue trasladado y los médicos que lo atendieron certificaron que habría fallecido por un infarto de miocardio. Como medida precautoria, el juez Martínez dispuso preservar la escena en el SPP y recolectar elementos que puedan servir para la investigación, destacó Angulo al brindar la información. El interno cumplió con tareas por la mañana y después de comer se dirigió a la celda a ver televisión, donde uno de sus compañeros lo encontró en la situación antes mencionada. López tenía como último domicilio la ciudad de Córdoba, estaba purgando penas por causa de Lesiones Leves Calificadas; y desobediencia a la autoridad en Concurso Real. [Volver]

173. Las cifras, cárcel por cárcel:

-Boulougne Sur Mer: 1.071 presos: 539 condenados - 532 con prisión preventiva

-San Felipe: 942 presos: 247 condenados - 695 con prisión preventiva.

-Almafuerte: 1.185 internos: 1.116 condenados - 67 con prisión preventiva

- Cárcel de San Rafael: 338 presos: 218 condenados - 121 personas con prisión preventiva

-Colonia de San Rafael, 19 todos condenados.

-Cárcel de Mujeres, El Borbollón: 100 internas. 37 condenadas - 63 con prisión preventiva. En su mayoría son presas por causas federales de narcomenudeo.

-Colonia Penal de Lavalle: 41 condenados

-Alcaldía Nº1: 20 condenados

-Alcaldía Nº2 régimen abierto de mujeres, 16 internas de las cuales 12 están condenadas.

-Alcaidía Nº3de Tunuyán: 3 internos procesados, con prisión preventiva.

-Alcaidía 4: sala del hospital Central, 4 presos, 2 procesados y 2 condenados.

-Unidad del Hospital Mental El Sauce: hay una sola persona en prisión preventiva.

-En la unidad Nº 6 de jóvenes adultos que funciona en San Felipe: 258 presos

54 condenados - 204 personas bajo el régimen de prisión preventiva.

Desde la organización Xumec se vienen haciendo sugerencias para la reforma del Código Procesal Penal que tiendan "a que las personas estén en prisión el tiempo en el que dure su sentencia, como también optar por la oralidad en el proceso para hacerlo más corto y eficaz" Además indicaron que se debería dotar al sistema de medidas alternativas de prisión preventiva, que estén bien reguladas y monitoreadas para evitar las fugas. "No existe un programa que regule el sistema de la prisión domiciliaria, por eso están surgiendo problemas en el sistema que no están contemplados" Fuente: O. Xumec [Volver]

174. Ante esta cruda realidad, el fiscal general de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Miguel Palazzani, y su par ante la Cámara Federal provincial, Dante Vega, denunciaron penalmente a las autoridades penitenciarias locales y presentaron un hábeas corpus para exigir una "reparación urgente" por la violación de los estándares fijados por las Naciones Unidas (ONU). La jueza de Ejecución Penal de Mendoza, Mariana Mercedes Gardey Merino, hizo lugar al pedido y ordenó que con carácter "urgente" se lleven a cabo una serie de reparaciones en las alas II y IV del Complejo Penitenciario III de Almafuerte, donde constató que las deficientes condiciones de detención tornan "cruel, inhumano y degradante" el cumplimiento de la pena. Entre otras medidas, prohibió el uso como hábitat de alojamiento de los "jaulones" ubicados en la entrada del módulo V. El 10 de junio pasado, cuando los fiscales y representantes del Sistema Interinstitucional de Control de Unidades Carcelarias -que preside el juez federal de Casación Gustavo Hornos- hicieron la inspección, encontraron a tres detenidos alojados a la intemperie, en medio del frío, en una celda confeccionada sin paredes, "cuyas estructuras y materiales coinciden exactamente con las de una gran jaula". Ordenó también a las autoridades penitenciarias la presentación -en un plazo de 48 horas- de un cronograma de obras que implique la reparación simultánea de celdas, de la calefacción, del sistema sanitario, eléctrico y la instalación de vidrios. Dispuso, además, la limpieza y el mantenimiento permanente de las duchas y la realización de las gestiones correspondientes para garantizar la cirugía a la que debe someterse un detenido. [Volver]

