Equipo Nizkor - Situación de los Derechos Humanos en el Sistema Penal Argentino

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10mar14

Situación de los Derechos Humanos en el Sistema Penal Argentino
Año 2013

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
El sistema penal argentino continúa con las mismas características descriptas en el informe 2012. Demoras en la tramitación, prescripciones y juzgados vacantes, son algunos de los puntos sobre los cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación pide soluciones. Jueces, fiscales y abogados analizan acciones concretas para lograr mayor celeridad en los procesos |1| En efecto, como veremos a lo largo de este informe, la violación a los DD. HH se ha incrementado, junto a la decisión gubernamental de tener un doble estándar. Por un lado avanzar con los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad que quedaron impugnes hasta el presente y por otro lado sostener una política errática en materia de "política criminal" que permitío el avance del narcotráfico en los barrios más humildes y de ello deviene delitos de menor cuantía pero con alto índice de violencia como así mismo el incremento del tráfico de personas y el tráfico de armas de puño |2|. La preocupación es de tal magnitud que llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a solicitar al gobierno nacional que instrumente medidas urgentes que contengan el avance de los narcotraficantes a través de las fronteras del norte argentino, permeadas por los traficantes de drogas y de personas |3|
En el mismo sentido, los habitantes de la villa de emergencia denominada "La Carcova" en el municipio de San Martín, Provincia de Buenos Aires, atemorizados por las prácticas violentas y el accionar sin control de los traficantes que se disputan el territorios a los balazos, solicitaron la intervención del Observatorio Internacional de Prisiones (en adelante OIP) a fin de ser escuchados por las autoridades. Los vecinos juntaron firmas en un petitorio y el OIP se hizo presente en una reunión donde además estuvo el diputado por la provincial, Ing. Ricardo Vago. Luego de escuchar sus quejas y preocupaciones, el OIP hizo entrega de las firmas al diputado Vago, solicitando formalmente que lleve el petitorio a la Cámara e imponga ante sus pares la situación de riesgo en que se encuentran esas personas. El diputado acompañado del OIP dejó en guarda en una escribanía (para seguridad de los habitantes del lugar) la cantidad de firmas que se protolarizaron y con el acta notarial, el legislador presentó un proyecto de declaración sobre tablas que fue aprobado. En el mismo se solicitó al Sr, Gobernador que reubique a los efectivos de gendarmería (que se retiraron) para seguridad de la población. El pedido no fue escuchado y más tarde tal como el temor de los vecinos preveía sobrevino la tragedia |4| Frente a estos hechos el OIP formalizó una denuncia penal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público del gobernador Sr. Daniel Scioli, ante la fiscalía general de la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de La Plata, que recayó en la UFI 8 |5|
El 20 de Marzo renunció "por razones personales" el Secretario de la SEDRONAR (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) Dr. Rafael Bielsa, quien estaba al frente de ese organismo desde hace poco más de un año. El papel de la Secretaria fue ampliamente criticado por su inacción frente al agravamiento del accionar del narcotráfico y la carencia de instituciones asistenciales para desintoxicar y rehabilitar a los drogodependientes de las clases más vulnerables. Fue reemplazado interinamente por el subsecretario Salvador Julio Postiglioni |6|. El 8 de Noviembre recién entonces, se nombró un nuevo titular de la Secretaria, el sacerdote Juan Carlos Molina, la Iglesia aclaró que la aceptación del nombramiento es a título personal. Al cierre del presente informe Molina, denunciaba serias irregularidades administrativas institucionales.
Causó una honda preocupación sobre todo en las organizaciones de la sociedad civil que mantienen una posición equidistante de las medidas gubernamentales en materia de DD. HH, el hecho de haber constatado que la organización "Agencia Walch" había sido infiltrada por un agente de inteligencia de la policía federal |7|
En consonancia con los gestos efectistas, la Sra. Presidente anunció el 8 de Abril el proyecto denominado "democratización de la Justicia" en el que se pretendió una reforma en la forma de elegir los miembros del Consejo de la Magistratura, miembros de la Cámara de Casación y poner limites a los recursos cautelares de decisiones del Ejecutivo que los particulares pueden considerar avasallamiento de derechos adquiridos |8| El proyecto no prosperó luego de una avalancha de presentaciones judiciales y de emitir documentos académicos hasta la misma Academia Nacional de Ciencias |9| Argentina aprobó a finales de 2012 la ley que establece la creación de un Mecanismo Nacional contra la Tortura (MNCT), que prevé la creación de un Comité Nacional y de Comités locales a nivel de las provincias con el propósito de monitorear los lugares de privación de la libertad con miras a prevenir la tortura. Un punto que llamó la atención fue la modificación de la composición de la comisión nacional que, por exigencia del bloque de senadores del oficialismo, pasó de 9 a 13 miembros, lo cual le estaría dando un mayor control al Ejecutivo sobre la misma |10|
Durante todo el año 2013 el desconcertante manejo de las fuerzas de seguridad interna se vio reflejado en traslados de la gendarmería de un sitio a otro del territorio nacional, la queja de los gobernadores de signo opositor al gobierno nacional, se hizo pública por dejar desprotegida las rutas nacionales que devienen en internacionales y por donde se sospecha pasa el narcotráfico. Gendarmería aún no resuelve el conflicto del año anterior y que concluyó con la renuncia de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación |11|
Luego de haber ordenado la detención de 68 personas al margen de la Justicia, el secretario de Seguridad Sergio Berni dijo que cuando se detiene a un presunto narcotraficante "nos cuestionan por abrirle el baúl". De ese modo El Secretario de Seguridad de la Nación, el día 22 de Noviembre se expresó contra el "garantismo" y defendió haber arrestado a manifestantes (incluyendo a menores de edad) sin una orden judicial, durante un corte de ruta |12|
El día 2 de diciembre las policías provinciales se acuartelaron solicitando mejores salarios y condiciones laborales, luego de que fracasaran las negociaciones que llevaran semanas y que las esposas, madres y hermanas de los policías realizaran protestas sin exito |13|
El actual gobierno se niega a tratar la sindicalización de las fuerzas de seguridad |14|
Otra propuesta que causó gran debate aún no clausurado fue el envío por parte del Poder Ejecutivo al parlamento nacional, un nuevo Código Civil y Comercial. El año parlamentario se cerró con la aprobación en Comisión de algunos de sus artículos más controvertidos. Luego de una visita del nuevo Ministro de gabinete (Jorge Capitanich) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció que durante el año 2014 el Ejecutivo enviará al parlamento nacional un proyecto de reforma del Código procesal penal y un nuevo Código penal |15|
El flamante presidente de Casación, Mariano Borinsky, convocará a un plenario no bien finalice el receso por la feria judicial de verano para abordar la discusión sobre la validez o no de la reincidencia y su aplicación |16|
El OIP participó como veedores del voto de los detenidos en las PASO (primarias abiertas y obligatorias) en las generales legislativas. El resultado de la experiencia indica que al igual que en otras elecciones la participación de los internos depende del manejo de su documentación personal que sigue siendo un grave escollo para el ejercicio del voto que en Argentina es un derecho y una obligación |17|
Situación de los menores de veintiún años en el Sistema Penal Argentino
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la Argentina por haber sentenciado a menores a penas de prisión perpetua. En consecuencia, instó al país a sancionar un régimen de justicia penal juvenil ajustado a los estándares mundiales y en consonancia con los derechos consagrados por las convenciones internacionales.
El tribunal que está dentro de la órbita de la Organización de Estados Americanos (OEA) sentenció a nuestro país a cumplir con las recomendaciones de anular las penas de prisión perpetua para menores y a revisar las condenas que pesan sobre personas que cometieron delitos siendo adolescentes alcanzados por un régimen penal especial.
El tribunal analizó cinco casos presentados en 2002 y decretó la responsabilidad argentina en la violación de los derechos humanos de esos jóvenes condenados a penas que deberían estar reservadas a adultos |18|
Si bien la política criminal en relación a los niños, niñas y adolescentes tiene su acento puesto en los que tienen conflicto con la ley penal, los niños, niñas y adolescentes en la República Argentina, son víctimas frecuentes de delitos cuya sanción está lejos de estar en sintonía con el daño causado. Tal es el caso de la pedofilia. En efecto, alrededor de 5 mil casos de pedofilia fueron denunciados en el país durante el 2013, delito que se vio favorecido por las oportunidades que brindan las redes sociales y las nuevas tecnologías. Así lo advirtió Rachel Holway, directora de "Alerta Vida", una organización que lucha contra el flagelo de los pedófilos, quien destacó que esta modalidad delictiva "está en todos lados" |19|
Tal como hemos manifestamos en el informe anterior, la Ley nacional de Responsabilidad juvenil sigue sin tener el debate de fondo pendiente. Un sector del oficialismo junto a los representantes de los sectores conservadores, pretenden la baja de la edad de la imputabilidad, con lo cual frenan el debate que sigue teniendo en una zona viscosa las responsabilidades que se puedan caber a los adolescentes en conflicto con la ley penal. Por otra parte algunas provincias ya han llegado a un consenso sobre su propia de la ley responsabilidad juvenil e incluso la han aprobado, lo que no significa, lamentablemente que se hayan cambiado prácticas reñidas con los derechos y garantías de los adolescentes ni que se hayan instrumentado las instituciones adecuadas para el pleno funcionamiento legal.
1. Situación de los Menores en conflicto con la ley penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Ministerio Público Tutelar en su informe anual, sobre Niñez Adolescencia y Salud Mental, sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires "sigue manteniendo un elevado número de niñas y niños institucionalizados/as" por razones de vulnerabilidad social |20|
En razón de las quejas de los vecinos por presuntos o reales hechos denominados de "inseguridad" se montó un operativo denominado Operativo Cinturón Sur de Gendarmería Nacional. De acuerdo a denuncias recibidas la brutalidad desplegada contra los jóvenes es cada vez mayor, en especial desde que se sumó al operativo la Policía Federal. Las denuncias describen hechos de abuso policial, donde abundan golpes de puño, bastonazos y descargas de picana eléctrica. En general las víctimas son chicos de 14 a 20 años y con problemas de adicciones. Los referentes barriales relatan situaciones de gran tensión, como la ocurrida en la Villa 20 ante la detención de un joven que recibe una fuerte golpiza cuando estaba en la esquina de su casa y lo acusan de robo. Señalan que los agentes del orden tienen marcado a los chicos, los acosan esperando que reaccionen para luego gatillarlos, agregan. Los jóvenes tienen terror de denunciar esta situación, pero ante la difusión de algunos videos filmados en celulares, fue presentada una denuncia penal. Un fiscal pidió la absolución de un policía acusado por un caso de presunto "gatillo fácil" en el que resultó muerto el bailarín de tango Alan Stéfano Tapia, de 20 años, y argumentó que el episodio "ocurrió en villa Mitre, no en Puerto Madero o en las Islas Seychelles". El singular alegato fue pronunciado por el fiscal Eduardo Marazzi, quien aclaró que su expresión apuntaba a graficar que el barrio Mitre, donde el oficial del grupo de elite GEOF disparó y mató a Tapia en el marco de un allanamiento en el que supuso que el joven estaba armado, era un lugar "peligroso" |21|
2. En la Provincia de Buenos Aires
El Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires ordenó que se realice un nuevo pronunciamiento en una causa en la que la fiscal impugnó la decisión de absolver a una menor de edad que fue partícipe de un robo seguido de muerte. En este sentido reclamó por la falta de escala legal en la condena. Así, la representante de Ministerio Público alegó una mala aplicación del artículo 4 de la ley 22.278. El caso resulta relevante en medio del debate por la imputabilidad de los adolescentes y las medidas a adoptar sobre los que tienen protagonismo en hechos delictivos de gravedad |22|
La Comisión Interministerial de Promoción y Protección de Derechos del Niño, dio a conocer en un encuentro celebrado en la ciudad de Mar del Plata, datos estadísticos correspondientes al primer semestre del año sobre niños, niñas y adolescentes separados de sus familias por ser víctimas de violencia y maltrato, en total fueron 770 |23|, y están recopilados en el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA) |24|. El estudio reveló que el 46% sufrió maltrato físico, 27% negligencia familiar, 19% abuso sexual y 8% maltrato psicológico. Durante el encuentro se distribuyó una guía de Recursos y Orientaciones ("Basta de Violencia"), la cual constituye un protocolo de intervención que contiene pautas sobre cómo actuar y detalla los recursos disponibles en la provincia. La página oficial de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, informa que siguen en funcionamiento solo 4 Centros de Recepción |25|, con capacidad para 284 jóvenes, 10 Centros Cerrados |26| con un total de 167 plazas, 14 Centros de Contención |27| con 160 plazas y los Centros de Referencia en cada municipio. Se encuentran privados de libertad por violación a la ley penal 480 jóvenes, en el régimen de semi libertad 110 y con medidas socio educativas 2.200. En los últimos meses del año se pusieron en marcha emprendimientos productivos tales como una panadería en el Centro de Contención Copa, en la cual también participan jóvenes de otros centros Cerrados (Castillito y Legarra), y una fábrica de fideos en el Centro Cerrado Nuevo Dique. La Secretaria lanzó un programa de Atención de Adicciones en Centros Cerrados, para lo cual firmaron un convenio con el Ministerio de Salud detallan que, se crearon dispositivos intra muros para "evaluar, asistir y, eventualmente, derivar casos donde, además de la transgresión penal, se evidencia una patología adictiva de características complejas" Un informe de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, el 54% de los jóvenes alojados en Centros Cerrados y de Recepción están en tratamiento por uso y abuso de sustancias psicoactivas |28| La falta de genuinas políticas de prevención sobre la niñez vulnerable, genera delitos como los que se reprimió en Avellaneda. En efecto, Reclutaban a chicos de la calle para robar en Capital y Gran Buenos Aires. Los detenidos son un hombre de 53 años y sus dos hijos. Tenían a los chicos, de 12, 13 y 14 años, en un "aguantadero" de Avellaneda. Los llevaban a hacer robos y arrebatos a las estaciones de tren |29|
En el mes de julio la justicia dispuso el cierre de dos módulos del Centro de Recepción de Lomas de Zamora, ordenando el traslado inmediato de los jóvenes allí alojados. El gobierno provincial apeló el fallo. La medida judicial fue dictada tras la presentación en el año 2012 de un habeas corpus colectivo por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria |30| A fines de 2012 también se realizó una presentación ante la UFI en turno de la Ciudad de La Plata contra el personal, autoridades del Instituto Almafuerte y de la Secretaría de Niñez y Adolescencia por las torturas aplicadas a jóvenes detenidos, sin que haya llegado a nuestro conocimiento que la justicia se haya expedido. Justamente fueron infructuosos los esfuerzos del OIP hasta el momento para conseguir autorización a fin de recorrer dicho instituto. El Equipo Nizkor de Bruselas envió sendas notas al Ministro de Gabinete del gobierno provincial Sr. Alberto Pérez, en ese sentido, sin que hayamos tenido una respuesta concreta, sin embargo tomamos conocimiento que el día 27 de diciembre (fecha propuesta por el OIP para la visita) se destituyó al Director del establecimiento cuestionado |31|
Las denuncias sobre la utilización y reclutamiento de jóvenes para delinquir son permanentes, una que tomó gran trascendencia en los medios fue el caso de una banda detenida en Avellaneda donde un adulto de 53 años y sus dos hijos recorrían las estaciones y demás lugares donde se refugian los chicos en situación de calle, les ofrecían comida, drogas, ropa y se los llevaban a su refugio en Villa Tranquila. Al producirse el allanamiento, se secuestraron armas de distintos calibre, y tenían a tres jóvenes de 12, 13 y 14 años secuestrados, a los que hacían delinquir.
Los casos que se relatan a continuación, son casos es un muestreo del abuso, maltrato y tortura policial.
