Equipo Nizkor - Situación de los Derechos Humanos en el Sistema Penal Argentina

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16feb15

Situación de los Derechos Humanos en el Sistema Penal Argentina - Año 2014

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
El sistema penal argentino continúa con las características descriptas en el informe 2013. Demoras en la tramitación, prescripciones y juzgados vacantes, son algunos de los puntos sobre los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación pide soluciones. Hubo muchas críticas de parte del oficialismo sobre el funcionamiento de la administración de justicia, tal que la primera mandataria del país en uno de sus discursos públicos arengó duramente sobre la permanencia en la Corte Suprema de Justicia (en adelante SCJN) de uno de sus miembros más prestigiosos y antiguos en el cargo: el Dr. Carlos Fayt. En efecto, de acuerdo a los criterios de los dirigentes del partido gobernante el hecho de que el Dr. Fayt es el miembro de mayor edad y antigüedad en el cargo, lo hace prescindible en el puesto. Esta situación suscitó fuertes críticas del arco político opositor. La muerte de otro de los miembros de la SCJN, el Dr. Enrique Petracchi y la anunciada renuncia del Dr. Eugenio Zaffaroni, al cumplir la edad jubilatoria para el cargo, puso en el centro de la escena pública el debate sobre qué tipo de Corte Suprema es preciso auspiciar para garantizar la genuina independencia de la justicia. A un año de cambio de gobierno, dado que se deberá elegir un/a nuevo/a presidente en Octubre de 2015, se dejaron oír voces tanto desde el arco político opositor como desde algunas organizaciones de la sociedad civil sobre la pertinencia de que el oficialismo impulse el nombramiento de nuevos miembros. En este contexto, el presidente de la SCJN, Dr. Ricardo L. Lorenzetti, aclaró públicamente que la SCJN puede funcionar perfectamente con cuatro miembros y se hace innecesario cualquier intento de cubrir rápidamente la vacancia. Toca primero las audiencias públicas, las oposiciones y sobre todo en esas rondas, la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Otro organismo clave para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, es el Consejo de la Magistratura federal (en adelante CMF), cuyo funcionamiento se vio trabado por un debate político dado que, el avance de causas penales en el fuero federal contra el Vicepresidente de la Nación y otros funcionarios de jerarquía del gobierno, desató una serie de pedidos de jury de enjuiciamiento contra los jueces actuantes. La Ley 24.937 |1| que reglamenta el funcionamiento del CMF, sufrió desde su implementación varias modificaciones. A raíz de la actual crisis, fue nuevamente modificada mediante la Ley 26.855 |2| cuyo art. 3º causó otro debate. Finalmente se llegó a un acuerdo y el 18 de Noviembre, el Presidente de la CSJN tomó juramento a los nuevos miembros del CMF con mandato hasta el año 2018. Al momento de elegir la presidencia del cuerpo, se suscitó una nueva controversia dado que recayó en la Dra. Gabriela Vázquez, perteneciente a una agrupación política del partido gobernante. Se realizó una presentación judicial por este tema, sin que hasta el cierre del presente informe haya prosperado. Como se puede observar la pelea por la autonomía de la administración de justicia es ardua, va en sordina y genera no pocos vaivenes institucionales.
Un organismo que hace a la defensa de los DD. HH y los derechos individuales es la Defensoría del Pueblo de la Nación, cuya titularidad se encuentra acéfala debido a que cumplió su mandato el Defensor adjunto, quién desde el año 2009 suplía al último titular designado por el parlamento. El oficialismo intentó que la Comisión bicameral del parlamento nacional diera curso a una terna encabezada por un candidato de su mismo signo político. Ante las protestas de las Organizaciones de la sociedad civil y de varios parlamentarios de la oposición, se propuso modificar la ley que reglamenta tanto el nombramiento como el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, cuestión que generó otro debate, finalmente frente a estas circunstancias, el oficialismo trabó (al no concurrir sus miembros a la Comisión bicameral ni convocar a reuniones) el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo. En estas circunstancias un grupo de cinco organizaciones de la sociedad civil se presentaron en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) del 28 de octubre donde expusieron sobre el impacto para la vigencia de los DD. HH en Argentina la falta de designación del Defensor del Pueblo. En ese marco expusieron ante los Comisionados, los representantes de las organizaciones peticionarias y del Estado Argentino. Esas mismas organizaciones enviaron una carta al Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, Senador Marcelo Fuentes, en la cual manifiestan su profunda preocupación por el proyecto de ley en virtud del cual se propone la modificación del artículo 13 de la ley 24.284 "Defensoría del Pueblo", respecto del procedimiento para designar a un Defensor Adjunto. Dicho proyecto de ley formula que en los casos de cese de funciones del Defensor del Pueblo "la Comisión Bicameral podrá designar un adjunto que durará en el cargo hasta la designación del nuevo Defensor del Pueblo" |3| El OIP adhirió a esta postura y envió una nota en ese sentido, tanto a las organizaciones de la sociedad civil como al Sr. Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El 27 de Mayo se conoció que la SCJN declaró constitucional el sistema de reincidencia. Avaló esa figura que está prevista en el Código Penal. Ocurre tras la polémica por el proyecto de reforma, que propone suprimirla.
La lucha contra el crimen organizado y el avance del narcotráfico ha merecido sendas reflexiones en público del presidente de la CSJN |4|, a lo que la respuesta de parte del gobierno no se hizo esperar. En efecto, El Secretario de Seguridad de la Nación Dr. Sergio Berni estuvo a cargo de comentar los dichos del presidente del máximo tribunal de la Nación |5|
En este sentido el Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina (en adelante OIP) en relación a la denuncia sobre los hechos de inseguridad denunciado el ppdo. Mes de noviembre de 2013 acaecidos en la villa de emergencia denominada La Carcova del Pdo. De San Martín y que describía el accionar de bandas de distribuidores de estupefacientes disputando territorio y enfrentándose a los balazos, poniendo en riesgo a los habitantes del lugar, debemos informar que no hubo novedades, hemos preguntado al diputado provincial Ricardo Vago si fue citado como testigo, como así mismo al Escribano A. Cartañá quienes nos han informado que no han sido citados por lo que es pertinente deducir que la fiscalía tiene la denuncia paralizada.
El debate entre el gobierno nacional y algunas provincias por el enfoque sobre la lucha contra el narcotráfico y el auxilio federal a dichas provincias fue la constante durante el año 2014. Tal como lo mencionáramos en el informe del anterior, la política del gobierno central en la materia es errática y en forma persistente deslinda la responsabilidad de la penetración del narcotráfico en los gobernantes y funcionarios provinciales, lo que genera una continua disputa, a todas luces inconducentes. El cabal cumplimiento de los preceptos constitucionales, como el entendimiento o acuerdo de cooperación interestatal es la vía necesaria a transitar.
El mecanismo de prevención contra la tortura, es decir de seguimiento de la Convención contra la Tortura, Tratos crueles y/o denigrantes, no sido instrumentado. Esta situación ilustra la poca voluntad política de parte del oficialismo para el cumplimiento cabal de la ley a favor de la vigencia de los DD.HH. Esto es así debido a que dominan con amplia mayoría ambas cámaras parlamentarias.
El Secretario de Seguridad de la Nación, Dr. Sergio Berni, generó una polémica acerca de extranjeros que cometen delitos en el país. En efecto, luego de la detención de una banda de colombianos (que se dedicaban al arrebato en la vía pública en motocicleta) expresó públicamente que había gente que ingresa al país con el expreso interés en cometer delitos y luego retirarse. Que esas personas al ser aprendidas deberían ser expulsadas del país sin más trámites para lo cual solicitaba al parlamento un cambio de leyes |6| La realidad es que de acuerdo a las estadísticas oficiales sólo el 7% de la población penal en Argentina son extranjeros.
El 1º de diciembre tomó estado público el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo en un caso por el trabajo de los presos. Lo resolvió la Sala II del máximo tribunal penal. La Cámara equiparó los derechos laborales de los presos a los del trabajo libre. Fue ante una presentación de la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación |7| Del debate en los medios masivos de comunicación participó el OIP que manifestó que el fallo se ajusta a derecho y está en línea con el fallo de la CSJN del 2011 que sostuvo que no podía descontarse del peculio el importe de manutención ni alegarse este último para no entregar el peculio.
Una información que proviene del ámbito académico pone en evidencia la gravedad de la situación de las personas privadas de su libertad y la falta de políticas públicas de mediano y largo plazo que revierta el estado de situación. El 50 por ciento de la población carcelaria tiene menos de 32 años, y la mitad de los internos no asistieron a la escuela o sólo llegaron a cursar el nivel primario, según un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero presentado el 11 de Septiembre |8|
Situación de los menores de veintiún años en el Sistema Penal Argentino
La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamentó la trágica muerte de un menor de edad interno por decisión judicial en el Instituto Luis Agote, en Buenos Aires. Según la información recibida por el ACNUDH, el adolescente de 17 años (que tenía antecedentes psiquiátricos) falleció tras sufrir quemaduras en casi el 80% de su cuerpo, a raíz de un incendio en la celda de aislamiento donde se encontraba |9|
El 12 de noviembre pasado se promulgó la ley 27.005 por la cual Argentina aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2011. El Tercer Protocolo Facultativo establece el procedimiento de comunicaciones individuales que permitirá a cualquier persona o grupos de personas presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas por vulneraciones de los derechos humanos de la niñez cometidas por el Estado argentino |10|.
La adecuación del régimen de responsabilidad penal juvenil, a los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño es una deuda pendiente en nuestro país.
El desafío es avanzar hacia la aprobación de una legislación específica que contemple y garantice los derechos y principios fundamentales incluidos en nuestra Constitución Nacional, en los Tratados, Convenciones y Reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que promueven la protección integral de la niñez y la adolescencia.
El OIP lamenta informar que durante el año 2014 este tema quedó pendiente, a pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales y de las peticiones realizadas por las organizaciones de la sociedad especialistas en la materia. En efecto, el hecho relatado en supra revela hasta qué punto el discurso garantista del Poder Ejecutivo y de gran parte del Judiciales se ve desbaratado por hechos como los referidos y mantienen el status quo en materia de prevención y represión a la delincuencia. La diputada Carla Carrizo realizó un pedido de informes sobre este hecho. |11| En el año 2008, la Secretaría Nacional de Infancia, Adolescencia y Familia (SENNAF) y el Ministerio de Desarrollo Social informaban que el Estado argentino había dejado atrás viejas prácticas como las del patronato en políticas de infancia, dando lugar a una nueva institucionalización, el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes seis años después se sigue sin legislar para hacer realidad los dichos.
La denuncia del abogado Dr. Emilio García Méndez, acerca de la posición del ex miembro de CSJN, Dr. Eugenio Zaffaroni, muestra el accionar de los referentes del actual gobierno: redactó junto a su entonces colega Carmen Argibay Molina (fallecida en mayo pasado) "uno de los fallos más vergonzosos de la historia de la Corte" |12|, declarando constitucional el régimen penal de minoridad denominado "Régimen penal de la minoridad", establecido por un decreto, el nº 22.278 de 1980, que tiene la firma de Jorge Rafael Videla, uno de los Comandantes de la dictadura de 1976. Establece dos categorías. Una, de 16 a 18 años no cumplidos son "relativamente imputables" y otra para los menores de 16 años. A estos menores, se les hace un proceso, pero la sentencia y la pena no se fijan hasta que cumplan los 18 años. Entre tanto, están en una suerte de de zona gris; el decreto ordena un tratamiento tutelar por un año como mínimo, al cabo del cual el juez decide si continúa o no. En la práctica, si son pobres, van presos a algunos de los llamados institutos. Si son de clase media van al psicólogo dos veces. El juez considera si el tratamiento tutelar da resultado y se los puede devolver a los padres. Si son de clase media, tienen recursos para el tratamiento y garantizado el a resultado; si no, nunca da resultado |13|.
1.Situación de los Menores en conflicto con la ley penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De acuerdo a los datos proporcionados por la ex Asesora del Ministerio Público Tutelar (MPT), de la Ciudad A. de Buenos Aires están institucionalizados 1.046 niños, los cuales permanecen en promedio dos años viviendo en albergues. Esta información oportunamente la proporcionó a la Legislatura de la Ciudad. El OIP realizó una comparación de cifras de los niños institucionalizados en años anteriores y la conclusión es que: egresan aproximadamente el 25% anual y rápidamente se vuelve a la cifra anterior. Se trata de un mecanismo que atenta contra la genuina posibilidad de que el niño que ha institucionalizado tenga una rápida resolución del conflicto que lo llevado a esa situación con todos daños que conlleva el aislamiento social.
El 11 de julio la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - sala 5 CCC 57444/2013/ca1 "legajo tutelar de l. j. m." m.1/2; mb/42 A fs. 368; El juez de Menores Alejandro Martí Garro no hizo lugar al traslado y realojamiento del menor L. J. M. por el Defensor ad-hoc de la D.G.N, Gustavo Oreste Gallo. Dicha decisión fue recurrida por el mencionado letrado a través del recurso de apelación deducido a fs. 372/75, motivando la intervención de la Cámara. A la audiencia prevista en el art. 454 del CPPN concurrió el Dr. Gallo, a expresar agravios. Finalizada su exposición, el tribunal deliberó en los términos del art. 455 de ritual. De acuerdo a las particularidades que evidencia este caso en concreto, y habida cuenta lo expuesto por el Defensor de Menores en la audiencia, la decisión de mantener alojado al niño M. en el Instituto San Martín se confirmó |14| De la resolución se desprende que el niño L. J. M permanecerá en un lugar de total encierro por su reiterancia a el consumo de estupefacientes y fugas. Cabe preguntarse sobre la idoneidad de los profesionales tratantes y el ambiente al que es reiteradamente devuelto el menor.
Braian Ayabarri y Jonathan Mareco: de 16 y 17 años respectivamente, fueron asesinados el 8 de agosto en la villa 20 de Lugano, de la Ciudad, con disparos realizados a quemarropa por la policía federal que realizaba un supuesto operativo, en el que resultaron heridas otras personas, algunas con heridas de gravedad, las que fueron trasladadas a los hospitales Piñeyro y Santojanni |15|
Fernando Stall: 17 años de edad, muere a manos de la policía a fines de setiembre cuando llega a Piedrabuena conduciendo una camioneta rumbo al barrio Carlos Múgica. Recibe la voz de alto, y de acuerdo a los testigos levantó las manos y le disparan siendo conducido al hospital Santojanni donde fallece.
Diego: 17 años, apareció muerto en el instituto Agote a principios de diciembre. Al momento de su fallecimiento estaba en una celda de aislamiento. Este procedimiento, el aislamiento, está claramente prohibido por la convención y demás tratados internacionales. Tanto la SENAF como la Cámara de Casación impide la supervisión y monitoreo de la condiciones de detención de los jóvenes privados de libertad en institutos.
2. En la Provincia de Buenos Aires
El registro estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA), permitirá digitalizar todos los legajos de los jóvenes así como las intervenciones que se realicen, lo que se estima favorecerá el acceso a estadísticas y la comunicación entre los distintos dispositivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Incluirá la información de los 13 centros cerrados, los 6 centros de recepción, los 10 centros de contención y los 21 centros de referencia que actualmente hay en la provincia.
Se firmó un nuevo acuerdo entre la Secretaría de Niñez |16| y Adolescencia y la Subsecretaría de Adicciones del Ministerio de Salud cuyo fin es el abordaje y tratamiento de las adicciones en los centros cerrados. De acuerdo a un informe dado a conocer en junio, el 50% de los jóvenes alojados en estos centros, están en tratamiento por consumo de estupefacientes. El tratamiento que se realiza comienza de la misma manera que para aquellos que no están privados de la libertad, a partir de un pedido de ayuda y un diagnóstico individual para determinar el tratamiento a seguir. la Secretaría de Niñez y Adolescencia firmó distintos convenios con empresas para que los jóvenes se capaciten y trabajen extra muros, dando a conocer que 43 jóvenes alojados en centros cerrados de la ciudad de La Plata habían comenzado a insertarse socialmente y que 7 de ellos ya trabajaban en las empresas, contando con la correspondiente autorización judicial. Del resto, una cantidad considerable realizan distintas tareas en los emprendimientos intramuros que detalláramos en nuestro informe 2013.
Las condiciones de detención siguen sin respetar las normas internacionales y la legislación interna. Un caso emblemático es el del Instituto Almafuerte, que cuenta con 25 habeas corpus presentados por denuncias de torturas, hacinamiento, penas crueles inhumanas y degradantes. Uno de ellos es el que presentó el ex defensor penal juvenil, Julián Axat. En el mes de noviembre, el Tribunal de Casación resuelve condenar a la provincia de Buenos Aires a cumplir una serie de pautas |17|
La defensora penal juvenil del Departamento de Azul, presentó un habeas corpus a favor de los menores de edad que se encuentran alojados en el centro cerrado Leopoldo Lugones. En el mismo se detalla que de los tres pabellones que se cuenta, uno está clausurado al igual que el área de recreación cuyo techo está en pésimas condiciones |18|
En el mes de noviembre la Comisión Provincial por la Memoria presentó una denuncia ante la justicia por las pésimas condiciones de detención existentes en el centro cerrado de Virrey del Pino, distrito de La Matanza, donde a raíz de dicha situación, los internos realizaron una huelga de hambre |19|
La junta interna de ATE (asociación de Trabajadores Estatales) presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia por la violación de los derechos de chicos y adultos en los institutos y hogares estatales |20|
La Defensoría de Casación, representada por Mario Coriolano elevó sendos informes a la Procuración de la Suprema corte de Justicia. En los dos últimos hace un relevamiento de las denuncias existentes tanto en el Sistema Penal Juvenil como en el de adultos. Abarca el período comprendido entre el 11-9-2013 a 10-3-2014 en el que hubo un total de 267 casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. De este total el 16,5% (44 casos), las víctimas son menores de edad de los cuales 35, el 79,5%, fueron informados a los integrantes del fuero y los restantes fueron denunciados bajo secreto profesional. En general el maltrato se produjo en el momento de la detención y/o alojamiento preventivo y fueron golpes de puño, cachetazos, patadas, cortes. El informe que abarca desde el 11-3-2014 al 10-7-2014 cuenta con 515 hechos, de ese total 100 son niños, niñas y jóvenes |21| La cantidad de casos supera la capacidad de enumerarlos, sólo a los fines de ilustrar el presente informe, se ha seleccionado algunos |22|
Alejandro Chazarreta fue detenido el 29 de abril por personal del destacamento de Pompeya en Merlo. Al enterarse su madre de esta detención, concurre a la seccional encontrándolo muy lastimado a raíz de la golpiza que le propinaron |23|
Michel Alberto Suarez (apodado "Noa"), aparece muerto en una celda de la comisaría 2ª de Quequén, Necochea el 6 de diciembre, tras ser apresado por romper una vidriera. Su cuerpo aparece colgado aparentemente con los cordones de sus zapatillas. Si bien se trató de hacer aparecer su muerte como suicidio, todo hace suponer que fue asesinado |24|
La policía bonaerense sigue ejerciendo una violencia indiscriminada en la represión de supuestos o reales actos delictivos, su accionar recae casi siempre sobre adolescentes y jóvenes de condición social vulnerable. Los casos que se seleccionó y se expone a continuación ilustran la política de seguridad basada en la impericia y la represión y muy poco cuidadosa del respeto por los DD. HH.
Yanela Ayelén Yoryevich de 16 años de edad, miembro de la comunidad gitana de la localidad de José Mármol, distrito de Almirante Brown fue baleada el 16 de abril por Sergio Gómez, oficial de la policía bonaerense |25|
Un joven de 17 años de apellido Sosa fue asesinado por un policía de la federal el 28 de junio en el barrio Mariano Acosta del partido de Merlo. El policía lo confundió con un ladrón |26|
Sabrina Olmos se encontraba en el patio de su escuela, Félix Burgos, en la calle Monseñor Tomás Solari de la ciudad de Morón cuando se produce un tiroteo entre policías y asaltantes, una de las balas impacta en Sabrina y le provoca la muerte |27|
El domingo 26 de mayo entre las 19 y las 23 horas, efectivos de la comisaría 1ª de Pergamino reprimieron violentamente a diez niños y jóvenes de entre 10 y 17 años con balas de goma, deteniendo a tres de ellos |28|
En el mes de junio, dos policías de la comisaría 7ª de Mar del Plata ingresaron armados a una escuela cuando perseguían a dos jóvenes de 15 y 17 años. El personal docente debió intervenir ante la violencia de los uniformados |29|
Miguel Escatolini fue baleado a los 14 años de edad por dos policías el día 9 de noviembre a las 23 horas, en el distrito de Lanús. Recibió tres disparos y falleció mientras era trasladado al hospital Evita |30|
El 12 de noviembre a las 22 horas, una chica de 15 años muere en Quilmes y otros dos jóvenes fueron heridos y detenidos por un alerta de robo que habían recibido en el 911, por lo cual varios patrulleros del Comando de Prevención Comunitaria se dirigieron a la zona |31|
El último fin de semana de noviembre, un grupo de jóvenes vecinos del Barrio "Las Tunas" de Tigre, entre ellos dos estudiantes del bachillerato "Raíces", fueron brutalmente agredidos por personal policial cuando salían de un boliche bailable, a los golpes y con balas de goma |32|
Los casos antes relatados tienen investigaciones largas y plagadas de dificultades por tratarse de casos en que intervienen fuerzas de seguridad. El caso de Luciano Arruga |33| recién tuvo resolución parcial al encontrarse su cadáver enterrado como NN en el cementerio del barrio de Chacarita, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deberá investigar la cadena de responsabilidades institucionales que llevó a que su muerte fuera seis años oculta. Luego de 6 años, en el mes setiembre, la familia del adolescente Christofer Damián Torres asesinado en 2008 cuando tenía 17 años, logró que la justicia efectivizara la detención del teniente 1º. de la Bonaerense Luis O. Ayunta, integrante del grupo Halcón, condenado a 12 años de prisión en 2011, con sentencia confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
Un tema que genera preocupación en el ámbito de los defensores de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes son las fugas de los Centro de Recepción. En efecto, los tres casos que se citan a continuación evidencian la poca contención que se les proporcionan a los allí alojados, como así mismo el alto riesgo ambiental en el que están socialmente toda vez que allegados a los jóvenes intentan su fuga, sin que a las autoridades les cause interés de reveer la praxis.
A fines de mayo cuatro jóvenes se fugaron del centro de recepción de la ciudad de La Plata luego que un grupo de personas irrumpiera armado violentando la puerta de acceso, logrando reducir al personal |34|
El 14 de julio tres adolescentes se fugaron del Centro de Recepción de la localidad de Abasto, luego de provocar disturbios.
En el mes de diciembre se produce una fuga en el Centro de Recepción de Menores de Lomas de Zamora |35|
3.- En la Provincia de Catamarca
En Catamarca son demasiado frecuentes las denuncias por apremios ilegales o brutalidad policial. La Justicia aún debe esclarecer si el joven Diego Pachao murió o no a causa de una golpiza en la comisaría Séptima. En cuanto a condenas por hechos de malos tratos, torturas o abuso de armas de fuego: los policías Armando Ronald Aragón y Jorge Abel Romero fueron condenados a la pena de prisión perpetua por el crimen de Félix Nicolás Videla, hecho que fue finalmente calificado como "tortura con resultado de muerte". También, aunque la víctima finalmente salvó su vida, la condena del sargento Américo Maturano, quien purga dos años de prisión en suspenso por disparar en la espalda a un motociclista que no acató la voz de alto. Una de las deudas pendientes es la democratización de las fuerzas de seguridad y la profesionalización de sus procederes.
4.- En la Provincia del Chaco
En la Provincia de Chaco durante el presente año pudimos constatar que hay alrededor de 14 menores alojados en la Aldea de Tres Horquetas. A fines del mes de Enero el Subsecretario Juan de la Cruz González visitó Aldea de Tres Horquetas. El objetivo de la visita fue tomar contacto con el personal penitenciario que cumple funciones en ese lugar, con los profesionales y con los propios menores que allí se encuentran alojados y sí lograr recoger las inquietudes de todos los actores y de a poco ir solucionando los problemas que se puedan plantear |36|
Alojados en otros lugares: Procesados: 51, entre 18 a 20 años y condenados 35, entre 18 a 20 años.
En cuanto a la violencia policial sigue siendo una deuda pendiente a subsanar por el Estado provincial y que sigue cobrándose vidas.
Víctor Hugo Cindrich: 18 años, fue muerto a golpes por la policía en el mes de septiembre. El joven fue detenido por un patrullero en la casa de su tía tras mantener un altercado con un vecino, circunstancias en que fue golpeado |37|
5.- La Provincia de Chubut
No se registran novedades en relación al informe 2013. Los adolescentes institucionalizados no gozan de mejores tratos que los descriptos en dicho informe.
6.- En la Provincia de Córdoba
La violencia policial para con los jóvenes en la provincia no ha disminuido. Por el contrario, hechos como los que se describen a continuación, muestran que la policía como institución no se ha instruido acorde a los derechos fundamentales que les asisten a todos los habitantes y en especial el tratamiento que se les debe proporcionar a los jóvenes y adolescentes. Así, el 14 de Septiembre marcharon por las calles de la capital cordobesa, para protestar contra lo que califican como "políticas represivas" propias de la "época de la dictadura" que impulsa el gobierno de José Manuel de la Sota. "Estamos padeciendo una política represiva. Es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo y estuviéramos en la época de la dictadura. La Policía hace exactamente lo mismo que en esos años con todos los jóvenes" |38|
Lautaro Torres: tenía 16 años cuando fue fusilado por la policía de Córdoba el 13 de abril, impactando 4 disparos en su espalda. Los disparos los efectuó una mujer policía |39|
Ezequiel Ávila: A mediados de abril del presente año (de acuerdo a la denuncia de su familia), es retirado de su casa violentamente por efectivos policiales, ferozmente golpeado cuando ya tenía las esposas y llevado en un patrullero |40|
Alberto Fernando Pellico (apodado Were) y Maximiliano Peralta: de 18 y 17 años respectivamente, el 26 de abril a la madrugada en el barrio Los Boulevares, cuando iban a un comercio a comprar gaseosas para un asado que estaban realizando, fueron baleados por dos policías |41|
Ezequiel Barraza: Joven de 20 años, vivía en el barrio 1º. De Mayo de la Ciudad de Córdoba y el 23 de mayo el suboficial Pablo Álvarez de la división homicidios de la policía local, le disparó impactándole en el abdomen, herida que le provocó la muerte a pocas horas, cuando estaba internado en el hospital |42|
Cristian Guevara: 18 años, había sido detenido el 16 de junio imputado de intentar arrebatar una cartera. Horas después apareció muerto en una celda de la comisaría del barrio Los Naranjos |43|.