175. El Servicio Penitenciario Provincial abrió un sumario interno ya que creen que pudo montar el negocio con la complicidad de los guardias. Ahora Omar perdió sus beneficios y fue reubicado en uno de los pabellones. Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y según creen los investigadores, esos celulares también podrían ser utilizados para cometer secuestros virtuales, un delito muy común entre los reclusos de todo el país. Este caso se suma a otro que ocurrió hace pocas semanas en el Servicio Penitenciario de Misiones. En aquella oportunidad, una carta anónima advirtió al Tribunal Penal de El Dorado sobre la salida irregular de presos. La denuncia originó una causa que tiene como imputados al jefe del penal y su segundo. También se descubrió que los penitenciarios hacían desaparecer parte de los insumos que debían ser destinados a la alimentación de los reclusos. [Volver]

176. Asimismo, al estar enclavada en pleno centro de la ciudad, cada fuga ponía en riesgo a los vecinos de la zona, ya que el portón del patio da a la avenida José Ingenieros. Si bien las autoridades de la Unidad Regional II manejaron el tema con hermetismo, este diario averiguó que la reciente visita de integrantes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura motorizó la decisión de cerrar los históricos calabozos de la primera comisaría de la zona Centro. [Volver]

177. El hecho se registró el último domingo en Leandro N. Alem, cuando la joven obereña y tres amigos aguardaban un remís en las inmediaciones de un boliche céntrico. Según denunció la víctima ante la Fiscalía de Instrucción Cinco de Alem, de manera intempestiva los uniformados pretendían que el grupo se retire del lugar, siendo que no estaban alterando el orden público ni habían ocasionado problemas. De todas formas, los policías se mostraron inflexibles e insistieron con que debían irse, ante lo cual Ledesma tomó su celular y comenzó a filmar el proceder de los funcionarios públicos. Fue entonces que le dijeron que estaba detenida y comenzó su calvario. [Volver]

178. El magistrado en cuestión en es el juez de Instrucción Uno de Posadas, Marcelo Cardozo, quien ordenó la detención de Miguel en el barrio San Nicolás de la ciudad de Córdoba, donde vivía junto a un novio discapacitado, para luego ser trasladada a Misiones. Según argumentó la hermana de Patricia Miguel, con la escribana Andrea Yakubur realizaron un acta de constatación en una empresa, donde figura que la línea en cuestión estuvo, entre 2007 y 2014, a nombre de otra persona de sexo masculino. "Jamás figuró a nombre de ella el chip, ni siquiera tuvo Persona (empresa de telefonía móvil)l", remarcó Ana María, quien además denunció que "el Juzgado nunca envió un oficio a Personal. Recién lo mandó el 15 de diciembre", detalló. Por la misma causa y bajo idéntica acusación, está detenido un remisero de Oberá, José Martínez (34). Por otra parte, Miguel aseveró a este diario que durante el allanamiento previo a la detención de su hermana Patricia "nos rompieron la puerta de la casa y nos robaron objetos de valor y dinero que teníamos guardado para pagar los servicios". [Volver]

179. "Sé que hacen mucho esfuerzo", les dijo Victoria Arriagada, reconocida activista trans y peluquera, a su grupo. Ella describió la experiencia como "muy gratificante" y también agotadora: "salgo y parece que hubiera tenido cincuenta orgasmos." La visita del ministro hizo que surgieran otros planteos. "Necesitamos generar un rédito económico para ayudar a nuestras familias, para no ser una carga. Y hay que ocupar la cabeza, afuera es un trance difícil de sobrellevar", sostuvo una de las detenidas, y mostró algunos de los trabajos que realiza para cotillón. No quieren propuestas sólo de "costura o cocina". Señalaron que la oferta de talleres en otras unidades, como la 11, es más amplia. [Volver]

180. La Defensoría del Pueblo de nuestra localidad intervino por las denuncias de abuso de autoridad, seguidas de apremios con ejercicio de violencia física y psicológica por parte de efectivos de la policía provincial [Volver]