A principios de febrero fue hallado un adolescente de 17 años encerrado en aislamiento en una sala de enfermería del Centro de Recepción de Menores de La Plata, sobre un colchón roto, sucio y manchado con sangre, y esposado a una reja |32|
El día 14 del mismo mes, Rubén Omar Cigaran, también de 17 años, fue otro caso más de gatillo fácil ocurrido en la ciudad de La Plata, el hecho se produjo alrededor de las 14,30 horas, cuando Leandro Junquera se detuvo en el semáforo de 122 y 43 cuando se le acercaron dos jóvenes que, según dedujo, tenía intenciones de robarle |33|
M.M.M.F., de 14 años de edad, miembro de la comunidad Qom de El Talar de Pacheco, Prov. de Buenos Aires, fue encontrada muerta en la casa del hombre que la mantenía cautiva el 17 de febrero. Había sido brutalmente golpeada y violada. La denuncia realizada por la familia deja entrever que sospechan de un caso de trata y narcotráfico, que involucra a la policía de la zona, en especial de la comisaría 6ª de El Talar |34|
Ernesto Fabián Martínez, de 20 años y Santiago Díaz de 17 fueron víctimas del gatillo fácil de policías de la seccional 7ª de Villa Centenario, Lanús, Prov. de Buenos Aires, el jueves 28 de febrero alrededor de las 22 horas |35|
David Vivas y Javier Alarcón, de 21 y 15 años respectivamente, fueron asesinados el domingo 3 de marzo en horas de la mañana por un policía en la Ribera de Quilmes. Resultó con heridas Marcelo Luque, de 23 años y hermano de Javier |36|
Emanuel Ojeda y Carlos Abregu, ambos de 17 años de edad, fueron víctimas del gatillo fácil del agente de la federal Alejandro Aguirre Manzur en las calles de la ciudad de Moreno, el 17 de marzo. Ojeda murió en el acto, y Abregu a las pocas horas |37|
Omar Ariel Ruiz de 17 años de edad fue muerto el 29 de abril por un policía metropolitano al que intentó robarle en la localidad de Florencio Varela. Omar iba junto a otro joven en una moto, cuando según declaraciones del policía intentan robarle, da la voz de alto y huyen. El otro joven, de nombre Juan, recibió una herida de bala en la pierna izquierda quedando detenido.
Hernán Ezequiel Herbel de 16 años de edad, discapacitado, fue baleado en la cabeza por un efectivo policial en la localidad de Billinghurst, partido de San Martín el 19 de mayo El joven vivía con su madre, y cobraba una pensión a raíz de la patología motriz que tiene desde su nacimiento. Había salido con un grupo de amigos de 14 y 15 años cuando se encuentran con un operativo policial cerca de la avenida del Libertador, por lo cual tratan de alejarse, quedando a raíz de su discapacidad rezagado del resto y víctima de los disparos de los uniformados. El mismo día Bladimir Matías Garay, de 16 años de edad, muere en la ciudad de La Plata. Fue dejado en la entrada del Hospital de Niños, totalmente ensangrentado y con un tiro que le penetró por la espalda. Tenía antecedentes penales y varias entradas en la policía y era uno más de los jóvenes platenses excluidos que suelen ser acosados por la policía. Según el informe policial, Bladimir junto a tres jóvenes más intentaron asaltar varios comercios de la zona, desplazándose en motos. No se pudo determinar de donde partió la bala mortal.
Alejandro Cabrera Brau, de 12 años de edad, estaba jugando en el patio de su casa en el barrio Belgrano de la ciudad de La Plata, cuando escuchó dos disparos. Uno de ellos impactó en su cabeza y partió del arma de un policía de civil que perseguía a dos jóvenes sospechados de haber asaltado a pocas cuadras del lugar. Los hechos ocurrieron el lunes 27 de mayo |38|
El 5 de junio Matías Barreto de 18 años, se encontraba junto a un grupo de amigos conversando en la esquina del Barrio Municipal de Zárate, cuando la policía acude al lugar respondiendo un llamado de un vecino quejándose de ruidos molestos. Al ver el patrullero, los jóvenes se asustan y comienzan a correr. La respuesta fue un disparo de Itaka que impactó en la espada de Matías. Su abuelo con quien vivía el joven pide ayuda para trasladarlo al hospital de Zárate, el joven muere antes de llegar. Según los testigos, el disparó fue realizado por una mujer del cuerpo policial. Nicolás Bazán, de 13 años de edad, fue baleado el 16 de agosto cuando volvía a su casa ubicada en Ingeniero White, luego de asistir a su práctica de futbol. Quedó en el medio de una balacera cuando policías de la DDI de Punta Alta comenzaron a disparar argumentando que querían robarle una rueda de auxilio. Recibió dos disparos en el tórax. Testigos presenciales del hecho declararon que los policías se bajaron empuñando sus Itakas y comenzaron a disparar tirando al montón, con gran número de vecinos que estaban realizando sus compras o circulando por las calles. Luego se fueron, dejando a Nicolás tirado en la calle. Nélida Soledad Bowe, de 18 años, murió de un balazo en el abdomen el 29 de agosto en la esquina de 9 y 54 de la Ciudad de La Plata. Estaba con su hermana y un amigo por entrar a un club cuando se produce un intento de robo en un restaurante, un sargento de la policía que estaba en el lugar se identifica, los jóvenes huyen y el policía los persigue y dispara un tiro que impacta en la joven. Los testigos presenciales, e incluso las declaraciones del Secretario de Justicia y Seguridad de la provincia, los asaltantes no efectuaron ningún disparo, solo, el del policía que mató a la joven.
El 23 de setiembre en horas de la mañana S.F., joven adolescente, fue baleado en la espalda por un policía de civil, en 168 y 19 de la ciudad de La Plata |39|
El 30 de setiembre N.D.R., joven adolescente, venía caminando junto a tres amigos, también menores, por la calle San Carlos del Municipio de Moreno, cuando son interceptados por personal de la comisaría 1ª de dicha localidad, bajaron del móvil dos agentes, uno de ellos mujer, los detuvieron violentamente, los obligaron a arrodillarse, los revisaron mientras les propinaban patadas, a uno de los jóvenes en la cara lo que le produjo pérdida de sangre por nariz y boca, llamaron a dos patrulleros más y los subieron y a las tres cuadras se detienen para comenzar a intimarlos acusándolos de robo |40| Joven cartonero de 18 años, fue muerto por una mujer policía el 14 de octubre en Lanús. Los vecinos del lugar que presenciaron los hechos, dicen que el joven no era delincuente y que no estaba haciendo nada ilícito cuando fue asesinado. La muerte del joven provocó la inmediata reacción de los vecinos lo que terminó en un enfrentamiento al que la policía respondió con balazos de goma y una detención.
Como relatáramos in supra, Enzo Ledesma, 13 años de edad, fallece al recibir un disparo en un supuesto enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes en el Barrio La Cárcova de José León Suarez. El padre del niño manifestó que entregó a la policía la foto de quien mató a su hijo, les dijo donde podía encontrarlo, sin que se hiciera nada al respecto.
Joel, de 18 años, fue atacado a bastonazos por un policía tras ser sacado a la fuerza del boliche "Sopranos" de Pilar, el sábado 5 de octubre a las 3,30 de la madrugada, luego de discutir con otros jóvenes que habrían acosado a su novia. En el medio de la discusión fue sacado por la fuerza de seguridad del local, donde comenzó a ser golpeado con un bastón en el rostro y la cabeza |41|
El jueves 30 de octubre en el Instituto de Menores de la Ciudad de Bahía Blanca 6 jóvenes allí alojados, incendian la institución donde estaban encerrados, sin que hubiera heridos. Los hechos se debieron a las terribles condiciones que sufren y al trato que reciben. Fueron trasladados a distintas instituciones de encierro de la provincia.
Brian Múgica, 16 años de edad, fue muerto el 19 de noviembre por un tiro en la espalda a manos de un policía en la ciudad de La Plata. El policía estaba vestido de civil, y alega que disparó ante un presunto intento de robo. Brian no tenía antecedentes penales, trabajaba haciendo changas como ayudante de albañil o cortando el pasto. La versión oficial es que el policía actuó en legítima defensa |42|
El 5 de diciembre un limpia vidrios baleado por un policía, en la equina de 1 y 60 de la ciudad de La Plata. El delito cometido fue tratar de limpiar el parabrisas del coche del sargento de la bonaerense, quien ante la insistencia extrajo de su auto una escopeta con la que disparó al piso, pero la bala rebotó e impactó en una de las piernas del joven.
El 15 de diciembre un motociclista fue baleado por un policía. En la ciudad de Lanús, un policía persiguió a un motociclista porque supuestamente le había rozado el coche Volkswagen Gol en que transitaba. Logró interceptarlo en un cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo y le descerrajó un tiro con su 9 milímetros en el rostro, el que impactó en un ojo saliendo por la nuca. El mismo día, Nahuel Moreira, de 20 años de edad, tuvo una discusión cerca de las 22,30 horas con un comerciante cercano a su domicilio La esposa del comerciante llama a la policía, se presenta un móvil de la comisaría 10ª de Budge, dos policías lo ponen contra la pared a Nahuel, el padre al ver lo que pasaba se acerca al lugar para defender a su hijo, uno de los agentes que vestía de civil lo apunta con una Itaka, ante lo cual se interpone la hija de 19 años, Se inicia un forcejeo entre la policía y los tres integrantes de la familia Moreira |43|
El 26 de diciembre, Mariela de 14 años, fue con amigos al boliche "Chocolate" de la ciudad de Bahía Blanca, a la salida del mismo, paran varios patrulleros y comienzan a disparar con escopetas. Según la versión policial, concurrieron al lugar porque se produjo una pelea entre dos grupos de adolescentes. Mariela quedó en el medio, recibiendo numerosos impactos de balas de goma. Ante esta situación, el hermano reacciona contra la policía, quedando por ello detenido.
3.- En la Provincia de Catamarca
Luego de arduas discusiones y en un ejemplo de unificación de criterios y trabajo conjunto entre los diferentes sectores de la política provincial (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) con activa participación del Poder Judicial, Organizaciones Civiles y Fundaciones especializadas, se encuentra casi lista la nueva ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Una vez que se de amplia difusión, se irá analizando |44| Casi el 90 por ciento de los chicos que delinquen es adicto. Los jueces de menores ven a diario casos alarmantes. Cada vez que un menor es demorado por la policía por cometer un delito, generalmente se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia prohibida. Como no trabajan, delinquen para conseguir dinero y comprarla. Hay alrededor de 21 chicos detenidos en comisarias por causas penales |45|
4.- En la Provincia del Chaco
El grave problema de la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles está lejos de ser resuelto; por el contrario, atraviesa uno de las etapas de mayor crisis y degradación. Para ampliar la capacidad de alojamiento de presos reciclaron torpemente las instalaciones de la vieja cárcel provincial Nº 1, que funcionó poco tiempo en parte de la vieja estructura de la ruinosa alcaidía de Resistencia. Lo propio hicieron con la viejas instalaciones de la histórica comisaría nº1 de Barranqueras, que por estar en el casco histórico de dicha ciudad actualmente los vecinos se oponen a que funcione como centro de detención transitoria de presos. El incendio que se produjo en una de las celdas de la comisaria 7ª, aún en fase de investigación (oportunamente denunciado por el OIP) pone en evidencia la morosidad en dilucidar las responsabilidades de quienes tenían en condiciones infrahumanas a jóvenes en conflicto con la ley penal.
Los casos que relatamos a continuación muestran la arbitrariedad e impunidad con que se maneja la policía provincial. Alexis Damián Espíndola joven trabajador rural de 19 años, se presentó voluntariamente en la comisaría de Santa Sylvina ubicada a 350 kilómetros de la ciudad de Resistencia, el día 3 de enero al mediodía para responder a una denuncia obrante en su contra y presentada por su suegro. Allí lo llevaron al patio, lo golpearon salvajemente y lo amenazaron. El fiscal interviniente ordenó su liberación, lo que no fue acatado por la policía. Una vez encerrado en el calabozo, y aprovechando un cambio de guardia logró escapar, siendo recapturado rápidamente, llevado a la seccional donde recibió una nueva feroz golpiza y se sospecha de una posible violación. Hay varias denuncias realizadas por la Federación de Organizaciones de Base de Chaco sobre el accionar del personal de esta seccional, donde la tortura y los malos tratos son cotidianos así como numerosas las denuncias por golpizas. Álvaro Zarandon, 16 años de edad, fue asesinado en Loboulaye, localidad de Roque Sáenz Peña, el 8 de febrero, de un balazo en la espalda disparado por el policía Maximiliano Celli. Álvaro junto a sus amigos estaba jugando un partido de fútbol jugando irrumpieron en la cancha varios móviles policiales. Los chicos salieron corriendo, ya que se asustaron, y la policía comenzó a disparar a mansalva, matando al joven. En la escena del crimen se encontraron 16 vainas servidas, todas de armas de la policía. Los casos que se relatan a continuación ponen en evidencia el "dejar hacer" por parte de funcionarios gubernamentales, de la" mano dura" policial y las fuerzas de seguridad como una manera de persecución a las comunidades originarias de la provincia.
Imer Flores, 12 años de edad, fue asesinado a golpes el 4 de enero en la localidad de Rio Bermejito. Integraba la comunidad Qompi Nacona'a, la que viene sufriendo históricamente la persecución y muerte de parte de empresarios de la zona y de las fuerzas de seguridad involucradas en los negocios de dichos individuos |46|.
Álvaro Zarandon, 16 años de edad, fue asesinado en Loboulaye, localidad de Roque Sáenz Peña, el 8 de febrero, de un balazo en la espalda disparado por el policía Maximiliano Celli |47|
La represión a los Qom de la localidad de Juan José Castelli en la semana del 20 de agosto a manos de las fuerzas de seguridad fue de inusitada brutalidad |48|
Maximiliano Pelayo de 18 años de edad integrante de una comunidad originaria de Fontana, fue asesinado de dos balazos a principios del mes de julio. Recibió un disparo en el brazo y otro en el tórax, el que le provocara la muerte. El Ministro de Seguridad, Marcos Verbeek admitió que al joven lo había asesinado la policía |49|
5.- La Provincia de Chubut
La Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de la provincia de Chubut, presentaron una denuncia en la cual según el Banco de Datos del Ministerio de la Defensa Pública, el 98 % de casos de apremios ilegales son ejercidos por la policía, el 87 % de los mismos por personal de patrullas y comisarías, el 61,2% en situaciones de detención y el 57% son víctimas menores de 21 años. Los casos que se relatan a continuación confirman el Banco de Datos.
Matías Muleman y Ángel Gabriel Mirol, estaban detenidos en la seccional 6ª de Comodoro Rivadavia. En la madrugada del 10 de mayo se incendió un colchón en la celda donde ambos estaban los que les ocasionó la muerte por asfixia al inhalar el humo |50|
Cesar Monsalve, de 13 años de edad, apareció muerto el lunes 8 de julio en la ciudad de Trelew, luego de ser buscado infructuosamente durante siete semanas. El cuerpo estaba en un descampado. César era sobrino de Bruno Monsalve, testigo clave en una causa de abuso policial, asesinado en marzo de 2012 cuando tenía 23 años y estaba en el programa de protección de testigos de la provincia y debía declarar en el juicio contra 5 policías que habían abusado de Maximiliano Amonacid de 16 años, en una comisaría |51|
Gastón Vargas, fue hallado ahorcado el 19 de setiembre en el calabozo donde estaba detenido en la comisaría 2ª de Trelew. Según la policía fue detenido junto a otro joven por estar en estado de ebriedad y realizando disturbios en la vía pública, siendo encontrado muerto durante el cambio de guardia a las 6 de la mañana, agregando que estaba arrodillado y con un pedazo de tela del colchón enroscado "presumiblemente" en el cuello |52| En la misma comisaria un joven de 16 años detenido (2ª de Trelew), apareció ahorcado con un alambre que se había extraído del colchón que se encontraba en su celda, el 20 de setiembre. El motivo de la detención fue una contravención.