Gastón Liendo: 17 años de edad, regresaba en la madrugada del domingo 6 de julio de bailar junto a un grupo de amigos a bordo de una camioneta y al llegar al Barrio San Vicente se cruza una moto donde iba el cabo de la policía Pablo Bordonaro, lo que provoca una discusión. Saca su placa, desenfunda su arma y comienza a perseguir a tiros a los jóvenes recibiendo la camioneta en la que iban siete impactos de bala. Cuando la camioneta se detuvo, el policía disparó contra el parabrisas |44|
Ariel Hilves: el sábado 27 de setiembre junto a su hermano y un amigo fuero a bailar a un establecimiento en Justiniano Posse, Ciudad de Córdoba. Lugar de estar un tiempo en el lugar, uno de los jóvenes salió y cuando intentó ingresar nuevamente un policía se lo impidió y lo roció de gas pimienta, cuando Ariel y su hermano intentaron defenderlo, fueron también detenidos |45|
El 23 de septiembre, en el comedor del pabellón B1 del Modulo MX1 de Bouwer, fue asesinado durante el almuerzo Gonzalo Calderón. El chico de 20 años estaba preso desde diciembre, por robo calificado. A su pedido, esa mañana había sido trasladado al sector donde finalmente murió, apuñalado durante una riña que duró un minuto. Hay cuatro presos imputados. Calderón tenía buena conducta.
Gastón Albelo: 20 años de edad. Su padre denunció que el 5 de octubre cuatro policías de la comisaría de General Cabrera, golpearon hasta dejar hospitalizado a su hijo. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la discoteca donde pensaba concurrir con amigos, siendo interceptados por policías que lo golpearon con la excusa de que Gastón los había ofendido. El 23 de Mayo fue encontrado en la localidad de San Francisco, un joven en plena vía pública, "crucificado" acusado de ser ladrón. Fue encontrado cubierto totalmente de cinta de embalaje y con un cartel pegado con la leyenda "No robarás" |46|
7.- En la Provincia de Corrientes
Los casos que se relatan seguidamente ponen en evidencia una policía violenta en la provincia, poco preparada para reprimir el delito con respeto por las garantías constitucionales. En otro orden las mismas garantías se ven lesionadas con praxis inadecuadas o negligentes en el ámbito de la institucionalización de Niños, Niñas y Adolescentes.
Oscar Alfredo Fernández: 19 años, muerto el 24 de agosto por un tiro en un ojo. La versión policial dice que su muerte fue producto de un "brutal enfrentamiento" entre dos grupos de jóvenes en el Barrio Trujillo y que si bien Fernández no había participado sino que estaba observando los hechos, recibió el impacto |47|
Micaela Romero: 13 años de edad, es encontrada muerta el 24 de setiembre en Corrientes. Se había fugado de su casa. La madre hizo la denuncia en la comisaría del Menor, la Mujer y Asuntos Juveniles. |48| Luego de la muerte de Micaela el 1 de noviembre La jueza de Instrucción Nº 1, Norma Beatriz Agrasso, hizo lugar parcialmente a la presentación efectuada por el abogado Hermindo González y libró oficio a los centros de alojamiento transitorio de menores (comisarías de la Mujer y el Menor, 7ª y 9ª, institutos Pelletier, María de Nazaret, Miguel Magone, Providencia Divina, Sagrado Corazón y Tía Amanda), para que extremen los recaudos necesarios y garanticen a los menores condiciones dignas de alojamiento acordes a su edad y a la situación particular (motivo) de su estadía |49|
8.- En la Provincia Formosa
La violencia policial en la provincia se manifiesta en toda su virulencia en los barrios humildes y muy particularmente en las comunidades aborígenes y sus adyacencias. Impera un verdadero prejuicio étnico y de clase que ha tomado estado público pero que no parece hacer mella en el propósito político de la actual gobernación, en manos del Sr. Gildo Insfrán, quien continúa aplicando el concepto de "mano dura" en ese sector social vulnerable |50|
El Centro de Atención Juvenil (CAIJU) que aloja a los Niños, Niñas y Adolescentes institucionalizados en la provincia es motivo de reiteradas acordadas del Superior Tribunal de la provincia. En efecto, a la Acordada 2747 del año 2013, le sigue la acordada 2812 |51| donde se reitera la necesidad que el Sr. Juez de Minoridad constate fidedignamente las condiciones de alojamiento de los alojados en ese establecimiento e informe al Superior Tribunal. Este Juez sostiene polémicas ideas acerca de la conveniencia de dictar prisión preventiva a los menores en lugar de alojarlos en Institutos hasta tanto se determina el tratamiento a seguir de acuerdo con el conflicto que lo enfrentó a la ley penal. |52| El CAIJU entró en conflicto laboral a fin de año cuando ocho empleados de basta experiencia en la institución se vieron desvinculados de sus contratos laborales. Los gremios que defienden los derechos de estos trabajadores, acusan al gobierno provincial de avanzar en la baja de la edad de la imputabilidad y querer dejar fuera justamente a quienes por su trayectoria estarían en condiciones de refutar sus argumentaciones |53|
9.- En la Provincia de Jujuy
Existen tres centros de alojamiento de menores de 18 años en conflicto con la ley penal. Dos en San Salvador de Jujuy y uno en San Pedro. No registran cambios en relación al informe 2013.
10.- En la Provincia de La Pampa
Demián Marsero: El 12 de febrero en Santa Rosa, La Pampa, cuando trataba de ingresar al local bailable "Kryon", un patovica (custodio del local) le impidió la entrada, motivo por el cual se dirigió al dueño del local para presentar su queja, cuando una mujer policía que estaba de escolta, lo agredió con gas pimienta llamando a efectivos de la unidad anti disturbios, los que le propinaron una golpiza |54|
11.- En la Provincia de Mendoza
Nicolás Barrera: tenía 16 años y era estudiante secundario, vivía en la localidad de Godoy Cruz cuando el 20 de marzo el policía José Castro lo mató por la espalda en un descampado del monte de la ciudad. La versión del policía es que iba de civil, cuando fue asaltado por dos jóvenes identificando a Nicolás como uno de ellos, y que en el intento de defenderse habría disparado dos veces |55|
Ezequiel Gabriel Franco: 16 años, apareció ahorcado en un árbol en General Alvear en agosto. En un primer momento su muerte no trascendió, hasta que las pericias realizadas apuntan a la policía de Mendoza. Horas antes de encontrarse su cuerpo había sido detenido y posteriormente internado con graves heridas en todo su cuerpo, con lesiones típicas de una feroz paliza que se sospecha realizaron los policías. Un día después, aparece colgando de un árbol |56|
Jesús Amaya: El sábado 4 de octubre, estaba en la puerta de su casa cuando se origina una pelea entre un grupo de jóvenes que no estaban con él. Se hace presente la policía y comienza a reprimir violentamente. Jesús, 19 años, recibe golpes que le afectan gravemente en la nariz. Ingenuamente decide realizar la denuncia policial, se dirige a la comisaría de la zona donde lo detienen y le arman una causa por atentado y resistencia a la autoridad.
Braian Cuello: vivía en San Martín, tenía 17 años y el 10 de octubre fue asesinado en momentos en que la policía realizaba una razzia en el barrio donde vivía el joven. El subcomisario Marcelo Gatica fue el autor de los disparos e increíblemente fue declarado inimputable |57|
Brian Puebla: de 17 años de edad, fue encontrado muerto el 2 de diciembre a las 18,20 horas en una celda de la comisaría de Rivadavia, en el este de la provincia. El cuerpo sin vida del joven fue encontrado por la guardia en una ronda de rutina. Según el informe oficial, se trató de un suicidio, se habría ahorcado con una frazada. El joven había sido detenido conduciendo una motocicleta robada.
La cuestión que vuelve persistentemente al tapete es la salud mental de los agentes del orden. El episodio que relata a continuación confirma la necesidad de atender este ítem.
María Gabriela Fernández y un niño murieron durante un enfrentamiento entre policías del mismo cuerpo al que pertenecía. El niño sería familiar de Fernández |58|
12.- En la Provincia de Misiones
La violencia policial no ha disminuido en relación al informe 2013. La situación de los Niños, Niñas y Adolescentes institucionalizados, jurídicamente dará un paso al frente en relación a la situación actual a partir de una iniciativa legislativa que propone un cambio sustancial en la materia. En efecto, después de un informe realizado por la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban treinta menores que residían en un hogar convivencial de Posadas |59| (que no tenían control ni seguimiento del Ministerio de Desarrollo Social, ni del Poder Judicial a través de los Juzgados de Familias que los "depositan" en esos lugares) y tras el debate generado posteriormente que derivó en pedidos de informes a los titulares de la justicia misionera, finalmente se presentaron distintos proyectos de ley centrados en velar por los niños en hogares convivenciales de la provincia |60|
13.- En la Provincia de Neuquén
A comienzos de Julio las madres de dos jóvenes asesinados por efectivos policiales en Neuquén, dieron sus testimonios durante una audiencia pública realizada en el Congreso Nacional sobre casos denominados de "gatillo fácil". Tanto Liliana Silva como Elizabeth Hernández se refirieron a cómo efectivos policiales mataron a balazos a sus hijos Matías Casas (de 19 años) y Brian Hernández (un niño de apenas 14). El primer episodio ocurrió en julio de 2012 y el segundo en diciembre del mismo año. Ambos en Neuquén capital. También expuso Ivana Dal Bianco del CeProDh neuquino, quien como abogada logró que en juicio por jurados, por unanimidad, se declare al policía Héctor Méndez culpable por el homicidio de Casas (aún falta la pena). Por el asesinato de Brian fue condenado a cadena perpetua el agente Claudio Salas.
14.- En la Provincia de de Salta
Hace un año un policía disparó por la espalda de Juan Estrada. Hoy el joven está parapléjico y el efectivo en libertad. Este es el caso de gatillo fácil que retrata el accionar policial en las barriadas salteñas |61|
Fue habilitado en Orán el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Juan Pablo II. El nuevo edificio, con capacidad para 24 menores, alberga a 12 jóvenes que reciben la atención profesional de un equipo interdisciplinario. El director General de Justicia Penal Juvenil, Pablo Federico Nieva puntualizó que el centro cumple con todos los requisitos exigidos por la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes |62|
15.- En la Provincia de Santa Fe
Un policía de la provincia fue detenido el 29 de Enero luego de que una mujer denunciara la desaparición de sus cuatro hijos. Había dejado a los menores bajo el cuidado de su abuela y cuando regresó a su hogar junto a su esposo, los chicos ya no estaban. Inmediatamente, se dirigieron a la comisaría N°8 del barrio Esmeralda de la capital santafesina y denunciaron la desaparición. Durante su declaración, la mujer involucró a un hombre de 40 años, agente de la Agrupación Unidades de Orden Público de la Policía de Santa Fe. La causa quedó en manos de la División Judicial de la Unidad Regional I, quienes iniciaron la investigación en el domicilio del policía involucrado |63| El caso que se relata seguidamente pone en evidencia la vulnerabilidad de los niños y niñas en barriadas donde opera el narcotráfico.
En Balcarce 5957 la policía desbarató un espacio donde se vendía droga. El 27 de Agosto se allanó un pasillo, donde alguna vez había funcionado una construcción del tipo denominada "bunker", que luego fue derribada por las autoridades. Sin embargo, allí el expendio seguía bajo otra modalidad. Lo más llamativo: la persona que entregaba los estupefacientes era una niña de 14 años. Así, por orden del Juzgado Federal Nº 4, con asiento en Rosario, la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones provincial demoró a la adolescente de 14 y detuvo a tres hombres en el marco del allanamiento llevado a cabo durante la tarde en el barrio Las Delicias |64|
Durante presente el año murió alrededor de 153 jóvenes y fueron heridos |65|, victimas de violencia producida en disputas barriales por distribución de drogas, ajustes de cuentas y diferencias vecinales en la ciudad de Santa Fe y alrededores65. Si bien hay un leve retroceso de la cantidad en relación a las cifras oficiales del 2013 (donde el epicentro de los homicidios era el Gran Rosario), el nuevo fenómeno es que parece ser que se está desplazando la violencia desde las periferias de Rosario hacia la capital de Santa Fe. La edad de las victimas es de 15 a 24 años. En tanto en Rosario y alrededores, las victimas fueron 247. Tal como citáramos al principio del presente informe, la política nacional en la lucha contra el narcotráfico es errática y de poca colaboración a los gobiernos provinciales de signo político diferente al federal, así el estado de cosas, el Ministerio de Seguridad Nacional envío las fuerzas de Gendarmería a la provincia, lo que obligó a desplazarse temporariamente a los narcotraficantes a ciudades pequeñas que comenzaron a sufrir violencia hasta el momento inédita. Las tropas fueron retiradas a fin de año en medio de un cruce verbal entre funcionarios provinciales y el funcionario federal, iniciado por este último al acusar a las autoridades provinciales por el estado de situación.
16.- En la Provincia de San Juan
La situación de los Niños, Niñas y Adolescentes en la provincia no registra novedades en relación al informe 2013.
17.- En la Provincia de Tucumán
El 20 de Julio a la noche Adrián Astorga, de 16 años, murió luego de recibir un disparo en la nuca, en un presunto caso de "gatillo fácil" Familiares de la víctima dijeron que volvía de una fiesta cuando ocurrió el hecho, y los acusados alegan que hubo un robo |66|
El treinta de Septiembre apareció un video donde se podía ver un policía torturando un joven en una comisaria de la provincia. Las imágenes duran 1.30 minuto y en ellas se observa cómo el hombre con uniforme de la Policía levanta de los pelos al detenido y lo lanza de cara al suelo en reiteradas ocasiones. Posteriormente, le pide que imite el sonido de distintos animales mientras lo sacude de los cabellos |67| las imágenes fueron trasmitidas por whatsapp por otro policía que lo había filmado durante la tortura que rápidamente se "viralizó" y cobró estado público.
SITUACIÓN DE LOS ADULTOS EN EL SISTEMA PENAL
1.- Sistema penitenciario Federal
El sistema penitenciario federal adolece de las mismas falencias que se registraron durante el año 2013. En efecto, la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) hizo pública una información más que alarmante. En efecto, a través de su Área de Encierro, relevó los padecimientos de las personas privadas de su libertad en establecimientos carcelarios federales en las cincuenta inspecciones realizadas entre abril de 2013 y agosto de este año. Ante la gravedad de los casos interpuso recursos de amparo, hábeas corpus individuales y colectivos y denuncias penales |68| De las 412 intervenciones que derivaron de la violación a los derechos de los detenidos, la mitad se originó en las inspecciones, en las irregularidades que pudieron constatar los propios inspectores, mientras que el resto fue a partir de denuncias presenciales y telefónicas, y también por correo electrónico. En total participaron de estas inspecciones 20 funcionarios y funcionarias de la Procuvin, que totalizaron 151 participaciones. En 41 de esas inspecciones, estuvieron 119 asistentes de otras instituciones, la mayoría integrantes del Ministerio Público, y en la gran parte de los casos se trató de agentes que ingresaban por primera vez a un establecimiento de encierro. Todas las inspecciones estuvieron signadas por el factor sorpresa, ya que "en ningún caso, se anticipó a la institución a controlar sobre la inspección a desarrollarse", y todas las entrevistas fueron "confidenciales".
La tortura y los malos tratos no es la única cuestión del sistema que los presos deben afrontar. En efecto, Franco Montenegro está detrás de la suerte del hábeas corpus que presentó el defensor general Eduardo Aguirre para que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) ordene la repatriación de los presos pampeanos que cumplen condenas lejos de sus ámbitos familiares y sociales, fuera de la provincia. El joven está alojado en el penal de "máxima seguridad" de Marcos Paz. "Pide plata porque los presos le dicen que sino le va a pasar algo", dice la familia y cuenta su calvario |69|
Por el mismo motivo (entre otros tres casos que se describirán seguidamente) el OIP envío una nota al Sr. Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Julio Alak (fecha 23 de noviembre) En efecto, el padre del joven Mateo Arsenio Fernández refirió a la institución que su hijo estaba siendo extorsionado por otros internos, motivo por el cual la pareja de su hijo había depositado una suma de dinero donde le habían indicado para evitar que Mateo fuera maltratado. Con fecha de 5 de diciembre se recibió entre otras documentaciones, de parte del SPF, copia de un mensaje teletipográfico (con fecha 21 de Octubre), que informa el traslado de Mateo al Penal Nº 2 de Villa Devoto (cuestión que ya era conocida por el OIP e informada en la nota al Ministro) y copia autenticada de un acta donde se le ha hecho escribir a Mateo de puño y letra que actualmente en el pabellón de "convivencia" está muy conforme con el trato. El OIP no tiene información si ha abierto alguna investigación sobre la modalidad extorsiva de convivencia intramuros en el penal federal de Marcos Paz.
En la nota referida in supra se hizo referencia al detenido Lucas Ariel Azcona que a decir de su abogado recibió una golpiza durante su traslado a tribunales a manos de otros detenidos, lo cual resulta inexplicable si se tiene en cuenta que en todo momento debía estar custodiado por los agentes penitenciarios. La respuesta del SPF fue el envío de copia fiel de las actuaciones labradas por la Auditoria interna, de la misma no se desprende ninguna novedad administrativa que presuma aclaración del hecho.
La misma nota hizo alusión a una golpiza por parte de otros compañeros de pabellón, al interno Gastón Andrés Aguirre, la respuesta del SPF fue el envío de copia fiel de las actuaciones labradas por la Auditoria interna y el traslado de las actuaciones al Juzgado federal Criminal y Correccional Nº1 de Lomas de Zamora. En cuanto al interno Leonardo Fariña, que habría sufrido el corte compulsivo de su pelo por parte de otros detenidos, no se labraron actuaciones administrativas ni se presentaron quejas de parte del preso
Juan Carlos Moreno tenía 22 años y estaba detenido en el penal federal de Rawson, cuando fallece el 19 de febrero al serle negado el permiso para ver a su madre que estaba muriendo de cáncer, motivo por el cual se prende fuego siendo trasladado al hospital de Trelew donde fallece debido a la gravedad de las quemaduras que tenía |70|
La U6 de Rawson tiene denuncias que cotidianamente los presos realizan en el Juzgado Federal hay denominadores comunes: apremios ilegales, torturas, vejaciones y malos tratos. También en las declaraciones, los internos aseguran que en muchos casos son provocados para que reaccionen. Hay internos a los que les falta muy poco tiempo para obtener la libertad. Pero son provocados para que reaccionen y entonces, son sancionados. La libertad se demora. Las autoridades federales están sorprendidas porque esta supuesta escalada de violencia comenzó a fines de noviembre pasado y se prolongó hasta febrero. El resultado: dos reclusos muertos en circunstancias poco claras y otros dos con quemaduras. Uno de ellos está grave internado en un instituto cardiovascular de Rawson. Hubo otro herido con arma blanca y varios con golpes en los denominados "días de furia" del 13 y 14 de febrero pasado.
El 10 de marzo personal de la sección requisa del Penal Nº 2 de Villa Devoto, irrumpió en las aulas del Módulo 2 del CENS número 24 (centro educativo) a los tiros. En este brutal procedimiento resultó herido en un ojo un docente, cuya identidad no trascendió, que se viene desempeñando desde hace 3 años en el lugar. Según los alumnos privados de libertad, la requisa entró disparando indiscriminadamente, las autoridades del centro presentaron la correspondiente denuncia e hizo lo propio el gremio ADEMYS.
El viernes 23 de mayo, 30 mujeres alojadas en la unidad 31 de Ezeiza para facilitar el acceso a la salud de los presos imputados de crímenes de lesa humanidad que se encontraban detenidos en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. Violando todas las reglas y a partir de una resolución del Director del SPF, que sostuvo que no se podía permitir el sistema "plazas ociosas", en alusión a que en el penal de mediana seguridad, no hay hacinamiento y disponibilidad de algunas pocas plazas. Compulsivamente, desparramaron a las treinta detenidas por diferentes lugares del sistema, incluso algunas fueron a parar al Complejo federal IV, violando el régimen de progresividad de la pena |71| El OIP de inmediato comunicó esta situación a organizaciones de DD. HH hermanas, con fecha 8 de Julio la APDH (Asamblea permanente por los DD.HH) envío una extensa nota donde solicitaron una rápida subversión de la situación.
El joven Cristian Pereyra falleció tres días después de que funcionarios de la PROCUVIN constataran que había sido sometido a golpes y malos tratos, y que se le había quitado su medicación psiquiátrica. Tras la muerte de su hijo, Adriana del Carmen Pereyra solicitó a la Defensoría General de la Nación (DGN) patrocinio jurídico gratuito para querellar en la causa 7606/2013, que quedó radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Rawson. La solicitud fue aceptada dada la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la familia y el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la DGN se presentará como querellante en representación de Adriana del Carmen Pereyra |72|
El 8 de septiembre, cerca de las 21:15, Luis Gabriel Camacho fue alojado en la celda 10 del Pabellón I de la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, luego de haber sido separado del resto de los internos, producto de algunos incidentes ocurridos previamente en otro pabellón. Apareció sin vida dentro de su celda el mismo 8 de septiembre a las 22:20 |73|
Carlos Ángel Taborda: falleció el 19 de setiembre en el Hospital Tornú bajo la custodia del servicio penitenciario federal ya que antes de la internación estaba detenido en la Penal Nº 2 de Villa Devoto. Su fallecimiento fue relacionado con una patología de carácter oncológico, se está realizando una investigación administrativa a fin de determinar si la atención médica brindada dentro del complejo fue adecuada, como así también el diagnóstico brindado.
Un informe U7 evidencia que ese lugar alberga alrededor de 500 reclusos y desde el año pasado hasta el momento se llevan presentadas una decena de causas provenientes de inspecciones que detectaron torturas y condiciones irregulares de detención, denigrantes para la integridad humana |74|
La Justicia condenó al Servicio Penitenciario Nacional (5-4-2013) a indemnizar con 130 mil pesos más intereses de casi 20 años a la viuda de un preso que murió como consecuencia de una pelea con otro recluso en la U7. Los hechos ocurrieron el 29 de julio de 1994 en la Prisión Regional del Norte (U7), cuando el reo Carlos Alberto Zacarías "fue atacado por otro recluso con un arma blanca causándole heridas letales" |75|
2.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La CSJN dejó firme un fallo que reconoce el derecho al voto de las personas condenadas y sancionadas por diversos delitos o faltas, al declarar inadmisible la última apelación presentada por el gobierno porteño. En consecuencia, deberán ser integrados al padrón de electores de la Ciudad de Buenos Aires para las próximas elecciones de autoridades porteñas |76|
Gonzalo Crespo: tenía 24 años y murió baleado por un policía en el barrio de Saavedra el 1 de marzo. Según la confusa versión policial, habrían estado persiguiendo a dos hombres que estaban por cometer un robo en un domicilio particular |77|
Gabriel Vaca y Mario Ruiz: fueron asesinados por dos agentes de la policía federales el viernes 22 de agosto, en la zona de la villa 21-24, falleciendo uno en el acto y el otro cuando ya estaba siendo atendido en el hospital Penna. Los vecinos que presenciaron los hechos, refieren que dos efectivos de la federal se bajaron del móvil y sin mediar palabra comenzaron a disparar a quemarropa contra los hermanos Vaca.
3.- En la Provincia de Buenos Aires
En el mes de mayo, el Ministro de Seguridad de la provincia, Alejandro Granados, habilitó nuevamente la detención en comisarías, reabriendo 200 calabozos mediante la resolución 642 |78| En el Partido de General Pueyrredon desde 2009 rige un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal que suspende, justamente, esa posibilidad. En Mar del Plata, salvo en determinadas y específicas seccionales, no puede haber detenidos en comisarías. Todos deben ser trasladados a la Alcaidía de Batán. Ese fue el saldo del hábeas corpus correctivo presentado hace cinco años por la Defensoría General. Los jueces dispusieron, incluso en sucesivos fallos sobre el mismo tema, la clausura definitiva de los calabozos de las comisarías 1°, 2°, 3°, 4º, 5° ,6°, 7° y 9°. Las seccionales exentas de esta medida lo están porque sirven para alojar a detenidos con acceso restringido al Servicio Penitenciario.
El 14 de octubre fue sancionada la ley 14424 y promulgada por el ejecutivo provincial, creando la policía judicial. El texto original del ejecutivo tuvo distintas modificaciones propuestas en los distintos foros realizados en los distritos de San Martín, Florencio Varela, Junín, Mar del Plata, Azul, Bahía Blanca, Zárate y La Plata |79|
La ley 14543 sancionada y promulgada en setiembre de 2013 comenzó a implementarse en el presente año. En mayo fueron sorteados 11.384 ciudadanos de la provincia, cuyo documento terminara en 983, los que podrán ser convocados como jurados. La nómina será distribuida en los 18 departamentos judiciales de la provincia donde se harán las modificaciones apartando los que estén inhabilitados y conformará el padrón final que deberá remitir a la Suprema Corte de Justicia |80|
El ejecutivo provincial creó por resolución 835/2014 las policías municipales. El texto aprobado por la Legislatura Bonaerense el 21 de mayo establecía que la policía municipal actuaría en aquellos distritos de más de 70.000 habitantes, y los ejecutivos distritales debían adherir a la misma |81|
A fines de octubre, el Senado de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley para la creación de fiscalías contra la violencia institucional. Su tarea estaría centrada en la investigación de abusos de parte de funcionarios del estado. Su sanción fue unánime y cuenta con el apoyo de diversas organizaciones de derechos humanos. Deberán investigar también las omisiones de denuncias o encubrimiento por parte de los agentes del estado. Se crea un dispositivo de asistencia a la víctima.
Tal como se refirió in supra los calabozos clausurados fueron habilitados por un decreto del Ministro de Seguridad En la comisaría 1ª de San Martín en cinco calabozos con capacidad para 12 personas hay más de 20, en la 1ª de Moreno con capacidad para 16 personas, se llegó a tener 41. En esos lugares se puede observar bolsas abiertas de basura, no hay camas, faltan ventanas, no luz natural, las necesidades fisiológicas se hacen en bolsas de nylon y botellas de plástico. Los pisos están mojados.
El 28 de Agosto el OIP envió un fax a la Dra. Piermarini, Directora del Servicio penitenciario Bonaerense (SPB) imponiéndola de varias irregularidades que afectaban a varios internos. En efecto, familiares del interno Lezcano Gómez Alberto Feliciano Causa Nº 3238, han tomado contacto con nuestra institución a fin de informar que el encartado llevaba dos meses en aislamiento en el penal de Magdalena Nº 28 y que su familia no tiene acercamiento. Se tomó conocimiento que el interno Juan Pagnotta rota por los penales bonaerenses debido a que su conducta causa incidentes en cada unidad |82| Por el mismo medio se conoció que el penal de Ituzaingó tiene una invasión de ratas. Si bien la nota no tuvo respuesta, el OIP se informó que la situación del interno Gómez Lezcano se regularizó.