181. La separación e imputación de siete agentes policiales (entre ellos cuatro jefes), en dos causas conexas, por irregularidades en los procedimientos de búsqueda de Muñoz, revela el grado de involucramiento de la policía rionegrina en este crimen.Estas irregularidades se extienden al hallazgo del cadáver, en una ruta camino a El Bolsón: "unas cien personas pisaron la escena del crimen", informa Clarín (11/8), entre ellos policías, miembros de Gendarmería y funcionarios. El cuerpo, además, quedó a la intemperie durante toda una noche bajo una intensa lluvia. "Hicieron todo en contra del protocolo. El agua lavó toda evidencia posible", se quejó uno de los peritos ante la adulteración del escenario. La Policía barilochense está acusada por los propios vecinos de vender drogas en toda la zona del Alto. Si se confirma la hipótesis de que Muñoz se encontraba investigando el involucramiento de policías en la venta de estupefacientes, habrán quedado al descubierto, una vez más, los vínculos estrechos de la Institución policial con el negocio del narcotráfico. [Volver]

182. Con todos estos antecedentes, el sostenimiento de la policía rionegrina al frente del operativo de búsqueda del agente Muñoz (de parte del fiscal y el juez de la causa) representó un acto de encubrimiento. En la misma línea se anotan las declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck en defensa de la Institución y la ratificación en sus puestos del jefe policial y del Ministro de Seguridad provincial. [Volver]

183. Ella, sin titubear, respondió que solo se había tratado de una discusión de pareja. Dos mujeres policías se bajaron y sin mediar palabra arrojaron al suelo a Andrea y la golpearon y siguieron con la golpiza en el patrullero. Herida por los golpes, con visibles hematomas en sus ojos y en el cuerpo, fue trasladado a la comisaría donde la tuvieron hasta el día siguiente. Diego, su novio, también fue detenido hasta el mediodía del lunes 18 cuando fue liberado, previo aclaración del hecho, por parte de la supuesta víctima, Andrea [Volver]

184. Fue en junio de 2011 que se filmó el video que un año después cobró estado público: cuatro policías torturaban a dos jóvenes en el patio trasero de la comisaría de General Güemes. Tras conocerse el caso, el Gobierno provincial había dispuesto custodia policial para los dos jóvenes torturados. La medida estaba orientada para evitar cualquier ataque hacia ellos después del revuelo que se armó en la fuerza con la difusión del video. Por este delito los cuatro uniformados recibieron condenas que van desde los 12 a 10 años de prisión en un fallo que fue dictado el 3 de abril de este año. Mario Rodríguez, precisamente el detenido que aparece con una bolsa en su cabeza al momento de los tormentos aplicado por la policía salteña, fue encontrado colgado de un árbol el día 19 a la tarde. Miguel Ángel Martínez, el otro torturado aquella tarde de 2011, intentó quitarse la vida unos meses después de que el video tomase estado público, pero la rápida intervención de una de sus tías evitó su muerte. [Volver]