6.- En la Provincia de Córdoba
Detenciones arbitrarias, tortura en las comisarías, desapariciones en democracia, reclutamiento de jóvenes como mano de obra para el narcotráfico son las denuncias que deja la Séptima Marcha de la Gorra. Las calles de la ciudad de Córdoba se cargaron de un grito colectivo que pide sepultar el Código de Faltas, que contempla la ambigua figura del merodeo (artículo 98). Es la "herramienta legal que da lugar al abuso policial", planteó Julieta Castro, de Jóvenes por Nuestros Derechos, organizadores de la movilización |53| En el mismo sentido y por las permanentes detenciones que sufre de parte de la policía (por la supuesta aplicación del Código de Faltas de la figura del merodeo) un joven presentó un habeas corpus. En el fallo de la jueza de Control, Juventud, Adolescencia y Faltas de Río Segundo, Dra. María de los Ángeles Palacio de Arato, se da lugar al recurso presentado por el joven, detallando que además del habeas corpus clásico se encuentra la figura del habeas corpus preventivo, que protege la libertad frente a acciones u omisiones de la autoridad pública, que impliquen una amenaza actual a la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente, remarcando que la actuación de la policía en este caso contenían errores groseros que constituían una grave afectación a la libertad de los ciudadanos |54|
Jorge Reyna, de 17 años de edad, apareció ahorcado el sábado 26 de octubre en una celda de la localidad de Capilla del Monte, lo que provocó una pueblada que se extendió vario días y que fue reprimida violentamente por la policía. Jorge Reyna junto a otros tres amigos, habían denunciado que eran reclutados por la policía local junto a otros jóvenes para robar y distribuir droga para los uniformados |55|
Dos efectivos de seguridad fueron apresados por diferentes casos de muerte dudosa. Uno de ellos, en Laboulaye, está acusado de homicidio calificado por la muerte de un menor de 16 años, quien recibió un tiro en la espalda. El otro, mató a un hombre durante un operativo en el que se halló droga. El uniformado está acusado de haber matado de un balazo a un muchacho cuando realizaba la requisa de un moderno automóvil que circulaba por el barrio Alta Córdoba y en cuyo interior se habrían secuestrado drogas y armas |56|
Un menor de edad (17 años) apareció ahorcado en la ciudad cordobesa de La Falda y sus amigos denunciaron que lo mató la policía. Se trata de un chico que habría integrado una banda que, días atrás, robó 30 mil dólares, entre otras cosas, a la madre de un comerciante de esa localidad del Valle de Punilla |57|
7.- En la Provincia de Corrientes
Los casos relatados corresponden a las denuncias recibidas por nuestra corresponsalía en la provincia y relacionada con los malos tratos, tortura y violencia institucional a cargo de la policía provincial. Lisandro Ramón Vallejos de 17 años, fallece el 3 de febrero en el Hospital Escuela de Quinta Ferré, luego de estar internado varios días a raíz de los balazos recibidos en un confuso episodio. Los padres del joven hacen responsables a la policía provincial, según sus declaraciones una patrulla persiguió y disparó sobre Lisandro que se desplazaba con un amigo en moto, dejándolo abandonado a cuatro cuadras de la casa. Testigos del hecho tomaron el número de patente del móvil policial.
Pedro Omar Cossio de 18 años de edad, fue hallado sin vida en la celda de la comisaría 7ª de la ciudad de Corrientes a principios de mes de marzo. Según la autopsia la causa del deceso fue un paro cardio respiratorio no traumático. El padre de la víctima asegura que a su hijo lo mataron a golpes, no se podía mover, tenía los pies morados de los golpes recibidos en las plantas.
8.- En la Provincia Formosa
La política de segregación y represión hacia las comunidades de los pueblos originarios, en la provincia de Formosa, ha costado muchas vidas de niños, niñas y adolescentes. Los casos que se relatan son sólo los que la Corresponsalía del OIP de Corrientes ha podido registrar. Juan Manuel Díaz Asijak, 16 años de edad, y sobrino del cacique Qom Félix Díaz, fue asesinado a golpes en los primeros días del mes de enero. Su cuerpo aun con vida, estaba al borde de la ruta 66, en el interior de la comunidad La Primavera, y fue encontrado por un grupo de vecinos |58| El cacique Qom de la Comunidad La Primavera, Félix Díaz, envió un comunicado en donde denuncia otro brutal ataque en Formosa. En este caso, Abelardo Díaz de 21 años, hijo de Félix, y Carlos Sosa resultaron brutalmente golpeados y debieron ser inmediatamente hospitalizados |59|
En accionar de la policía queda reflejado en las siguientes situaciones: Darío Gabriel Galarza de 19 años de edad, fue baleado en el barrio 7 de mayo de la Capital. Todo comenzó cuando dos jóvenes empujaban una moto a pie por la avenida Circunvalación y una patrulla policial quiso requisarlos |60|
El 8 de agosto en horas de la mañana, varios militantes sociales decidieron encadenarse en la calle Coronel Bogado al 1600 de la ciudad formoseña, como forma de denunciar el permanente hostigamiento que sufren los jóvenes del lugar que se niegan a salir a robar para la policía. Denunciaron concretamente que dos oficiales de una comisaría del circuito 5 de la capital obligan a varios jóvenes a entrar en casas que ellos eligen para robar |61|
9.- En la Provincia de Jujuy
Maximiliano Pérez, sufrió una seguidilla de actos persecutorios por parte de la policía de la provincia. En uno de los episodios ocurridos a principios de febrero, había salido de su casa y se dirigía a un negocio de su barrio cuando efectivos de infantería se bajan de un móvil, lo desnudan, lo golpean y lo dejan tirado en la calle. A la siguiente semana sufrió otro episodio similar.
Un joven que viajo a Buenos Aires junto a víctimas y familiares a fin de denunciar lo que ocurre en la provincia, a su regreso fue detenido en su casa sin ninguna orden judicial, llevado a la seccional 9ª, una vez más, donde lo desnudaron, le echaron agua fría, le pusieron bolsas en la cabeza, lo picanearon, le pegaron palos, piñas, patadas, lo llevaron al hospital, luego de nuevo a la comisaría donde le siguieron propinando torturas y malos tratos. Luego de soltarlo, le inician una causa por resistencia a la autoridad |62|
Aurora Paredes, madre de uno de los jóvenes detenidos en Fraile Pintado, durante la realización de los corsos de carnaval realizados del 9 al 12 de febrero, denunció a los efectivos policiales de la comisaría seccional 40ª por abuso de autoridad hacia los adolescentes cuando el lunes 11 a las 3 de la mañana detienen a su hijo junto a otros jóvenes. Cuando concurre a la seccional le impiden ver y hablar con el adolescente de 14 años, sin darles ninguna explicación acerca del arresto |63|
Gonzalo Calderón, 16 años, fue muerto a manos de un uniformado en la ciudad capital de la provincia el domingo 16 de junio, luego de estar internado en el hospital Pablo Soria. El tiro impactó en la cabeza cuando estaba siendo perseguido junto a un amigo. Según la policía, ambos venían de robar y estaban armados. El otro joven, Pablo Obiña, murió en el acto. El hecho es materia de investigación debido a que los únicos disparos partieron de la fuerza de seguridad.
Julián Leonel Toscano, joven estudiante de la localidad de Palpalá, denunció haber sido agredido por efectivos policiales cuando intentaba presenciar un recital del grupo "La Mancha de Rolando", el que se realizaba en celebración de las fiestas patronales del lugar el 15 de julio |64|
10.- En la Provincia de La Pampa
En el mes de noviembre la Ministra del Superior Tribunal de Justicia, Elena Fresco, a la hora de hablar de la problemática de la inseguridad ante los diputados de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, vertió conceptos acerca de los adolescentes alojados en el IPESA que causan alarma por los prejuicios, conceptos llenos de inconsistencia, que escuchados de boca de una alta magistrada, nos indica el grado de improvisación con que se maneja la administración de justicia. La Dra. Fresco manifestó: "el IPESA es un tema aparte. Ahí van todos los chicos estos, para mi son los pequeños delincuentes que no tienen solución porque son drogadictos y los tienen ahí, salen y cometen peores errores. No se cuál es la solución … sería tratarlos. Venimos de atrás… los padres no tienen contención familiar, no tienen cultura de trabajo, no tienen nada, desde los abuelos, abuelos padres hijos, tenemos una sociedad terrible. En su oportunidad el gobernador fue preocupado por el tema del IPESA. Dijo que si tenemos que pagar para llevar estos chicos para que se curen en otros lados a Buenos Aires lo podemos hacer. Pero bueno todavía no se concreto porque el Ministro de Bienestar Social no llegó a nada. Es un tema muy grave. Hay chicos con droga con alcoholismo y no tienen contención familiar y entonces no se que vamos a hacer, nosotros los ciudadanos". El diputado Daniel Robledo les preguntó a los miembros del STJ si tienen estadísticas sobre los delitos en la provincia. Los representantes del STJ y el Procurador, Mario Bongianino admitieron que no cuentan con estadísticas.
11.- En la Provincia de Mendoza
El caso que se relata a continuación refleja las prácticas policiales que ha llevado a que en muchas ciudades de la provincia los vecinos se quejaran airadamente con manifestaciones en las puertas de las comisarias. Cristian David Videla de 18 años, murió el 28 de julio a causa del gatillo fácil de un policía, cuando estaba llegando a su casa en Guaymallén, Estuvo internado tres días en terapia intensiva, hasta que finalmente falleció. El disparo impactó en su cabeza cuando un policía fuera de servicio. El joven no tenía antecedentes y trabajaba como changarín. El joven que estaba con Cristian, declaró que estaban caminando por la vereda cuando llegó el policía en el auto, con el que casi los atropella, cuando se bajó sacó el arma ante lo cual se asustaron y salieron corriendo. Sin decir nada, simplemente disparó.
12.- En la Provincia de Misiones
Los casos que relatamos a continuación reflejan la mala praxis y la tortura como práctica policial, una tendencia que no parece revertirse en la provincia. Sebastián Gómez y Luis Ferreira de 20 y 21 años respectivamente, mueren el domingo 14 de setiembre a la madrugada en Jardín América. Los jóvenes se desplazaban en motocicleta cuando al pasar por un control policial, uno de los uniformados golpea la moto para detenerla, el conductor pierde el control a raíz del golpe, lo que lo conduce a la muerte junto a su amigo.
El padre de Juan José Barrientos Soto Vargas, de 19 años de edad, denunció que fue torturado durante dos días seguidos por un oficial llamado Alarcón, quien actuó con otros colegas y que pertenecen a la Unidad Regional VI de Iguazú. El joven, de nacionalidad brasilera, fue detenido en un presunto robo a una vinería. En la comisaría, de acuerdo a la denuncia, lo golpearon durante dos días sin parar, y lo sometieron a diferentes tipos de apremios ilegales.
13.- En la Provincia de Salta
Rubén Tolay fue testigo y víctima (al intentar intervenir para que cesaran los malos tratos) de las golpizas que la policía propinó a un grupo de jóvenes en la Ciudad de Orán. En esta ciudad hay al menos una acusación por día de abuso policial y apremios y en la mayoría de los casos no hay condena, reina una absoluta impunidad |65|
Elizabeth Tevez fue víctima de otro policía de gatillo fácil. El episodio se produjo a principios de marzo, cuando en un partido de futbol se produjo un incidente entre los hinchas del club Peñarol y la policía. En esas circunstancias, el cabo Maximiliano Delgado hace uso de su arma de fuego y uno de los tiros impacta en Elizabeth Tevez. Según denuncian los familiares y el abogado de la joven, este policía sigue en actividad, es la voz oficial de la fuerza que aparece brindando partes informativos.
Un grupo de policías pararon su móvil en un local de comida al paso en el barrio Juan Manuel de Rosas de la provincia de Salta el 11 de marzo, alrededor de las 23 horas. En el lugar había unos jóvenes que estaban comiendo y sin que existiera motivo alguno, los uniformados comienzan a disparar contra ellos. Testigos del hecho declararon que fueron numerosos disparos y que fue un milagro que solamente hubiera una víctima, un joven de 18 años que quedó tirado en el piso durante 40 minutos hasta que llegó la ambulancia |66|
Dos adolescentes fueron torturados en la localidad de San Ramón, Oran. Los hechos ocurrieron el 3 de mayo y están implicados siete policías de la división infantería. Al momento de la detención, uno de los jóvenes estaba en su casa y el otro en una casilla abandonada, fueron subidos a los empujones al móvil policial donde los tiraron al piso y recibieron una brutal golpiza, para luego trasladarlos a un descampado denominado "el basural", donde los bajaron a los golpes y los hicieron correr campo adentro. Allí fueron ayudados por un trabajador del lugar quien llamó al 911. Los médicos que revisaron a los jóvenes corroboraron los golpes. Intervino la jueza de Instrucción Formal de Orán, doctora Norma Vera, quien procesó a siete policías acusados de la tortura a quienes dictó prisión preventiva.
Los abogados de los seis uniformados detenidos por torturas en la comisaría de General Güemes en Salta, pidieron que la Policía local se aparte del caso y que en su lugar investigue la Policía Federal o Gendarmería. En tanto, los jóvenes víctimas de los apremios ilegales estuvieron esta mañana en la Secretaría de Derechos Humanos, donde ratificaron las torturas y uno de ellos reconoció a todos los efectivos detenidos |67|
14.- En la Provincia de Santa Fe
La provincia de Santa Fe está atravesada por una violencia inusitada a causa del accionar del narcotráfico que afecta los barrios más humildes del gran Rosario y ciudades como Santa Isabel y la misma capital provincial. La violencia de las fuerzas policiales se hace sentir sobre todo con los jóvenes y adolescentes. En efecto, El domingo 25 de agosto, seis jóvenes habían salido de una cantina de la zona y tras tener una pelea con otro grupo de chicas, fueron detenidas y trasladadas a la comisaría 14ª. Una de las jóvenes tiene 12 años, dos de 14, una de 15, una de 17 y una de 18 años. Son vecinas del Barrio Gráfico de la ciudad de Rosario. Una vez en la seccional, las hicieron desnudar y las golpearon salvajemente, las insultaron durante las 8 horas que estuvieron "demoradas" |68| El 11 de setiembre Brian Saucedo, 18 años, fue ultimado de un disparo en la nuca y varios en la espalda luego de haberse entregado a efectivos de la comisaría 12ª en el Barrio Ludueña, Rosario. Brian junto a otro joven había asaltado un lubricentro y estaban escapando a bordo de una moto, cuando chocan con un vehículo que estaba ingresando a un garaje. Los jóvenes caen al piso, un vecino dispara y le da en la pierna a Brian. El otro joven lo lleva en andas hasta que logra que una mujer lo ayude |69| En la comisaria de Empalme Granaderos, ciudad de Rosario, dos jóvenes fueron detenidos y llevados a la seccional 20ª el día 14 de octubre en horas del mediodía. La acusación era robo de la moto en que circulaban, versión desestimada al demostrarse que la misma pertenecía al padre de uno de los jóvenes. Son detenidos y golpeados en la calle, trasladados a la seccional donde continúan los apremios que incluyen descargas eléctricas. Por el trato de que fueron objeto, debieron ser trasladados al hospital.
El OIP realizó una visita al IRAR (Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario) el día 12 de diciembre |70|
Una alumna menor de edad del turno noche de una escuela secundaria de Rosario pidió permiso para, reiteradamente, retirarse antes argumentando que trabaja en "un búnker de venta de drogas". La situación se vivió a poco de comenzar las clases. Se pidió intervención al Ministerio de Educación provincial de manera inmediata. Pero aseguran que "no se avanzó en nada" en este pedido de ayuda |71| El miércoles 26 de Junio dentro de un cajón entregado por la Municipalidad estaba el cuerpo de Franco Pereyra, el chico de 17 años que horas antes y muy cerca de allí había muerto bajo una bala disparada por una agente de la Policía Federal. El pibe se crió en ese barrio, tenía una novia adolescente como él y amigos que logró en las calles de "La República de la Sexta". Era el segundo de siete hermanos y vivía con su mamá, Natalia, quien junta el peso con magros trabajos y subsidios estatales. Ella se anotó en una escuela nocturna para estar cerca de Franco y así terminar juntos sus estudios primarios. Era el camino para alejarlo de sus adicciones. Pero no pudo |72|
15.- En la Provincia de San Juan
Los operativos fueron llevados adelante en las últimas semanas en el departamento Pocito y en otras partes de la provincia. Según denuncian los vecinos, se realizan alrededor de las 20 Hs., la policía llega de forma violenta, todos encapuchados, con las caras tapadas, con las armas en la mano y deteniendo a cualquier persona, especialmente jóvenes que se encuentren en la calle. Después en la comisaría los jóvenes son obligados a desnudarse totalmente para la "requisa", les toman las huellas dactilares y quedan detenidos varias horas con el argumento de "averiguación de antecedentes" |73|
SITUACIÓN DE LOS ADULTOS EN EL SISTEMA PENAL
1.- Sistema penitenciario Federal
Luego de asumir su segundo período al frente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Alejandro Marambio sólo se había permitido hacer unas pocas declaraciones de ocasión. Pero el 19 de Septiembre, el funcionario se metió con un tema que ya llenó de ruido su actual gestión: los presos muertos en las cárceles |74| La última de esas muertes que admitió Marambio ocurrió en el pabellón D del Módulo 4 del penal de Ezeiza, Mario Ortiz, de 23 años, apareció ahorcado en su celda la madrugada del viernes 13 del corriente. "Me quieren hacer creer que fue un suicidio, pero sus compañeros me dijeron que lo mataron los guardias", le aseguró al día siguiente Silvia Peralta, madre del recluso muerto. La mujer participó el miércoles junto con su marido, la esposa de su hijo y la nena de 4 años de Ortiz, de una manifestación organizada por familiares de los detenidos del penal de Ezeiza en contra de la nueva gestión de Marambio. Marcela, la mujer de uno de los detenidos del pabellón D del Módulo 4, fue la encargada de reunir firmas para exigir su renuncia |75| Mario denunció la muerte de Matías (Cejas, también apareció colgado en su celda el 27 de agosto: fue el primer muerto en esta nueva etapa de Marambio en el SPF) y apareció ahorcado", agregó la madre de otro detenido.