A fines de setiembre se calculaba que los presos alojados en comisarías de la provincia llegaban a 3.000 |83| En relación a las comisarias de Moreno, El OIP, acompañando al Sr. Juez de Garantías del Joven, en el marco de la Acordada 3415 y modificatorias del Superior Tribunal de la Prov. de Buenos Aires, realizó una visita a las Comisarias 1º, 5º, 61 y 7º de ese Municipio con los siguientes intervinientes: Dra. Patricia Lossino y Horacio Regalía, Secretaria y Oficial Mayor del mencionado Juzgado de Garantías del Dto. Judicial de Mercedes, la Dra. Micaela Lombardi en representación del Colegio de Abogados de Moreno, la Lic. Graciela Dubrez en representación del OIP y el Perito fotógrafo de la Asesoría pericial Oscar Zárate |84|
En otro orden de situaciones de encierro (pacientes con padecimientos mentales), el 19 de Mayo dos hombres de 22 y 40 años murieron y otras 15 personas resultaron heridas o sufrieron principio de asfixia al incendiarse en las últimas horas una clínica neuropsiquiátrica en la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes. El siniestro se registró en la habitación donde estaban alojados los dos fallecidos, por causas que se estaban investigando. La tragedia se desencadenó después de las 22 Hs en la planta baja del centro asistencial "9 de Julio", ubicado en la avenida 9 de Julio, número 146, entre Lavalle y Luis María Drago, al sur del Conurbano |85|
Reina Maraz, boliviana de 25 años presa hace tres años acusada de matar a su marido en la Unidad Penitenciaria Nº 33 de Los Hornos Reina. La traductora también es boliviana: se llama Frida Rojas y la duplica en edad. Se conocieron el año pasado cuando la Comisión Provincial por la Memoria propuso que Frida se convirtiera en la intérprete oficial de la causa. Reina había firmado papeles y escuchado lecturas incomprensibles de boca de operadores judiciales. Las palabras eran incomprensibles. En la Asesoría Pericial del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires sólo hay traductores de los idiomas convencionales. No cuentan con expertos de lenguas originarias |86|
4.- En la Provincia de Catamarca
Un hombre oriundo del departamento Andalgalá llegó a debate acusado de haber abusado sexualmente de una joven a la salida de un boliche, en el año 2009. Estuvo privado de su libertad hasta el 14 de Mayo, cuando los jueces de la Cámara Penal Nº 1 resolvieron darle la libertad |87|
En un juicio oral, un joven fue condenado a un año y cuatro meses de prisión efectiva por haber robado una botella de bebida con alcohol, otra de gaseosa y un vaso de una bodega, en el departamento de Tinogasta. La condena recayó sobre Máximo Ramos, a quién acusaron por los delitos de "robo simple" y "amenazas con armas", mientras que los absueltos fueron identificados como Michel Robles y David Carrizo |88|
La situación en las comisarias de la provincia resulta alarmante tanto para las garantías de los presos allí alojados como para el adecuado desempeño de los agentes. En efecto, el 10 de Mayo Cuatros internos iniciaron un motín en la comisaría 8va. de la capital de Catamarca y terminaron internados en un hospital junto a policías que también resultaron afectados por los humos tóxicos |89| El jefe de la comisaría, Jorge Contreras, explicó que se desplegó un operativo para que los bomberos pudieran trabajar y cinco ambulancias asistieran a los afectados por el incendio. Desde el hospital, el titular del SAME, Norberto Bazán, manifestó que cinco detenidos y dos policías fueron atendidos por personal de la guardia y en todos los casos tenían "principio de asfixia por la quema de colchones".
El 28 de Septiembre un motín en comisaría séptima de Catamarca dejó 6 presos heridos. Fue durante un reclamo iniciado por los detenidos por la aceleración de sus causas judiciales, que culminó con una quema de colchones que derivó en un incendio en los calabozos de la dependencia |90|
5.- En la Provincia del Chaco
Las condiciones de alojamiento en las comisarias de la provincia siguen siendo cruciales. Franco Emanuel Enríquez apodado "Pachequito" de 28 años, trabaja de repositor, presentó un habeas corpus por haber sido alojado en el baño de la comisaría 3ª de Barranqueras. La explicación dada por las autoridades fue que dado la falta de lugar en las celdas se vieron obligados a utilizar el baño. La Suprema Corte de la provincia determinó rechazar el pedido, dado que no considera tortura que lo haya alojado en el año reconociendo no obstante que el mismo no "puede ser considerado como un espacio físico adecuado" |91|
Rubén Chara de 30 años, fue golpeado en todo el cuerpo y enlazado con una soga por el cuello dejándolo sin aire hasta perder el conocimiento por los policías Norberto y Robinson Avalos quienes buscaban inculparlo en un robo ocurrido en una escuela de Colonia Aborigen |92|
Mauro Nicolás Obregón de 22 años fue hallado muerto de un balazo a comienzos de diciembre. Dos integrantes de la comisaria 1ª Portuaria fueron detenidos, habrían perseguido a dos sospechosos de haber asaltado a una pareja para robarle la moto en Castelli y calle 25, se produjo una persecución que llegó hasta La Rubita |93|
El domingo 13 de Julio, Nelson Sieben fue trasladado desde Villa Río Bermejito a Juan José Castelli donde fue atendido en el Hospital Bicentenario quedando en observación médica, por lesiones. La esposa de Sieben se presentó en la Comisaría de Castelli para realizar una denuncia de apremios ilegales por parte de la policía. La mujer denunció que su esposo fue detenido por policías de Villa Río Bermejito, golpeado en la comisaría de la villa, luego de una horas trasladado a Castelli donde en el camino su esposo le comentó que también fue golpeado, además que se sustrajeron dinero en efectivo y un teléfono celular, que radica la denuncia para que se investigue este caso |94|
El 25 de Septiembre el fiscal de investigación penal de Juan José Castelli, Oscar Obregón, imputó a siete policías detenidos por los delitos de "tortura seguidas de muerte", en la investigación por la muerte Víctor Cindrich (18) en la comisaría de Tres Isletas |95|
Las redes sociales sacaron a la luz fotografías tomadas en la Alcaidía de Resistencia, y que tiene como protagonistas nada menos que a agentes penitenciarios de la policía chaqueña. Varias agentes que prestaron servicio en dicha Alcaidía posaron en sesiones fotográficas en las que se las puede ver mostrando a cámara sus partes íntimas, mientras visten el uniforme de trabajo. Todo esto se da en el marco del crimen de la oficial subayudante Yamile Gómez a manos de César de la Concepción, un preso que deambulaba libremente por la Alcaidía de Resistencia a pesar de estar purgando una condena por un homicidio con alevosía, lo cual pone de manifiesto las irregularidades que se viven día a día en el Servicio Penitenciario Provincial |96|
En una entrevista radial, el gobernador Bacileff Ivanoff aseguró que el 60 por ciento de la cantidad de presos que hay en la provincia son aborígenes. El OIP consultó y pudo concluir que sobre nueve establecimientos carcelarios correspondientes al Servicio Penitenciario Provincial (1119 detenidos), un total de 39 aborígenes se encuentran privados de la libertad. Según estos datos, 14 están alojados en la capital y 25 en unidades del interior. De ese global, 768 son hombres condenados, 337 procesados y 14 menores alojados en la Aldea de Tres Horquetas. En tanto, sobre el total de procesados se desprende: 220 mayores de 21 años; 51, entre 18 a 20 años. En la estadística de los condenados se distribuye de la siguiente manera: 714 superan los 21 años; 35, entre 18 a 20 años. En el caso de las mujeres se puede obtener, que hay 8 procesadas, y tienen más de 21 años, 15 cumplen condena y cubren la misma franja etaria |97|
Área Metropolitana: Resistencia: 388 - Casa Pre egreso: 14 - Centro de Mujeres: 25
Tres Horquetas Menores: 14 - Zona Interior: San Martín: 69 - Complejo S. Peña: 479
Villa Ángela: 69 - Charata: 33 - Castelli: 28
6.- En la Provincia de Chubut
Cristian de Cuadro Portes detenido en el penal de Rawson, fue trasladado del pabellón en el que estaba a una celda de aislamiento o "buzón" y el 23 de febrero prendió fuego a su colchón y graves quemaduras a su cuerpo, que afortunadamente no revestían mayor gravedad.
Juan Pablo Morales Coronel el 24 de febrero también se encontraba en celda de aislamiento y terminó con quemaduras en su cuerpo, por lo que debió ser trasladado al Sanatorio Cardiovascular de Rawson, presentando signos vitales comprometidos, según el parte médico.
Diego Escobar tenía30 años, fue detenido por personal policial de la seccional 7ª del Barrio Máximo Abásolo el 27 de febrero. Horas más tarde apareció muerto en su celda. Se lo acusaba de haber participado en grupo en incidentes contra otras personas. Según la autopsia el deceso se produjo por paro cardio respiratorio. Su familia acusa a la policía de su muerte.
Sergio y Denis Abalay, ambos hermanos habían sido víctimas de torturas de parte de la policía en el año 2010. A raíz de la denuncia presentada, fueron condenados cinco policías. El 9 de marzo de 2014 fueron asesinados, recibiendo varios impactos de balas en plena calle. Ambas víctimas eran testigos en la causa por el asesinato de Julián Antillanca quien fuera muerto por policías y del cual fueran testigos ya que el hecho ocurrió mientras eran torturados en 2010.
La unidad 6 de Chubut fue denunciada en el mes de marzo: requisas sumamente violentas, castigo frecuente en buzones, donde los reclusos deben orinar en botellas y defecar en bolsas. En el pabellón 14 donde conviven los catalogados de alta peligrosidad, la situación es sumamente grave por frecuentes enfrentamientos de grupos, lo que determina allanamiento de pabellones, utilización de facas en peleas. Además debe agregarse la falta de atención médica inmediata |98|
Edison Rubén Dávila Heredia fallece el 20 de setiembre en el Instituto de Seguridad y Resocialización de la Unidad 6 de Rawson. La muerte habría sido provocada por asfixia por lo cual se deduce que fue atacado mientras dormía. Días antes se había producido un conflicto por el cual tanto los detenidos como el personal penitenciario, había sido reubicado, siendo procesados 14 penitenciarios.
En Puerto Madryn hubo una represión el 9 de setiembre, trabajadores municipales que protestaban por incumplimientos en el pago de sus haberes fueron golpeados. Entre los numerosos heridos una joven de apellido Flores que sufre epilepsia, fue golpeada salvajemente, otro manifestante, Guiñazú, recibió un balazo de goma en el ojo, la joven Romero tuvo un pre infarto y debió ser internada en observación y un adolescente fue herido en una mano, recibiendo 50 puntos por el corte que le provocaron. La represión estuvo a cargo del grupo GEOP y policías de la seccional 1ª.
Luis Marín tenía 44 años de edad, fallece en Trelew el 7 de octubre en un confuso episodio que involucra a personal de la policía. Su cuerpo presentaba cuatro costillas quebradas y signos de haber recibido una brutal golpiza. Luis salió de su casa a la noche para ir a una farmacia cuando fue rodeado por una comisión policial sin que se sepa la causa |99|
Un párrafo especial merece las requisas de la Unidad 6 de Rawson. En efecto, cuando hay requisa en pabellones U6 los presos la pasan mal. Los que habitan el Pabellón 13 son los más afectados. Es el pabellón donde conviven los presos de mayor peligrosidad y más largas condenas. Además se considera "de asilamiento" (en la jerga se lo denomina "buzón"). Allí suele ocurrir que por algún motivo se produzca alguna discusión entre un funcionario de la cárcel y algún interno. Entonces, la determinación es inmediata: lo cierran. Nadie puede entrar ni salir. Ni siquiera para ir al baño. Los reclusos deben orinar en botellas, vasos de plástico o cualquier recipiente que tengan a mano. Si sus necesidades fisiológicas son otras su situación empeora. Ocurre que cuando se cierra un pabellones por todo el día. Otro pabellón con detenidos de los considerados peligrosos es el número 14. Allí los problemas son mayores porque en general, los reclusos no se llevan bien entre si y se producen enfrentamientos, se lo conoce como "la villa". El 8 de Marzo hubo un enfrentamiento con armas blancas entre dos presos |100| Como se referenció in supra es muy difícil que en la Unidad Seis haya un médico en forma permanente. Todos (alrededor de seis) realizan las denominadas "guardias pasivas". Es decir se encuentran en otro lado y si hay alguna emergencia los llaman |101|
7.- En la Provincia de Córdoba
Córdoba cuenta con una infraestructura carcelaria compuesta por dos grandes complejos y ocho establecimientos. Cinco instalaciones están ubicadas en la capital o cerca de esta y las restantes se encuentran en las ciudades de Río Cuarto, Cruz del Eje, San Francisco, Villa María y Villa Dolores. En este último año el exceso de la población carcelaria es de 594 presos. Esto es, había 5.994 presos en las cárceles de Córdoba mientras que las plazas eran de 5.400. Del total de la población carcelaria, 53% no tiene condena firme (están en proceso), están detenidos con prisión preventiva. La población mayoritaria de las cárceles de Córdoba la conforman jóvenes, varones, pobres, con escasa o nula educación formal y sin trayectoria de trabajo registrado. Las condiciones de encierro son infrahumanas y hasta existen salas de aislamiento en todas las instituciones, tanto psiquiátricas como cárceles e institutos de jóvenes. Es necesaria la creación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, aún no establecido en Córdoba (pese a que en la Legislatura ya hay un proyecto de Ley), que permitirán monitorear para prevenir violaciones a los DD. HH en las instituciones de encierro (no solo cárceles). Fortalecer y dar autonomía a la Defensa Pública provincial (la misma depende del Tribunal Superior de Justicia) y también crear mecanismos para promover un real acceso a la Justicia. Asimismo, se plantea la necesidad de remover de forma urgente las condiciones infrahumanas de alojamiento, cumplir con la prohibición de las celdas de aislamiento y reemplazar las cadenas como medio de sujeción de las personas privadas de libertad (aun en los traslados que se realizan no solo con cadenas, sino también en forma masivas y con candados adheridos al automotor de forma totalmente prohibida para los conductores civiles) |102|
Aunque la información no fue difundida desde el Servicio Penitenciario de Córdoba, hay dos personas que se habrían suicidado entre el 26 y el 29 de septiembre, el en penal Bouwer.
Francisco José Sayago muere en septiembre a raíz de las heridas producto de un ataque de otros internos en la cárcel de Bouwer, que le perforaron el pulmón, además de sufrir varias quemaduras en el cuerpo. Según informara Adriana Revol, Coordinadora Anticarcelaria regional Córdoba, Sayago se negaba a participar del negociado que tienen algunos integrantes del servicio penitenciario y algunos presos con la venta de droga.
El lunes 29 de Setiembre, por la mañana, un grupo de detenidos del Modulo MX2 inició una huelga de hambre en contra del criterio adoptado por el Tribunal Superior de Justicia, para conceder prisiones domiciliarias. Horas después, los internos desistieron de la huelga.
Llegó el 1 de octubre, desde Cruz del Eje. Allí, dos detenidos tomaron como rehenes a empleados del Penal N°2 (una docente y dos guardias), para pedir ser trasladados al norte del país.
En octubre los presos del módulo MX1 que venían realizando una huelga de hambre tuvieron que suspenderla debido a la feroz represión del servicio penitenciario. Luego trasladaron a varios de los que participaron en la huelga entrando en los pabellones como "tortugas", hombres de negro encapuchados, sin llevar sus pocas pertenencias y sin notificar a los familiares, al módulo MX2 que lo forman pabellones de máxima seguridad y es para reincidentes |103|
El último fin de semana del año, un ex preso de 45 años con problemas motrices denunció que mientras estuvo detenido y la en enfermería, en una camilla en Bouwer, fue violado y torturado. El fiscal José Bringas investiga por el abuso sexual a una enfermera y a dos celadores.
La violencia física forma parte de las formas de gobernabilidad de la cárcel y es justificada por las instituciones penitenciarias y judiciales como la consecuencia de los niveles de peligrosidad de los detenidos.
En cuanto al tema trabajo, educación y salud se cuenta con los datos aportados por la Gobernación de Córdoba al Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: Así encontramos como variables se relacionan con la posibilidad de acceder al ejercicio de derechos básicos, como el trabajo, la educación y la salud. Con respecto al derecho al trabajo (una obligación dentro de los establecimientos penitenciarios), la problemática es múltiple. Por un lado, la mayoría de la población alojada (mas del 80%) no posee empleo remunerado. Por otro, el 85% de los reclusos no participó de ningún programa de capacitación laboral |104|
En cuanto al acceso al derecho a la educación, mas del 70% de los reclusos no participan de ningún programa educativo, pese a que 81% del total no ha terminado la escolaridad obligatoria |105|
Si bien las estadísticas oficiales señalan que el acceso a la salud está más garantizado, los relatos de los detenidos revelan que la atención médica no siempre es oportuna y suficiente y que está atravesada por una burocracia entre las distintas áreas del establecimiento carcelario. En los centros de salud, instalados en los establecimientos penitenciarios, los mismos no cuentan con los elementos básicos para la Atención Primaria de Salud |106|
En cuanto al accionar de los Defensores Oficiales Federales los mismos en su informe anual concluyeron: "En materia de detención y traslado de imputados por parte del servicio penitenciario, el Dr. Pulcini comentó haber presentado un habeas corpus correctivo en representación de sus asistidos para que cese el traslado de los internos con cadenas y candados en vez de esposas, consiguiendo una acogida favorable en el tribunal ante el que actúa" Por su parte, la Dra. Crespi informó haber logrado la solicitud de cambio de cárcel de una persona travesti alojada en la cárcel de varones, a la de mujeres, a pesar de no contar con la nueva identidad, invocando la nueva ley de identidad de género. Se trató de un caso de gran repercusión pública y se entabló contacto con diversas organizaciones que militan por los derechos de aquéllas |107| Asimismo, el Dr. Perano estimó fundamental la reforma legislativa de la Ley 26472, que contempla de manera fragmentaria y arbitraria la posibilidad de incorporar al régimen de detención domiciliaria solo a las madres de hijos menores de cinco años, desconociendo todo otro aspecto de la infancia del niño, mayor de cinco años y menor de 18 años -según la Convención sobre los Derechos del Niño- y además el rol que puede jugar la presencia parental ante la ausencia materna en el seno familiar. Además, insta a su modificación semántica en cuanto no se contempla expresamente la posibilidad de conceder la prisión domiciliaria al padre. También denunció la desigualdad imperante entre el trabajo realizado en el ámbito penitenciario y la remuneración percibida por la misma tarea en el ámbito de la libertad, estableciendo que tal situación no es tolerable en el marco constitucional vigente, y considerando que la remuneración que perciben debe ser equiparada al salario mínimo vital y móvil fijado para todo trabajador, sin distingo del lugar donde presta las tareas |108| Por ultimo la Dra. Maria Mercedes Crespi, aseguro que el Sistema Penitenciario de Córdoba, esta muy atrasado en materia de respeto por los Derechos Humanos a los internos alojados en las cárceles de la Provincia. Por otra parte, hay una manifiesta desidia de los organismos jurisdiccionales en evitar estas situaciones", aseguró la funcionaria judicial. Otro hecho significativo durante el año 2014, fue el fallo del Juez Federal Nº 3, de Córdoba, Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, que ordeno al SPC que se abstenga de realizar requisas denigrantes a quienes visiten a los detenidos a disposición de la Justicia Federal, porque resultan violatorias de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscriptos por Argentina |109|
EL 15 de marzo un recluso encerrado en el pabellón 4 del penal de Villa Dolores fue torturado ferozmente por el servicio penitenciario, trasladado a una sección para internos con dificultades de conducta. En ese lugar habría intentado quitarse la vida colgándose de la puerta de la celda con una soga de toalla. Cuando vieron lo que intentaba hacer, otros reclusos comenzaron a gritar lo que determina la intervención de los agentes que los llevan a la rastra a otro pabellón y vuelven a golpearlo |110|
Elvio Astrada estuvo detenido en la cárcel de Bouwer por llevar el mismo apellido de un narcotraficante buscado, debiendo pasar 18 meses en prisión hasta ser liberado en Septiembre. Este hombre de 35 años fue apresado en un operativo y pese a tener claras diferencias respecto a la altura del buscado, era 15 centímetros más bajo, la justicia lo imputó y le dicto prisión preventiva hasta que en las audiencias se comprobó la equivocación y se decretó su libertad |111|
En relación a la violencia policial, los casos que se relatan seguidamente ilustra la gravedad institucional y social actual.
Héctor Boos tenía 24 años y fue encontrado muerto en la comisaría de Freyre, a 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Había sido detenido acusado de robo y se habría colgado desde una ventana utilizando su pantalón, sin embargo la causal de detención fue que no aceptó identificarse. Tanto su familia como sus amigos descreen de la versión policial de suicidio.
Iván Rivadero de 35 años estaba detenido en una comisaría de Villa Carlo Paz y apareció el 25 de abril colgado de una frazada en su celda. Hacía 24 horas que lo habían encarcelado.
El 24 de abril en Villa Allende vieron asombrados a 30 hombres jóvenes esposados, sentados y expuestos dentro de un corralito hecho de vallados metálicos en la plaza del lugar, a la vista de sus familias, amigos y vecinos. Ese es el sentido del "Operativo Saturación" instalado en Córdoba por el gobierno provincial, son allanamientos masivos realizados en los barrios más humildes y carenciados, en los cuales se realizan detenciones y se las lleva a los corralitos. Estos operativos fueron bautizados por los cordobeses como "humillación" y son denunciados en las redes sociales donde se publican las fotos que toman manifestando que "cualquiera puede caer, más si se es morocho" |112|
Pablo Navarro muere asesinado el 12 de mayo en la calle Paso de los Andes al 1100 del Barrio Observatorio. Tenía 29 años y en un confuso episodio un oficial de la policía le disparó a quemarropa porque, de acuerdo a la versión oficial, estaba robando en un estacionamiento privado. No hay ningún policía imputado.
El 11 de junio fue reprimida salvajemente una manifestación con 27 detenidos, 3 de ellos heridos de gravedad, y más de 20 heridos. Grupos especiales de Gendarmería y ETER e Infantería, desplegaron sus efectivos y reprimieron indiscriminadamente entre ellos a mujeres, ancianos y niños y con especial atención a miembros de la prensa que estaban cubriendo los sucesos como en el caso de un fotógrafo que estaba retratando a dos detenidos esposados y muy golpeados que estaban tirados en el suelo donde seguían golpeándolos, cuando lo vieron con su cámara lo amenazaron levantando las escopetas con ademán de dispararles a quemarropa.
Miguel Ángel Torres de 32 años de edad, se dirigía el viernes 18 de julio entró en una librería, no estaba armado, pero al salir fue atacado recibiendo un puntazo en la cabeza y dos tiros de remate en el pecho disparados por el dueño del lugar, que era un comisario. Tanto Miguel Ángel como el resto de la familia, participan activamente en las marchas que se realizan en la provincia contra el gatillo fácil.
Cesar Emiliano Coronel Raczkowski músico del grupo "Entreversos" y de la Fundación "La Morena", fue detenido el 5 de agosto en Villa La Maternidad, donde se encontraba en compañía de su pareja que estaba en trabajo de parto. En el momento en que se retira para ir en busca del bolso con la ropa de su futuro hijo lo detienen y lo acusan de robo a mano armada, siendo trasladado a los pocos días al penal de Bower de máxima seguridad, de donde lo liberan. Esta situación no es rara en la provincia, ya que Emiliano era un activo militante en contra del código de faltas provincial |113|
Dante Leguizamón El 15 de agosto a cerca de la medianoche, recibe una llamada telefónica del jefe de la policía provincial, Julio César Suarez quien luego de amenazarlo a los gritos y de decirle que va a ir a visitarlo, cuelga. Dante es periodista y trabaja en la Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba y uno de los pocos medios que denuncian los abusos de la policía, y ese día le había tocado cubrir una protesta vecinal a raíz de la muerte del joven Pellico |114|
Cuatro policías fueron imputados por ejercer vejaciones contra Heber Lescano el 19 de octubre, en la jefatura de la policía de Rio Cuarto, donde fue brutalmente golpeado y picaneado. Los policías imputados son Franco Ávila, Ángel Martoccio, Lucas Rodríguez y Santiago Andino |115|
8.- En la Provincia de Corrientes
Los casos que se relatan seguidamente ilustran la violencia institucional intramuros en la provincia.
Arnaldo Fernández y Nahuel Pereyra de 30 y 22 años respectivamente, fueron internados en el hospital Vidal luego de las quemaduras recibidas en el incendio de la unidad penal 6 San Cayetano. El confuso episodio se produjo el 29 de abril a las 14 horas durante una protesta iniciada en el pabellón de condenados, con quema de colchones y bloqueos de puertas, lo que según las autoridades del penal, demoró la intervención de los penitenciarios. Fernández y Pereyra habían solicitado acceder a algún tipo de programa para poder trabajar dentro de la cárcel.
Cristian Bianchetti de 25 años, estaba detenido en la unidad penal 6 San Cayetano, cuando se produce un incendio cuyas causas se desconocen, sufriendo quemaduras en el 50% de su cuerpo. Luego de estar internado en el hospital Vidal 6 días, fallece el 6 de mayo. Este joven al igual que Fernández y Pereyra, protestó porque deseaba acceder a algún tipo de actividad laboral dentro de la cárcel.
Carlos Paniagua de 22 años de edad, apareció muerto el 29 de agosto en la Unidad Penal 6 de San Cayetano, provincia de Corrientes. La causa fue caratulada de muerte dudosa, porque pese a que las autoridades afirmaban que se trataba de un suicidio, la autopsia reveló golpes de distinta gravedad. Paniagua no se callaba ante los malos tratos y la situación general que se vive en el penal, denunciaba permanentemente estos hechos, junto a la situación de hacinamiento, la distribución de drogas en el penal entre otros hechos.