185. Los cuatro policías fueron imputados por los delitos de "tortura" y "privación ilegítima de la libertad", figuras contempladas en el artículo 144 primero y tercero del Código Penal, y por las cuales se prevén penas mínimas de 5 a 25 años de prisión. Esto delitos, según la hipótesis criminal, se cometieron en perjuicio de Pablo Carrizo, uno de los tres hombres que encontraron el cadáver de López y dieron aviso a la policía sobre el crimen, ocurrido en el municipio de El Potrero, ubicado a unos 45 kilómetros de la ciudad de Rosario de la Frontera. Asimismo, el fiscal imputó al oficial Orozco y el cabo Medina el delito de "apremios ilegales", en perjuicio de Rodrigo Carrizo, familiar de Pablo Carrizo, a quien los policías también golpearon cuando se hallaba detenido, siempre con la finalidad de que se hiciera cargo del crimen. La investigación, según informó la fiscalía, se inició a partir de la denuncia de Pablo Carrizo, quien reveló que tras dar aviso sobre el hallazgo del cuerpo de López, el 28 de mayo pasado, los cuatro policías imputados lo fueron a buscar a su casa, en horas de la madrugada. Carrizo denunció que los policías lo cargaron en el móvil, pero en el trayecto a la dependencia policial de El Potrero, se detuvieron a la vera de la ruta 34, donde lo bajaron y lo sometieron a golpes y a maniobras de torturas con una bolsa de plástico, la cual le pusieron en la cabeza hasta dejarlo casi sin respiración. La víctima indicó que sufrió esta maniobra en varias oportunidades, como así también golpes en distintas partes del cuerpo, y que a cambio de cesar con las torturas, los policías le dijeron que debía hacerse cargo del crimen de López. Posteriormente, lo llevaron a la dependencia policial, donde siguieron los golpes, para luego dejarlo en libertad. Rodrigo Carrizo, en tanto, sostuvo que también fue detenido en su casa y trasladado a la misma dependencia policial, donde fue blanco de golpes y amenazas, y que el pedido de los acusados era que asumiera la responsabilidad del homicidio de López. [Volver]

186. Por otro lado, un total de 17 policías fueron expulsados de la fuerza porque excedieron los días de arresto que la institución les impone a sus trabajadores por cometer distintos tipos de faltas a lo largo de un año. Los días de arresto se imponen a la fuerza policial por faltas menores que se van acumulando, como por ejemplo llegadas tarde, carpetas médicas no justificadas o incumplimientos en servicio. También se consideran las faltas graves, como por ejemplo los casos de violencia familiar o apremios ilegales, y por ellas pueden ser sancionados con más de 40 días de arresto. Estos oficiales superaron el límite de días (40) de sanción permitidos. [Volver]

187. Continuando con la conversación, el titular de la cartera DDHH, enfatizó que "esta problemática constituye uno de los ejes de la gestión, al igual que la Violencia Institucional, Memoria Verdad y Justicia, Diversidad Sexual y las temáticas relacionadas con los Pueblos Originarios". Es por ello que de acuerdo a las situaciones observadas Pietragalla graficó el presente de las instituciones diciendo que "hemos notado un cierto grado de abandono y desidia por parte de la gestión anterior en materia de infraestructura edilicia y en cuestiones básicas, razón por la cual, continuaremos manteniendo reuniones con el Secretario de Seguridad de la provincia, para brindarle los informes realizados por parte de la Secretaria de Derechos Humanos, creemos necesario, elaborar y pensar estrategias para poder cumplir en la práctica, con los derechos humanos de las personas privadas de su libertad". [Volver]

188. Ante semejante calvario, la joven no dudó en realizar la denuncia, aunque ello profundizó aún más su tormento dado que en la noche del jueves 20 fue interceptada por un vehículo cuando se dirigía a la casa de una amiga, en busca de refugio. "Me tajearon la cara, las orejas y el cuello. Pero empecé a gritar y salió un vecino en ayuda, entonces escaparon", relató Devorah. "Me dijeron que si no retiraba la denuncia, me prostituirían en el exterior", relató Devorah sobre su infierno, desencadenado por la ira de su ex pareja y de los seres queridos de éste. En las últimas horas la joven fue atacada salvajemente por un grupo de personas allegadas a su ex novio, a quien ella denunció por agresiones y abuso sexual. Por esta razón, mientras el sujeto permanece en prisión por homicidio, su familia prometió venganza. Fuente: Diario El Litoral [Volver]

189. Dijo que el incendio se produjo después de la salida de las visitas y afirmó que tienen identificados "a la totalidad de los autores de este hecho". "Se les instruirá una formación de causa por daño calificado e incendio intencional", indicó, una vez que los bomberos zapadores ya habían extinguido el foco ígneo. Familiares de los internos, que serían trasladados en breve, sostuvieron que "prendieron fuego porque los tratan mal". "Es una falta de respeto como tratan a visitas", se quejó airadamente una mujer, quien subrayó: "Solamente queríamos que nos dieran información y nos trataron muy mal". [Volver]