Tal como se relató en el informe anterior, el caso Melo es un "caso testigo" sobre el tratamiento dispensado a los detenidos drogodependientes o con problemas de salud en general. Las notas enviadas por Agir Ensemble pour les Droits de l´Homme al Sr. Ministro de Justicia de la Nación Dr. Julio Alak a la Sra. Jueza subrogando el juzgado de Ejecución Penal Nº 1 y a la Sra. Defensora oficial Dra. Flavia Vega, poniendo en antecedentes la gravedad de la situación de Víctor Ezequiel Melo y extremo estado de vulnerabilidad, permitió que el encartado fuera escuchado por la Jueza, quién ordenó una serie de estudios extramuros a la Unidad federal de Esquel, como así también el traslado a la U19 de Ezeiza a fin de lograr el acercamiento familiar con su hijo y abuela minusválida, como así mismo que pudiera acceder a un peritaje de parte acerca de su estado de salud |76| El caso de Fernando Gabriel Maldonado, alojado en U1 federal, en UR Nº 1 celda 1, que padece paraplejia post traumática. La denuncia del Sr. Maldonado se relaciona con los padecimientos de todo tipo de contingencias y humillaciones por depender en todo momento de otras personas para su higiene personal, evacuaciones intestinales y otras maniobras corporales. El OIP trasladó la inquietud del interno al Equipo Nizkor de Bruselas quienes enviaron un fax al Sr. Ministro de Justicia de la Nación |77| El 24 de Abril comenzó un paro de 72 horas de actividades laborales de los presos del Penal de Devoto en reclamo de "trabajo para todos", diversas mejoras salariales, que no les "retengan el fondo de reserva" y que haya un seguro de "desempleo" para los que salen en libertad |78|
Un hábeas corpus interpuesto por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) logró de que disminuyera casi a la mitad el número de detenidos alojados en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, situada en la sede principal de los tribunales porteños, las personas privadas de su libertad, se encontraban hacinadas y en condiciones que vulneraban sus derechos fundamentales. Los números procesados por la Procuvin revelan que antes del habeas corpus seis de cada diez detenidos pasaban más de un día en ese lugar (que no está acondicionado para el pernocte), mientras que ahora la cifra muestra que son tres de cada diez. Otro dato relevante es el tiempo de permanencia en el lugar de las personas detenidas antes de que se dictara la medida de protección: hubo quienes estuvieron más de 72 horas y hasta más de diez días alojados. Actualmente sólo se registran casos de no más de 24 horas y por disposición judicial, lo cual será motivo de una nueva presentación de la Procuvin, dado que el lugar sólo está previsto para el tránsito de las personas detenidas que deben realizar trámites judiciales |79|
El 4 de octubre la Procuración Penitenciaria de la Nación bajo el título "Ley para la Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación", presentó en el Congreso de la Nación, cuyo contenido intenta paliar de alguna manera el hacinamiento y por ende la violencia intramuros |80|
Colonia Pinto (U35) es una cárcel federal ubicada a 36 kilómetros al sudeste de la Capital de la Prov. de Santiago del Estero. Allí la Justicia santiagueña y Federal abrieron investigaciones por las denuncias de dos detenidos quienes sostuvieron que son obligados a pelear por guardia cárceles que hacen apuestas en efectivo y filman esos combates clandestinos. De acuerdo con los relatos, quienes se negaban a participar en las peleas son castigados y alojados en sectores aislados de la cárcel |81|
El fiscal Federico Carmiel, solicitó una investigación en la Unidad 7 de Resistencia ante una serie de denuncias realizadas por los internos de tres pabellones por el accionar violento y los malos tratos de los que son objeto durante las requisas. Están implicados 31 penitenciarios, entre ellos el jefe del establecimiento. Las investigaciones judiciales comenzaron en el mes de noviembre y tienen su origen en las denuncias recogidas por la Procuración Penitenciaria de la Nación donde los internos denunciaron malos tratos, amenazas, destrucción y robo de objetos personales, encierros en los buzones durante varios días, amenazas de muerte.
Matías Cejas, había sido trasladado de la Unidad 7 de la provincia de Chaco a la cárcel de Ezeiza, a fines del mes de junio. Tanto él como su hermano Fabián, también detenido en la Unidad 7, habían denunciado torturas, vejaciones y la violación que había sufrido Matías quien, finalmente, apareció ahorcado el 27 de agosto en su celda |82|
Mario Ortiz, de 23 años, fue encontrado ahorcado en uno de los pabellones del módulo 3 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, el día jueves 12 de setiembre. El joven podría haber sido testigo del supuesto suicidio de Matías Cejas |83|
En el penal Federal de Ezeiza para mujeres un grupo hombres y mujeres, todos uniformados, desoyeron el grito de María José Acosta (26) (no me peguen estoy embarazada) y a palos, patadas y trompazos la torturaron para que rompiera un "habeas corpus" donde se denunciaba a la justicia violencias penitenciarias contra mujeres indefensas. La Directora del Módulo 3, de apellido Moreira, amenaza a María José y le garantiza diversas torturas a su regreso de la Unidad Psiquiátrica 27, adonde fue llevada y la mantienen dopada en base a dosis discrecionales de "halopirodol" (medicación anti psicótica) |84| Emilce Lobos detenida en el sector trans de la cárcel de Ezeiza, denunció en una carta dirigida a la presidente de la Nación el maltrato, agresiones sexuales y golpizas de la que es víctima a raíz de lo cual su situación se vio agravada al punto de que una jefa del pabellón le arrojara un colchón incendiado |85|
El 24 de Abril comenzó un paro de 72 horas de actividades laborales de los presos del Penal de Devoto en reclamo de "trabajo para todos", diversas mejoras salariales, que no les "retengan el fondo de reserva" y que haya un seguro de "desempleo" para los que salen en libertad. La medida, según panfletos del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad (Sutpla), es para acompañar "la huelga de hambre del secretario general (césar Rodrigo Díaz) y el adjunto (Rolando Ismael Saucedo) del Sutpla" iniciada el 22 por los mismos motivos por los que hacen, lo que denominan, un "paro de actividades histórico por 72 horas" |86|
En el Servicio Penitenciario Federal hay alojados 2.008 extranjeros, 75 son africanos, 1.706 americanos, ciudadanos paraguayos 441, ciudadanos bolivianos 392, y los colombianos 120. Mientras que sólo hay un detenido en el caso de El Salvador, Turquía, Filipinas, Nueva Zelanda, Israel, Costa Rica, Ucrania y Liberia.
36 asiáticos, 190 europeos y uno solo de Oceanía. De los 2.008, 338 son mujeres en su mayoría acusadas de ser mulas. Del total de internos extranjeros 732 ya tienen condena. Por causas de tráfico de drogas son 1.080 los detenidos, el delito que le sigue es el de robo con 456 internos y homicidios 142 |87|
El director de la Unidad Federal Nº 6 de Rawson, Prefecto Mario Ptasnik, confirmó que el barco que se construyó para que los internos puedan salir a pescar ya está listo, pero que restan trámites administrativos para que se lo pueda habilitar. El conocido proyecto de reinserción social para los presos causó polémica |88|
La Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de dos aspirantes a ingresar en la Policía Federal acusados de intentar abusar sexualmente de una compañera en el interior de la comisaría 35ª en marzo último, con lo que ambos quedaron a un paso del juicio oral y público. Los camaristas Juan Cicciaro, Mauro Divito y Mariano Scotto, integrantes de la Sala Séptima del Tribunal, ratificaron los procesamientos de Leandro Oliveira y Leonardo Adalberto Olariaga, a quienes se les imputa el intento de abuso sexual de otra aspirante |89|
2.- En la Provincia de Buenos Aires
El cambio de Ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, en un intento de resolver el clamor por la inseguridad, no parece solucionar ni los hechos de criminalidad ni solucionar los casos derivados de la violencia institucional de la policía bonaerense. Los casos que se relatan seguidamente confirman que no se trata solamente de cambios de funcionarios sino que, se necesita un proyecto bien articulado entre la prevención de la criminalidad, la disuasión de la misma y el respeto por los Derechos Humanos. Alejandro Sepúlveda fue detenido el domingo 13 de enero a la mañana y llevado a la comisaría de General Madariaga, donde apareció ahorcado en un supuesto suicidio a las 11 horas. Tenía 27 años. Varios testigos declararon sobre la persecución que sufría el joven al que ya le habían disparado una vez en una pierna y lo habían detenido 27 días por no tener dinero para pagar una contravención |90|
Claudio Morel Rodríguez, fue detenido luego de una persecución de parte de dos policías, en la localidad de Avellaneda, el 20 de enero. Cuando circulaba con su vehículo por las localidades de Gerli y Sarandí, de regreso a su domicilio, luego de haber entrenado en el Club Independiente, acompañado por familiares menores de edad, se genera la persecución policial, con disparos de balas de goma. Cuando se detiene, lo bajan y lo golpean y lo llevan a la seccional. Cabe destacar que los policías iban de civil. Jonathan Cabrera apodado "El Mono", de 27 años de edad, fue asesinado el 28 de febrero por dos policías de la bonaerense a pocas cuadras de su casa, en la localidad de Gerli. Había ido hasta el quiosco que está ubicado en Córdoba y Casacuberta cuando cae acribillado a balazos, sin explicación alguna, excepto que se considere que era un joven que respondía al estereotipo de pobre y vestido humildemente.
Jorge Alejandro Sosa de 46 años de edad, muere a raíz de los golpes recibidos en la comisaría de la zona tras su detención, el día 11 de marzo en la ciudad de Mar del Plata. La justicia investiga a los policías de una seccional de la ciudad quienes le habrían inventado una causa por robo. Según la familia de Sosa, la policía actuó para proteger a unos jóvenes a los que éste había descubierto intentando robar su casa, ya que es común que los policías de esta seccional liberen zonas para el delito. Al reconocer a los jóvenes en la calle, Sosa los increpa para que no vuelvan a intentar robarle. En ese momento aparece el tío de uno de ellos, policía, vestido de civil, quien lo amenaza con su arma de fuego ante lo cual huye en dirección a su casa mientras el policía dispara sin lograr impactarlo. Al llegar a su casa, derriban la puerta, ingresan lo atan y ante su madre, su hermano y sus dos hijos es salvajemente golpeado, lo meten luego al patrullero y lo trasladan a la seccional |91|
Mauro Medina, tenía 21 años, cuando el 11 de marzo se dirigía a la casa de su novia a bordo de una camioneta Ford que pertenecía a su padre cuando un móvil de la comisaría 11ª de Remedios de Escalada "creyó ver una actitud sospechosa" y sale en persecución del joven. Mauro, asustado, baja del vehículo y comenzó a correr perseguido por los policías. Uno de ellos disparó, el tiro le impactó en la espalda y lo mató. Los hechos ocurrieron en la localidad de Loma Hermosa., Parido de San Martín.
Mario Verón trabaja en la Comisión Provincial por la Memoria y ya durante el 2012 había sufrido detención y torturas en la comisaría 1ª de Berisso. A principios de mayo del 2013 fue nuevamente detenido, golpeado esposado y encerrado en una celda de la comisaría 1ª de Ensenada reconociendo entre sus agresores al menos a un policía de la comisaría de Berisso, a quien denunciara oportunamente |92|
Juan Samuel Villegas de 22 años de edad, fue víctima de gatillo fácil en el 22 de mayo en la localidad de Escobar, en el barrio El Matadero de Belén. La versión policial, rechazada por familiares, amigos y vecinos del joven, es que llevaba una escopeta y disparó contra un patrullero. El hecho se produjo a raíz de una persecución policial al coche donde estaba el joven, que iba con su novia, un amigo que conducía y otra chica del barrio. La policía disparó cuando los jóvenes se bajaron de vehículo en la esquina de Jujuy y San Isidro, frente a un descampado.
Javier Gerez, hincha del club de fútbol Lanús, fue muerto en el acceso a las tribunas del Estadio Único de la ciudad de ciudad de La Plata, el 9 de junio. Estaba con su amigo Adrián Russo, quien es el testigo principal de los hechos junto a otros simpatizantes que hicieron guardia en las puertas del hospital de Gonnet, donde llegara sin vida |93|
Miguel Ángel Durrels, de 29 años, fue hallado ahorcado con un cable en el calabozo de la comisaría 1ª de Pilar, el 9 de setiembre. En la celda que estaba inhabilitada, también se alojaba otro detenido que, según sus declaraciones, no vio nada ya que estaba dormido. Miguel Ángel trabajaba cuidando caballos de polo, fue detenido en un operativo denominado SAP, Servicio de Apoyo Policial, patrullas integradas por civiles o ex miembros de la fuerza policial, que recorren las calles de los municipios en lugar de la policía bonaerense |94|
Mauro y Renzo Silva de 26 y 19 años de edad respectivamente, tratan de defender a una mujer que estaba siendo golpeada por su pareja (un oficial retirado de la policía) bonaerense frente al bingo de la localidad de Adrogué. Los jóvenes estaban comiendo en un local frente al bingo, e intervienen para impedir que la mujer siguiera siendo golpeada, ante lo cual el oficial Correa responde a los tiros contra los jóvenes, matando a Mauro e hiriendo gravemente a Renzo |95|
Diego García, de 24 años, fue detenido el 7 de octubre en la ciudad de Tigre. La acusación fue robo de moto, aunque varios testigos desmienten esta versión. Apareció muerto en su celda a las pocas horas. La versión policial es, suicidio. Los peritajes deberán determinar los hechos.
A Luciano Peralta (34 años) la Policía lo detuvo en la casa de su ex pareja, delante de sus hijos, alegando que tenían la sospecha de que intentaba cometer un robo. Estuvo una noche en la comisaría de Ringuelet y cuando la Fiscalía ordenó su libertad, se descompuso y murió en los Tribunales de La Plata |96|
Durante el presente año crecieron las denuncias de torturas en las cárceles bonaerenses. Los casos reportados aumentaron 28% Los vinculan a la política de "mano dura". En la Procuración de Violencia institucional, advierten sobre una "situación de emergencia humanitaria" |97|
Mauro Pérez Ugarte, 28 años, fue hallado sin vida en la cárcel del Olmos, el día 23 de octubre, por la Comisión Provincial por la Memoria mientras efectuaba una visita al penal. De acuerdo a la denuncia realizada por el Comité contra la Tortura de dicha institución, la muerte del joven es a consecuencia de la presunta acción u omisión del personal penitenciario de turno la noche del 23 de octubre |98|
Carlos Coronado fue asesinado en la prisión de Villa Floresta, Bahía Blanca, el 3 de noviembre. Según la información oficial, su muerte fue a consecuencia de una pelea entre internos. El fiscal interviniente apartó de la investigación al Servicio Penitenciario y a la policía de investigación, a fin de asegurar la independencia e imparcialidad. La muerte fue producto de una herida corto punzante en el corazón.
El 26 de Noviembre un preso murió durante una pelea entre internos que se registró en el penal 33 de Florencio Varela, según indicaron fuentes del Servicio Penitenciario bonaerense. El incidente se registró al mediodía en uno de los pabellones, donde en una reyerta varios internos se trenzaron a golpes. A uno de los reclusos lo golpearon fuertemente con un palo, y hasta que logró intervenir el personal, varios internos sufrieron heridas de consideración. El recluso más grave fue llevado de inmediato a la enfermería del penal, en donde falleció como consecuencia de los golpes recibidos.
Un grupo de detenidas de la unidad 33 de Los Hornos, La Plata dieron a conocer una carta abierta en la que hacen referencia a la situación que atraviesan. Afirman que "sufren la corrupción, la violencia física, la psicológica, que es constante y mucha. Todo el tiempo se ven vulnerados nuestros derechos" |99|
El 5 de agosto, durante el juicio por el crimen de Walter González, el fiscal Guillermo Castro desistió de acusar a Carlos Mario Lacunza ante el Tribunal Oral N° 3 de Lomas de Zamora (integrado por los jueces Jorge Omar Camino, Marcelo Hugo Dellature y Rafael Emilio Villamayo), debido a que el otro imputado, Diego Sogos (empleador de Lacunza) confesó haber cometido el homicidio. El crimen de Gonzales se produjo El 14 de mayo de 2011, desde esa noche Carlos Mario Lacunza, siendo inocente estuvo detenido en el penal de Sierra Chica.