La administración de justicia tampoco carece de violencia institucional, sobre todo si se trata de personas socialmente vulnerables y de escasos recursos: En 1999, cuando la detuvieron, M.V.C tenía 28 años y cuatro hijos con los que vivía en el fondo de la casa de sus padres, en la localidad de Mercedes. Cuando parió por quinta vez, un hombre dijo que la vio enterrar al bebé recién nacido en el gallinero. Un juez y un fiscal instruyeron la causa y la elevaron a juicio. Los jueces de la Cámara en lo Criminal de Paso de los Libres la condenaron a 40 años de prisión. En abril de este año la sentencia fue declarada nula. Una nueva autopsia demostró que el bebé había nacido muerto |116|
El 26 de Agosto el OIP solicitó al Defensor del Pueblo de la Nación que emitiera dictamen sobre la actuación abierta en el caso "Corrientes" y que motivara dos misiones para visitar las cárceles de esa provincia. Se resolvió que antes que la Defensoría emitiera su dictamen la Corresponsalía del OIP en Corrientes junto a la Defensoría del Pueblo de esa provincia, junto al Subsecretario de DD. HH y la secretaria de la Coordinadora de DD. HH realizaran una nueva visita a los penales. El informe del OIP se giró a la Defensoría y se aguarda dictamen |117|
9.- En la Provincia Formosa
El 28 de junio la Comunidad "El Colorado" en Ramón Lista se encontraron con gran cantidad de móviles y más de 100 efectivos policiales que venían a realizar allanamientos. Irrumpieron disparando balas de goma y plomo, ingresando violentamente en las viviendas, destruyendo todo a su paso y atacando violentamente al que entorpeciera su accionar sin importarles sexo o edad. Detuvieron al referente wichi Avelino Tejada y a sus hermanos Esteban, Manuel y Ricardo junto a otros dos miembros de acuerdo a la orden judicial del juez de Las Lomitas, Francisco Orella cumpliendo la orden del ministro de gobierno provincial Jorge González. Por las heridas recibidas una de las víctimas está en riesgo de perder el brazo |118|
El día 27 de agosto a fin de aprobar la acordada Nº 2912, se reúnen en la Sala de Acuerdos del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, el señor Presidente, doctor Marcos Bruno Quinteros, los señores Ministros, doctores Ricardo Alberto Cabrera, Guillermo Horacio Alucin, Eduardo Manuel Hang y Ariel Gustavo Coll, con la presencia del señor Procurador General, Dr. Sergio Rolando López. En la misma en el punto tercero: "Dr. Ricardo Rojas s/ aplicación del Fallo Nº 4165/13" Visto el Expediente Nº 182 Año 2014 y su acumulado Nº 191/14 que rola por cuerda ambos del registro interno de la Secretaría de Gobierno (Sup.) por medio del cual el Sr. Presidente de la Excma. Cámara Segunda en lo Criminal pone en conocimiento de este Alto Cuerpo reiteradas omisiones del Sr. Juez de Ejecución Penal en remitirle los expedientes correspondientes a las suspensiones de juicio a prueba otorgadas por el Tribunal a su cargo, limitándose a enviarle oficios con la información referida al cumplimiento o no de las reglas de conducta impuestas |119|
10.- En la Provincia de Jujuy
El 27 de noviembre el fiscal federal subrogante de Jujuy, Pablo Pelazzo; la coordinadora de Procuvin, Katia Troncoso Muñoz y la funcionaria de esa repartición, María Laura Grigera, participaron del allanamiento dispuesto por el juez federal de Tucumán Fernando Poviña a la seccional 9ª y a la Brigada de Toxicomanía y Drogas Ilegales de la Policía de San Pedro de Jujuy, donde fueron secuestrados 40 gramos de cocaína, 150 gramos de marihuana y otros "elementos indiciarios de la comisión de una multiplicidad de delitos", guardados en los "casilleros personales de funcionarios policiales" de la brigada. La medida judicial, que se concretó con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se llevó a cabo en una investigación abierta sobre un grupo policial que presuntamente fraguaba procedimientos, con la consecuente imputación de delitos a personas inocentes |120|
11.- En la Provincia de La Pampa
Diego Gauna de 29 años de edad, había concurrido el autódromo a ver una carrera. Se provoca una riña donde recibe golpes de varias personas, la policía que estaba en el lugar solamente se quedó observando (tenía antecedentes de drogodependencia), luego lo detienen y lo llevan en un patrullero a la comisaría donde llega muerto.
12.- En la Provincia de Mendoza
El 6 de marzo Lorena Rubio Diotto (estudiante de abogacía) comenzó a recibir llamadas telefónicas amenazantes en las que le decían que se dejara de denunciar el "gatillo" sino iba a terminar igual que los pibes. Dos días después fueron amenazados un magistrado federal Eduardo Puigdéngolas y el ex fiscal general Francisco Maldonado. La zona que más preocupa a Rubio es el sur mendocino, con denuncias de que cada vez que para a los jóvenes por averiguación de antecedentes, la policía les apunta con el arma.
Lucas Carrasco muere el 15 de marzo a la edad de 22 años, cuando había concurrido a la cancha a ver un partido de futbol de un disparo efectuado por un uniformado de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Lucas |121|
Andrés García Campoy muere de un tiro en la cabeza en un control que estaba realizando gendarmería, el 13 de junio. En el sumario aparece como suicidio y la causa quedó bajo secreto de sumario. El joven era estudiante de primer año en la licenciatura de Higiene y Seguridad Industrial de la Universidad del Aconcagua |122|
Nelson Daniel Naranjo de 40 años, estaba detenido acusado de abuso sexual cuando apareció ahorcado con su propia remera a la que habría atado en la parte superior de una reja en la comisaría 17ª del departamento de Lavalle el 14 de setiembre a las 7, 15 horas.
Visita a la cárcel de Boulogne Sur Mer: el 29 de abril, Roberto Cipriano, Coordinador del Área de Encierro de la Procuración Nacional, manifestó que en el recorrido realizado a dicho penal verificó que hay lugares que son verdaderas "catacumbas". Al referirse a los presos jóvenes dijo que están alojados en "cuevas, en lugares oscuros que no reciben la luz del sol", encerrados durante 23 horas diarias. Manifestó que los "malos tratos y las torturas se convierten en una forma de gobierno de estos lugares de encierro" donde están como animales y no como seres humanos.
El 18 de junio, siendo la hora 11:00 la Dra. Isabel Pérez Palacios, Co-defensora de la Defensoría de Pobres y Ausentes encargada de Ejecución Penal concurrió a verificar las condiciones de habitabilidad de las celdas en Penitenciaría el Borbollón, y que de dicha verificación surge: que todas las internas entrevistadas manifestaron que no tienen calefacción, que no se les ha provisto de frazadas suficientes ni ropa blanca de cama; que existe humedad importante en las paredes, y que en alguno casos éstas chorrean agua; que hay aberturas mal cerradas o con el plástico roto y entra el frío, que los baños están con pérdidas de agua, que caen del techo agua de los baños superiores, que las internas de la unidad no tienen colchones en condiciones y que los existentes están llenos de escaras y chinches, que son muy finos de ancho y delgados de espesor, y que en las celdas donde habitan las internas las camas disponibles son insuficientes ya que en algunos casos dos internas duermen en el mismo lecho. Razón por la que presenta un habeas corpus |123|
Jesús Alanís López apareció muerto en el penal de San Felipe, Mendoza, el 28 de setiembre Presentaba una herida punzante en el ojo la que causó derrame cerebral. Tenía 29 años de edad, su traslado al hospital fue como NN mientras su madre y el resto de la familia lo buscaba con desesperación. Estaba detenido por robo simple, en espera del juicio. Fallece el 8 de octubre.
13.- En la Provincia de Misiones
Carlos Raúl Girula de 33 años de edad, albañil, murió tras recibir una feroz golpiza mientras era trasladado en un patrullero rumbo a la comisaría, el domingo 20 de junio. La autopsia efectuada demostró la brutal saña empleada por la policía. Su muerte se produjo por estallido y hemorragia pulmonar, golpes en la cabeza, marca de borceguíes en el cuerpo siendo arrastrado después de muerto. La detención se habría producido luego de una discusión en un motel de la ciudad de Posadas |124|
Investigan la comisaria 1ª la investigación que está realizando la justicia se está avanzando también en la existencia de posibles nexos entre policías y bandas delictivas de la zona, que liberarían zonas para la comisión de delitos vinculados al robo de automotores, viviendas y también contrabando. Los policías investigados son el jefe de la comisaría, José Fischer, dos oficiales, dos sub oficiales y dos agentes. El disparador de la investigación fue la feroz golpiza que recibieron dos detenidos acusados de robo calificado, que debieron, dada la gravedad de las lesiones, ser internados. Varias denuncias tienen a través de los años por malos tratos y robo de pertenencias en esta seccional, tal el caso de: Juan Carlos Gómez, albañil oriundo de Posadas quien a mediados de abril estando realizando un trabajo en la casa de sus padres fue detenidos, golpeado salvajemente y "apretado" para que se declare culpable de un robo de teléfonos celulares de alta gama ocurrido en marzo |125|
Mario Silva denuncia en el mes de junio a los policías que golpearon a su sobrino Sergio cuando, a bordo de su moto, llevaba nafta para auxiliar a un pariente. Fue interceptado por la policía y agredido en medio del operativo. Lo tuvieron detenido tres días mientras su familia lo buscaba desesperadamente, incluso realizando rastrillajes en la zona de montes. Finalmente, su padre lo ubica dentro de una de las celdas de la comisaría 1ª, luego que le hubieran negado reiteradamente la presencia del joven |126|
14.- En la Provincia de Neuquén
En el mes de Abril se realizó la primer audiencia donde la victima MLM narro que fue trasladado desde la cárcel de Marcos Paz; y una vez en la Alcaidía, se cruzó con policías uniformados que lo identificaron con otra causa y lo acusaron de "mandar en cana", a un colega suyo. En castigo fue alojado sólo en un pabellón destinado a los detenidos provenientes de la cárcel de Ezeiza. Contó también que al reclamar a gritos su reintegro al lugar que le correspondía, que allí ingresó una requisa protagonizada por siete agentes que le "pegaron por pegar" |127|
En el mes de Noviembre la Corte Suprema de la Nación resolvió que la causa por el estudiante de Economía de la Universidad del Comahue Sergio Ávalos, quien fue visto por última vez en 2003, debe ser investigada por la Justicia federal de Neuquén y bajo la figura de "desaparición forzada de persona". El caso se tramitaba en la justicia penal ordinaria provincial como "averiguación de paradero", pero la Corte coincidió con un dictamen de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y mandó cambiar el fuero y la carátula del expediente. El abogado de la querella, Luis Virgilio Sánchez, recordó que la familia tuvo que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y espera que la causa llegue a Neuquén para impulsar la pesquisa |128|
15.- En la Provincia de Río Negro
Pablo Politis se proponía realizar un documental del horror de la explotación laboral y pasó a sufrir un intento de secuestro contra él mismo, apenas si puede recuperarse para contar la odisea sufrida en su visita a Choele Choel y a Lamarque. El motivo: Politis se vinculó por casualidad geográfica con el reclamo que lleva adelante la familia de Daniel Solano, el peón rural que viajó de Salta a Río Negro a recolectar manzanas y terminó desaparecido, en noviembre de 2011. Politis documentaba los lugares de hacinamiento y pago tercerizado a cargo de la empresa "Trabajo Argentino", cuando fue prepoteado por matones y uniformados, que pretendieron meterlo a golpes dentro de una camioneta policial, pero logró zafar por intervención de un grupo de peones. Se refugió en una iglesia y dos días después fue trasladado por el gobierno de Río Negro a Bahía Blanca, desde donde puso distancia al horror |129|
En el penal de Bariloche en el mes de Marzo la presencia de decenas de cucarachas en una celda del Penal 3 motivó la intervención del juez Martín Lozada que dispuso la fumigación y mejoras en las condiciones de habitabilidad de los internos. El recurso de habeas corpus fue presentado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro y el juez tuvo en cuenta al momento de emitir su fallo, que el Servicio Penitenciario cometió reiteradas omisiones a notas y pedidos de mejoras dispuestos por la Justicia |130|
16.- En la Provincia de Salta
El 23 de febrero el suegro de Jorge Sebastián Salomón (de apellido Medina) contó que su yerno estaba en la celda 2, planta baja, del pabellón "A" del penal de Villa Las Rosas cuando Néstor Adán Lino, su compañero de celda, prendió fuego a un colchón con un encendedor. Según se supo, había tomado la decisión motivado por problemas familiares. Ambos fueron trasladados al hospital San Bernardo ya que presentaban quemaduras diversas e insuficiencia respiratoria. Finalmente Salomón falleció.
Desde el Servicio Penitenciario se informó del suceso y las hipótesis que manejan son similares a las vertidas por la mujer.
El 6 de Mayo en estado de conmoción, los familiares del acusado informaron que el hecho sucedió esta tarde en el penal de Villa Las Rosas, durante el horario de visita Daniel Vilte Laxi (quien semanas atrás se había presentado ante el tribunal salteño como inocente) recibió dos puñaladas, una en la espalda y otra en la cara |131|
17.- En la Provincia de San Juan
Federico Blas Fernández Santa Lucia detenido en el penal de Chimbas, cuando el 25 de junio recibe una herida en su pómulo izquierdo cuya profundidad produce una grave lesión en el cerebro permaneciendo durante horas sin recibir atención médica. Luego de ser tratado en el hospital y de vuelta en el penal es torturado por personal penitenciario |132|
18.- En la Provincia de San Luis
El 4 de Abril, el OIP recibió el Proyecto de ley del mecanismo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de San Luis cuya autoría es del legislador provincial Alejandro Cacace. El OIP adhirió al proyecto por considerarlo indispensable.
18.- En la Provincia de Santa Fe
El 26 de Junio el OIP recibió un proyecto de ley impulsado por varios legisladores nacionales en cuya parte resolutiva dice: RESUELVE: Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la adopción de todas las medidas necesarias para construir y poner en funcionamiento una unidad carcelaria federal en la Provincia de Santa Fe, que posibilite alojar a las personas privadas de libertad en causas federales |133| Este proyecto viene de la mano de una gestión prolongada de parte del OIP debido a que los presos con causas bajo la competencia provincial sufren hacinamiento dada la desaprensiva posición de la administración de justicia federal, tal como quedó plasmado en la respuesta que oportunamente enviara a la institución el Dr. Juez federal de 1era. Instancia, Dr. Reinaldo Rubén Rodríguez de la provincia. Así la sobrepoblación de detenidos en comisarías de la provincia comenzó a generar hechos de violencia intramuros. El 23 de Marzo, una docena de detenidos en la comisaría 24 de Granadero Baigorria, una de las ciudades más poblada del departamento Rosario, al sur de esta provincia, se cosieron la boca en protesta por el mal trato que reciben, consecuencia directa de aquella situación |134|
El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) dio a conocer los números obtenidos el año pasado por el Registro de Torturas, Abusos Policiales y demás afectaciones de Derechos Humanos que funciona bajo la órbita del organismo que dirige el defensor General, Gabriel Elías Ganón. En total, se registraron 328 casos que genéricamente se enmarcan dentro de lo que se denomina tortura o abuso policial, aunque no todos tengan a personal de la fuerza provincial como implicados. De hecho, fueron 278 episodios que involucran sólo a la policía, dado que también hay casos registrados donde quien aparece sindicado como autor es personal de gendarmería nacional, señalaron desde el SPPDP |135| En cuanto al número global (328), la Dra. Quiroga previno que en su gran mayoría éstos no se ven reflejados en una investigación penal preparatoria. "Lo más significativo de la información que tenemos es que la mayoría de las víctimas prefiere no denunciar penalmente y sólo confía en el defensor para darle la información expresando que no quiere hacerlo".
La detención de Carlos Martín V., un joven nacido hace 21 años en Roque Sáenz Peña, Chaco, actual miembro de la comunidad Toba de Roullión y Maradona se produjo a raíz de la muerte de Vicente Vallejos un ciudadano paraguayo de 29 años en medio de una pelea entre bandas antagónicas, algunos de cuyos integrantes se identifican con agrupaciones que desde hace años buscan ganar adeptos y territorio en una zona habitada por nativos chaqueños de la comunidad Qom e inmigrantes del Paraguay. Los testimonios de los familiares de la víctima, tomados como casi exclusivo elemento de prueba para acreditar la autoría, lo ubicaban en la escena del crimen y como autor de los disparos. Con esas pruebas la jueza Patricia Bilotta indagó al detenido, luego lo procesó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y ordenó su prisión preventiva. Estuvo preso un año. En noviembre la Cámara Penal de Rosario revocó el procesamiento y ordenó la inmediata libertad |136| El imputado seguirá vinculado a la causa pero en libertad. En el juzgado de Instrucción se revisarán las pruebas, se podrán incorporar otras a pedido de la fiscalía y la defensa hasta que se logre probar la autoría material del homicidio de Vicente Vallejos.
El OIP envío una nota a la Defensoría del Pueblo de la Nación a fin de que dictamine la actuación abierta en relación con el incendio que se produjo en la Alcaldía de Rosario y que falleciera Miguel Ángel Saboldi imputado de ser un jefe de narcotráfico. Al cierre del presente informe aún la actuación no tiene resolución. Cabe señalar que Los conflictos entre internos, los ajustes de cuentas y los reclamos a las autoridades que luego devienen en incendios tiene un protocolo de tratamiento para evitar desastres como el que aconteció en el mencionado lugar de detención. En efecto, el Manual de las Buenas practicas penitenciarias que elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al que adhirió la República Argentina, contiene un instructivo que constituye una valiosa herramienta la adecuada administración de los conflictos intramuros y evitar situaciones de la crueldad como la que debo dictaminar. Es evidente que los agentes de seguridad no están preparados para afrontar situaciones de conflictos y mucho menos preverlos de modo tal que frente al mismo se actúe de tal manera que rápidamente se logre desarticular o descomprimir dialogando e informando de inmediato al magistrado correspondiente. En este sentido un hecho acontecido el 27 de Agosto pone en evidencia no solo la mala praxis profesional, sino además la complicidad. Juan Rodríguez estaba procesado por robo calificado y le cortaron el cuello. Un guardia de servicio habría ocultado el arma usada. El hecho ocurrió en el pabellón 2, considerado de máxima seguridad |137|
El 12 de Agosto tres policías (un comisario, un oficial y un agente) fueron detenidos en Rosario, acusados de extorsionar a una mujer, a quien le habrían exigido dinero para liberar a su hijo de 16 años, apresado cuando participaba de un incidente callejero. La denuncia fue presentada por la madre del chico ante el Ministerio Público de la Acusación. Relató que personal de la sub-comisaría 22 le habría exigido unos 5 mil pesos para evitar enviar a su hijo al Instituto para la Recuperación del Adolescente (IRAR) |138|
19.- En la Provincia de Santa Cruz
El 18 de Noviembre comenzaron las audiencias del juicio a los 5 militantes de ATE que están presos desde hace más de un año por encabezar reclamos salariales y por condiciones laborales en Santa Cruz. Se trata de Alberto Arteaga, Ernesto Apendino, Juan José Vera, Diego Reyes y Patricia Benítez. El relato de Reyes fue impactante. Denunció que tres días después lo fueron a detener a su propio trabajo. En ese momento los policías lo golpearon fuertemente en la Comisaría Quinta, donde está detenido. Le rompieron el tabique, lo golpearon en la cabeza, lo torturaron, le dieron comida putrefacta. En una nueva golpiza lo fracturaron |139|
El 3 de Diciembre en el marco de la Comisión parlamentaria de Desarrollo Social, Salud y Derechos Humanos tuvo lugar una reunión de trabajo en la que se comenzaron a analizar los mecanismos de implementación de la Ley Nacional 26.827, inherente al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sancionada en el año 2012 |140|
20.- En la Provincia de Tucumán
El anuncio realizado a comienzos del año 2013 por el gobernador José Alperovich, acerca de la remodelación de las comisarias de la provincia hasta el momento es sólo eso, un anuncio. La situación tanto en comisarias como en las Unidades penales es de deterioro edilicio y malos tratos a los detenidos. La primera semana de Agosto reclusos de la Unidad Penitenciaria N°3 de Concepción se rebeló y permanecieron en los techos de la cárcel en reclamo por la agresión que habría sufrido un presidiario a manos de los guardias. Los tres reclusos que protagonizaron el hecho exigieron ser escuchados por alguna autoridad del Centro Judicial de Concepción.
[Fuente: Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina, Bs As, 16feb15]

Notas:
1. Año 1999 - Cuya función constitucional es de ejecutar el presupuesto y dictar los reglamentos internos del Poder Judicial, funciones que la Corte había ejercido con exclusividad hasta ese entonces, lo que implicó un nuevo examen institucional, ejercido de forma permanente. [Volver]
2. En su art. 3º bis dice: Artículo 3° bis.- Procedimiento. Para elegir a los consejeros de la magistratura representantes del ámbito académico y científico, de los jueces y de los abogados de la matrícula federal, las elecciones se realizarán en forma conjunta y simultánea con las elecciones nacionales en las cuales se elija presidente. La elección será por una lista de precandidatos postulados por agrupaciones políticas nacionales que postulen fórmulas de precandidatos presidenciales, mediante elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No podrán constituirse agrupaciones políticas al único efecto de postular candidaturas al Consejo de la Magistratura. No podrán oficializarse candidaturas a más de un cargo y por más de una agrupación política. Las precandidaturas y, en su caso, candidaturas, a consejeros de la magistratura integrarán una única lista con cuatro (4) representantes titulares y dos (2) suplentes de los académicos, dos (2) representantes titulares y un (1) suplente de los jueces y dos (2) representantes titulares y un (1) suplente de los abogados de la matrícula federal. La lista conformará un cuerpo de boleta que irá adherida a la derecha de las candidaturas legislativas de la agrupación por la que son postulados, que a este efecto manifestará la voluntad de adhesión a través de la autorización expresa del apoderado nacional ante el juzgado federal electoral de la Capital Federal. Tanto el registro de candidatos como el pedido de oficialización de listas de candidatos a consejeros del Consejo de la Magistratura se realizará ante esa misma sede judicial. [Volver]
3. Asociación por los Derechos Civiles (ADC) Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) Fundación Poder Ciudadano sostienen que la iniciativa vulnera el artículo 86 de la Constitución Nacional, en tanto permite perpetuar la acefalia de la Defensoría del Pueblo, y eludir -mediante la designación de un defensor adjunto por tiempo indeterminado-, el procedimiento constitucional de designación del Defensor. De aprobarse el proyecto, quien ejerza la titularidad de la Defensoría podrá ser designado por la mayoría simple de una Comisión Bicameral, violando el mandato constitucional que requiere de consensos amplios, que incluyan a una mayoría calificada de las dos terceras partes de los legisladores. [Volver]
4. "No es momento de hablar de despenalizar el consumo de drogas porque ahora hay que frenar el narcotráfico. Lo importante ahora es luchar contra el narcotráfico, no despenalizar el consumo, quien además sostuvo que no ve que hoy estemos en condiciones de llevar a cabo esta discusión." El titular de la Corte aseguró que hay cuestiones mucho más urgentes para el país y puntualizó que tal vez lo más importante sea la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas. Fuente: Diario El Tribuno 15-09- 2014 [Volver]
5. "Me alegro de que se haya dado cuenta de que este flagelo necesita un mayor acompañamiento por parte de la Justicia", contestó Berni cuando Luis Novaresio le consultó en radio La Red sobre las recientes declaraciones de Ricardo Lorenzetti sobre el narcotráfico. "Aquellos que no entienden lo que estamos hablando, les pido que lean la historia de Colombia. Lo primero que tuvieron que hacer fue una importante reforma judicial. Y recién ahí tuvieron las herramientas. Esto excede la virtud de los jueces. Necesitamos vías expeditivas para poder actuar", planteó el funcionario de seguridad. El funcionario del Ministerio de Seguridad repasó algunos casos en donde la Policía desbarató importantes bandas e incautó gran cantidad de drogas, pero la lentitud de la Justicia terminó colaborando con la situación procesal de los capos narco. "Las declaraciones de Lorenzetti llegan tarde para mi gusto. Estas declaraciones las esperaba un año y medio atrás. Pero bueno: esperamos que la Justicia esté a la altura de las circunstancias para que nuestras fuerzas federales puedan actuar con mayor rapidez", completó (Fuente Infobae/Crédito Adrián Escandar). [Volver]
6. Gacetilla de Prensa: El Dr. Sergio Berni, instaló un debate innecesario. En efecto, las leyes argentinas son lo suficientemente adecuadas para que: extranjeros que intentan ingresar a nuestro país y tienen antecedentes penales o no son requeridos para realizar trabajo, negocios o visita familiar, paseo turístico, realización de beca de estudios o cualquier otra actividad licita, no lo haga. Las altisonantes declaraciones sólo intentan ocultar lo que todo el mundo percibe: la desidia, improvisación y hasta la complicidad de los mecanismos de control para llevar adelante lo que la ley indica. Bajo una interpretación peculiar del preámbulo constitucional se pretende justificar lo injustificable. Nuestro país no es territorio abierto para el tránsito o permanencia de cualquier persona. "Todas las personas de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino" es el precepto y hasta donde la inteligencia alcanza, los traficantes de personas o de estupefacientes, la criminalidad organizada transnacional no son persona de buena voluntad, por el contrario tienen muy mala voluntad. Los exabruptos que profiere el Dr. Berni debería canalizarlos por la vía institucional correspondiente, esta es: el Ministerio de justicia de la Nación y solicitarle explicaciones al Dr. Alak, quien tiene a cargo la Oficina de intercambio de prisioneros y solicitar además que se instruya a la Dirección General de Inmigraciones para que informe acabadamente el flujo de extranjeros que ingresan al país y sus probables antecedentes penales. Las fronteras colador y las graves falencias en la constatación de las identidades de quienes ingresan y permanecen en la Argentina son voluntad política del gobierno del que forma parte, no un precepto constitucional ni leyes inadecuadas. No se trata de discriminación y de desplazar la responsabilidad a la legislatura, sino de terminar con el populismo penal y el usufructo siniestro de las mafias organizadas.
OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE PRISIONES DE ARGENTINA - Septiembre de 2014 [Volver]
7. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y Pedro R. David, dio curso favorable a una acción de hábeas corpus colectiva iniciada por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, en la que se peticionó la equiparación de los derechos laborales de los presos a las condiciones de trabajo libre. El decisorio, fundado en profusas citas y referencias doctrinarias, brinda acogida al principio constitucional de "igual remuneración por igual tarea" (arts. 14 bis y 75, inc. 22 CN -Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23.2; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 7.a.i.-, para las personas privadas de su libertad. [Volver]
8. El informe "Delito, marginalidad y desempeño institucional en Argentina", que se realizó en base a una encuesta a 1.033 presos condenados de Argentina y 6.000 de Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú, muestra el perfil sociodemográfico de los internos, patrones delictivos, proceso judicial y condiciones de vida en la cárcel, y de él se desprende que 'el 31 por ciento consumió alcohol o drogas seis horas antes de cometer el delito' y que 'el consumo de alcohol y droga son importantes predictores de los delitos más predatorios y violentos". [Volver]
9. El Representante Regional para América del Sur del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y cuestionó el régimen de aislamiento al que se sometió al joven. "El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe absolutamente el confinamiento de menores en celdas de aislamiento, por lo que llamamos a las autoridades a respetar estas disposiciones", expresó."Hechos como este dan cuenta de la necesidad de llevar adelante una reforma al actual régimen penal juvenil argentino, como lo han recomendado varios mecanismos y expertos de las Naciones Unidas. Alentamos al Estado a adecuar su legislación en esta materia a los estándares internacionales, incorporando especialmente medidas alternativas a la privación de libertad y más capacitación en derechos humanos para los agentes penitenciarios", señaló Incalcaterra. Así mismo, el Representante recordó que "el Estado en su conjunto es el responsable primario en materia de derechos humanos, y debe garantizar su respeto en los regímenes de privación de libertad. Por tanto, el nivel federal debe tener un rol activo en la administración y fiscalización de los lugares de detención, en coordinación con las provincias". "Un correcto monitoreo de los lugares de detención de menores pudo ser crucial para evitar esta lamentable muerte", continuó el Representante del ACNUDH. "Para ello, el Estado argentino debe implementar de manera urgente su Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y designar a sus integrantes sin dilaciones", exhortó Incalcaterra. Argentina asumió el compromiso de implementar un Mecanismo Nacional de Prevención al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2004. Estos mecanismos pueden realizar visitas a todo lugar donde se encuentren personas privadas de libertad, con el fin de supervisar el efectivo respeto a sus derechos humanos, y entre otras atribuciones pueden recomendar medidas para mejorar las condiciones del sistema de trato y detención en todo el país. [Volver]
10. El Comité de los Derechos del Niño será el órgano que analizará las comunicaciones que presenten los niños y las niñas para determinar si se han violado sus derechos humanos. Estos derechos fueron reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos , relativos a la participación de niños en conflictos armados, y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. [Volver]
11. "Cumplir con los Derechos Humanos es algo más que enunciarlos -dijo la diputada nacional Carla Carrizo, quien presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo por lo ocurrido en el Agote-. En los institutos de menores se mantienen prácticas vejatorias que violan estos derechos". Una gran paradoja es que un gobierno que hizo de la desarticulación de la 'herencia de la dictadura' su bandera mantiene vigente el decreto ley del último gobierno de facto que permite esta violación a las leyes de infancia. ¿En 12 años de gobierno hubo olvido para derogarlo?", se pregunta la legisladora Fuente Infobae [Volver]
12. Por si no bastara con eso, dijo García Méndez, en una entrevista con la revista Playboy, Zaffaroni explicó que declaró constitucional el decreto aunque sabía que no lo era. El diálogo es imperdible:
ZAFFARONI: En diciembre del año 2008 dijimos "esto es inconstitucional", pero por razones coyunturales, no lo podíamos declarar inconstitucional.