190. La Comisaría 7º estuvo varias veces en el ojo de la tormenta en los últimos años. Entre otros casos, efectivos de esta dependencia quedaron sospechados por la muerte del joven Franco Casco, quien tras ser visto por última vez demorado en la comisaría del barrio Agote, apareció sin vida en el Paraná. También, la seccional fue blanco de fuertes críticas de los vecinos tras el crimen de un verdulero. [Volver]

191. Los alcances del decreto 4127/16, firmado por Lifschitz, serán anunciados a las 11 por el Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y el propio Cococcioni en la sede de la cartera en Santa Fe. De acuerdo al secretario de Asuntos Penitenciarios, la flamante norma no tiene como objetivo restringir los beneficios de los condenados en condiciones de obtener egresos de prisión, sino ordenar los desatinos generados por sucesivos parches en el sistema legal, lo que favorece que puedan trasponer las puertas de las cárceles internos que no están en condiciones de retornar a la vida social. [Volver]

192. Al momento de la conferencia de prensa (40 días después del hecho) no estaban claras las circunstancias en las cuales ocurrió el homicidio. Se abren interrogantes tales como: porqué alguien como Albornoz quien según trascendidos tendría en su prontuario más de una denuncia, seguía desempeñándose como funcionario policial, ¿Quien permitió que ante tantas irregularidades esta persona siga en su puesto? ¿El día de la muerte de Christian Carrizo cómo es posible que los policías que se encontraban en el lugar no hayan reducido a Albornoz? ¿Cómo permitieron que sea el mismo asesino quien traslado a Carrizo hasta el hospital? ¿Porque su madre no fue debidamente notificada por la policía de lo que estaba pasando con su hijo? [Volver]

193. Un efectivo policial que se encontraba custodiando la puerta de la comisaría dijo que "se desconocen los motivos de cómo se inició el incendio. Quemaron colchas y ropa" dijo el oficial sin entrar en mayores detalles. Otra de las madres que se encontraba en el lugar se preguntaba "cómo pueden originar un incendio con encendedores si no dejan pasar nada, ni siquiera jabón. Cuando traemos la comida no podemos alcanzarles ni una cuchara de plástico, ellos comen con la mano, como perros. Esto es obra de ellos nomas -por la policía- y ahora quieren quedar como las víctimas" dijo. "Son seres humanos que se han equivocado en la vida pero están pagando lo que les corresponde, eso no significa que los hagan dormir desnudos en el piso porque ni colchones tienen, duermen sobre colchas". Todas las personas que estaban presentes en el lugar coincidieron en una teoría: "si provocaron el incendio fue por hartazgo, cansados de los malos tratos por parte de la policía", "ahora los van a maltratar peor, los van a golpear y les van a prohibir las visitas" [Volver]

194. El 21 de marzo de 2014, Belén llegó a la guardia del Hospital Nicolás Avellaneda, de San Miguel de Tucumán, con dolores abdominales. Fue derivada al servicio de ginecología e "interrogada" sobre las causas de la hemorragia. Le dijeron que estaba teniendo un aborto espontáneo; más tarde, la acusaron de haber expulsado un feto en el baño. No sabía que estaba embarazada. Toda mujer que llega con un aborto en curso o que lo tiene, sea provocado o espontáneo, está protegida por la confidencialidad de la relación profesional de la salud-paciente. Belén no gozó de ese derecho. Según revelaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, "los médicos la interrogaron como si fueran jueces, las enfermeras le acercaron el feto en una caja y personal de policía la insultó y degradó revisando sus partes íntimas". Belén estuvo detenida dos años sin condena firme hasta el 19 de abril pasado, cuando los integrantes de la Sala III de la Cámara Penal tucumana, Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas, le dieron una pena de ocho años. [Volver]

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02abr17

Situación de los Derechos Humanos en el Sistema Penal de Argentina - Año 2016

[Fuente: Observatorio internacional de Prisiones de Argentina, Bs As, 02abr17]