3.- En la Provincia de Catamarca
La visita del juez de Garantías Rodolfo Cecenarro a las instalaciones policiales de Andalgalá dejaron al descubierto las condiciones deplorables en las que se encuentran las personas que son detenidas en el Departamento. La Alcaidía de la Unidad Regional VI (que hace un año y medio está clausurada por la misma cuestión) sigue deteriorándose cada vez más, ahora el juez señaló que la improvisada subcomisaría de Chaquiago no está en condiciones de seguir alojando presos. En medio de la inspección, el magistrado consultó al comisario inspector Daniel Romero respecto a los plazos de restauración que se habían previsto para el edificio que se ubica frente a la plaza principal de la ciudad |100| Luego de conocerse la resolución emitida por el Juez de Control de Garantías N° 3, Ramón Porfirio Acuña, de declarar inconstitucional el arresto de 24 horas en un caso puntual tras la presentación de un "habeas corpus" de un ciudadano, el subsecretario de Seguridad, Juan Pablo Morales, señaló que solo se trata de un caso concreto, y recalcó que la policía "va a seguir haciendo uso de los arrestos respetando las garantías constitucionales de los ciudadanos" |101| La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable a un proyecto de la legisladora Cecilia Guerrero en el que se prevé la derogación de la atribución de la Policía de la Provincia de arrestar a personas por "averiguación de antecedentes, medios de vida o el domicilio". El proyecto pasará a un período de observación y determinarán si se aprueba.
El 18 de noviembre se realizó el traslado de las mujeres procesadas alojadas en el Correccional de Mujeres a la nueva casa en la que vivirán hasta que se defina su situación procesal. La medida cumple con un exhorto solicitado en abril por la jueza de Ejecución Penal Alicia Cabanillas al Ejecutivo y en el que solicitaba soluciones por el hacinamiento en el que vivían las 20 internas (penadas y procesadas). La propiedad fue adquirida por el área de la Secretaría de Seguridad a cargo de Juan Pablo Morales y se encuentra ubicada en el barrio "La Viñita". Fue totalmente acondicionada para alojar a las 7 mujeres que se encuentran en calidad de procesadas y a la espera del juicio. El lugar, denominado "Anexo del Penal Correccional de Mujeres", contará con la asistencia de profesionales correspondientes.
4.- En la Provincia del Chaco
La intromisión del Poder Ejecutivo sobre resoluciones judiciales queda evidenciada en el incidente que se relata a continuación. El diputado provincial, Carlos Martínez, uno de los autores de la resolución de la Legislatura que motivara la citación del funcionario Marcos Verbeek a la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad, manifestó su preocupación. "Quedó claro, por las manifestaciones del funcionario de Capitanich, que el pedido de "explicaciones", que la jueza Saidman percibió y denunció como amenaza y coacción penal, tuvo lugar en forma telefónica el día 24 de agosto de este año, y quedó hoy (10-09) expresado hasta tragicómicamente por el ministro de gobierno con la insólita e increíble frase "no la amenacé, solo le manifesté mi descontento" (sic) |102|
Para ampliar la capacidad de alojamiento de presos reciclaron torpemente las instalaciones de la vieja cárcel provincial Nº 1, que funcionó poco tiempo en parte de la vieja estructura de la ruinosa alcaidía de Resistencia. Igual ocurrió con la viejas instalaciones de la histórica comisaría Nº1 de Barranqueras, que por estar en el casco histórico de dicha ciudad actualmente los vecinos se oponen a que funcione como centro de detención transitoria de presos. El crecimiento de la población carcelaria se produjo, fundamentalmente, por el uso indiscriminado de la prisión preventiva, combinado con plazos procesales muy largos, que en la mayoría de los casos no son respetados por la justicia penal. Cuando se aplique la reforma, aumentará notablemente el número de presos por la aplicación de condenas express, con lo cual se agravará la congestión y el hacinamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que Argentina incumplía la Convención Americana al no respetar los estándares internacionales que habilitan la aplicación de la prisión preventiva. La CIDH dio a conocer la grave situación a través del Informe 12/1996 (caso Giménez), que formó parte del informe anual de 1995, como también en oportunidad de entregar el Informe 2/1997 (caso Bronstein y otros), que integró el anual de 1997.
El creciente aumento de la población penitenciaria redundó en altos niveles de sobrepoblación y hacinamiento de presos. Provocó un virtual colapso del sistema penitenciario, atenuado por la inauguración en el año 2011 del Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña |103|
Marcelo Lezcano, fallece el 30 de octubre en el Hospital Perrando, donde ingresó agonizando a causa de las heridas recibidas en la prisión regional del norte de Resistencia.
Mediante un comunicado de prensa, el "Centro Mandela DD. HH." hizo llegar a los medios de comunicación del Chaco la nota presentada el 26 de febrero de este año ante el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, doctor Jorge Cantero, a propósito de los malos tratos, severidades y tormentos aplicados a los presos del Pabellón 8 de la Alcaidía de Resistencia el día 23 de febrero. El titular de la entidad, Rolando Núñez solicita una profunda investigación de los hechos, por lo que considera que le corresponde al Procurador General instruir al Fiscal Penal de Investigación en la línea de investigación, en donde se describe detalladamente los hechos, los posibles autores, las víctimas y los testigos |104|
5.- En la Provincia de Chubut
El "Informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad", que el Ministerio de la Defensa Pública emite no sólo verificó un nuevo récord histórico de presos en Chubut sino que por primera vez hizo duras advertencias al Poder Ejecutivo para que tome "decisiones urgentes" que alivien el colapso carcelario en la provincia. Si bien reivindicaron la buena relación con el secretario de Seguridad José Glinski y los funcionarios provinciales dedicados al tema, desde el área que conduce Alfredo Pérez Galimberti dijeron que la crisis carcelaria no puede esperar mucho tiempo más. Y por eso sus anotaciones extra en este informe. Las conclusiones del documento marca la tendencia de crecimiento en la cantidad de personas privadas de libertad bajo competencia del Poder Judicial consolidándose. "La curva de crecimiento es leve pero constante desde el relevamiento de datos de octubre de 2011", dice el documento, que reveló que la cifra de presos ya ascendió a 491 personas. "Es el pico máximo desde que realizamos el relevamiento sistemático de personas privadas de libertad". El crecimiento interanual promedio de los dos últimos años es del 12,4%. En relación a las comisarías, el informe advierte: "Son el centro operativo de los agentes policiales en cada distrito. No han sido pensadas, ni antes ni ahora, para mantener personas detenidas. Los sitios de encierro de los que siempre han dispuesto las comisarías deben ser utilizados exclusivamente para los primeros momentos del arresto, pues en ellos se hace imposible cumplir con las reglas más elementales previstas por la Constitución respecto de las personas detenidas". Esta cuestión es de vital importancia debido a que la provincia se ha persistentemente a construir un penal apropiado para alojar a los detenidos, que una vez condenados van a una alcaidía o a un sector del penal federal de Rawson |105| Los condenados de Chubut tienen un acceso muy limitado a la educación, y prácticamente nulo al trabajo y a la capacitación laboral. El informe sostiene que: "Cuando recuperen su libertad, las capacidades laboral y educativa con las que regresen a la vida social no mas conductas". |106|
6.- En la Provincia de Córdoba
El 28 de Mayo fue presentada una denuncia en los Tribunales por la legisladora Liliana Montero, con la representación legal de Carlos Nayi, y alcanza a De la Sota, al ex gobernador Juan Schiaretti, al actual jefe de Gabinete, Oscar González, y los funcionarios de la cartera de Salud, incluso al fiscal actuante de Bell Ville, Tomás Aliaga, por "inacción" ante las denuncias presentadas desde el año pasado, que culminó con la muerte de un paciente en el centro de salud de ese ciudad cordobesa |107|
El fiscal de instrucción Carlos Matheu (de feria) inició el 11 de Julio una investigación de oficio, luego de que el diario "La Voz del Interior" difundiera un video captado por un particular (mediante su celular) del momento en que policías la emprendían a golpes contra un detenido, luego de que el sospechoso le pegara con la cabeza a un oficial. Los policías que golpearon, con trompadas y patadas, a un supuesto ladrón que había sido detenido en la playa de un supermercado del barrio Villa Corina, serán imputados por los delitos de vejaciones -ilegales agravadas y lesiones leves. Por otro lado, el Tribunal de Conducta Policial inició un sumario interno. Trascendió que los hombres de azul serán puestos en situación pasiva |108|
Allanaron el establecimiento penitenciario de Bouwer y constataron que estaqueaban a internos. Pese a que esto recién se hizo público el 5 de Marzo, organizaciones de DDHH de Córdoba sostienen que son situaciones cotidianas y naturalizadas. Esta noticia contrasta radicalmente con la que días anteriores anunciaba que se iban a eliminar las celdas de castigo en esa provincia. Una expectativa que se apagó ante la realidad de las ya conocidas prácticas de castigo en manos del Servicio Penitenciario y de la policía.
Un juez federal le ordenó al Servicio Penitenciario que cumpla con normas nacionales e internacionales y con una reglamentación provincial de 1997 que determina que los presos no pueden ser trasladados encadenados. La medida del juez Carlos Ochoa, de Río Cuarto, se aplica sólo a los presos federales y surge en respuesta a un hábeas corpus colectivo y correctivo presentado por el defensor oficial de esa jurisdicción, Juan Pulcini. De todos modos, en San Francisco, Córdoba Capital y Villa María también se tramitan hábeas corpus similares, con los cuales los defensores oficiales intentan revertir el procedimiento que se cumple en toda la provincia |109|
La segunda semana del mes de Mayo una inspección judicial realizada en la cárcel de San Martín, del Servicio Penitenciario de Córdoba, comprobó la existencia, en el hospital del penal, de dos camastros de hierro y 17 cadenas de unos setenta centímetros cada una, elementos que (según denunciaron varios de los allí detenidos) eran utilizados por los guardias "para estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo por las condiciones de detención o por los malos tratos que recibían durante las requisas" señaló el fiscal Abel Córdoba, de la Procuraduría sobre Violencia Institucional. Durante la inspección fueron retiradas las cadenas y entregadas a la Fiscalía Federal de la provincia, para que tome intervención en el caso. Luego del procedimiento, que se hizo con el consentimiento de las autoridades de la unidad carcelaria, la ministra de Justicia de la provincia, Graciela Chayep, "denunció al fiscal Abel Córdoba por haber ingresado irregularmente en el penitenciario del barrio San Martín", según un comunicado difundido por el gobierno provincial |110|
El 21de Octubre se informó que en el penal de Bouwen falleció Silvana Vanesa Castaño. Aunque oficialmente se informó que se había suicidado, su familia cree que murió dentro de una celda de castigo. Detenida hace más de dos años, sin haber expresado intención alguna por quitarse la vida. La mujer había sido condenada por matar a su ex esposo que la sometía a golpes y maltratos. En dos años iba a recuperar su libertad |111|
7.- En la Provincia de Corrientes
MVC tenía 28 años y cuatro hijos, cuando la detuvieron en 1999, con los que vivía en el fondo de la casa de sus padres, en la localidad de Mercedes. Cuando parió por quinta vez, un hombre dijo que la vio enterrar al bebé recién nacido en el gallinero. Un juez y un fiscal instruyeron la causa y la elevaron a juicio. Los jueces de la Cámara en lo Criminal de Paso de los Libres la condenaron a 40 años de prisión. En abril de este año la sentencia fue declarada nula. Una nueva autopsia demostró que el bebé había nacido muerto. Pasó trece años presa siendo inocente |112|
Luego de entrevistas con las Autoridades e innumerables presentaciones individuales, 120 internos del Penal Nro.1, iniciaron una huelga de hambre el 29 de abril que continúa ante la falta de respuestas. Ellos reclaman por la demora en la tramitación de sus pedidos y beneficios, la que puede extenderse por períodos de más de un año. Legisladores y funcionarios del Ministerio de Gobierno, se hicieron presentes en el Penal, señalando siempre al Poder Judicial como la vía de solución al conflicto |113|
El 15 de Julio, el OIP tomó conocimiento que el penal Nº 1 de Corrientes Capital, el detenido Mauro Alejandro Rodríguez, fue víctima de malos tratos, torturas y posteriormente sufrió graves quemaduras. Por esta situación la Sra. Zulma Beatriz Correa, madre del encartado |114|, había realizado varias presentaciones ante el Juez en turno de Feria Dr. Leandro Maciel, ha presentado habeas corpus correctivo por agravamiento de sus condiciones de detención, y ante el Fiscal Dr. Gustavo Roubineau denuncia Nº 100662/13, por las lesiones y los malos tratos. Frente a estos hechos y dada la emergencia de la situación (el detenido con graves quemaduras estaba internado en un hospital extra muros y el SP solicitaba su regreso al penal) la Comisión Directiva solicitó a la corresponsalía de esa provincia que se entrevistara con el Secretario de DD HH y con el Sr. Ministro de Gabinete a fin de articular las medidas de resguardo para el detenido. La buena disposición de las autoridades mencionadas logró que conjuntamente se impulsaran las acciones judiciales que resultaron que M. A. Rodríguez, al tener el alta médico, continuara su recuperación en forma domiciliaria.
8.- En la Provincia de Jujuy
Los malos tratos y los tratos crueles siguen siendo la rutina de la policía en esta provincia. La primera semana del mes Enero a Ariel Mamani, de 40 años de edad, lo detuvieron junto a un amigo en la plaza central de la capital de la provincia, los pusieron contra la pared, los esposaron y los llevaron en un patrullero a la seccional 9ª donde recibieron una brutal golpiza.
Gabriel Ibáñez, de 23 años de edad, se encontraba en una fiesta de cumpleaños cuando aparecen los policías de la Brigada de Investigaciones con la versión de que uno de los concurrentes al agasajo había robado, terminando Gabriel acusado de dicho robo. Lo sacan junto a otros jóvenes a las patadas de la fiesta, lo tiran en el piso del móvil y lo llevan a la seccional 9ª donde lo desnudan, le esposan las manos en la espalda, le tapan la cabeza con una bolsa y lo golpean salvajemente para luego picanearlo. Estuvo incomunicado tres semanas, en las cuales sufrió todo tipo de tormento ya que querían obligarlo a hacerse cargo del robo que le imputaban. Este tipo de prácticas es frecuente en la policía provincial. Sin embargo el Poder Judicial, no parece reparar en los hechos.
Adrian Diarte, de 21 años, aparece muerto en la cárcel el 24 de noviembre. Su familia descree de la explicación oficial de que se trató de un suicidio, manifestando que el joven vivía castigado y en el buzón porque no se dejaba "pisotear por nadie", saben que los guardias cárceles del pabellón 1 estaban iracundos con él. Rechazan la versión de que estaba deprimido, ya que al contrario estaba contento y cerca de salir en libertad.
9.- En la Provincia de La Pampa
En un escrito dado a publicidad el 5 de diciembre y que lleva la firma de 14 defensores oficiales, aseguran que las declaraciones de la jueza Elena Fresco (polémica sobre el actual estado del sistema judicial) van contra un sistema jurídico que "dispone todo lo contrario". El abuso de la "prisión preventiva", casos de personas inocentes presas por más de un año, las deudas del estado con las personas en estado de vulnerabilidad, entre otros puntos. El documento lleva por título "Cómo ven al Poder Judicial los Defensores Oficiales" |115| "No se puede privar el derecho a la visita" expresó el Defensor General de la provincia Eduardo Aguirre dijo esto respecto al pedido que realizó sobre que los presos pampeanos que se encuentran fuera de la provincia cumplan sus condenas en un pabellón de la Unidad 4, la antigua Colonia Penal |116|
10.- En la Provincia de Mendoza
La violencia intramuros, las cárceles de la provincia no cede. Carlos Corrales Martines, 34 años, muere el 9 de noviembre, de un puntazo en el abdomen durante una riña en el Complejo Penitenciario de San Felipe, en el pabellón 11 del penal de Boulogne Sur Mer, al finalizar el horario de visitas. Fue trasladado al hospital Central, donde falleció. Otros cuatro presos sufrieron distintas heridas. Cristian Sebastián Molina de 26 años de edad, fue encontrado sin vida en la celda donde estaba detenido de la comisaría 15ª de Tunuyán, el 24 de diciembre, colgado desde la reja de la ventana. Estaba acusado de robo a mano armada en una obra en construcción. Cumplía libertad condicional del penal de Boulogne Sur Mer de donde había salido hacía una semana.
11.- En la Provincia de Misiones
Tal como se relatara en el informe 2012, la violencia policial y sus prácticas de torturas y malos tratos continúan en esta provincia. Ricardo "Ricki" Sosa, de 28 años, fue encontrado muerto el 5 de octubre en la celda donde estaba detenido en la seccional 13ª de la ciudad de Posadas. Sus familiares presentaron la denuncia de apremios ilegales seguidos de muerte. Había sido detenido en la madrugada del día de su muerte, en su cadáver se pudo constatar que fue víctima de una brutal golpiza. La versión policial es suicidio. Supuestamente se había colgado de una remera. Entre las declaraciones públicas de la familia, está la de la hermana del joven donde cuenta que se acercó el comisario de la seccional a su casa y le ofreció dinero. Ricardo era padre de tres hijos pequeños.