PLAYBOY: ¿Cuáles son las razones coyunturales para no poder declarar inconstitucional algo que sí consideran inconstitucional?
ZAFFARONI: Con los eslogans que había dando vuelta, el riesgo es que se generara un gatillo fácil contra los adolescentes. (...) No le puedo dar el argumento a una fuerza que yo solté 50 para que me maten 100, sobre todo cuando hay eslóganes políticos que pueden generar ese tipo de riesgos.
Emilio García Méndez es un jurista especializado en derechos de la infancia, ex diputado y hoy preside la Fundación Sur Argentina. En la búsqueda de un nuevo régimen penal juvenil, el principal escollo lo ha encontrado precisamente en la Corte Suprema cuyos fallos en materia de infancia le dan una imagen "cavernícola, medieval" -dice-, muy distinta a la que tiene en otros temas.
En el imaginario social, no hay menores presos, son todos inimputables. El Agote parecía cosa del pasado, y de pronto nos enteramos de que murió un chico... [Volver]
13. El mismo decreto dice que son absolutamente inimputables y no punibles. Pero la disposición tutelar del decreto de la dictadura sigue vigente a pesar de que en 2005 se derogó la Ley Agote, y se la sustituyó por la Ley 26061 de Protección Integral de la Infancia. Cuando se imputa un delito a un menor, si se comprueba que no cumplió los 16, el expediente penal se cierra y se abre otro, el tutelar. Si del estudio de ese expediente, el juez llega a la conclusión de que el menor está en "peligro moral o material", "puede disponer de él". Si un menor de 16 de clase media comete un delito, se va a casa, pero si es pobre, como está en "peligro material y moral", se lo priva de su libertad "para protegerlo", pero no se lo procesa porque es inimputable. [Volver]
14. "En primer lugar, el tribunal comparte los argumentos brindados en su oportunidad por el juez Marti Garro a la hora de disponer la permanencia del joven en aquél establecimiento, puesto que de la lectura de los diversos informes recabados en autos sobre su situación surge que se encontraría en graves condiciones de desamparo desde hace varios años, por carecer de un núcleo familiar de contención, que al mismo tiempo se ve agravada por el continuo consumo de sustancias tóxicas que, pese a su corta edad, le han producido un importante deterioro físico y psicológico.
En este contexto, no podemos pasar por alto que sus reiterados ingresos anteriores a instituciones de régimen abierto no surtieron efecto alguno ni lograron brindar un tratamiento acorde a la problemática evidenciada en el menor, puesto que en todos los casos se ha retirado por voluntad propia de dichos establecimientos y, en algunos otros, en que se ejercía un mayor control sobre él, se ha dado a la fuga" [Volver]
15. Según denuncian los vecinos, estas clases de "operativos" son frecuentes, entran disparando por los pasillos de las villas, cosa que justifican con supuestos "enfrentamientos". Braian y Marco bajaban de un coche con las manos en alto, pero igual fueron acribillados según los testimonios de los vecinos, ambos estaban desarmados. Jonathan estudiaba en la escuela 2 de la zona. [Volver]
16. De acuerdo a la información oficial que se encuentra en la página de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, en los 4 centros de recepción el total de cupos es 284, en los 10 centros cerrados 167, en los 14 centros de contención 160. Se carece de datos oficiales respecto a la cantidad de jóvenes privados de la libertad a la fecha, los datos existentes son en base a distintas denuncias realizadas por organizaciones de la sociedad civil, calculando que la cifra sería de 3.500, cercana a la de 3.462 reconocida oficialmente al 13-9-2013. De este total habría 559 jóvenes en los centros cerrados, de recepción y de contención, y 2.903 en los centros de referencia. [Volver]
17. arbitrar los medios para brindar asistencia médica, odontológica, psicológica y tratamiento a las adicciones de manera integral y permanente, en los distintos centros de detención que están bajo su órbita, debiendo informar en 30 días las medidas a tomar; cesar toda forma de sanción o tratamiento a los jóvenes detenidos que impliquen un trato cruel, inhumano o degradante como la práctica de restricción o encierro absoluto así como la provisión de psicofármacos y otros medicamentos psiquiátricos sin prescripción y diagnóstico médico; adecuar en el plazo de un mes la resolución 370/12 en lo relativo a la reglamentación de las sanciones disciplinarias, acorde con las reglas de Naciones Unidas; dotar en 60 días de los extintores de incendio necesarios para cada dispositivo de detención y reponer la recarga de aquellos que tengan la carga vencida; dotar en el mismo plazo de colchones ignífugos en la cantidad necesaria; informar en 60 días si los centros de detención posee aprobación de las autoridades de prevención de siniestros, planes de evacuación y prevención, presentando la correspondiente documentación en cada caso; informar en 60 días el plan de obra de infraestructura y mantenimiento edilicio programado, plan de ejecución y tiempo estimado de finalización; informar en 60 días plan de alimentación, dietas, características nutricionales y gramaje y las empresas prestatarias; informar en 60 días los programas y actividades educativas, de capacitación profesional y laboral, culturales y recreativos, discriminados por dispositivos de encierro; informar en 60 días la nómina de jóvenes que reciben planes o subsidios sociales; presentar en 60 días un plan de capacitación para el personal, adecuado a la normativa vigente; cumplir con la meta de separación entre jóvenes condenados y procesados; informar mensualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y a la Procuración las plazas de alojamiento reales en cada dispositivo y la población de cada uno de ellos; realizar un relevamiento estructural arquitectónico y de condiciones de seguridad con relación específica a plazas y población reales por peritos. [Volver]
18. el resto del edificio se halla con deterioro general por falta de revoque y pintura, con filtraciones de agua, cables de electricidad en zonas de habitación no empotrados, falta de medidas de seguridad contra incendios, déficits en alimentos con disminución de porciones y calidad, carencia de ropa de cama, falta de personal, de tratamiento a las adicciones. En la resolución emanada el 20 de mayo por el correspondiente tribunal, se detalla que se constituyeron en el lugar y observando las condiciones existentes en el centro decidieron aceptar la acción de habeas corpus. Requieren la presentación de la licitación de la empresa proveedora de alimentos, exigiendo que en 10 días la Dirección detalle los productos alimentarios y el uso dado a los mismos, la presentación del listado del plantel laboral detallando tareas, horarios, historial de licencias, grado de capacitación y la presentación de los planes de educación. [Volver]
19. La denuncia se radicó en el Juzgado de Garantías del Joven Nº 1 de La Matanza, denunciando a la Secretaría de Niñez y Adolescencia, al Servicio Penitenciario Bonaerense y a las autoridades y funcionarios responsables del centro de Virrey del Pino. En la denuncia se detalla que los jóvenes están encerrados casi todo el día en las celdas careciendo de actividades. La recreación debería hacerse de 8 a 14 y de 14 a 20 horas divididos los internos en dos grupos. En la huelga de hambre los jóvenes reclamaban por la falta de acceso a talleres, escuelas y espacios verdes. Un muro divide la institución en dos con el objeto de crear una alcaidía de adultos en el predio, lo que eliminaría la existencia de los talleres, el sector de sanidad, la escuela y los espacios verdes. [Volver]
20. Detallan que reciben carne y pollo sin refrigerar, viven hacinados, escasea el agua potable, faltan remedios, ropa, toallas, colchones y pañales, se dejó de pagar el servicio de emergencias médicas, no hay vehículos ni personal suficiente, faltan matafuegos o los existentes están vencidos, los edificios se inundan, tienen agujeros en las paredes e instalaciones eléctricas ineficientes, con baños en un estado deplorable. El expediente incluye auditorias edilicias lapidarias, informes de años anteriores y fotos. Hasta la fecha la Defensoría del Pueblo no emitió resolución alguna. [Volver]
21. El incremento es notorio con respecto a períodos pasados y respecto al detallado anteriormente es alarmante, en cuatro meses de 44 casos llegamos a 100, lo que representa un aumento del 241%. La mayor cantidad de casos se registraron en los siguientes departamentos judiciales: Mercedes, 32 casos, La Matanza 27, San Nicolás 14, Mar del Plata y Lomas de Zamora 7 cada uno, y Bahía Blanca y San Martín 4 cada uno. Solo el 36% lo denunció ante alguna autoridad, el resto fue en reserva por temor a las represalias. La modalidad fue, nuevamente golpes de puño, trompadas, patadas, golpes con culatas o cañones de armas de fuego, palos y caños o directamente estrellados contra las paredes, dándose algunos casos de picana y abuso sexual. En general todos denuncian hostigamiento policial. [Volver]
22. Joven menor de edad al que personal policial de la comisaría 8ª. de Lomas de Zamora, en ocasión de su detención en la vía pública lo llevó a la seccional en donde, alojado en una celda, fue golpeado por cuatro uniformados, golpizas que se reiteraron el tiempo que permaneció en la dependencia (registro 11245 A1). Joven menor de edad estando con sus amigos en la vía pública advierten que se detienen cuatro móviles policiales por lo cual corren dentro del barrio; los persiguen dos policías que lo detienen, lo golpean ferozmente y le pegan un tiro en la pierna izquierda, lo tienen esposado boca abajo durante un tiempo prolongado. Los vecinos intervienen exigiendo a la policía que soliciten asistencia médica, (Registro 11246 A1). Efectivos de la comisaría 1ª. de Arrecifes fueron denunciados por un joven que manifestó que cada vez que lo paran "lo muelen a palos" en especial uno al que se denomina como B. que es el más agresivo y pareciera estar ensañado con el joven (planilla 11493).
Otro joven denuncia a la misma comisaría y manifiesta haber recibido cachetazos y amenazas de muerte, diciéndole que lo iban a desaparecer. El joven quiere terminar la escuela y hacer lo que el juez le ordenó, pero no sale a la calle si no es acompañado por temor al jefe de calle de la comisaría 16ª. (planilla 11806)
Un adolescente de 14 años fue torturado por pasaje de corriente eléctrica en el momento en que lo introdujeron dentro del móvil policial, previo pegarle un golpe de puño en ojo derecho y golpes en la espalda con el bastón policial, lo que fue denunciado formalmente ante la Fiscalía 8 de Mercedes (planilla 11634). En Lomas de Zamora adolescente torturado con agua hirviendo mientras lo golpeaban (planilla11712). Adolescente en San Martín a quien luego de ser salvajemente golpeado con el bastón policial, simularon fusilarlo con la pistola reglamentaria (planilla 11723).
Efectivos policiales imputaron falsamente a joven de 16 años quien regresaba junto con su hermano de 15 años y un amigo al que denominan B. de 16 años. Regresaban a su casa cuando son interceptados por un móvil policial que les gritan que se apoyen contra un portón, comienzan a requisarlos, una mujer policía (Carolina Marrero), lo golpea a uno de ellos en la cara, lo arrojan violentamente contra el piso, le retuercen las manos contra la espalda, lo esposan, son llevados a la comisaría acusándolos de resistencia a la autoridad. Adolescente de 14 años estaba regresando a su casa en el distrito de San Nicolás cuando un móvil policial lo detiene arbitrariamente, los efectivos le propinan una golpiza y lo llevan a la seccional donde lo tienen una hora en el calabozo, de allí lo llevan a la casa de su madre, el joven se queja que las esposas están muy apretadas. Una vez en su hogar le sacan las esposas y le exigen que firme un papel a lo que se niega, uno de los policías lo toma del cuello, le golpea la cabeza contra el marco de una puerta. La madre interviene saliendo en su auxilio, la esposan y junto a su hijo los llevan a la seccional nuevamente, meten al joven en una habitación pequeña y el mismo policía que lo atacó en su casa comienza a golpearlo salvajemente en todo el cuerpo. (Planilla 11694). En La Matanza personal policial aprehende al joven denominado P. en la puerta de su domicilio, ingresan al mismo sin orden y plantan un arma de fuego, luego le forman una causa por portación ilegal de arma de guerra. (Planilla 11666). [Volver]
23. Al mes lo trasladan a la comisaría 1ª. de Merlo donde vuelve a ser torturado. Al concurrir su madre a verlo le comunican que no está en esa dependencia por lo cual decide interponer un habeas corpus. Luego de una semana le notifican que Alejandro está en la comisaría 3ª. de Merlo y al verlo lo encuentran con signos evidentes de haber sido nuevamente maltratado. Este caso es típico: la utilización del traslado de un lugar a otro a los detenidos y se utiliza tanto en cárceles como en comisarías (en el argot carcelario "calesita") como forma de castigo. [Volver]
24. Fuentes judiciales confirmaron que el cuerpo del joven presentaba signos de haber recibido una fuerte golpiza con fractura y desplazamiento de cráneo. La causa se encuentra radicada en la UFI 20 de Necochea. La fiscalía se negó a que la familia accediera al expediente argumentando que aún faltaban realizar algunas investigaciones, con lo cual estaría violando el derecho del particular damnificado a pedir informaciones sobre la causa que lo afecta, lo que está legislado por normas y protocolos internacionales en materia de investigación. Se objeta también a la fiscalía no haber tomado medidas para evitar la contaminación de las pruebas y el escenario donde se dieron los hechos. [Volver]
25. Gómez inició una persecución al coche donde iba Yanela junto a otros jóvenes, sin que existiera ningún motivo, salvo que le resultaron "sospechosos", comenzó a dispar impactando una bala en el cuerpo de Yanela quien fue llevada de urgencia al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde estuvo agonizando 12 días, con muerte cerebral. [Volver]
26. El policía había salido en persecución de los que habían asaltado a una vecina, se cruzó con unos chicos que conversaban en la calle, estaban en la esquina de Ricardo Balbín y Las Gardenias, dice ver que uno de ellos hace un gesto sospechoso, piensa que va a sacar un arma y le dispara directo al corazón. Sosa muere a los pocos minutos. [Volver]
27. De acuerdo al correspondiente informe pericial, la bala salió de una pistola 9 mm correspondiente a uno de los policías que intervinieron en el tiroteo. En él se establece que el disparo previamente rozó una estructura de mampostería y luego impactó en la joven. Sabrina murió de una hemorragia masiva de la aorta y el pulmón. La versión oficial es que el tiroteo se realizó a 200 metros del colegio y que uno de los proyectiles rebotó en el portón e ingresó al patio impactando en Sabrina, aunque se sospecha que el tiroteo fue en la puerta del colegio. [Volver]
28. Los chicos estaban jugando en la plaza de La Merced. Los detenidos fueron llevados a la seccional, donde se dirigieron el resto de sus amigos, familiares y vecinos. Una vez frente a la comisaría, en lugar de dar explicaciones por este abuso de autoridad, volvieron a reprimir deteniendo a 7 jóvenes más, entre ellos una chica de 12 años, a los que condujeron esposados al interior de la seccional donde fueron ferozmente golpeados, lo que consta en las pericias médicas que se realizaron. Al presentarse los padres fueron intimados a firmar una declaración donde se hacían responsables de los supuestos delitos cometidos por sus hijos, entre ellos resistencia a la autoridad, disturbios en la vía pública y golpes a un oficial. Ante esto, los padres hicieron una denuncia pública de los hechos convocando a una movilización. [Volver]
29. A las 18,55, horario de entrada del bachillerato para adultos, la encargada del establecimiento observó que uno de los alumnos ingresaba con su moto a toda velocidad, mientras era perseguido por un patrullero que ingresa al colegio, se bajan los policías empuñando sus armas. Las jóvenes víctimas de la persecución, luego de una acalorada discusión de los docentes con la policía, aceptaron salir fuera del establecimiento, momento en que los agentes los tiran violentamente sobre el capot del patrullero y empezaron a revisarlos mientras los increpaban a los gritos. Ante esta situación, comenzó a reunirse gente alrededor del colegio, entre ellos los alumnos, por lo cual los uniformados pidieron refuerzos, sumándose al procedimiento dos patrulleros más. Los jóvenes estaban sumamente asustados, temblaban y uno de ellos lloraba. Finalmente fueron detenidos y la moto confiscada. [Volver]
30. La policía trató de justificar esta muerte haciéndola pasar como producto de un enfrentamiento, las pruebas demostraron lo contrario. Miguel no tenía ningún arma, ni había intentado robar tal como aseguraban los uniformados. [Volver]
31. Al ubicar el coche robado, lo persiguen por más de 30 cuadras hasta que en el cruce de Avenida República de Francia y Avenida La Plata de Ezpeleta, se inicia el tiroteo. La joven muere en el acto, un joven de 18 años recibe un tiro en la cabeza y el otro joven de 17 años es baleado en manos y piernas, siendo trasladados al Hospital de Quilmes. No trascendió la identidad de las víctimas [Volver]
32. Uno de los adolescentes sufrió quemaduras del brazo, otro quedó con la pierna fracturada, un tercero con el tabique nasal roto, dientes rotos y todos con heridas de balas de goma en distintas partes del cuerpo. Vecinos y familiares de la zona, junto con alumnos y docentes de los establecimientos donde concurrían los jóvenes, se auto convocaron en asamblea a fin de organizar la denuncia de lo sucedido emitiendo un comunicado de prensa. No trascendió la identidad de los jóvenes agredidos. [Volver]
33. Quien tenía 16 años cuando desapareció el 31 de enero de 2009. [Volver]
34. Según declaraciones del Secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro, el grupo buscaba liberar a un chico que no estaba en el lugar, tras lo cual abrieron las puertas de los pabellones instando a los chicos a fugarse. Solo cuatro de ellos lo hicieron. [Volver]
35. Por dichos de personas allegadas a los jóvenes el OIP tuvo la versión de que el subdirector: grita, maltrata, al propio personal. Pasan horas extras y por las noches el instituto esta desolado, es decir sin nadie que atienda y cuide a los alojados. No llama la atención entonces que vino un familiar con una amoladora que abandonó en el lugar, abrió el tejido de una ventana y propició la fuga. [Volver]
36. "La labor que se desarrolla con los menores en ese lugar es sumamente importante y lo que nosotros pretendemos hacer de esta Subsecretaria y de la Dirección del Servicio Penitenciario es profundizar el tratamiento para que los menores alojados en ese sector puedan el día de mañana salir rehabilitados y así reinsertarse a la sociedad con los ideales que se espera", manifestó el funcionario. Por otra parte, el subsecretario recorrió el sector donde estaban alojados los menores antes del motín del mes de noviembre del año 2013, que sufrió varias pérdidas materiales. "Lamentablemente las instalaciones fueron seriamente dañadas y es nuestra intensión tratar de conseguir los fondos necesarios y refaccionar este lindo lugar y pueda ser reutilizado. Es nuestra idea volver a refuncionalizar este lugar porque lamentablemente en este momento está siendo desperdiciado", finalizó. [Volver]
37. Una vez en la comisaría de Tres Isletas, la golpiza continuó con varios policías que se turnaban para pegarle hasta dejarlo inconsciente. Intentaron reanimarlo echándole un balde de agua fría, sin que el joven respondiera, por lo cual fue trasladado al hospital local donde fallece. Según denuncia la madre del joven, cuando éste era trasladado en la ambulancia, un patrullero la hizo detener y cambiaron el parte médico. [Volver]
38. Aseguró a la agencia Télam María Angela Ochoa, madre de Matías Panetta (27), muerto en agosto de 2013. Tras aclarar que a su hijo, según la versión de la Policía, lo "mataron en un enfrentamiento", la mujer aseveró que, en realidad, el joven "fue hostigado por un agente, como muchos otros, cuando iba a buscar a un amigo para ir a un baile". "La Policía los persigue por portación de rostros, porque usan gorras, porque son morochos o porque viven, supuestamente, en una villa. A los chicos se les hace muy duro andar por la calle en Córdoba", manifestó Ochoa. [Volver]
39. La versión policial es que el joven intentó asaltar a la agente, cuando esta se identificó como policía, el joven habría extraído un arma de fuego por lo cual disparó. Sin embargo, la familia sostiene que Lautaro había salido a comprar una tarjeta para su teléfono, cuando la mujer policía le disparó por la espalda. Los hechos ocurrieron en las cercanías de los domicilios de ambos. De los cuatro impactos, dos los recibió en los pulmones, uno en el hombro y otro en la nuca. El arma que le atribuyen al joven fue colocada por la policía. Lautaro había recibido amenazas debido a que estuvo involucrado en el motín que hubo en un instituto de menores en el Complejo Bower en febrero, reconociendo que tenía un problema de adicciones. De todos modos no se explica como pudo haber enfrentamiento armado cuando el adolescente fue baleado por la espalda. [Volver]
40. A raíz de los golpes recibidos, estuvo en coma 10 días y finalmente fallece. La versión policial es que Ezequiel se había lesionado luego de intentar escapar a bordo de una moto luego de cometer un robo en el barrio San José de la capital provincial [Volver]
41. A Pellico una bala le impactó en la nuca, provocando su muerte, y a Peralta en una pierna quedando detenido y siendo liberado a los dos días debido a la movilización de las familias y vecinos del lugar. [Volver]
42. La versión fue que el joven intentó robarle, que estaba de franco y que usó su arma reglamentaria. Sin embargo fotografías tomadas por la familia, demostraron que el cuerpo de Ezequiel había recibido numerosos golpes, su cara estaba deformada, la nariz quebrada, y varios impactos de bala en glúteos, cuello y abdomen [Volver]
43. En declaraciones realizadas, la madre del joven admite que tenía problemas por consumo de drogas, pero no cree en la versión de suicidio, afirmando que cuando la policía se lo lleva el joven estaba desmayado y que algunas personas le afirman que le pegaron un tiro. Cuenta que pidió ayuda en varios lugares para tratarlo de su adicción sin logar respuesta. [Volver]
44. Gastón recibió un disparo en su espalda que le lesionó un pulmón, el hígado, el intestino y la vesícula, mientras sus amigos eran bajados violentamente del vehículo a los golpes. Bordonaro está detenido imputado por lesiones graves. [Volver]
45. los trasladaron a la comisaría, los golpearon ferozmente, les aplicaron submarino seco. Al quedar en libertad, los jóvenes denunciaron los hechos lo que provocara que fueran separados del cargo varios uniformados [Volver]
46. Según consignó Cadena3, el episodio se registró ayer a la madrugada. Un llamado anónimo fue el que alertó a la Policía de Córdoba del insólito hecho. Fuentes de la investigación indicaron que la posición en la que fue encontrado el muchacho emulaba una crucifixión: presentaba un palo en la espalda del que colgaban sus brazos. Fue trasladado hacia un hospital local donde constataron que presentaba un cuadro de hipotermia. Se le tomó declaración y según se informó desde la Policía, se resistió a brindar detalles de los autores del hecho. Por otra parte, investigan además a policías de la localidad santafesina de Frontera, donde había estado preso horas antes, aunque no descartan que se haya tratado de un "ajuste de cuentas" [Volver]
47. Según la familia y testigos del hecho, fueron los policías los que dispararon. Un móvil de la comisaría 2ª llegó al lugar de la gresca persiguiendo a dos jóvenes y disparando con sus 9 mm. Una de esas balas impactó en el ojo quedando alojada en la cabeza de Alfredo. Fueron sus amigos los que llevaron al joven al hospital Escuela. [Volver]
48. Una resolución judicial decide su alojamiento en un hogar de niños, donde es confinada a una habitación en la que aparece muerta al día siguiente, causa probable: suicidio. [Volver]
49. Ordenó que durante el tiempo que allí se encuentren deberán brindarles "efectiva asistencia" en lo concerniente a alimentación, seguridad, salud y contención emocional, y además comunicar en forma inmediata, luego del alojamiento de un menor, a la asesora de Menores y al magistrado de Menores en turno y al Consejo Provincial del Niño, Adolescente y de la Familia. El Dr. González había articulado una acción de habeas corpus colectivo, en beneficio de todas las personas menores de edad (niños, niñas y adolescentes) quienes por haber sido halladas luego de fugarse del hogar, o bien en conflicto con la ley penal, y privadas de su libertad (en comisarías del Menor y la Mujer y Asuntos Juveniles, institutos de menores públicos y/o privados de la provincia y orfanatos) "sufren condiciones de alojamiento no acordes a los lineamientos constitucionales y tratados internacionales" y denunció casos específicos, por lo que se solicitó informe al hogar "Tía Amanda". En cuanto a la política estatal sobre el régimen de alojamiento, la acción se rechazó por considerarse que constituía una intromisión a otro poder. [Volver]
50. Represión a la Comunidad "El Colorado": El 28 de junio la Comunidad en Ramón Lista se encontró con gran cantidad de móviles y más de 100 efectivos policiales que venían a realizar allanamientos. Irrumpieron disparando balas de goma y plomo, ingresando violentamente en las viviendas, destruyendo todo a su paso y atacando violentamente al que entorpeciera su accionar sin importarles sexo o edad. Detuvieron al referente wichi Avelino Tejada y a sus hermanos Esteban, Manuel y Ricardo junto a otros dos miembros de acuerdo a la orden judicial del juez de Las Lomitas, Francisco Orella cumpliendo la orden del ministro de gobierno provincial Jorge González. Por las heridas recibidas una de las víctimas está en riesgo de perder el brazo. El operativo se dio porque la comunidad wichi estaba reclamando la devolución de sus tierras ancestrales que les había sido usurpada por un empresario local quien las cercó y les impedía el acceso. El lugar es sumamente importante por sus reservas petrolíferas. La comunidad tiene el título de propiedad otorgado por la gobernación provincial. Posteriormente, en agosto, fueron atacados por hombres armados a los manifestantes que estaban realizando un acampe, apoyando a los wichis, con cadenas y machetes tratando de conseguir las filmaciones que se realizaron mostrando el abandono y la miseria a las que están sometidas las comunidades del lugar y las fotos de la represión y los heridos. [Volver]
51. CUARTO: "Sr. Juez de Menores de la Primera Circunscripción Judicial - Dr. Carlos María Miers s/ situación Centro de Atención Integral Juvenil" Visto el informe elevado por el Dr. Carlos María Miers, Juez de Menores de la Primera Circunscripción Judicial, dando cuenta de la situación advertida en el Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJU), respecto de las deficiencias en la prestación de alimentos a los menores institucionalizados, a partir del informe elevado por la Delegada de Libertad Vigilada en turno. Teniendo presente el acta labrada por el Sr. Juez, la Secretaria y la Delegada de Libertad Vigilada con posterioridad, poniendo de relieve la regularidad del servicio en todos los aspectos a raíz de anteriores gestiones realizadas por este Alto Cuerpo con el Ministerio de la Comunidad a fin de solucionar las anomalías mencionadas. Ante la incongruencia en los dos informes remitidos, ACORDARON: 1) Hacer saber al Ministerio de la Comunidad las irregularidades advertidas en el Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJU). 2) Recomendar al Sr. Juez de Menores que se constituya nuevamente en el Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJU) a fin de constatar las condiciones en que se encuentran los menores alojados, debiendo informar nueva mente a este Alto Cuerpo los resultados de la misma. [Volver]
52. "Respecto de los que critican yo creo que no tienen la más pálida idea, porque mi proyecto se basó en legislación vigente en otras provincias, ellos están ya hace mucho trabajando con eso, son leyes muy actuales y yo viendo la necesidad de implementar algo parecido y adaptado a nuestro medio presente un proyecto de esa naturaleza. Lamentablemente hoy por hoy estamos en esta situación. Sigo creyendo que es absolutamente necesario modificar las leyes", valoró el magistrado. Ante la requisitoria sobre en que consiste su proyecto, Miers dijo que "el proyecto consistía en derogar la prohibición expresa de la prisión preventiva en menores, que está vigente en nuestro actual código de procedimiento penal, ó sea nosotros no podemos disponer de un procesamiento con prisión preventiva en menores, porque nuestra ley procesal lo prohíbe expresamente, entonces he puesto varias opciones entre las cuales se encuentra en último término, como ultima ratio, como lo manifiesta la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la detención, o sea la prisión preventiva, como lo dispone legislaciones de otras jurisdicciones que están más adelantadas que la nuestra." "Yo lo que pretendo es un plan B, porque bajar la inimputabilidad en el código penal, disponer la prisión preventiva en el código de procedimientos penal, son plan B, plan A es, como lo sostuve siempre, es mayor prevención." Miers sostuvo que dado que no siempre la prevención va a tener éxito y por eso se haría necesaria tener normas penales y procesal penal para que se pueda maniobrar en torno a esa problemática, exponiendo que "ojo, tampoco no es que se propone la detención de un menor como para enterrarlo, por así decirlo, en una celda, no, es para que se tome la causa y se trabaje con el supuesto menor, para recuperarlo, reinsertarlo, rehabilitarlo del problema de la adicción, ese es el objetivo." [Volver]
53. "No es casualidad que Insfrán juegue estas sucias maniobras, viendo que el despido de los trabajadores del CAIJU sigue la línea del juez de Menores Carlos María Miers, que en noviembre propuso bajar la edad de imputabilidad a los 11 años" sostienen. [Volver]
54. En momentos que lo trasladaban en una unidad policial, tiene una seria descompostura y lo amenazan que si vomita en el móvil lo iban a matar a golpes. Una vez en la seccional tercera, lo encierran en una celda donde permanece ocho horas incomunicado. En la revisación médica que se realizó, lo dictaminaron desprendimiento de córnea por lo cual deberá ser trasplantado, traumatismo de cráneo, contusiones internas, heridas cortantes, golpes en varias zonas del cuerpo. [Volver]
55. El abogado de la familia Barrera refiere que las pericias indican que Nicolás no portaba arma, no se encontró huellas de pólvora en sus manos, que comprobó que el único que disparó fue el policía, no se probó el asalto y el arma supuestamente utilizada por la víctima recién se encontró al día siguiente del hecho, Nicolás fue asesinado por la espalda evidencia que no constituía una amenaza como sostiene el policía y hay evidentes discrepancias entre la versión policial y la de un testigo presencial en cuanto al lugar y la forma en que acaecieron los hechos. Además el joven carecía de antecedentes y no tenía ningún problema con nadie, a diferencia del policía Castro, el cual tenía antecedentes violentos, causas por privación ilegítima de la libertad, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cabe señalar que luego de matar a Nicolás, llamó a otro policía amigo suyo, amenazó a familiares y amigos del chico con su arma. [Volver]
56. La investigación que realiza el juzgado ya ha acumulado pruebas que implicarían a los efectivos, lo que impulsó a la Secretaría de Derechos Humanos en presentarse como querellante. El 24 de agosto Franco salió de su casa rumbo a una fiesta diciéndole a su madre que regresaría temprano, pero nunca regresó. A las 5.50 de la mañana le advierten a la madre que Franco está internado en el hospital Alvear, diciéndole que había sido víctima de una paliza. La mujer declara que estaba con la cabeza deformada por los golpes, con un "abollón" en la frente, un ojo morado, marca de borceguíes en cara y cuello. Al recuperar el conocimiento, el joven pudo contar lo que le había sucedido, manifestando que lo detuvieron con un amigo y una amiga, que en la comisaría los maltrataron. Un día después del alta, Franco salió de su casa para ver al padre sin llegar a destino. A la mañana siguiente fue encontrado su cuerpo. [Volver]
57. ya que según la versión de los médicos forenses, se encontraba "obnubilado" a raíz de haber recibió un golpe fuerte con piedras que tiraban los vecinos manifestando su disconformidad con el procedimiento policial. Sin embargo, y sin ninguna justificación posible, el piedrazo lo recibió luego que disparara y matara a Braian. [Volver]
58. Los hechos ocurrieron en la casa 31 Manzana H del barrio Solares de San Antonio de la localidad Colonia Segovia del distrito de Guaymallén donde se trenzaron en una discusión el oficial José Ontiveros y otro de apellido Cóndor, que derivó en la balacera que se cobró también la vida de un niño de 7 años. [Volver]
59. La puesta en escena de la realidad en la que vivía un grupo de 30 menores que residían en el Hogar "El Refugio" de la capital provincial fue la que desencadenó una serie de pedidos de informes y sacó a la luz la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban los mismos. [Volver]
60. Desde la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes a cargo de Miguel Molina, en tanto, se presentó a la Legislatura misionera otro proyecto de ley denominado "Programa de Cuidados Alternativos de Crianza" el cual tomó estado parlamentario durante la última sesión legislativa de este año. se puntualiza que la situación de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados en la provincia es un "problema grave" ya que se cuestiona "el tratamiento vigente que se brinda a los niños privados del cuidado de sus padres" y cuya problemática recae en la falta de dispositivos intermedios o en las dificultades de los procesos de adopción. Otro de los puntos sobresalientes de este proyecto señala que el ingreso a un hogar convivencial debería ser un una opción excepcional, por el menor tiempo posible y bajo las mejores condiciones de vida posibles y es el Estado el que debe garantizar "alternativas intermedias a dicha situación". Por estos y otros fundamentos mediante este proyecto lo que se busca es impulsar medidas de cuidados alternativos de crianza sostenidos en la institución de la familia, haciendo referencia al concepto de familia en términos amplios donde lo importante es que el niño no pierda su derecho a cuidados afectivos en el marco familiar. Para finalizar, en el escrito se resalta que en la actualidad no existen en la provincia dispositivos que permitan la contención, el cuidado afectivo y el resguardo de los niños en la primera infancia, hecho que deriva en el ingreso precoz al sistema institucional y que muchas veces se extiende durante años condicionando el desarrollo emocional, afectivo e intelectual de los mismos. [Volver]
61. Fuente "Cuarto Poder" [Volver]
62. Luego de la inauguración los funcionarios mantuvieron una reunión plenaria con los oficiales responsables de los centros para jóvenes en conflicto con la ley de las localidades de Orán, Metán, Tartagal y Salta, donde existen dos dependencias, una de ellas exclusiva para mujeres. [Volver]
63. En ese lugar se encontró a uno de los menores junto a una mujer, quien sería la esposa del agente. Al recolectar más datos, los investigadores acudieron a otro domicilio de la ciudad, donde se encontraban otros dos de los menores secuestrados. Todavía faltaba la niña más pequeña, de sólo tres años. Luego de la declaración del policía, los efectivos llegaron a una casa ubicada en la zona norte de la ciudad, en donde encontraron a la pequeña bajo el cuidado de un matrimonio, quienes, tal como se supo después, habían comprado a nena por la suma de 3 mil pesos. El vendedor había sido el policía, quien se las entregó frente a la Iglesia Guadalupe. El matrimonio "adoptivo" ya había iniciado los trámites en el Registro Civil para anotarla como propia. El caso cayó en manos del juez de instrucción de la comisaría 8, Diego de la Torre, quien una vez finalizado el operativo, dispuso la detención de todos los sospechosos: el policía y su mujer, los padres biológicos de los chicos, la abuela, el matrimonio "adoptivo" y la pareja responsable del domicilio en donde encontraron a dos de los chicos. Fuente judicial. [Volver]
64. El allanamiento fue realizado a través de una orden librada por el magistrado federal Marcelo Bailaque y la Fiscalía Federal Nº 1 a cargo de Marcelo Digiovanni. La adolescente de 14 años fue demorada y quedó a resguardo de la policía mientras se trata de ubicar a sus familiares. "Era una nena flaquita conocida en la zona donde se la halló", fue el relato en el lugar. [Volver]
65. Es una estadística basada en el seguimiento de la información pública de los hechos de violencia que involucran a jóvenes y menores en la ciudad de Santa Fe y alrededores. [Volver]
66. El disparo fue letal. Entró por la nuca de Adrián Alejandro Astorga y lo derribó de la moto en la que viajaba con su tío. Poco después, murió en el hospital Padilla. El fiscal Washington Navarro Dávila contó que la versión que recibió de parte de las autoridades policiales, ayer a la mañana, indicaba que los uniformados habían llegado hasta la seccional 8ª con dos detenidos, cuando un grupo de personas les avisó que en la esquina se había producido un robo. Mientras los policías recorrían el lugar -según esa versión- habrían divisado a dos sospechosos que iban en una moto y en ese momento se habría iniciado una persecución con intercambio de disparos. En esas circunstancias habría resultado herido el adolescente, quien falleció después. Cuando se confirmó la muerte, durante la madrugada, sus familiares se presentaron en la comisaría y hubo incidentes con los agentes que se encontraban de guardia. El fiscal Navarro Dávila ordenó la aprehensión de los cuatro policías que intervinieron en el hecho y que les realizaran estudios de alcoholemia y dermotest. Ayer a la tarde declararon en tribunales, y quedaron detenidos. [Volver]
67. Los maltratos son realizados frente a otro hombre -presuntamente también policía- que se ríe y filma todo con su teléfono celular. Los dos policías fueron detenidos el día 1º de Octubre, acusados de haber torturado a al joven esposado, comenzaron a declarar ante la fiscala Mariana Rivadeneira después del mediodía, en la sede del fuero penal. Si bien no trascendió la identidad de los acusados, se confirmó que pertenecen al servicio de emergencias 911. El Ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, manifestó que se decretó el secreto de sumario [Volver]
68. "A través de las inspecciones realizadas se verificaron una multiplicidad de situaciones que configuran graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, que importan acumulación de padecimientos de distinta índole tanto para sí como para quienes integran sus vínculos cercanos; al mismo tiempo que se vivenciaron experiencias de desamparo e incluso riesgo inminente para la vida de personas detenidas", señala el informe del organismo dirigido por el fiscal Abel Córdoba, bajo dependencia del Ministerio Público Fiscal [Volver]
69. "Tenemos miedo por tantas cosas que les hacen allá", dice Natalia Montenegro, la hermana de un preso pampeano, Franco Manuel, que hace seis meses fue trasladado a un penal de máxima seguridad del país, en Marcos Paz, a 600 kilómetros de Santa Rosa, sin que siquiera el Servicio Penitenciario Federal le avisara con anterioridad a la familia. Su hermana Natalia refiere que desde el traslado, la vida de la familia Montenegro y del propio detenido se convirtió en un calvario. "Mis viejos reciben amenazas de los mismos presos o de los penitenciarios. Le han sacado todo, la ropa. Le sacaron las únicas zapatillas que tenía, está en patas", asegura. "Mi hermano los llama pidiendo plata porque los otros presos le dicen que le va a pasar algo", cuenta. Natalia Montenegro y otros familiares de presos pampeanos que fueron trasladados a prisiones fuera de la provincia intentaron participar en la audiencia que el Tribunal de Impugnación Penal realizó el pasado 30 de octubre, con la presencia de autoridades del Gobierno Provincial, del SPF y de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Allí se trató el "hábeas corpus" que impulsó el defensor general Eduardo Aguirre para que los presos cumplan las condenas cerca de sus ámbitos familiares. El "hábeas corpus" colectivo reclama que los presos pampeanos que están en otras cárceles del país sean trasladados a las penitenciarías de Santa Rosa y General Pico. El director de la U4, Juan Carlos Céspedes, al hacer uso de la palabra dijo que no decidían sobre el destino de los detenidos. Explicó que es una potestad de los niveles superiores del Servicio Penitenciario Federal. En la misma línea fue la exposición del ministro César Rodríguez. [Volver]
70. Era de la localidad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, y allí vivía su madre. Antes de prenderse fuego, le fue negado el uso del teléfono para llamar a la asistencia social a fin de enterarse de cómo estaba su madre. Es entonces cuando prende fuego su colchón, y pese a los gritos y golpes de otros detenidos para que vinieran a auxiliarlo, lo dejaron quemarse. Hacía un año que debería haber quedado en libertad condicional. Varios compañeros de detención de Moreno manifestaron que mientras el joven se quemaba vivo uno de los guardias le gritaba "morite" mientras aparentaba tratar de abrir la reja. [Volver]
71. Este movimiento se efectuó para alojar a presos por delitos de lesa humanidad, en un primer traslado de 100. Ante el peligro de ser también desalojadas, las madres con hijos del Sector B, realizaron una huelga de hambre. La publicación "Tiempo Militar", con un comunicado firmado por el Coronel (R) Guillermo César Viola, en el cual asegura que, el hasta ahora denominado Centro Federal de Detención de Mujeres "Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás"- U 31-ya se encuentra totalmente desalojado. Que en ese lugar será alojado la totalidad del personal de las distintas fuerzas, actualmente detenidos en la cárcel de Marcos Paz. Que está previsto que cada "Preso Político" tenga asignada una celda individual. [Volver]
72. "Los hechos investigados podrían contemplar conductas pluriofensivas que no sólo han violentado el derecho a la vida de su hijo, sino que también revelan un supuesto de violencia institucional que afecta la administración de justicia en general, en tanto no podría descartarse la responsabilidad del personal del Servicio Penitenciario Federal, ya sea por comisión u omisión", señala la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, en la resolución 130/2014 del 11 de febrero pasado, en la que resuelve representar a la mamá de Cristian Pereyra como querellante. [Volver]
73. En varias oportunidades, Camacho había manifestado al personal que se iba a "suicidar", porque consideraba que estaba siendo sometido al régimen de castigo sin causa que lo justificara. Estas manifestaciones se repitieron en varias oportunidades, "de manera tal que fueron escuchadas claramente por los otros internos alojados en el pabellón, quienes trataron de convencerlo de que desista de su actitud". Patricia Cisneros, fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal nº 1 de Lomas de Zamora, y Abel Córdoba, Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), solicitaron que se convoque a prestar declaración indagatoria a diversos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal del Complejo de Ezeiza por el delito de abandono seguido de muerte. En el escrito, el representante de Procuvin y de la fiscalía federal aseguraron que había "quedado acreditado que los agentes penitenciarios estaban en pleno conocimiento tanto del estado estructural del pabellón I de la Unidad Residencial III, como de las condiciones de detención que en él se imponían a las personas alojadas en el mismo, así como de las manifestaciones vertidas por García Camacho con relación a su intención de suicidarse frente a su compulsivo alojamiento en dicho pabellón y en tales condiciones". [Volver]
74. Entre varias medidas inmediatas (cautelares urgentes), como la clausura de los Pabellones 1 y 2 hasta tanto se hagan reformas estructurales, le piden al magistrado federal que se constituya en el penal federal para que realice una inspección ocular de las condiciones de detención y se entreviste con detenidos alojados en los distintos pabellones. En especial, le solicitaron que se constate las condiciones y régimen de los pabellones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 y 14 y el estado de sus celdas y espacios comunes. [Volver]
75. Ante este hecho, el fallo, dictado por la Cámara Federal de Resistencia, consideró que el Servicio Penitenciario debía velar por la seguridad del preso que resultó asesinado: "Quien contrae la obligación de prestar un servicio público, debe hacerlo en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que cause su incumplimiento o ejecución irregular". Para ello, destacó que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal tiene entre sus obligaciones, por ley, "velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus condiciones morales, su educación y su salud física y mental". [Volver]
76. En septiembre de 2012, la ADC (Asociación por los Derechos Civiles) interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a la ilegal y desproporcionada restricción del derecho al voto de las personas condenadas y sancionadas por diversos delitos y faltas prevista en el Código Electoral Nacional, vigente en la Ciudad de Buenos Aires como norma local en virtud del art. 5 de la ley 24.588 (ley Cafiero). En el marco de esta acción, en marzo de 2013 el TSJ celebró una audiencia pública , entre las partes y la Fiscalía General de la Ciudad apoyó el planteo de inconstitucionalidad de la ADC. Posteriormente, el TSJ hizo lugar al pedido de la ADC y declaró la pérdida de vigencia de los de los incisos "e", "f" y "g" del art. 3° del Código Electoral Nacional que excluían del padrón para elecciones de autoridades porteñas a personas condenadas y sancionadas por diversos delitos o faltas. Pero la sentencia del TSJ fue recurrida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Máximo Tribunal rechazó el recurso. [Volver]
77. Uno de los supuestos asaltantes era Gonzalo, son interceptados en la esquina de las calles Estomba y Correa, con quien el policía Almirón se habría trenzado en una lucha cuerpo a cuerpo, estando también armado el sospechoso pero solo uno dispara y da muerte a Gonzalo Crespo. Esta muerte provocó una rápida reacción de los familiares, amigos y vecinos del joven que provocaron desmanes. [Volver]
78. Granados fundamentó la medida en el marco de la emergencia de seguridad resuelta en abril manifestando que la "inhabilitación de numerosos calabozos de dependencias policiales ha impactado negativamente respecto a las condiciones de alojamiento" en los lugares habilitados por lo que considera "apropiada la utilización de la totalidad de las plazas existentes en ámbitos policiales". La prohibición de alojamiento en comisarías surge de un fallo de la Suprema Corte de Justicia, conocido como fallo Verbitsky de 2005, que cuestionaba severamente las condiciones inhumanas de hacinamiento de los detenidos en comisarías.
En el mes de julio, un fallo de un tribunal provincial dejó sin efecto la resolución de Granados al considerar que las dependencias policiales "no cuenta con la preparación y los requerimientos que exige un programa de necesidades carcelarias" señalando que los sectores de celdas y calabozos resultan ediliciamente inadecuados para alojar internos por plazos extensos, luego de analizar tres habeas corpus presentados que cuestionaban la resolución ministerial. [Volver]
79. Una de ellas fue el cambio de nombre a Cuerpo de Investigaciones Judiciales. La ley establece un plazo de 6 meses a partir de su sanción para el nombramiento de las autoridades. Deberá estar compuesta por: especialistas en criminalística, investigación tecnológica, escenas de crimen, levantamiento de rastros, médicos forenses, abogados, químicos forenses, contadores y psicólogos. Intervendrán en la investigación de homicidios dolosos o cometidos en ocasión de otro delito doloso y en la investigación de ilícitos cometidos por funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad y penitenciarias con motivo o en ocasión de sus funciones. Deberá auxiliar en forma directa al Ministerio Público Fiscal, con guardias las 24 horas, deberán cuidar la escena del crimen, interrogar a testigos e informar al imputado y a la víctima sus derechos constitucionales. Los ministros de justicia y economía junto a la procuración, adquirieron una propiedad en la provincia para sede del Cuerpo de Investigaciones Judiciales ubicada en Camino Centenario entre 516 y 517. [Volver]
80. La primera experiencia está programada para ser realizada en la ciudad de La Plata, siendo el acusado Cristian Cabanillas, por "tentativa de robo calificado agravado por la participación de un menor de edad". Otra experiencia se llevará a cabo en San Nicolás por un delito contra la propiedad. Previamente se llevaron a cabo distintos simulacros de juicio en diversos distritos de la provincia. [Volver]
81. Numerosos distritos ya firmaron el correspondiente convenio de adhesión, salvo el caso de Necochea que por consulta popular no vinculante rechazaron la creación de la policía comunal en ese distrito. Son muchas las objeciones existentes respecto al tema, dado que sería otorgarle un poder incalculable a los Intendentes (denominados barones del conurbano bonaerense) sobre muchos de los cuales existen sospechas de sus vinculaciones con bandas delictivas, sospechas de corrupción, de connivencia con los abusos policiales y sobre el manejo discrecional de sus municipios. [Volver]
82. Es de conocimiento público que la rotación por los penales es una forma encubierta de castigo debido a que no se puede hacer una evaluación de adaptación, socialización y conducta. [Volver]
83. Posteriormente en el mes de setiembre, el juzgado número 1 en lo Contencioso Administrativo de La Plata, a cargo de juez Luis Arias, dictó una medida cautelar para frenar la resolución de Granados considerando que esa medida resulta regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención, y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado y que desde la declaración de emergencia la situación se agravó. Agrega que en las comisarías no solo hay detenidos por aprehensiones sino presos con preventiva lo cual considera más grave aún, pues puede prolongarse indefinidamente. Esta resolución del juez Arias se relaciona con el habeas corpus aceptado en julio por el tribunal oral número 1, que ordenó el traslado de las personas detenidas en comisarías. En el mismo se instruye a los miembros de la Suprema Corte Provincial a que hagan cesar todo agravamiento de la detención que suponga un trato cruel, inhumano y degradante. [Volver]
84. El OIP trabaja sobre el entendimiento de que al privar de libertad a una persona, el Estado asume un compromiso específico y material de respetar y garantizar sus derechos, particularmente los derechos a la vida e integridad personal que, además de ser inderogables, son fundamentales y básicos para el ejercicio de los demás derechos.
Este deber del Estado incluye la obligación positiva de tomar todas las medidas preventivas para proteger a las personas privadas de libertad; de ahí que pueda generarse responsabilidad internacional del Estado por omisiones en su deber de prevenir incluso aquellas violaciones a los derechos humanos cometidas por terceros en el contexto de encierro (Corte IDH, Caso "Ximenes Lopes vs. Brasil", Sentencia de 4 de julio de 2006, párrs. 85 y 86). Sobre este presupuesto básico, independientemente de las consideraciones de la mencionada Acordada, los sucesos que a continuación se relatan quedan inscriptos en flagrantes violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Así se lo haremos saber a las organizaciones de DD. HH. hermanas en Lyon (Francia) y Bruselas (Bélgica) como así mismo figurará en nuestro informe anual a la Relatoría de Cárceles de la CIDH (OEA).