Se realizaron violentas requisas en las cárceles de Oberá y El Dorado. Las mismas se efectuaron a mediados del mes de noviembre por el Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Penitenciario (GOE) y dejaron un saldo de numerosos internos con lesiones y una gran cantidad de denuncias por apremios ilegales. Algunos internos filmaron las imágenes con sus celulares, en las que puede verse claramente las marcas dejadas por las balas de goma. Los penitenciarios habrían entrado armados a la requisa, lo que contradice los reglamentos internos, con el único "objetivo de pegar y meter miedo, porque en realidad no requisaron nada" cuestionaron los propios miembros del Servicio Penitenciario. La requisa "fue ordenada a efectos de atenuar el ímpetu de la población carcelaria que en esta época del año entra en ebullición por la cercanía de la fiestas", manifestó otro miembro del Servicio Penitenciario. En El Dorado hirieron a cuatro internos con golpes y balas de goma, mientras otro sufrió varios puntazos y debió ser trasladado a un hospital. En Oberá el GOE intentó trasladar a varios internos a la cárcel de El Loreto, esto provocó un intento de motín, en el momento en que se llevaban a dos de los presos y la reacción de los compañeros de celda.
12.- En la Provincia de Neuquén
El hecho que se relata seguidamente da cuenta de la violencia institucional y de la impunidad que goza algunos miembros de la fuerza policial. Gabriel Gutiérrez de 25 años, era un testigo clave en la causa por la muerte de Braian Hernández, asesinado por el policía Claudio Salas el 19 de diciembre de 2012. Gutiérrez declaró el 29 de noviembre ante la Justicia y señaló a Salas como el autor material del crimen. Al día siguiente a la mañana, recibió cinco disparos y murió desangrado antes de llegar al hospital |117|
13.- En la Provincia de Río Negro
El malestar y la violencia intramuros se hizo sentir en la provincia. Carlos Baéz, falleció el 2 de enero en el Hospital Zonal de Bariloche. Era uno de los internos gravemente heridos a raíz del motín ocurrido el 24 de diciembre de 2012. Tenía 25 años y sufrió lesiones en tráquea y bronquios a raíz del aire caliente que respiró durante el incendio producido en el penal. Nunca logró salir de terapia intensiva.
A principios de enero se produjo un motín en la Unidad Penal 2 de Rio Negro cerca de cincuenta detenidos se amotinaron, arrancaron mampostería, destruyeron el sistema de calefacción, prendieron fuego los colchones y trataron de ocupar el pasillo principal del penal. El conflicto duró cuatro horas y fue reprimido con gases lacrimógenos, manguerazos de agua, hasta que un grupo de amotinados aceptó dialogar con el juez y el director de la cárcel. La protesta se debió a las condiciones de encierro que sufren, a la limitación impuesta a las visitas familiares y al mal trato que permanentemente reciben.
Los días sábado 24 y domingo 25 de agosto, el Penal 1 de Viedma fue escenario de un motín donde los detenidos reclamaban ser trasladados a otros centros de detención. Exigían volver a los penales de Bariloche, Roca y Cipoletti para estar cerca de sus familias y que éstas pudieran visitarlos. Tenían "facas" y otros elementos punzantes con los que rompieron los candados de puertas cercanas a las celdas a fin de poder salir al exterior del edificio. La policía, a la que habían llamado los penitenciarios, montó un cerco de seguridad para evitar evasiones. Al aplacarse el motín, cinco internos debieron ser tratados por diferentes lesiones recibidas y dos de los amotinados fueron trasladados a la comisaría 1ª de Viedma mientras que el resto era encerrado en las celdas de castigo o "buzones".
Al malestar relatado, se suma el colapso de la administración de justicia. Las fiscalías y defensorías que funcionan en la ciudad de Bariloche están sobrecargadas de expedientes por la falta de funcionarios judiciales. Desde el comienzo del mes de Octubre, el fiscal de cámara Carlos López debe atender los juicios y resolver los recursos que interponen fiscales y defensores y que deben resolver las dos cámaras criminales de la Tercera Circunscripción Judicial. Además, de ocuparse de asuntos de Superintendencia. Ocurre que el otro fiscal de Cámara, Enrique Sánchez Gavier, está de licencia |118|
Dos grupos de internos protagonizaron incidentes en un sector del Penal 3 de Bariloche. El enfrentamiento se desencadenó por viejos conflictos que tienen su origen en las calles de Bariloche y que continúan en la unidad penitenciaria cuando son detenidos. El director del penal, comisario Manuel Poblete, informó que el día 1º de Mayo alrededor de las 19:30 Hs. un grupo de hombres detenidos en el pabellón 1 accedió al sector de sanitarios y comenzó a provocar e insultar a los detenidos del pabellón 2 |119|
14.- En la Provincia de Salta
Elizabeth Tevez fue víctima de la prepotencia policial. El episodio se produjo a principios de marzo, cuando en un partido de futbol se produjo un incidente entre los hinchas del club Peñarol y la policía. En esas circunstancias, el cabo Maximiliano Delgado hace uso de su arma de fuego y uno de los tiros impacta en Elizabeth Tevez. Según denuncian los familiares y el abogado de la joven, este policía sigue en actividad, es la voz oficial de la fuerza que aparece brindando partes informativos.
Gabriel Mura Ortiz de 43 años, recibe un impacto de bala en la axila derecha y tiene alojados varios perdigones de plomo en el pulmón, producto de las heridas recibidas en un enfrentamiento en un operativo realizado el 17 de noviembre, en el Barrio Sarmiento, en la capital de la provincia |120|
Sebastián Salomón aparece muerto en el penal de Villa Las Rosas en el mes de septiembre. Su muerte está rodeada de circunstancias extrañas, a las que se agrega el hecho de que su familia recibiera luego de su muerte una carta que les mandara pidiendo que denuncien al jefe del sector donde estaba preso, que su vida corría peligro |121|
Los abogados Santiago Pedroza, Francisco Ortega y Pablo Cardozo, de los seis uniformados detenidos por torturas en la comisaría de General Güemes en Salta, pedirán que la Policía local se aparte del caso y que en su lugar investigue la Policía Federal o Gendarmería. Los letrados, encontraron irregularidades en el proceso y por tal razón, solicitaron el cambio. En tanto, los jóvenes víctimas de los apremios ilegales estuvieron el día 7 de Marzo durante la mañana en la Secretaría de Derechos Humanos, donde ratificaron las torturas y uno de ellos reconoció a todos los efectivos detenidos |122|
Gabriela Serrano la legisladora más votada en la ciudad de Salta, expreso a sus preocupaciones, en especial sobre la justicia en Salta, que calificó de "botín del poder político". Cuestionando la designación de jueces, y fiscales a dedo propuestos por el gobernador y nombrados sin ningún cuestionamiento y oposición por parte de los Senadores en su mayoría del oficialismo y de sus aliados en el frente político que gobierna Juan Manuel Urtubey.
16.- En la Provincia de San Luis
Marcelo Ferreyra fue detenido el 29 de mayo por efectivos de la comisaría 9ª de Villa Mercedes, en un procedimiento por averiguación de antecedentes ante una denuncia de robo, en el cual según el escrito presentado por el abogado del joven, había una cierta similitud física con el presunto ladrón. En el momento de la detención, Ferreyra estaba trabajando, se lo lleva a la comisaría donde sufre todo tipo de torturas |123|
15.- En la Provincia de Santa Fe
El jueves 10 de Enero se produjeron Motines en las seccionales 1ª y 5ª de la ciudad de Rosario, Comenzó con una pelea entre internos, y a raíz de la represión sufrida trece internos tuvieron heridas de distinta consideración, siendo seis de ellos trasladados a hospitales de la zona. Horas antes los internos de la comisaría 1ª habían intentado la quema de colchones en señal de protesta de las condiciones que sufren, motivo por el cual cinco de ellos fueron trasladados. Las autoridades descartan que haya conexión entre ambos hechos. Ambos protestas fueron casi simultáneas. En ambos lugares había mayor cantidad de detenidos que los que el lugar permite, están habilitados para 20 personas y había más de 30 en cada uno de ellos.
Gustavo Cernadas y Ángel Ramírez fueron detenidos el 25 de marzo por gran cantidad de uniformados en la calle Amenábar entre Iriondo y General López de la ciudad de Reconquista. El equipo que efectúa la detención pertenecía a la Brigada Operativa Departamental IX y la Sección Inteligencia Zona Norte de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la policía santafesina quienes estaban llevando a cargo una investigación del juzgado federal de esa ciudad que solicitó una intervención telefónica |124|
A fines del mes de Abril se produjo la primera intervención de la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional.) en un caso de violencia policial, donde dos detenidos por un ejército de policías terminaron con fracturas de todo tipo desde la cintura hasta la mandíbula, los ojos negros, uno de ellos con una tremenda protuberancia en la frente y mucho miedo |125|
Alexis Meyer, de 22 años, fue detenido el 5 de julio en la ciudad de Fimat, ubicada en las cercanías de la ciudad de Rosario. El joven fue detenido y conducido a la comisaría 13ª de Fimat, golpeado brutalmente en el patrullero mientras lo trasladaban y luego en la seccional. Alexis se trasladaba en bicicleta e iba al encuentro con su novia siendo detenido tres cuadras antes de llegar. Por el hecho seis policías y el comisario fueron detenidos y acusados de tormentos y privación ilegal de la libertad.
David Eduardo "Poro" Vivas tenía 25 años, padre de tres hijos y obrero metalúrgico, fue asesinado de un tiro en el cuello por un policía el domingo 1 de setiembre en horas de la mañana en Villa Constitución |126|
16.- En la Provincia de San Juan
F.F.S. de 28 años, detenido en la única cárcel de la provincia de San Juan, fue victima de mala praxis y abandono de persona como suturar mal las heridas, demorar traslados a hospitales, además de apremios y malos tratos. El 25 de junio el padre de FFS recibe un llamado telefónico que le advierte que a su hijo fue golpeado, tajeado y que perdía mucha sangre sin recibir ningún tipo de atención médica en el penal. Según le informan la agresión había venido de parte de otros reclusos |127|
Federico Elías Fernández Santa Lucia de 29 años, estuvo detenido en la U. Nº 2 del Complejo Penitenciario de Chimbas, a mediados de año, fue víctima de una brutal golpiza, trasladado a un hospital, y llevado nuevamente a la unidad en grave estado. Ante las denuncias de esta situación fue nuevamente internado, al tiempo obtiene la libertad en la justicia federal pero permanece detenido a disposición de la justicia provincial, siendo trasladado a una comisaría |128|
17.- En la Provincia de Tucumán
Los casos que se relatan, ponen en evidencia el grado de descomposición que impera en la fuerza policial de la provincia. Juan José Vallejos es un ganadero chaqueño que fuera detenido ilegalmente junto a su hija y un amigo el 15 de agosto en la provincia de Tucumán por la brigada de investigaciones norte. Había realizado el viaje en su camioneta y a los pocos días de llegar, fue interceptado por un control policial donde luego de discutir, le pidieron una coima de $ 30.000, al carecer de ese dinero es trasladado junto a sus acompañantes a la sede de la brigada en Yerba Buena donde los uniformados le compraron una tarjeta para que llamara a su esposa y le pidiera el dinero |129|
Walter Frías, padre de un joven de 16 años, quedó detenido en la comisaría de Alderete, por llevar al asaltante del joven a la comisaría. El mismo es conocido en toda la ciudad y asaltó al hijo de Frías poniéndole una pistola en la sien y robándole el celular y la campera. Integra una conocida banda del lugar llamada "los tumberos". El Sr. Frías fue a la casa del presunto ladrón y luego de una discusión logra llevar al delincuente a la comisaría, donde es inmediatamente acusado (el padre) de intento de homicidio y el asaltante derivado a un centro de salud del que se fugó para buscar al hijo de Walter y amenazarlo de muerte |130|
Víctor Alvarado Paz, de 35 años fue encontrado muerto por un vecino en Av. Alem y Canal Sur, el sábado 21 de setiembre a las 7 Hs. A Alvarado Paz lo habían detenido cuando intentaba robar la casa de un policía. Tenía antecedentes. Al ser descubierto, el policía dueño de la casa que intentaba asaltar, lo redujo y lo entregó a dos agentes de la comisaría 13 que se lo llevaron esposado. Luego aparece el cuerpo sin vida, desnudo y tirado en un costado del Canal Sur.
Un grupo de mujeres trans violadas en comisarias, se dirigió al Ministerio de Seguridad Ciudadana el 4 de diciembre, para pedir una audiencia y hacer escuchar sus reclamos y padecimientos. Quieren que se termine con el régimen de contravenciones. Pertenecen a la comunidad trans y el colectivo LGBTIQ, que lucha por los derechos de lesbianas, gays, bixesuales, transexuales, intersexuales y queers |131|
Un matutino de la provincia, en un trabajo de investigación, publicó el 5 de Octubre el estado calamitoso en que se encuentran las comisarias en la capital provincial. Hace más de siete meses que la Seccional 14ª tienen el baño clausurado y los policías que trabajan ahí se las deben ingeniar para hacer sus necesidades. El mal olor inunda todas las instalaciones de la seccional. El edificio en el que funciona esta dependencia está ubicado en el Barrio Echeverría y, hasta julio de 2003, funcionó como destacamento. Ese año el ex gobernador, Julio Miranda, la inauguró como comisaría. Sin embargo, desde esa fecha hasta la actualidad (según dijeron los uniformados) no se le hicieron refacciones |132|
Al caminar por las instalaciones de la Seccional 5ª una de las cosas que más llama la atención es que todo el mobiliario está puesto sobre unas plataformas hechas con mampostería. Cada vez que llueve la comisaría se inunda. Por eso la humedad carcome las paredes y les hace saltar la pintura. Según explicaron los oficiales, esto ocurre desde que se abrió esa dependencia. Ya están acostumbrados a que (cuando llueve) se ven obligados a quitarse las botas, arremangarse el pantalón azul de su uniforme y caminar descalzos por las habitaciones de la comisaría |133|
El personal de la Seccional 6ª que señaló que no se podían recorrer las instalaciones. Pero dijeron que desde el Gobierno les informaron que, en las próximas semanas, se demolerá ese edificio para construir uno nuevo.
En la Seccional 10ª tampoco se pudo recorrer. Aunque uno de los uniformados que estaba de guardia explicó que las condiciones de esa comisaría son lamentables. Sin embargo, hubo otra particularidad que también llamó la atención |134|
En el recorrido se pudo constatar que en la mayoría de las seccionales hay problemas con las instalaciones eléctricas. Es por eso que, para poder hacer funcionar los aparatos eléctricos y para poner focos, los oficiales improvisan prolongaciones que terminan siendo una maraña de cables suspendidos en el aire. En las Seccionales 3ª, 8ª y 11ª tampoco se pudo hacer el relevamiento porque el personal no fue autorizado por sus superiores. En tanto que las instalaciones de las Seccionales 7ª, 9ª y 13ª están en mejores condiciones edilicias. Por otra parte, también se constató que en pocas dependencias hay habitaciones adecuadas para que los policías duerman cuando cumplen turnos de 24 horas |135|
Los detenidos en las comisarias el espacio que tienen para moverse es ínfimo. Cuando duermen, prácticamente están uno encima de otro. El número de detenidos en las comisarías creció en el último año un 40%, y los lugares destinados para su alojamiento siguen siendo los mismos desde hace varios años |136|
La camarista María del Pilar Prieto citó a declarar al director de Institutos Penales para que responda sobre las denuncias de dos reos. La primera denuncia fue realizada el 25 de abril. Un preso dijo que personal de la penitenciaría de Villa Urquiza le destrozó un televisor que le habían dejado sus familiares. El segundo caso ocurrió el 10 de Mayo |137|
Familiares de Daniel Antonio Rojas presentaron un "hábeas corpus" en la Justicia, porque el joven está internado en la terapia intensiva del Centro de Salud y se encuentra encadenado a la cama. Rojas estaba con prisión preventiva en el penal de Villa Urquiza. Según la denuncia que presentaron sus familiares, fue apuñalado por tres internos. Trasladado al Centro de Salud y, a pesar de su delicado estado, fue encadenado a los pies de la cama. María Rosa Jiménez, la madre de Rojas, pidió que le saquen las cadenas. "Es un trato inhumano y degradante", dijo la mujer. Acompañadas por el abogado Gustavo Morales, las mujeres mostraron fotos del hombre internado.
Debido a las características del sistema penal provincial, los parlamentarios oficialistas impulsaron la creación de una comisión especial para discutir un nuevo Código Procesal penal. Se habilitó audiencias públicas, cuya primera fecha fue el 18 de diciembre. Varias organizaciones de la sociedad civil tuvieron la posibilidad de exponer su posición sobre la materia. El OIP participó de esa audiencia.