A las 10 Hs. la comitiva se hizo presente en la Comisaria 1º a fin de comenzar el trabajo propuesto. Fueron recibidos por el Sr. Comisario Marcelo Lompizano a quien se le solicitó el libro de entradas e preguntado por el número de detenidos en los calabozos el responsable de la institución respondió que eran 41 y que uno estaba fuera en un requerimiento. Cabe señalar que la capacidad máxima aceptada y permitida es de 16 detenidos. Al ingresar a los lugares de detención se pudo advertir rápidamente un olor pestilente proveniente de las heces de los detenidos que, en una celda que es para uso de visita u otros, se encontraban dos personas que debían hacer sus necesidades fisiológicas en una botella y defecar en bolsas de nylon. En el resto de las celdas se hallaban apiñadas 9, 10 y 11 personas con colchones sucios y mantas en estado deplorable en el piso, recostados algunos en las cuchetas, imposibilitados de caminar por el espacio saturado. Las celdas mal iluminadas, sin luz natural y húmeda. Varios presos presentaban problemas de piel y otras dolencias, por lo que al concluir la visita y en la misma Comisaria el Sr. Juez ordenó por oficio que se redactó en el mismo lugar, que en el término de 72 Hs. recibieran asistencia médica adecuada en el hospital zonal. Los pasillos del lugar se encontraban sucios y en un rincón se hallaba restos de colchones tirados, mojados e impregnados de suciedad. Preguntado al Sr. Comisario sobre donde recibían las visitas, respondió que en los pasillos del lado de afuera de la celda. Preguntado si salían al patio, la respuesta fue que no. Cabe señalar que esos detenidos no reciben luz natural en todo el día y no pueden moverse en su celda. Sin agua caliente y el agua que proviene del tanque se observa turbia.El más antiguo de los detenidos allí lleva dos meses en esa situación. Preguntado quién facilita la comida, se señaló que la empresa La Vianda SRL provee de un catering que viene una vez al día y trae alimento para el medio día y la noche. La representante del OIP tuvo la oportunidad de probar esa vianda que consistía en una porción de papa hervida, cortada en rodajas y un trozo pequeño de carne asada. Al intentar cortar la carne con el cuchillo que se provee a los detenidos, se hizo imposible trozarla, por que se intentó con un cuchillo de metal, con el mismo resultado, resueltamente ingirió un bocado usando directamente las manos. La carne fue de difícil masticación y deglución, en otras palabras, una comida indigerible. Además de esa bandeja, había pan y fiambre de baja calidad que presuntamente era para la cena. Preguntado al Sr. Comisario con la autorización de quién se tenía esa cantidad de detenidos cuando la resolución ministerial y la Acordada de la Corte decía lo contrario, manifestó que sus superiores estaban al tanto de la situación, es decir la Departamental y que el COP (Centro de operaciones policiales) así lo habían dispuesto, exhibió la documentación respaldatoria, como así mismo una disposición del Juez de Garantías Nº 3 con una lista 19 internos que debían ser trasladados en forma urgente dada sus degradantes condiciones de detención, con fecha 27 de Marzo, sin que hasta ese momento se haya logrado el propósito. Luego de un alto para tomar un café, la comitiva se trasladó a la Comisaría 6º de Francisco Álvarez, que por disposición judicial tiene clausurado los calabozos. Se encontró allí a cinco presos comiendo en el piso, sin colchones, los baños clausurados, como están en forma irregular son los familiares quienes les proporcionan la comida. Se encontró que el detenido W. M. que debía estar en la comisaría 1º estaba desde el 7 de Abril en esta comisaria. Al igual que en la comisaria 1º el funcionario a cargo de la sexta exhibió una nota donde se lo autorizaba a a tener presos y además una nota con fecha 19 del corriente mes en donde la Fiscal de la UFI 8 solicitaba que a los detenidos J.G y J.V. se los alojara allí. La comitiva se trasladó a continuación a la Comisaria 7º de La Reja, donde fueron recibidos en un comienzo por el Oficial de Servicio Sr. Rosales y luego se hizo presente el Subcomisario Sr. Moraes, al igual que la comisaria sexta, tiene los calabozos clausurados, sin embargo había un detenido masculino y seis detenidas mujeres en celdas diferentes pero enfrentadas pasillo por medio. Sin luz natural, calabozos húmedos, olor pestilente, sin agua caliente. El detenido manifestó que la comida se la trae la familia, independientemente que le presentan la bandeja de catering. Las detenidas manifestaron que expresaron su voluntad de cocinarse ellas mismas por lo que trocaban la bandeja del catering por mercadería que era insuficiente y esporádica. A continuación la comitiva se trasladó a la comisaria 5º, de Paso del rey, donde fueron recibidos por el Sr. Subcomisario Jorge Delgado y más tarde por el Sr. Comisario Carlos Pérez quién manifiesta que tienen un aprendido que en ese momento estaba en el hospital y que luego sería trasladado a una alcaidía o penal. No se hallaron detenidos en los calabozos que por otra parte al igual que en las 6º y 7º están clausurados. [Volver]
85. El jefe de bomberos de Bernal, comandante mayor Carlos Núñez, informó a la prensa que ocho heridos fueron trasladados al hospital de Quilmes, dos de ellos graves derivados al hospital El Cruce, en Florencio Varela, en tanto que otros cinco pacientes fueron llevados al hospital de Wilde, en Avellaneda. Según el jefe de Guardia del hospital de Quilmes, Félix Cerrillo, uno de los trasladados a El Cruce, un hombre de 38 años, presentaba quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo y era delicado su estado de salud. [Volver]
86. Reina se crió en Avichuca, una comunidad ki-chwua de Bolivia que aparece solo en algunos mapas. Un pueblo "dónde no pasan los autos, dónde se cocina en el fuego a leña", según lo describe ella misma. En 2009, su marido, Limber Santos, le propuso venir a Argentina con sus dos "guaguas", que en ese momento tenían dos y cuatro años. Reina no quería. Vinieron igual y se instalaron en la casa de la hermana de Limber, en Villa Soldati. La cuñada de Reina retenía toda la documentación de la familia. Cada vez que Limber tomaba alcohol, le pegaba. Reina no manejaba dinero. Aunque quería mandar a sus hijos a la escuela, el marido no la dejaba. Reina escapó con sus hijos a la localidad de Moreno. Al poco tiempo, volvió y se mudaron a Florencio Varela. El maltrato no frenó. El hombre apareció asesinado a puñaladas y enterrado en las cercanías de la casa que compartían. Fue detenida en una comisaría de Quilmes. Su voz sobre los hechos tampoco aparece en el expediente judicial. Gran parte de las pruebas de la causa se basaron en el testimonio de familiares, vecinos y el peso se lo lleva la versión policial. El expediente fue caratulado como "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas". Para la Justicia, Reina mató al marido en complicidad con otro vecino, "Tito" Vilca Ortiz. El hombre estuvo detenido en la Unidad Penitenciaria de Florencio Varela pero falleció por cirrosis meses atrás. Reina dice que el marido la entregaba a este vecino como moneda de cambio cuando tenía deudas. Primero estuvo siete meses detenida en una comisaría. Estaba en un cuarto encerrada. Le pasaban la comida por una ventanita. Intentó comunicar que su abdomen crecía pero no logró hacerse entender. Ya en el penal de Los Hornos, nacería Abigail, actualmente de dos años. Cuando nació, no le hablaba en quechua: no quería que le pasara lo mismo que a ella. Comenzó a comunicarse con su hija con la ayuda de una psicóloga que hacía el esfuerzo de comprenderla. Recién en abril de este año Reina tuvo la posibilidad de una primera declaración ante el TOC Nº1 de Quilmes. Un año atrás, el Juzgado de Garantías Nro. 6 de Quilmes, a cargo de Diego Agüero, declaró nula la única audiencia en la que había declarado. [Volver]
87. El debate, que por tratarse de un delito de instancia privada se desarrolló a puertas cerradas, concluyó ayer, con la exposición de los alegatos y dictado de sentencia. El primero en hacer uso de la palabra fue el fiscal Jorge Silva Molina, quien peticionó la libertad del imputado, al entender que no se presentaron en las distintas audiencias pruebas que responsabilicen al andalgalense del delito por el que era juzgado. Luego le tocó el turno a la defensa del imputado, a cargo del doctor Víctor García, quien se adhirió al alegato del representante del Ministerio Público Fiscal. Seguidamente, los jueces del tribunal le otorgaron la última palabra al acusado, quien optó por guardar silencio, retirándose los magistrados del recinto para dar a conocer la sentencia. Pasada media mañana, la audiencia se reanudó y los jueces dieron a conocer el veredicto, absolviendo de culpa y cargo al acusado, y se ordenó su libertad. [Volver]
88. En el mismo debate, la Cámara Penal II de Catamarca, integrada por los jueces Luis Guillamondegui, Jorge Alvarez Morales y Rodolfo Bustamante, absolvió a otros dos imputados por el mismo hecho. El condenado reconoció su responsabilidad en el hecho y desligó a los otros dos imputados. Para condenar a Ramos, los jueces tuvieron en cuenta que ya había sido condenado a un año y siete meses de prisión efectiva por hurto, luego de que fuera atrapado tras haber faenado cuatro lechones. El hecho ocurrió el 18 de octubre pasado en una bodega del departamento Tinogasta, cuando tres jóvenes ingresaron al lugar y se apoderaron de un vaso, una botella de fernet y otra de una gaseosa. Cuando los dueños del lugar vieron lo que ocurría, les reclamaron la devolución de lo robado, pero uno de los jóvenes extrajo una escopeta y los amenazó. [Volver]
89. Diez personas resultaron heridas y sufrieron principio de asfixia tras un motín e incendio de colchones registrado en una comisaría de la capital catamarqueña. El hecho ocurrió alrededor de las 11 Hs. a modo de protesta por su detención en un operativo realizado el viernes a la noche en la zona norte Por los incidentes, policías y presos sufrieron principio de asfixia y otras lesiones, y fueron trasladados al Hospital de Urgencia "San Juan Bautista". [Volver]
90. El episodio se registró al mediodía en la seccional situada en el barrio Parque América, en la zona norte de la capital catamarqueña. Trabajaron en el lugar dos dotaciones de bomberos del barrio Parque América para apagar el fuego, que ocasionó importantes daños en la seccional. [Volver]
91. A partir de la denuncia sufrió traslados permanentes, golpizas y no le dan alimentos, lo que hace saber a su madre a través de otros detenidos, dado que la misma no carece de fondos como para trasladarse a los lugares por donde lo "pasean" a su hijo. [Volver]
92. El hecho sucedió a mediados de marzo, cuando estaba en su casa de Colonia Aborigen durmiendo y cerca de la media noche dos policías ingresan en su vivienda, lo esposan, lo golpean y lo llevan a la Dirección Rural de esa localidad. En la celda vuelven a golpearlo en la cabeza, el estómago y los brazos, lo agarran del cuello y le ponen la soga de la cual lo estiraban para atrás mientras le exigían que se declarara culpable del robo de la escuela. [Volver]
93. Los vecinos declararon haber escuchado varios disparos y al cesar los mismos encontraron al joven muerto en la puerta de una de las casas sobre Alem, a media cuadra de la Av. Lynch Arribatzaga. El joven estaba cumpliendo una condena y tenía salidas transitorias. Inmediatamente amigos, vecinos y familiares se convocaron exigiendo justicia para Mauro quien, afirman, murió en un claro caso de gatillo fácil. [Volver]
94. Por el mismo caso, la policía brindó el siguiente informe de prensa: "El día domingo 13 de julio a las 07:00 horas, un masculino se encontraba forcejeando con una femenina, circunstancia por la cual es alertada por personal policial para que deponga su actitud, momentos estos en que el desordenado se dirigió hasta el interior de la comisaría previo golpear puerta de acceso ocasionando la rotura de uno de los cristales, tornándose muy alterado y nervioso en aparente estado de ebriedad mostrándose agresivo, insultando con palabras irreproducibles y con amenaza al personal policial que se encontraba en la guardia, donde dio el aparato de teléfono de emergencias 101 contra el piso provocando la rotura del mismo y quedando fuera de funcionamiento, por lo que uniformados haciendo uso de la fuerza redujo a esta persona, logrando este impactar un golpe contra uno de los efectivos enfureciéndose aún peor y poniendo resistencia" [Volver]
95. El joven chaqueño falleció el miércoles pasado en el hospital de Tres Isletas, una localidad ubicada a 232 kilómetros al noreste de la capital chaqueña, donde tras una discusión con vecinos fue detenido por un grupo de policías que lo trasladó hasta la comisaría donde recibió apremios, según dijo uno de los testigos al fiscal que investiga el caso. Los siete policías: Antonio Aguirre, Juan José Gallardo, Alfredo Dorado, Catalino López, Héctor Méndez y José Monzón, Rafael Toledo fueron indagados y todos quedaron imputados por "tortura seguida de muerte" en relación a la muerte de Cindrich, en la causa que investiga el fiscal penal de Juan José Castelli, municipio distante a 279 kilómetros al noroeste de Resistencia. También se dispuso la detención de un octavo policía que habría presenciado los episodios de los que siete integrantes de la Comisaría de Tres Isletas están imputados y detenidos. [Volver]
96. El recluso la mató de 20 puñaladas y fue fotografiado dentro de la cárcel con uniforme, tal como muestra esta imagen subida a las redes sociales y difundida por los medios locales- [Volver]
97. Fuente consultada Diario Norte - [Volver]
98. Con guardias pasivas el personal está en otro lado, van cuando los llaman con presos que llegan desde otras unidades medicados y aquí se encuentran sin los medicamentos prescriptos. Los internos denuncian permanentemente en los juzgados malos tratos, apremios, provocados para que reaccionen sobre todo los que están cerca de obtener la libertad. [Volver]
99. La versión policial es que portaba un cuchillo y amenazó a los uniformados sufriendo una descompensación cardíaca que le provocó la muerte. Los policías habrían estado en el lugar realizando una operación para detener a un hombre acusado de robo. Esta versión policial se contradice con el estado del cuerpo de la víctima que mostraba claros síntomas de tortura, tal como comprobaron los que asistieron a su velatorio y vieron sus restos. Al solicitarse una pericia del mismo, se comprobó que su muerte no fue a consecuencia de la descompensación cardíaca que dicen los policías. [Volver]
100. Llamó la atención porque las autoridades dicen que ya no hay utensillos de metal. Todo es de plástico. Entonces nadie sabe de qué manera, el metal ingresa a las celdas para que los presos construyan sus armas blancas. La pelea entre los dos reclusos no terminó con un muerto afortunadamente. [Volver]
101. "Ocurre que la mayoría tiene varios cargos en otros lugares y entonces se les hace difícil estar en la unidad". Con suerte, en la sala de atenciones hay un enfermero. Pero ocurren otras cosas: por ejemplo hay presos que llegan desde otras unidades del país medicados. En general, son medicamentos para quienes sufren trastornos psicológicos o psiquiátricos. Sin que medie ninguna explicación racional, en la Unidad Seis esa medicación se les suspende en muchos casos. Los presos con esas patologías sufren de manera inmediata la suspensión de la medicación como le pasaría a cualquier ser humano en esas condiciones. Aseguran que ni siquiera le dan la medicación ante una orden de un juez. Existe un equipo de psicólogos que cumplen horarios limitados por lo cual también es limitada la duración de una sesión. Fuente Jornada - [Volver]
102. Paralelamente, se plantea la urgencia de transformar en ley el régimen penitenciario provincial, como el tratamiento y acceso a derechos de los presos, regulado hoy por decreto. Para mejorar la instrucción de las denuncias por torturas, se propone la elaboración de un protocolo de actuación del Ministerio Público Fiscal de la provincia basado en la experiencia recogida en el Protocolo de Estambul, y aconsejado por Ley 26.827 y la ONU. [Volver]
103. Los reclamos que justificaron la huelga de hambre fueron varios como que no le sigan dando psicofármacos, que los dejan atontados varias horas por día, que dejen de atarles de manos y pies a las camas y/o camillas, donde los suelen tener en esas condiciones durante una semana, colocando un plástico debajo para no tener que llevarlos al baño. Hay mujeres que han estado un año viviendo en esas condiciones, siendo trasladadas a los pabellones de aislamiento muchas veces con sus hijos. Reclamaron también que se acaben las requisas violentas, donde les mezclan los alimentos, les rompen cosas y en especial las que tienen una carga afectiva para el recluso y les roban pertenencias. En las requisas los desnudan, los hacen agacharse y muchas veces las visitas sufren tratos vejatorios de este tipo. [Volver]
104. Aquí aclaramos que en Córdoba, existe un sistema de becas, que es un monto muy inferior, a un salario. La mayoría de quienes trabajan en las cárceles lo hacen de forma voluntaria, generalmente en tareas no calificadas y que difícilmente ayuden a lograr una inserción laboral tras la recuperación de la libertad. Es justamente la aptitud para el trabajo lo que la sociedad espera de los internos una vez que estos egresen del penal. [Volver]
105. Quienes reciben algún tipo de formación lo hacen (en su mayoría), en algún espacio no formal, por lo general bajo el formato de talleres opcionales (artesanías, actividades físicas, música, jardinería, cocina entre otros). "Lo único que producen los procesos Educativos dentro de la cárcel es reforzar los círculos de exclusión de los que proviene la mayoría de la población penitenciaria" [Volver]
106. A partir de este estado de situación, concluimos, que si bien los establecimientos penitenciarios de Córdoba no escapan a las lógicas generales de las cárceles del país, eso no justifica el incumplimiento de normas obligatorias que vulneran derechos humanos básicos. [Volver]
107. Cuestiones vinculadas con asistidos/as alojados/as en unidades de detención Al respecto destacó la Dra. Felipe la presentación conjunta y simultánea con el resto de las defensorías de primera instancia de toda la provincia de Córdoba de un hábeas corpus colectivo correctivo por las deficientes e inhumanas condiciones de traslado de los detenidos. Contó que tuvo resultados favorables y que modificaron positivamente las prácticas y las condiciones de traslado. Además, hizo saber que al momento de la redacción del informe se estaban realizando diligencias para pre-constituir prueba para un segundo planteo colectivo vinculado a las requisas "profundas" a visitantes en los establecimientos penitenciarios en los que se encuentran detenidas personas a disposición de la Justicia Federal. Igualmente hizo énfasis la Defensora en la carencia de un servicio especializado en el tratamiento para adicciones para los detenidos en el penal local, y manifestó que desde su dependencia se realizan gestiones previas con el área de salud del Municipio local para la implementación de un programa de rehabilitación dentro del penal para aquellas personas que tengan voluntad de hacerlo. [Volver]
108. En otro sentido, el Dr. Arrieta comentó que interviene como defensor de ejecución, realizando diferentes planteamientos en relación con los derechos contemplados en la ley de ejecución penal: trabajo, salud, visitas, apelación de sanciones, apelación por repetición de fases de tratamiento, entre otras. De tal modo, manifestó que se sigue avanzando en la revocación de sanciones injustamente impuestas por las autoridades penitenciarias, en pos de garantizar el derecho de defensa en sede administrativa. En algunos casos concretos, dijo, ante carencias de una correcta atención médica informadas por algunos internos, ha sido necesario requerir la atención extra muros. Manifestó además que, si bien la gran mayoría de sus asistidos se encuentra en buenas condiciones generales de detención, se observa la necesidad de tener una Unidad Penitenciaria Federal en esa jurisdicción, donde el régimen de progresividad se vería favorecido por la reglamentación Nacional y el personal especializado en delitos de esa competencia. [Volver]
109. Como consecuencia, Vaca Narvaja recomendó al SPC "la adquisición y puesta en funcionamiento de medios detectores de estupefacientes y elementos peligrosos que no resulten lesivos de la intimidad y del pudor de las personas" que visitan a internos de la Justicia Federal en las cárceles cordobesas.
"Las denominadas 'requisas profundas' no se ajustan a las normas constitucionales y tratados internacionales que rigen la materia e implican un avance significativo sobre la intimidad y la dignidad de las personas que ingresan al establecimiento penitenciario para visitar a las personas privadas de su libertad", esgrimió el juez. Las requisas son tan lesivas, según el juez, que el visitante no quiere volver, razón por la cual se "afecta el derecho del interno a recibir una visita y a mantener de alguna manera un contacto con la realidad exterior", con lo cual "se agrava, de manera indirecta, la condición del detenido, por la humillación sufrida por la visita". De acuerdo con Vaca Narvaja, según los testimonios recabados en la causa, a los visitantes les hacen "sacar el calzado, a veces también las medias", y hasta bajarse "los pantalones y la ropa interior". El magistrado aclaró que lo dispuesto lo es "sin perjuicio de que, en el supuesto de existir motivos suficientes para presumir que una visita lleva elementos delictivos o que puedan afectar la seguridad del establecimiento, se proceda a realizar una 'requisa profunda', por parte de profesionales de la salud debidamente habilitados". [Volver]
110. le habrían bajado el pantalón y violado tres veces con un palo de escoba astillado, de unos treinta centímetros que tenía colocado en los extremos un guante de látex. A raíz de las lesiones fue llevado a la enfermería donde lo tuvieron atado de pies y manos a la cama, boca abajo y semi desnudo mientras siete guardia cárceles le pegaban y lo insultaban amenazándolo con violarlo nuevamente y meterle otra vez el palo de escoba, mientras le tiraban un balde de agua caliente. Al día siguiente el alcalde Altamirano lo fue a ver y le dijo que no denunciara "a los muchachos que se les había ido la mano, que tenga en cuenta que tienen familia". La identidad del detenido no trascendió. [Volver]
111. El policía que lo detuvo, no pudo identificarlo en rueda de reconocimiento, en su declaración admitió que no conocía al delincuente por fotos y que la única descripción física con la que contaba era su altura de 1,80 metros -Astrada mide 1,65-. Se comprobó también que el domicilio donde fuera secuestrada la droga no era de Astrada [Volver]
112. En general luego son liberados ya que carecen de antecedentes o pruebas que justifiquen su detención. Según un periodista del diario La Voz del Interior que realizara una investigación, el 82% de las personas no cometió ningún delito o es inocente del que se le imputa, las cifras provienen de los datos policiales que envían al diario desde la central de policía. Esto está permitido por el Código de Faltas local que autoriza a detener sin causa aplicándoles la difusa figura de "merodeo", a la que la gente bautizó como "portación de rostro", ser morocho, vestir humildemente, llevar gorra, y si llega a ir en moto el cuadro se agrava. Numerosos testimonios de vecinos, dan cuenta de la discrecionalidad y brutalidad de estos procedimientos. [Volver]
113. denunciaba los acosos y persecuciones que sufren los niños y jóvenes más pobres, las detenciones ilegales, los apremios, las torturas y las detenciones discrecionales. Al saberse la noticia de la detención, inmediatamente tanto partidos políticos como instituciones de la sociedad civil, salieron a reclamar su libertad. [Volver]
114. los vecinos denunciaron que éste había salido a comprar una gaseosa con su primo, los persiguió un móvil policial con las luces apagadas hasta la casa donde Pellico vivía con su abuelo y allí le dispararon, agregando que luego la policía irrumpió en una casa cercana donde se estaba realizando una fiesta pidiendo "un fierro" para plantarle al chico baleado diciendo que uno de los policías era, Leiva apodado el malevo, y que ya tenía antecedentes de un crimen similar en otra villa. Además de la amenaza telefónica, el jefe de la policía le envió varios tuits en los que lo trataba de mentiroso y se presentó en el canal donde estaba trabajando Leguizamón irrumpiendo a los gritos y como no creía que ya se había retirado lo encaró a otro periodista al que increpó duramente. A raíz de este episodio, Leguizamón presentó una denuncia judicial. [Volver]
115. Según el relato de Lescano, a las 10 de la mañana del 19 de octubre, los policías lo llevaron junto a sus compañeros de celda al patio de la alcaidía. Una vez allí lo nombraron, lo hicieron arrodillar y allí, frente a los otros detenidos, comenzaron a golpearlo con todo el cuerpo con puños, patadas y palo, le aplicaron electricidad en el cuerpo. Se desmayó tres veces, en uno de los desmayos un policía se paró con los dos pies sobre su cabeza, mientras el resto seguía golpeándolo. Tiraron gas pimienta tanto a él como a los otros detenidos. Recibió golpes durante dos horas, luego del almuerzo, a las 15 horas, lo volvieron a trasladar al patio y lo picanearon, luego lo llevaron a la celda y le dieron un ibuprofeno "para el dolor". [Volver]
116. Ante jueces, fiscales y defensores MVC no negó nada. "Yo le casé el cuellito (se toca la barbilla con la mano derecha) y ahí después le seguí casando el cuerpito y ahí cuando nació todo le casó mi mamá, ella le casó al bebé y le puso en la cama", les dijo. Después les explicó que, cuando terminó de caer la placenta, vio que el bebé "tenía enredado el cordón" al cuello. También les contó que después la abuela tomó al niño y lo bañó con agua tibia, le limpió el ombligo con alcohol y lo vistió. Pero como el recién nacido nunca lloró se dieron cuenta de que estaba muerto. A la tarde fueron al Hospital local porque ella estaba dolorida. Pero les dijeron que esperaran o volvieran más tarde porque los médicos no estaban. Entonces, le explicaron a la enfermera que tenían que volver a la casa tenían que enterrar al bebé. Así lo hicieron. Esa tarde, cerca de las siete de la tarde, el comisario principal Rodolfo Victorio Fernández y el oficial auxiliar Antonio Pedro Correa llegaron a la casa y encontraron la tierra del gallinero removida. Excavaron y en una cajita de cartón, con la ropita puesta, encontraron al bebé: era un varón. Fueron porque un vecino, que le había hecho reiteradas propuestas sexuales que ella rechazaba, la había denunciado. El testimonio del hombre que la vio darle sepultura al recién nacido la incriminó. En la autopsia el médico policial Luis Fernando Perichón no descartó la "combinación de estrangulación con sofocación para evitar o atenuar el llanto", pero el informe estaba incompleto. En el folio 40 del expediente el titular de la División Patología Legal informó que no podía realizar el "examen histopatológico de las vísceras del cadáver del bebé por carecer del instrumental necesario, y continuar con problemas de infraestructura en el laboratorio" por lo que no pudo "realizar el estudio microscópico" correspondiente En abril de este año el Superior Tribunal de Justicia declaró nula esa sentencia por una nueva pericia forense que determinó que la mujer era inocente, y pudo recuperar su libertad. Ahora la Defensora de Pobres y Ausentes, Nora Maciel, intenta que el estado provincial la indemnice. "Estuvo presa por un error del estado y de la intervención policial que actuó en su momento, o sea hay funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, los cuales componen lo que sería el estado, la persona jurídica del estado, y también hay un elemento mas que complejiza esta causa pero no por ella le torna responsable al estado correntino: que es la actuación de los funcionarios de la Intervención Federal" explicó Maciel a los medios locales. [Volver]