Informe que recoge denuncias del 1/1/2013 al 31/12/2013 y concluido de elaborar el 10 de Marzo de 2014

Notas:
1. El foco está puesto sobre la justicia penal por la magnitud de casos que allí se dirimen. Así, luego de que la primera semana de Octubre la Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzara sorpresivamente solicitando la creación de tres comisiones que se encargarán de elaborar propuestas para acelerar los juicios penales, se reabrió el debate por parte de los actores judiciales sobre las necesidades reales de un sistema que vive al borde del colapso. En este plano de acción, el máximo tribunal señaló la importancia de comenzar por resolver la problemática penal, que son aquellas demandas que comprometen al ciudadano en particular. En este sentido, desde la Corte sostuvieron la necesidad de coordinar múltiples factores que incluyen la designación de jueces, el diseño de un mapa judicial, el mejoramiento del sistema informático, las reformas procesales penales apropiadas, entre otras tareas que involucran a los tres poderes del Estado. el tribunal supremo estableció que las comisiones -integradas por jueces penales de todas las instancias- deberán enviar sus propuestas dentro del plazo de los 90 días, enfocando su trabajo sobre reformas internas en el Poder Judicial, elaboración de manuales de gestión, transparencia en los procesos, reformas legislativas procesales, mejora del sistema de excarcelaciones y situación de los detenidos. Los datos del sistema hablan de la necesidad de avanzar con una reforma urgente: en lo que refiere a la justicia penal, alrededor del 85% de los casos nunca llega a una solución, los plazos de resolución son excesivamente prolongados (incluso para los delitos sencillos), situación que se ve reflejada en que sólo el 5% de los expedientes ingresados llega a juicio. [Volver]
2. El mercado ilegal de armas en la región representa la mitad de unidades en el país. El principal proveedor: el Estado, a través del descontrol o robo en sus fábricas, fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. También por medio de las agencias de seguridad privadas Los arsenales encontrados en los allanamientos en causas como las de Los Monos o en el realizado a un taller en el barrio Santa Lucía dedicado a la reparación de armas, sacan a la luz los negocios conexos a la venta de drogas, como la compra-venta de armas, que además de ser un negocio en sí mismo, brinda servicios para asegurar la actividad en otros sectores de la economía formal e informal. El mercado ilegal de las armas representa casi la mitad un mercado que los especialistas cifran en torno a las 4,5 millones de unidades en todo el país. El principal proveedor: el Estado, a través del descontrol o robo en sus fábricas, fuerzas de seguridad y el Poder Judicial. También por medio de las agencias de seguridad privadas. Así lo afirmaron durante una entrevista con LaCapital los especialistas Martín Appiazola, del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia y asesor de gobiernos y organismos internacionales, y Carola Concaro, investigadora permanente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). [Volver]
3. 12-11-2013 La Corte Suprema de Justicia reclamó al Gobierno que se disponga de manera "urgente" las "medidas sugeridas por jueces federales del Norte del país" ante la "grave problemática" que denuncian los magistrados sobre el tráfico de estupefacientes y otros hechos en esa zona. La solicitud, realizada a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, que se hace extensiva al Consejo de la Magistratura de la Nación, está firmada por todos los jueces de la Corte. Fue en un encuentro, que se realizó el 18 de septiembre pasado, en el Palacio de Tribunales, y al que asistieron Graciela Fernández Vecino, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Jorge Luis Villada, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; Miguel Medina, juez federal de Salta, y Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, entre otros, reportó CIJ. Tras esa reunión, el 24 de octubre, el Máximo Tribunal recibió un informe sobre narcotráfico en la zona Salta-Jujuy, firmado por los jueces de la Cámara Federal de Salta; mientras que al día siguiente fue girado a la Corte el documento referido a Tucumán, suscrito por jueces federales de esa jurisdicción. A su vez, el 31 de octubre la Corte libró oficios al Consejo de la Magistratura de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Nación, en donde les había solicitado que arbitren las medidas que fueran necesarias para combatir la grave problemática denunciada por los jueces federales del norte del país, "sin que a la fecha se hubiera recibido respuesta de ninguno de dichos organismos [Volver]
4. 30/10/2013 Un grupo de vecinos se acercó frente a la comisaría cuarta de José León Suárez, para protestar por el crimen de Enzo, un chico de 14 años, ocurrido en la populosa Villa la Cárcova. Vecinos que reclamaban justicia por el reciente crimen de un adolescente provocaron destrozos frente a la comisaría cuarta de José León Suarez, en el partido bonaerense de San Martín. Por la protesta se quemaron autos policiales y vecinos, junto a algunos domicilios aledaños, a la altura de la avenida Márquez al 400, según informaron fuentes de la policía. Por eso, debieron intervenir los bomberos para apagar los incendios. Juan Ledesma, padre de Enzo -el chico acribillado a balazos-, ensayó una explicación."La gente se cansó", dijo y acusó a la policía de una supuesta connivencia con el delito y de proteger a los asesinos. Ledesma dijo a la prensa que fue a "denunciar la muerte de Enzo pero no hicieron nada. Vine a hablar temprano, a decir cómo era el asunto, pero no me dieron bolilla. Les dije 'los vecinos están cansados'", aseveró. "Viene el comisario y me dice 'fue a puñaladas', pero me le metieron dos tiros según la autopsia, y no me sabe responder. No hacen nada aunque saben quiénes son" los delincuentes, afirmó. "¿Son 15 locos y nos los pueden manejar? Dentro de una semana matan a otro pibe", advirtió. No es la primera vez que se produce una protesta en la zona. El año pasado hubo una manifestación similar tras el asesinato de Brian Nahuel Palma, un adolescente de 16 años. Tras perpetrar el homicidio, en marzo de 2012, los asesinos se refugiaron en su vivienda de la Villa Independencia, pero huyeron antes de que vecinos y allegados al chico ultimado quemaran la casa. (fuente DyN) [Volver]
5. ver en: http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/oip15.html [Volver]
6. La Conferencia Episcopal Argentina, reclamó medidas urgentes para detener el avance del narcotráfico en el país y la designación del reemplazante de Rafael Bielsa al frente de la SEDRONAR [Volver]
7. Américo Alejandro Balbuena trabajó once años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, un medio alternativo de izquierda, que le permitió convivir y entrevistar a cientos de militantes y dirigentes gremiales y políticos. Los principales referentes de los partidos de izquierda y organizaciones sociales denunciaron el 7 de Agosto que el Gobierno lo plantó como infiltrado en la agencia de noticias (es oficial de inteligencia de la Policía Federal pero lo pasaron a disponibilidad) como parte del plan para espiar y perseguir a las organizaciones que se rebelan contra la política oficialista. Una movida, afirmaron, "avalada" por la ministra Nilda Garré (a quien le pidieron la renuncia) y que tiene paralelismos con el Proyecto X. [Volver]
8. Fuente: www. Perfil.com La Presidente Cristina Fernández de Kirchner presentó esta noche los seis proyectos de ley con los que apunta a concretar la denominada "democratización de la Justicia" a distintos constitucionalistas ofrecieron sus primeras impresiones cargados de críticas tanto hacia la forma como el contenido de los anuncios. "Es la destrucción de la independencia de la Justicia", sintetizó el abogado Daniel Sabsay. El académico Gregorio Badeni también consideró que pueden darse "colisiones" con la Constitución Nacional en los proyectos que serán enviados esta semana al Congreso: "En el caso del Consejo de la Magistratura se pretende que los representantes de los jueces y de los abogados sean elegidos por voto popular, eso colisiona con la Constitución que exige que las personas elegidas sean representantes de los diferentes estamentos"."Los abogados tienen que ser elegidos por abogados, porque de eso se trata la representación y eso es lo que dice la Constitución", advirtió y completó: "La Presidenta daba por sentado que el proyecto se iba a aprobar, como si el Congreso no sesionara. Y eso, lastimosamente, es así. El Congreso es un apéndice del Poder Ejecutivo y, con este proyecto, el Poder Judicial también lo será". En sintonía, el constitucionalista Daniel Sabsay criticó de lleno la forma en que se pretende conformar el Consejo de la Magistratura: "Claramente, es una politización partidaria. Van a designar a todos los miembros por voto popular, que va a estar en conformidad con las reglas de los partidos políticos. De ese modo, destruís la independencia de la Justicia". Cautelares: "La regulación de medidas cautelares contra el Estado es una barbaridad", señaló el constitucionalista Ricardo Monner Sans, quien explicó que "rompe con el principio de igualdad ante la ley: el Estado es un igual como cualquier ciudadano. O por los menos eso es lo que dicta la Constitución". "Esto es volver a la década de 1940, cuando se entendía que no se podía utilizar una cautelar contra el Estado porque se consideraba que estaba para hacer justicia. Pero con la práctica vimos que esto no es así, porque los gobiernos lo utilizan con sus propios fines", interpretó Badeni. La presidente habló largo y tendido sobre la iniciativa para el acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes. Para Daniel Sabsay, se trató de "lo único positivo en lo que sí acordamos varios". Distinto opinó Badeni: "Hoy sí se pueden acceder a las Declaraciones Juradas de los jueces. Lo que pasa es que no las presentan en el mismo organismo que los funcionarios del Poder Judicial". [Volver]
9. Ginebra.- La Relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, la brasileña Gabriela Knaul, exhortó hoy (30-05-2013) al Gobierno a que reconsidere los proyectos de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y de regulación de las medidas cautelares, aprobadas la semana pasada en una agitada sesión en la Cámara de Diputados. La "disposición sobre la elección partidaria de los miembros del Consejo de la Magistratura" y "las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares" son "contrarias a varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", indicó Knaul en un comunicado difundido en Ginebra. Fuente diario La Nación. [Volver]
10. El OIP ha reflejado esta situación en el informe 2012, aún no ha variado la situación. Sigue sin funcionar el Comité de seguimiento de la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y/o Aberrantes. [Volver]
11. Informe de Agencia DyN: Cuando todavía no están ni siquiera encaminados los conflictos en el interior del país con las policías provinciales y los saqueos, un grupo de familiares de gendarmes realizaban esta mañana (10/12) una protesta frente al Escuadrón 1 de Campo de Mayo en reclamo de mejoras salariales. Las esposas de los gendarmes eran las que encabezaban la manifestación. Esta protesta se daba en paralelo a los reclamos que se llevan a cabo en los últimos días en la mayoría de las provincias por parte de policías que piden mejoras salariales. La protesta se realizaba con corte de tránsito en la ruta 8, frente a la denominada "puerta cuatro" del escuadrón, según reporte de fuentes oficiales. [Volver]
12. Sergio Berni dijo que "los fiscales convierten a los delincuentes en un poco más que héroes". En diálogo con Jorge Rial, por Radio La Red, aseveró que "es difícil trabajar cuando encontramos un narcotraficantes, con droga en su auto y nos cuestionan por abrirle el baúl" agregó que: cuando se detuvo a participantes de un corte en la Panamericana en agosto de 2012, "a las 68 personas las encontramos in fraganti. No hace falta una orden judicial para arrestarlos". En un nuevo ataque a la Justicia, dijo estar "cansado y defraudado con el accionar de algunos jueces y fiscales "hipergarantistas". Sergio Berni declaró ayer ante la Cámara Federal de San Martín donde reconoció haber ordenado esas detenciones sin la correspondiente orden judicial. [Volver]
13. Fuente diario Clarín- 10-12-2013 Con una capacidad de propagación inédita, el conflicto policial que se inició la semana pasada en Córdoba tomó ayer escala nacional. Hasta anoche, las policías de diez provincias mantenían protestas en distintos niveles y otras siete habían logrado encaminar la solución con propuestas de aumento salarial formuladas por los gobernadores. En Jujuy murió un joven y otros dos permanecían muy graves por choques durante episodios de saqueos. La muerte ocurrió en Perico, mientras que en San Pedro, donde hubo 40 comercios destrozados y 60 detenidos, dos heridos seguían graves anoche. . En Resistencia, Chaco, murió un hombre, en medio de saqueos y disparos. También quedó un policía herido de gravedad. Y versiones no confirmadas oficialmente hablaban de dos muertos más. En Concordia, Entre Ríos, el domingo a última hora murió electrocutado un hombre que intentó robar un electrodoméstico enchufado durante un saqueo y ayer la ciudad seguía cruzada por barricadas callejeras. En Tucumán y Santa Fe la salida de las fuerzas de seguridad de las calles o su actitud pasiva fueron acompañadas también de saqueos a supermercados y casas de electrodomésticos. A su vez, en varios distritos del conurbano bonaerense los comerciantes cerraron sus locales a media tarde, temerosos de que la noche disparara una ola de robos. En distritos al sur y al oeste de la Capital Federal, esa inquietud se agravó además por los cortes de luz. En Salta se registraron saqueos a comercios, aunque la policía no estaba en protesta. Hasta anoche, las policías provinciales que se mantenían en protesta o acuarteladas eran las de Jujuy, Entre Ríos, Chubut, Santa Fe, Chaco, La Pampa, Corrientes, Mendoza, Tucumán y San Luis. En Entre Ríos, los policías que habían tomado sedes de la fuerza consiguieron que el gobernador Sergio Urribarri llevara el sueldo inicial a 8.536 pesos y les diera tres cuotas de 3.700 pesos en noviembre, diciembre y enero. Según los negociadores de la policía, Urribarri admitió que la provincia no cuenta con fondos para solventar el aumento prometido pero aseguró que "los conseguiría para poder pagarlo". Anoche, sin embargo, los policías rechazaron ese pacto.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli anunció que el salario inicial para un policía será de 8.570 pesos y con esa oferta logró desactivar el conflicto con la fuerza de seguridad más grande del país, con 57.000 agentes. Sin embargo, a pesar de ese acuerdo, miles de comercios en el interior bonaerense y en el conurbano cerraron sus puertas anticipadamente. Esas dos negociaciones mantuvieron el nivel de lo acordado en Córdoba la semana pasada. Además, de Buenos Aires y Córdoba también habían conseguido un pacto salarial San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro y Neuquén. En Salta hubo saqueos en el centro de la capital y policías retirados y familiares comenzaron anoche una protesta, aunque sin participación de oficiales activos. Desbordado por una situación que consideró "provincial", el Gobierno nacional tuvo que trasladar gendarmes desde provincias que iban solucionando sus conflictos a las que comenzaban a mostrar contextos más violentos. En el Ministerio de Seguridad siguieron con especial atención la situación en Jujuy y en Entre Ríos. Ayer llegaron 300 gendarmes a Concordia y la Prefectura comenzó a patrullar en la ciudad. En Seguridad, a su vez, aseguraron que la Nación no admitirá la sindicalización policial. Eso mismo sostuvo el ministro de Seguridad, Julio Alak, en una conferencia en la que consideró ilegal el reclamo y denunció un complot contra las instituciones en la víspera del trigésimo aniversario de la restauración democrática. Como prueba, Alak mostró una página en Facebook y denunció al massismo (un sector político de la provincia de Bs. As. ex oficialista) [Volver]
14. En la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay dos causas sobre la sindicalización de la policía pendientes de resolución. Una de ellas está en el máximo tribunal desde hace tres años con un dictamen de la Procuración General que rechaza la agremiación de los uniformados. La otra llegó a la corte este año. Hace 15 años, en 1998, el autodenominado Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) intentó inscribirse como gremio en el Ministerio de Trabajo. El entonces Ministro Antonio Erman González, al igual que luego Graciela Camaño, rechazaron el pedido. SIPOBA recurrió a la justicia laboral pero está también rechazó el pedido. "Su situación no es asimilable sin más a las de los trabajadores previstos en la normativa general", sostuvieron los jueces de la sala V de la Cámara del Trabajo en 2008. El caso llegó a la Corte Suprema en diciembre de 2010. Actualmente está lista para que el máximo tribunal dicte sentencia. El expediente ya pasó por 5 de los 7 integrantes de la corte, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictaminen. Recomendó que se rechace el recurso de queja "ante la ausencia de una ley expresa", haciendo referencia al convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostuvo que "la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente Convenio". [Volver]
15. El nuevo Código, fue redactado por una comisión que se abocó específicamente al tema, fue encargado por un decreto presidencial en mayo de 2012. La comisión estuvo presidida por el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Zaffaroni, quien además de ser un especialista local en la materia es el vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. El coordinador fue el abogado Roberto Carlés y los integrantes, designados por un arco plural de partidos políticos, Ricardo Gil Lavedra (Unión Cívica Radical); María Elena Barbagelata (Partido Socialista en el Frente Amplio Progresista); Federico Pinedo (PRO) y el ex camarista y ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian. [Volver]
16. n la actualidad no todas las salas de Casación aplican el mismo criterio. Si bien la mayoría lo hace declarándola válida y así niega la libertad condicional a un reincidente, los jueces de la Sala II Ángela Ledesma y Alejandro Slokar lo hacen por la inconstitucionalidad y con sus votos conforman mayoría.