117. Conforme se me solicitara, y en cumplimiento de ello como corresponsal del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), quien suscribe en conjunto con el Dr. Facundo Leguizamón, en representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el Subsecretario de DDHH de la Provincia Dr. Manuel Cuevas, la Directora General de Técnica Penitenciaria y Criminología Dra. Ana María Canteros, el Alcaide Rubén Roque Romero y la Dra. Hilda Nora Presman, Coordinadora de la Red de Derechos Humanos Corrientes efectuamos sendas visitas a las Unidades Penitenciarias N° 1 y 6; y en forma personal me constituí en la Unidad Penitenciaria N° 3 "Instituto Pelletier" .- Que, en virtud de las visitas efectuadas informo a Ud. que: actualmente hay 480 internos en 11 pabellones y otros sectores de aislamiento y de menores.- Iniciamos el recorrido a dicha institución carcelaria, por los pabellones que confluyen el patio central cubierto, los N° 6 y 7. Sectores estos en los que se encuentran alojadas unas 40 personas en condiciones aceptables, ya que se ha cumplido en parte lo peticionado por el OIP y fue recientemente refaccionado. Cuentan con baños mejorados y en condiciones dignas como también con piletas para lavar sus ropas y cubiertos, también se han refaccionado los baños de visitas para este sector .El sector de condenados por delitos sexuales, se encuentra actualmente con ciento cincuenta condenados alojados en condiciones en general deplorables, debiendo compartir el patio al aire libre en el que no se observan condiciones aptas para recibir familiares/amigos los días de vistas. Los tres pabellones 4, 8 y 9 tienen que compartir este único patio, sin reparo ni resguardo alguno, lo que agrava las condiciones de los internos y de las visitas los días de lluvia o de altas temperaturas que normalmente se tienen en esta zona del país El pabellón Nº 9 habitado por unos cuarenta internos, es inhabitable, los internos están hacinados en celdas totalmente húmedas y sin luz natural, compartiendo un solo baño en condiciones deplorables, el olor es nauseabundo, a pesar de que los mismo internos refieren que hacen lo posible para mantenerlo limpio, destaco que también refirieron que solicitan elementos de limpieza pero estos no les son provistos con la asiduidad necesaria. Al no contar con luz natural se amañan para contar con luz eléctrica, haciendo conexiones precarias que ponen en peligro la vida de los internos.-El pabellón Nº 4 en iguales condiciones que el N° 9 pero en el sector de baños hay dos inodoros y dos letrinas también en pésimas condiciones.-El pabellón Nº 3 aloja a unos 20 internos, es un pabellón nuevo en condiciones de habitabilidad, destaco que los internos de este sector poseen una huerta donde siembran lechuga, cebolla verdeo, pimientos y otros vegetales.-El pabellón Nº 11 fue inaugurado en el año 2011, y se encuentran alojadas unas 80 personas, distribuidas en cuatro celdas. Como está recientemente inaugurado, las condiciones edilicias son óptimas, con baños en buenas condiciones de mantenimiento e higiene. Como en el resto de la institución los internos a fin de lograr intimidad hacen divisiones precarias colgando frazadas o mantas, y realizan también instalaciones precarias de luz para proveer a sus calentadores a resistencia, radios o televisores ubicados en sus celdas. El pabellón Nº 5 se encuentra en planta alta, donde están alojadas unas 20 personas, la mayoría del interior de la provincia, con condiciones de inhabitabilidad total. Como en otros pabellones el olor es intolerable, nauseabundo, en todo el pabellón, las paredes de las celdas y los techos están llenos de humedad a raíz de la falta de luz solar, y por las filtraciones de agua por las ventanas y techo. Los internos colocan frazadas y mantas en las paredes para mitigar de algún modo la humedad que brota de ellas, los días de lluvia el agua ingresa a las celdas por el hueco que hace de ventana, llegando según los dichos de los internos, a tener agua dentro de las celdas que les llega prácticamente a las rodillas y se les mojan todas sus pertenencias.- Las instalaciones sanitarias observadas resultan indescriptibles, en cuanto a su estructura no poseen puertas, y no cuenta con sanitarios, las paredes negras de humedad, lo antes dicho es sólo una leve descripción, según lo expresaron los propios internos han solicitado pintura y artículos de limpieza para dejar un poco más "presentable" el lugar dado que por ser del interior, las visitas son de días completos y es allí donde reciben sus visitas. El olor a humedad mezclado con el de orín, por las deficientes instalaciones sanitarias (sin puertas) hace irrespirable el aire de ese pabellón y propicio para enfermedades de todo tipo especialmente respiratorio y dermatológica.- Destaco en este punto que las instalaciones eléctricas son precarísimas y pone en serio riesgo de vida a los internos.- Los internos han hecho referencia a la visita anterior que realizara el OIP y que la situación no cambió nada. Este sector de la Unidad Penitenciaria es realmente inhabitable, faltan refacciones generales debiendo para ello desalojar el lugar, debiendo hacerse esto de manera inmediata. Los internos duermen en el suelo, carecen de colchones, son sólo restos de goma espuma.- El pabellón Nº 1 que se encuentra debajo del Nº 5. Las condiciones de habitabilidad son igualmente deplorables como la mayoría, pero se agrava porque la estructura de la losa en algunas partes corre peligro de ceder, los internos de este pabellón dijeron que constantemente se producen desprendimientos que ponen en riesgo su vida.- En el pabellón de aislamiento donde se encuentran alojadas siete personas en calabozos sin ventana y las rejas tapadas con chapones de metal, salen a esparcimiento sólo cuatro horas al día por la mañana y lo hacen en un pasillo interno. Los presentes recorrimos también el sector en el que se halla emplazada la Escuela del Servicio Penitenciario, donde inician y completan sus estudios primarios y secundarios los internos; también se encuentran los talleres de carpintería, herrería, instalaciones eléctricas, costura en máquinas industriales, cocina y computación, donde se ofrecen clases de técnico de PC y programadores, sorprende las excelentes condiciones de limpieza, orden, y por sobre todo el entusiasmo con el que concurren los internos a lograr mejorar sus condiciones educativas y culturales, las que a su egreso le permitirán ingresar al mercado laboral, este Centro de Formación Profesional está a cargo de la Profesora Margarita Obregón.- Se observó el taller de Arte, que está supervisado por la Dra. Presman, este espacio fue logrado dentro de la Unidad N° 1, mediante su interés e intervención con apoyo de los internos.- En cuanto a lo observado en el sector de salud, la sala de internación tiene una capacidad para seis personas; en ese momento había cuatro internados, la Dra. Marcela Arévalo quien nos atendió refirió que suele estar colapsada y que la atención es acorde las necesidades de los internos.- Son cuatro pacientes con HIV quienes reciben la medicación semanalmente para evitar la estigmatización que implica acudir diariamente al sector. Las atenciones más frecuentes en este sector son por diabetes e hipertensión. CONCLUSION: desde la última vista realizada por el OIP junto al Sr. Secretario del Defensor del Pueblo de la Nación, el Dr. Manuel Cuevas y el ex ministro de Gobierno Gustavo Valdez no ha variado en gran medida la situación edilicia de hacinamiento, de inseguridad en caso de incendio o cualquier otro tipo de catástrofe ya que por ejemplo las mangueras de incendio no tiene suficiente presión de agua como para funcionar correctamente. El Subjefe Roque Romero refirió que los celadores tienen matafuegos en sus puestos de guardia pero se advierte que la distancia que hay de tales puestos a algunas celdas, sugiere que la posibilidad de sofocar eficazmente un eventual foco de incendio en algunas partes del penal pueden considerarse bajas o nulas.- En cuanto al modo de comunicación con el exterior la unidad cuenta dos teléfonos fijos que no funcionan y cuando lo hacen requieren tarjetas que son de difícil acceso en esta zona del país, la tarjeta con la acceden a llamadas al exterior es TELECOM GLOBAL, adelanto que lo mismo sucede en la Unidad N°3 "Pelletier" , según el Subjefe Romero en este momento se encuentra una empresa trabajando para colocar teléfonos públicos en todos los pabellones, dichos no corroborados por los internos.- Cabe destacar que los internos como personal penitenciario son coincidentes en relación a comida, que la misma es proveída por la empresa "Shonko", y todos comen la misma comida, pude observar el día de recorrido que los penitenciarios comieron milanesas de pollo, las que estaban crudas. Las quejas en cuanto a la comida fue generalizada en todos los lugares visitados .- Obvie informar que el recorrido lo fue en compañía también del Ing. José Segovia, quien informó sobre los proyectos de reparación y modificación en algunos sectores, dicho profesional depende la de Dirección de Planeamiento y Obras de la provincia.- OBSERVACION A LA UNIDAD Nº 6:Realice la visita y observación de esta Unidad junto a la Lic Hilda Nora Presman, Coordinadora de la Red de derechos Humanos Corrientes; el Director de la Unidad; el Dr. Facundo Leguizamón, en representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación; el Subalcaide Guillermo Sotelo y el responsable del anexo de condenados Oficial Sergio González. No nos acompaño esta vez el Dr. Manuel Cuevas, a pesar de haber comprometido su presencia.- Como se observara anteriormente esta Unidad excede el número de internos a la capacidad dispuesta en origen, y se ha agregado a esta unidad un Anexo de la Unidad penitenciaria nº 1, en ese anexo se encuentran alojados internos que han tenido problemas de convivencia en la Unidad Nº 1 y para el resguardo físico de los mismos.- Actualmente donde se encontraban los dormitorios de los guardias se dispuso el pabellón denominado de observaciones, donde se encuentran dos internos desde hace un tiempo no pudiendo precisar cuánto exactamente, pero algo más de dos años, esa celda que no tiene luz natural. Salen una vez al día solo para ir al baño que en las otras ocasiones sus necesidades tienen que hacerla dentro de un tacho. Estos internos son personas que tienen graves problemas de convivencia uno de ellos es el que participó del homicidio de un interno y el otro tuvo inconvenientes en todos los pabellones en los que fue alojado.- En el resto de los pabellones hay internos que procesalmente están en etapa instructora, algunos ya condenados pero con recursos de casación interpuestos, por ende sus sentencias no se hallan firmes. Destaco que algunos llevan privados de su libertad ambulatoria desde hace más de cinco años.- Los reclamos generalizados son referentes a la falta de colchones en condiciones de ser usados, se observó que algunos internos duermen en trozos de goma espuma, reclaman que el agua que consume es extraída de un pozo, la que no tiene el tratamiento necesario para ser totalmente potable y ello provoca enfermedades gastrointestinales. Asimismo es generalizado el reclamo de falta de elementos de limpieza. Tanto el agua como los elementos de limpieza es la mayoría de las veces provista por familiares de los internos.- Asimismo es generalizado entre los internos y personal penitenciario el reclamo referente a la comida que es provista por la misma empresa en todas las unidades penitenciarias, si bien tiene buen aspecto llega a la unidad muy cocida casi sancochada, no reciben postre de ningún tipo. Por esa razón al igual que en la Unidad Nº1 es en oportunidades rechazadas o mejoradas con la que los mismos internos preparan. Los penitenciarios se traen su propia comida y bidones con agua potable.- No se ha mejorado las condiciones de habitabilidad de los pabellones, los techos son de chapa por lo que en verano es inhumano permanecer en ellos ya que se deben soportar temperaturas de más de 40º y en invierno el continuo goteo de las chapas por la condensación del agua.- En el anexo de la Unidad Penitenciaria Nº1, que se encuentra en la U P 6, se observó que los internos se encuentran en condiciones aceptables de convivencia, cuentan con TV, freezer, y como la mayoría prepara su propia comida. Tienen autorización para trabajar en madera, contando para ello con las herramientas necesarias para la fabricación y reparación de muebles y adornos de madera.- Es de destacar que actualmente se ha inaugurado un pabellón con ocho habitaciones para las visitas íntimas. También es destacable el empeño de la Maestra de la Unidad que colabora no sólo en la educación sino también en el apoyo psicológico para con los internos y del personal del gabinete criminológico y psicológico, que aun en condiciones precarias, por falta de elementos de trabajo, desempeñan sus tareas con ahínco.- Merece especial mención las condiciones las condiciones de trabajo de los agentes penitenciarios. Estos deben cumplir guardias en lugares que están prácticamente a la intemperie y sujeto a las contingencias climáticas, recuerdo que las temperaturas son muy elevadas en verano, el viento norte típico de la región azota de pleno a las guardias donde se observan sólo mesas y sillas, algunas rotas, estas con resguardadas con plásticos y frazadas que los mismos penitenciarios agregan para su protección.- Dra. Liliana Pajón - CORRESPONSAL- CORRIENTES [Volver]
118. El operativo se dio porque la comunidad wichi estaba reclamando la devolución de sus tierras ancestrales que les había sido usurpada por un empresario local quien las cercó y les impedía el acceso. El lugar es sumamente importante por sus reservas petrolíferas. La comunidad tiene el título de propiedad otorgado por la gobernación provincial. [Volver]
119. datos que le resultan insuficientes, razón por la cual acude a este Tribunal para solucionar las desavenencias planteadas. Teniendo presente el informe vertido por el Sr. Juez de Ejecución Penal, ACORDARON: Recomendar al Sr. Juez de Ejecución Penal que, en lo sucesivo, remita los legajos solicitados por la Excma. Cámara Segunda en lo Criminal y, atento el informe de fs.11/14 se aconseja cumplir dichas tareas en horario vespertino. [Volver]
120. Los efectivos de la Brigada de Drogas de San Pedro habían sido denunciados por fraguar allanamientos y plantar droga para detener a personas inocentes El allanamiento se extendió durante más de 12 horas y, entre otros hallazgos, los funcionarios dieron con "actuaciones prevencionales completas en las que las actas de procedimiento, la realización de tests orientativos, y los sobres de secuestros sólo contaban con las firmas de los presuntos infractores sin siquiera contar con testigos de procedimiento". El titular de la Procuvin, Abel Córdoba, dijo que este tipo de actividad ilegal por parte de la policía tiene directa relación con la violencia institucional. "La hipótesis de la investigación es que estas prácticas son el reaseguro de una mecánica ilícita constante", dijo el fiscal, haciendo alusión al uso de estos procedimientos fraguados por parte de la policía para el diciplinamiento de sus víctimas. "Esta intervención entre la Fiscalía de Jujuy y las procuradurías corta la impunidad de una práctica", ponderó Córdoba. En una fase previa a la formación de esta causa había actuado la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Fuente: "Fiscales" [Volver]
121. La policía trataba de despejar el lugar, ya que el partido se había suspendido, y disparaba los gases a corta distancia de la multitud, entre los que se encontraban gran cantidad de mujeres y niños. La realidad contrasta con la versión policial, dicen que no hubo ninguna agresión y que la muerte de Lucas se debió a un botellazo en una pelea, versión totalmente descartada por los padres del joven, ya que los que estaban en el lugar cuentan que en el operativo la policía utilizó perros, les tiraba los caballos de la montada encima, lo que fue contestado con piedras arrojadas por la hinchada mientras motos y camionetas se les tiraban encima y disparaban balas de goma y gases lacrimógenos. El hermano de Lucas, de 16 años, debió ser asistido por un taxista quien lo trasladó al hospital Lagomaggiore donde debió ser asistido presentado varias heridas. [Volver]
122. El día de su muerte al salir del trabajo se dirigía a la casa de su abuela por la ruta que va a Potrerillos cuando se encuentra con el control. El cuerpo estaba en el asiento trasero de su coche. La familia descree de la versión de suicidio, en el coche tenía una carabina antigua que estaba tratando de vender, de alto valor, de colección, fabricada en 1890 y que había heredado de su abuelo. Los gendarmes dicen que trató de dispararles con ella y que luego se suicidó. [Volver]
123. Luego de las tramitaciones de constatación y las audiencias con la Dirección del penal, Defensoría el 26 de Junio el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Mendoza manifiesta: "Por ello, y en mérito de lo señalado con anterioridad RESUELVO: a) HACER LUGAR a la acción de Habeas Corpus correctivo interpuesto por la Co defensora de la Defensoría de Pobres y Ausentes de los asuntos de Ejecución Penal.- b) DISPONER la prohibición de nuevos alojamiento de personas en la Unidad N° III Penal de Mujeres, provenientes de la jurisdicción provincial, por un plazo de treinta días, con la excepción de que en dicho término se reduzca la cantidad de internas alojadas al día de la fecha y solo en la medida de dicha reducción.-
c) CONVOCAR a una comisión interdisciplinaria conformada por el Señor Procurador de personas privadas de Libertad de Mendoza, a tres representantes de la Comisión provincial de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a la Señora Defensora Oficial para asuntos de Ejecución Penal, un representantes del Servicio Penitenciario Provincial, un representantes del Cuerpo Médico Forense, a los efectos de que un plazo de QUINCE días dictamine cual es la capacidad de alojamiento máxima de la Unidad N° III Penal de Mujeres. d) FIJAR para el día 30 de junio a las 09:00hs en la sede de este Juzgado, la constitución de la Comisión mencionada en el punto anterior".- sigue con emplazamientos a fin de revertir la situación [Volver]
124. Girula no habría querido pagar por lo cual el encargado llama a la policía, se encierra en su coche de donde intentan hacerlo bajar los policías hasta que cede y se dispone a pagar, lo esposan y lo ponen en la parte trasera de una camioneta policial Toyota donde continúan golpeándolo brutalmente, llegando ya muerto a la seccional. El juez interviniente habría dejado trascender que es difícil establecer "quien de los múltiples autores aplicó los golpes mortales". Al llegar a la comisaría, los policías lavaron la camioneta y lavaron el cuerpo de Girula. Era padre de tres niños. [Volver]
125. Según sus declaraciones cuatro policías encabezados por un oficial de apellido Villalba lo apuntaban con sus armas y a golpes lo sacaron del coche en el que iba, lo esposaron, lo tiraron en el asfalto y comenzaron a golpearlo, para luego ser llevado a la comisaría donde lo tuvieron detenido 13 días donde las golpizas no cesaron, ya que seguían pretendiendo que se hiciera cargo del robo. Logró su libertad mediante el pago de una fianza de $ 5.000.-. Nunca recuperó el dinero que llevaba encima ni las pertenencias que estaban en el baúl del coche. [Volver]
126. Según relata la víctima, al segundo día de estar alojado un agente de nombre Cristian entró en la celda y lo esposó y en compañía de otros de sus camaradas lo empujaban reiteradamente contra las rejas hiriéndolo y haciéndolo sangrar, agrega que permanentemente lo desnudaban y le arrojaban agua fría. Los días que estuvo detenido, no fue alimentado. [Volver]
127. Los penitenciarios lo obligaron a desnudarse y lo esposaron contra el piso. Lo golpearon y Aguilar le dio una la violenta patada que le provocó una lesión en el malar, mientras le gritaban: "¿Vos te creés más poronga que nosotros?" "No grito más, ya fue", dijo que repetía a sus victimarios. Luego sintió un líquido y el dolor provocado por el abuso. El joven relató que lo increpaban y cuando levantó la cabeza vio cómo se reían, al tiempo que le pisaban la espalda. "No pensé que iban a llegar eso", indicó entre lágrimas. Después de esa situación, lo dejaron en la celda, todavía esposado y desnudo. Más tarde le introdujeron un palo en el ano. Como se sabe, en la segunda audiencia diversos peritos procedieron a dar explicaciones sobre los informes confeccionados. A saber, el perito médico forense y la perito psicóloga, quienes a pesar del tiempo transcurrido, más de una año, pudieron dar credibilidad a la denuncia de M.L.M. El perito médico doctor Marinconelli señaló que revisó a la víctima, después de transcurrido un año de los hechos pero que de todas maneras pudo constatar que tenía heridas compatibles con las agresiones y que con el momento en que ocurrieron. Por su parte la perito psicóloga Lic. Causse detalló las diferentes técnicas que utilizó para realizar un pisco-diagnóstico en el que concluyó que "el denunciante no da indicios de fabulación ni de psicosis"; y que "su relato tiene verosimilitud, es coherente y sin contradicciones". Por último, el Tribunal le preguntó si durante la entrevista estaban presentes en la sala agentes penitenciarios pero la psicóloga dijo que en este caso concreto no lo recordaba, que a veces están y a veces no. Al finalizar la audiencia, un clima de nerviosismo e incertidumbre impregnó los rostros. [Volver]
128. El 14 de junio de 2003 Ávalos, de 18 años, de la localidad neuquina de Picún Leufú y estudiante de la Universidad Nacional del Comahue, fue a bailar al boliche "El Fuerte" de la capital provincial. Según testigos, el joven fue visto por última vez a alrededor de las 7 de la mañana, junto con una chica. Otros testigos refirieron que Ávalos fue golpeado por personal de seguridad del boliche, integrada por policías, miembros del ejército y guardias privados. El local bailable contaba con cámaras de seguridad, pero ese día solo hubo registros fílmicos hasta las 2.30 de la madrugada. [Volver]
129. Solano había formado parte de cuadrillas de trabajadores golondrina salteños que eran contratados en su provincia natal y enviados a trabajar en la cosecha de la frutícola belga Expofrut, cosecha tercerizada por la que entonces se llamaba Agrocosecha Argentina SRL, que se encargó del traslado desde Salta, del hacinamiento de los trabajadores en containers o casuchas y el pago en condiciones deplorables. Solano reclamaba por el maltrato hasta que fue secuestrado. En la investigación judicial, no se encontró nada hasta que la jueza Marisa Bosco y el fiscal Miguel Flores dejaron de intervenir en la causa (aquí, "intervenir" puede traducirse como ceder la investigación al brazo armado de la ley, en este caso, los policías investigados). A partir de entonces, siete policías quedaron detenidos y otros 33 fueron procesados. Bosco y Flores tienen en su haber sendos pedidos de juicio político. Fuente diario Página 12- [Volver]
130. El juez volvió a recordar que el penal tiene superpoblación con 82 personas alojadas cuando está habilitado el edificio para solo 45. En una recorrida por el penal, el juez constató en la celda 18 el hacinamiento de cinco internos alojados en "condiciones deplorables, inundados por la presencia de cucarachas", según informó el Poder Judicial quien remarcó que ante esta situación se dispuso la clausura de la celda, la fumigación y refacción. En otra de las celdas el juez halló a cuatro personas encerradas durante las 24 horas del día, con una sola cama a su disposición y tres colchones ubicados sobre el suelo, dos de ellos arrollados sobre sí mismos para facilitar la circulación dentro de la celda. Esa celda -según informó la Justicia- tampoco tiene mesa, sillas ni lavatorio y sólo cuenta con una canilla adherida a una pared, ubicada a 40 centímetros del piso, mientras que tampoco funciona la mochila de descarga del inodoro y no posee circulación de aire. Lozada también dispuso la realización de urgentes refacciones en otras dos celdas, las cuales deberán ser llevadas a cabo en el término de 7 días corridos, las que consideró indispensables para su habitabilidad. En intervenciones anteriores, el juez había pedido que se provea de 15 camas y colchones ignífugos, había restringido el ingreso de internos por la superpoblación. Mediante la sentencia el juez consideró que la "agravación en las condiciones de internación carcelaria, evidencia un gravísimo incumplimiento estatal, constituyendo un trato cruel, inhumano y degradante la permanencia de los internos en sitios que ni mínimamente reúnen esos requisitos de aptitud para el debido respeto a la dignidad humana?". Recordó que el Estado debe garantizar la seguridad no solo de los ciudadanos frente a la delincuencia sino también de los penados por la ley que tienen por objetivo ser reincorporados a la sociedad, algo que no podría cumplimentarse "cuando existan incumplimientos de las obligaciones y/o violaciones por parte de quien tiene aquella responsabilidad?". Señaló en este sentido que la resocialización de los internos será imposible con las condiciones de vida que tienen dentro del penal. [Volver]
131. Si bien sufrió una fuerte hemorragia, Daniel Vilte Laxi se encuentra fuera de peligro en el Hospital San Bernardo de la ciudad de Salta. El abogado defensor adelantó que reiterará el pedido de mayor seguridad al gobierno provincial. Los familiares explicaron que ya habían pedido más seguridad dentro del predio carcelario y que temen por su vida. En 2011, tras haber sido detenido por el crimen, el acusado había denunciado torturas por parte de la policía provincial. [Volver]
132. golpeado, sometido al "Barquito" tormento que consiste en colocar al la víctima en el agua, boca abajo y esposado de pies y manos, de forma que no pueda arquear su cuerpo para no ahogarse. La madre de la víctima presenta la denuncia judicial correspondiente, pero la situación continua de forma que cuando es trasladado el 31 de octubre recibe una golpiza que le quiebra una pierna y a los pocos días dos individuos ingresan en la casa de los padres, hieren a uno en la pierna y les advierten que dejen de denunciar lo que le sucede a su hijo. Actualmente se sigue instrumentando la causa en la justicia. [Volver]
133. FUNDAMENTOS - Señor presidente: El Servicio Penitenciario Federal gestiona unidades penitenciarias en todo el paí-s y conforme datos correspondientes a noviembre de 2013, albergaba una poblaciÃ³n carcelaria de 10.007 personas entre condenados y procesados. La Provincia de Santa Fe no cuenta con ninguna unidad penitenciaria federal no obstante, se hace cargo de la detención en sus propios establecimientos de aproximadamente 250 personas privadas de libertad en causas y por orden de jueces federales. La cárcel más cercana se encuentra en la ciudad de Resistencia, Chaco (U7- Prisión Regional del Norte), con una capacidad total de poblaciÃ³n de 334 personas. Al 1Âº de noviembre de 2013 dicha unidad tení-a 365 detenidos. Si tenemos en cuenta la cantidad de personas privadas de libertad por causas federales de las que nuestra provincia se hace cargo en sus propias unidades penitenciarias provinciales, tal como mencionamos, a lo que se suma el alojamiento de los detenidos por orden de los propios jueces provinciales, advertimos la grave situación por la que atraviesa el sistema penitenciario provincial y la total displicencia del sistema federal que se desentiende del cumplimiento de sus obligaciones. A ello se suma el incremento de las causas criminales tanto de la justicia penal ordinaria como del orden federal en particular en la provincia, lo que pone en grave crisis a todo el sistema penitenciario provincial. El estado nacional debe asumir su responsabilidad frente a quienes son privados de su libertad en las causas de competencia federal proveyendo los recursos y estructura necesarios para cumplir con sus elementales obligaciones de seguridad que un estado de derecho impone. Por ello solicito se apruebe el presente proyecto de Resolución. [Volver]
134. Según admitieron familiares de los detenidos, el reclamo es por mejoras en el local, donde conviven 40 reclusos en un inmueble con capacidad para menos de la mitad de esa cifra. En la provincia de Santa Fe hay actualmente 5.024 detenidos. De ese total, 2.864 se encuentran en penales, mientras que los restantes 2.160 están alojados en dependencias policiales. Sólo en esta capital, donde el problema ya ocupa a los legisladores provinciales, hay 200 detenidos que cumplen condenas en comisarías de la ciudad. Según fuentes policiales, la comisaría 24 de Granadero Baigorria tiene varios antecedentes de revueltas como consecuencia del hacinamiento que denuncian los detenidos. Mañana el juez resolverá si hay traslados de detenidos. Datos estadísticos fuente: diario La Nación [Volver]
135. El informe abarca toda la geografía provincial y cuenta con información recogida entre el 1º de noviembre de 2013 y el 15 de diciembre de 2014. Actualmente, el Registro de Torturas se encuentra a cargo de la defensora Regional de Reconquista, Ariana Quiroga, ya que originalmente debía estar bajo el ala de la Secretaría de Prevención de Violencia Institucional, para la cual concursó Enrique Font y todavía no fue designado por el Ejecutivo. La Dra. Quiroga, quien reemplaza al defensor Ganón, explicó que el Registro de Tortura y Abuso Policial que si bien desde la entrada en vigencia del nuevo sistema -10 de febrero de 2014- cuentan con más personal "la construcción de la información aún sigue siendo artesanal". El motivo de la falta de recursos radica en principio en que "a pesar de haberse pedido colaboración a otros operadores judiciales y no judiciales para que articulen con nosotros en forma fluida la información, hoy prácticamente el registro tiene 3 fuentes de ingreso de casos: la labor de los defensores públicos en el ejercicio de la defensa, los medios de comunicación que suelen impactar casos de este tipo y el boca a boca". [Volver]
136. El 13 de Noviembre, en una audiencia oral y pública presidida por el juez de Cámara Penal Adolfo Prunotto, los defensores del acusado, Rodrigo Mazzuchini y José Ferrara, pidieron la revisión de la detención, instancia en la que además plantearon reparos al procesamiento. Consideraron que la determinación de la jueza de primera instancia se basó "únicamente en la versión de los familiares de la víctima, a través de la cual se llegó a una apariencia de responsabilidad, pero no al grado de sospecha suficiente que requiere un procesamiento", remarcaron los letrados. "Ubicamos el lugar del homicidio en un mapa y contextualizamos la situación social. Quedó demostrado con testigos que nuestro cliente no se encontraba allí en ese momento, sino en la casa de una hermana. Además, se puso en evidencia que las personas que aportaron su relato como testigos presenciales, en realidad vivían a siete cuadras de donde ocurrió el hecho, por lo cual esos testimonios presenta fisuras", coincidieron Mazzuchini y Ferrara ayer tras la audiencia. [Volver]
137. En ese marco el fiscal de Homicidios Dolosos Florentino Malaponte, quien investiga el crimen, ordenó la intervención en el hecho de la Dirección de Asuntos Internos y dispuso la detención de un oficial supervisor de servicio a raíz de las contradicciones entre los testimonios recogidos en el lugar y la presencia de un arma blanca hallada en un patio del penal. El policía quedó alojado en dependencias de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo imputado de encubrimiento de homicidio e incumplimiento de sus deberes. [Volver]
138. Tras la denuncia, tomó participación el fiscal Fernando Dalmau, quien ordenó a la división Asuntos Internos y a la División Judiciales de la Policía provincial realizara un operativo con participación de la víctima. El procedimiento incluyó la utilización de transmisores por lo que se logró grabar las comunicaciones en las que se negociaba la entrega del dinero. Además, las fuentes dijeron que dentro de la sede policial se registró un audio del momento en que los policías recibían el dinero. "Estamos convencidos de que esta es una mecánica que se venía practicando de parte de esta gente con el barrio", sostuvo hoy el fiscal Dalmau. El funcionario judicial consideró, en declaraciones a radio LT8 de Rosario, que se trata de "actos aislados de corrupción que responden a intereses particulares" de algunos efectivos. [Volver]
139. La denuncia fue muy dura contra la jueza de instrucción, que no le tomaba a Reyes y sus familiares la denuncia. Luego el militante de ATE recibió una nueva golpiza. Lo llevaron a una terraza desnudo para que "cantara", y como no dijo nada lo volvieron a golpear. Producto de las reiteradas torturas, Reyes tiene un quiste en la cabeza. [Volver]
140. Es por ello que desde el Parlamento Provincial, junto al Poder Ejecutivo, se avanzará en la creación de una norma que brinde un marco legal para la instrumentación de este Protocolo Facultativo Provincial, que deberá ser integrado por personas con autonomía de los tres poderes del Estado, y que para garantizar su independencia y desarrollo, deberá contar con un presupuesto propio, teniendo en cuenta que en Santa Cruz existen aproximadamente 350 personas privadas de su libertad, de las cuales el 70% aún no cuenta con sentencia firme por parte de la Justicia. [Volver]

DDHH en Argentina
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