Consideran que la restricción de las salidas anticipadas o morigeraciones de una persona reincidente vulnera el principio de resocialización, entre otras cosas. Por ello es que muchas veces ya se sabe qué suerte va a tener en su situación desde el sorteo mismo de la Sala. Según informaron fuentes judiciales a Infobae. [Volver]
17. Ver http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/carceles22.html [Volver]
18. Se consideró que "dichas penas, por su propia naturaleza, no cumplen con la finalidad de reintegración social de los niños, ya que implican la máxima exclusión del niño de la sociedad, de tal manera que operan en un sentido meramente retributivo, pues las expectativas de resocialización se anulan a su grado mayor", según indicó en un comunicado la CIDH. Además se indicó que, "por su desproporcionalidad, la imposición de dichas penas constituyó un trato cruel e inhumano para los jóvenes mencionados y además violó el derecho a la integridad personal de sus familiares". Los casos analizados por el tribunal internacional fueron los de César Mendoza, Claudio Núñez, Lucas Mendoza, Saúl Roldán y Ricardo Videla Fernández, quienes fueron condenados a prisión perpetua por crímenes cometidos antes de cumplir la mayoría de edad. El caso de Videla Fernández fue especialmente observado por el tribunal, dado que el joven murió en la cárcel, en circunstancias que se ordenó investigar. La Argentina reconoció su responsabilidad por las condiciones de detención y la muerte de Videla bajo custodia estatal. También se exigió a la Argentina una investigación sobre las torturas sufridas por Lucas Mendoza y Núñez. Estos dos jóvenes habían sido condenados a prisión perpetua por siete homicidios calificados, entre ambos, ocurridos a mediados de los años 90, cuando tenían 17 años. [Volver]
19. En diálogo con Diario Popular, la titular de Alerta Vida aseguró que "La pedofilia causa mucho daño y tenemos que tomar conciencia que también mata, porque crecen los casos de suicidios de chicos inducidos por pedófilos. Suena duro, pero es la realidad", enfatizó Holway. "la situación es realmente preocupante". "No pasa por ser alarmistas, pero se requiere de mayor compromiso institucional porque el problema es más que grave. Hay países que se lo toman en serio. Canadá y Estados Unidos vienen haciendo un gran esfuerzo, pero acá tenemos un agujero legal gigante, nada de instrucción en la justicia, cero educación en las escuelas sobre los riesgos de internet y redes sociales y familias que ignoran los peligros" En el país, la Policía Federal tiene un departamento con personal especializado en la persecución de pedófilos, también hay una experiencia similar en la Policía Metropolitana. "Pero falta mucho, a pesar del compromiso de muchos policías, porque la Justicia no acompaña, porque no tiene herramientas legales y tampoco voluntad de trabajar en profundidad. Se debe decir que hay que legislar de forma permanente en torno este flagelo, que modifica sus características de forma permanente" [Volver]
20. El informe presentado en la Legislatura por la asesora tutelar Laura Musa, afirma que "la separación familiar, lejos de ser una medida de último recurso, continúa siendo una estrategia de intervención extendida ante situaciones de vulneración de derechos que podrían subsanarse a través de una adecuada implementación de medidas de protección integral", tal como establecen las leyes vigentes. Hasta fines de 2012, año 1049 las niñas, niños y adolescentes que permanecían en institutos "como consecuencia de una medida de separación familiar dispuesta por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (76,5 por ciento de los casos) o por un juzgado nacional (12,6 por ciento)". En 114 casos (10,9 por ciento) se desconoce quién dio la orden. Si se incluyera a los chicos internados en comunidades terapéuticas, como se hacía en años anteriores, la cifra de institucionalizados se elevaría a 1086 casos. La ciudad de Buenos Aires ha sido "pionera" en materia de establecer normas de "protección de la infancia". En la práctica eso sigue sin cumplirse "aún no ha logrado contar con políticas públicas de atención de la niñez y las familias para garantizar que las medidas de separación familiar, como recurso de última instancia, sean excepcionales y breves". También se critican las institucionalizaciones dispuestas por el Poder Judicial, a pesar de que las leyes "de protección integral, que derogaron la Ley de Patronato", dejaban las decisiones en la materia al arbitrio de los juzgados intervinientes. El gobierno porteño tiene 84 sedes institucionales donde son llevados los chicos; la mayoría corresponde a ONG. En el 45 por ciento de los casos, las sedes se encuentran ubicadas en la provincia de Buenos Aires, genera "la imposibilidad de ser fiscalizadas por la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad". La ubicación complica, por la lejanía, la labor que pueda realizar la Defensoría Zonal del Consejo de Derechos, que interviene en cada caso, y la del propio abogado que representa al niño y que es aportado por el Ministerio Público Tutelar. [Volver]
21. Marazzi, representante de la acusación pública, pidió la absolución del policía Rodrigo Valente por entender que existía una "duda razonable e insuperable" sobre la conducta del uniformado, quien supuso que Tapia estaba armado y apuntándole y "la nocturnidad" causó su "error" al dispararle. Para el fiscal, Valente "actuó en el ejercicio de su deber" ya que supuso que un hierro hallado en la habitación de Tapia era en realidad un arma, y pidió la absolución, al igual que la defensa del policía, a cargo del abogado Roberto Frank. Por su parte, el abogado querellante, en representación de la familia de la víctima, Sebastián Rodríguez, consideró "imposible que Tapia haya esgrimido ese hierro", sugirió que había sido "plantado" en la escena de los hechos. Lo acusó del delito de "homicidio agravado", que contempla según el Código Penal la pena única de prisión o reclusión perpetua. Rodríguez consideró que ese artículo del Código es inconstitucional porque "las penas deben tener una duración determinada", y por ello reclamó para Valente la pena de 35 años de cárcel. [Volver]
22. El artículo cuarto de la Ley 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad establece que "la imposición de pena respecto del menor a que se refiere el artículo segundo estará supeditada a los siguientes requisitos: Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las normas procesales; que haya cumplido 18 años de edad; que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad". "Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa. Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del requisito del inciso segundo", completa la normativa. Teniendo en consideración esta cuestión expresada en sus argumentos por la fiscal del caso, en los autos "Marsiglio, María de los Ángeles -Agente Fiscal-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 28.541 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, seguida a A. , I. A. y A. , M. E. ", los integrantes de la Suprema Corte de Buenos Aires (SCBA) decidieron devolver el caso al tribunal de origen para un nuevo pronunciamiento. Los integrantes de la SCBA recordaron que en el fallo de Cámara se precisó que "atento a que el monto establecido se encuentra por debajo del que correspondería regular aún en la escala de la tentativa, cabe aclarar que es postura de esta Cámara que ello es admisible pues si el art. 4 de la ley 22.278 expresamente permite llegar hasta la eximición de pena cuando así se advierta conveniente de acuerdo a las pautas allí contempladas y que fueran referidas en la sentencia, igualmente autoriza, de manera implícita, a fijar el monto que mejor se adecue a la justicia del caso aunque esté por debajo del que correspondería según el art. 44 del Código Penal". Los jueces alegaron que "el a quo no se consideró obligado por el texto expreso de la ley -sin haberlo declarado inconstitucional- al desconocer que el art. 4 de la ley 22.278 no brinda sino tres alternativas al juzgador al facultarlo a aplicar la sanción prevista para el delito en cuestión, fijar una pena reducida en 21-11-2013la forma prevista para la tentativa o bien absolver. El margen de discrecionalidad así establecido por el legislador, para resolver sobre la consecuencia penal de la declaración de responsabilidad de un joven sujeto a tal régimen, no tiene el alcance que le atribuye la Cámara". El precedente Maldonado de la Corte Suprema expresa, según recordaron los magistrados, que "la ley 22.278, que es la pieza jurídica fundamental nacional en la materia, prevé un sistema que se caracteriza por un gran poder para el juez de menores, quien luego de haber comprobado la responsabilidad penal del menor respecto en el (sic) hecho investigado, está facultado para absolverlo, para aplicarle una pena disminuida, en la escala de la tentativa (art. 4), e incluso cuando el menor no haya tenido ninguna vinculación con el hecho investigado puede disponer definitivamente de él". Los miembros del Máximo Tribunal provincial expresaron que, "como se advierte, el criterio de la Cámara no se encuentra comprendido en el catálogo de posibilidades contempladas en la interpretación del alto Tribunal. El pronunciamiento impugnado implica, por lo tanto, un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso sin argumentos valederos para su inaplicación pues se prescindió sin razón valedera de la letra de la ley, incurriendo en arbitrariedad". [Volver]
23. Se tomaron medidas de abrigo y estos chicos fueron derivados a distintas instituciones o a miembros de la familia ampliada. [Volver]
24. El Registro depende de la Secretaría de Niñez y Adolescencia. [Volver]
25. Son establecimientos de régimen cerrado donde los jóvenes son derivados por la justicia. Tanto imputables como inimputables [Volver]
26. Establecimientos para cumplimiento de medidas privativas de la libertad ordenadas judicialmente [Volver]
27. Lugar para ejecución de medidas cautelares o sancionatorias ordenadas judicialmente [Volver]
28. Son 255 jóvenes los asistidos en dos modalidades de tratamiento, los Grupos de Autoayuda GABA y los Grupos de Abordaje Articulado. La totalidad del grupo asistido refiere haber consumido marihuana y alcohol y en menor medida cocaína, paco y sustancias inhalables. No resulta significativo los porcentajes de alucinógenos, drogas de diseño y opiáceos. La edad promedio de inicio del consumo es a los 12 años y medio. Los equipos que operan en los centros están integrados por operadores socio terapéuticos, coordinados y supervisados por el Área de Abordaje de la Secretaría y por la Coordinación Provincial del Programa de Grupos de Autoayuda Bonaerense en Adicciones de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones. Trabajan fundamentalmente en grupos en la modalidad denominada Ayuda Mutua. Debe agregarse que no hay estadísticas sistemáticamente elaboradas. [Volver]
29. El contacto lo hacían en las estaciones ferroviarias, en esos rincones escondidos de los edificios inmensos, donde se agrupan los pibes que buscan un refugio momentáneo. Allí les ofrecían algún mínimo "beneficio": comida, cospeles para videojuegos, algo de droga, a cambio de reclutarlos para hacer robos y arrebatos en otras estaciones del conurbano, de la Capital o en el micro centro porteño. El caso que disparó la investigación es el del menor de 14 años. El 25 de agosto pasado, su madre hizo una denuncia porque desconocía su paradero desde hacía cinco días. Vivía en una de las casas del Plan Federal ubicada en la zona de 122 y 520 de La Plata, en un barrio conocido como "El Mercadito". La mujer llevó una foto que tenía en su celular y comenzaron los procedimientos de búsqueda. Las actuaciones que están a cargo del fiscal platense Fernando Cartasegna. Cuando los investigadores encontraron al menor desaparecido, siguieron a quienes lo vigilaban y pudieron llegar hasta el domicilio de Eduardo Acosta (53), en la Villa Tranquila. Allí encontraron a los otros chicos, de 12 y 13 años, que también vivían en La Plata y tenían activo un pedido de averiguación de sus paraderos [Volver]
30. En el fallo se ordena la puesta en marcha de las reformas edilicias y obras de infraestructura imprescindibles para hacer habitable el lugar. Ordena la reparación de grietas, fisuras, filtraciones, mejoramiento del estado de las celdas, instalación de cloacas y ventilación, provisión inmediata de colchones ignífugos, frazadas, ropa adecuada, entrega a todos los internos del reglamento de convivencia con sus derechos, obligaciones y régimen de sanciones. [Volver]
31. El instituto Almafuerte, ubicado en las calles 520 y 183 de La Plata, que aloja a más de 40 adolescentes de entre 16 y 18 años. Voceros del área de Minoridad confirmaron que el instituto fue intervenido luego que el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria realizara una inspección en el lugar y constatará diversas "irregularidades". Los menores alojados allí denunciaron que son maltratados por empleados y funcionarios del establecimiento, por lo que la cartera bonaerense resolvió separar de sus cargos a los directivos de la institución. A su vez, los directivos separados denunciaron falta de presupuesto y carencia de abordajes terapéuticos para contener a los menores que son adictos a las drogas y viven allí. [Volver]
32. Estuvo en estas condiciones inhumanas de detención durante 6 días y fue descubierto en una inspección realizada por la Comisión Provincial por la Memoria. El joven les contó que en dos oportunidades un grupo de asistentes que se desempeñan en el lugar le propinaron sendas golpizas. Ya una orden judicial había prohibido el año anterior a que los jóvenes permanezcan en el lugar más de cinco días, pero en este caso ya habían pasado nueve días, esposado, en una celda sin baño de tres metros cuadrados. [Volver]
33. Según la versión policial, uno de los chicos lo tomó del cuello y lo amenazó con un arma intimándolo a entregar la moto. Esta situación fue observada por el sargento de la bonaerense Diego Flores quien estaba en su coche, da la voz de alto, relata que le apuntan con el arma, ante lo cual dispara impactando en el pecho de uno de los sospechosos, Omar Cigarán, quien fallece a los pocos minutos. Sin embargo testigos presenciales han declarado que sin que mediara ninguna situación de peligro, el efectivo desenfundó su arma y disparó. La corta historia de vida de Rubén Omar es trágica, era uno de los tantos jóvenes pobres de la ciudad, que son permanentemente acosados por la policía. El defensor penal juvenil Julián Axat ya había presentado 16 habeas corpus a favor del joven por el hostigamiento del que era víctima. [Volver]
34. Cuando la madre de la joven va a esa seccional a realizar la denuncia, la detienen, amenazan y la golpean dejándola dos días internadas. Luego declaró ante la justicia que su hija había visto a policías de la bonaerense entregando drogas a su captor. El domicilio donde apareció el cuerpo de la chica, pertenece a un hombre conocido en toda la zona por vender drogas y reclutar chicas para la prostitución además de hacerles vender drogas. Según los vecinos se lo conoce con el apodo de "Pato Cenizo" y tiene cobertura de la comisaría 6ª. [Volver]
35. Los jóvenes circulaban en una moto cuando, sin advertencia previa, comenzaron a recibir los disparos desde una camioneta donde iban vestidos de civil efectivos policiales, sin que mediara orden de detenerse. Logran evadir los disparos, pero a unas cuadras son interceptados por un patrullero que abre fuego contra los jóvenes, matando a Martínez y dejando gravemente herido a Díaz. El joven muerto trabajaba de cartonero y estaba esperando a su primer hijo. El disparo impactó en su espalda. [Volver]
36. Los hechos ocurrieron cuando un grupo de 15 chicos, en su mayoría mujeres, volvían de bailar, caminando por la calle, cuando se cruzaron con un policía que circulaba en su coche, que intentaba pasarlos. La impaciencia de este uniformado, de apellido Veysandaz, luego de un intercambio de insultos, sacó su arma y disparó a quemarropa. Sus colegas uniformados encubrieron desde el principio la escena del crimen dando una falsa versión de los hechos y presionando a los testigos y tratando de acallar la historia en los medios, lo que afortunadamente no lograron. [Volver]
37. Manzur justificó su crimen diciendo que los jóvenes pretendían robarle la moto y que lo amenazaron con un arma, cosa que no pudo comprobarse ya que dicha arma no se encontró. Según otros policías que concurrieron al lugar, se habría producido una discusión con gente de vehículos particulares, los que "se llevaron las zapatillas de Emanuel y la supuesta arma". [Volver]
38. Desde entonces la bala sigue en la cabeza de Alejandro, alojado en su cráneo. Todavía le quedan 3 operaciones más para tratar de extraerlo. En la escuela a la que concurría el niño, sus compañeros realizaron distintos trabajos sobre el tema, uno de ellos llamado Violencia con Uniforme integra el programa Jóvenes y Memoria organizado por la Comisión Provincial por la Memoria. En él los protagonistas dan testimonios del accionar desmedido de los uniformados. [Volver]
39. El defensor Julian Axat denuncia este hecho como otro más de los que habitualmente son víctimas los jóvenes, siempre son baleados por policías de civil, en la espalda y durante supuestos robos. Agrega en su denuncia que el policía adujo que S.F. intentó sustraerle pertenencias a "punta de pistola", aunque a SF no se le encontró ningún arma. Luego de hablar con el joven, Axat realizó la denuncia correspondiente por utilización abusiva de arma de fuego y lesiones. [Volver]
40. Ante la negativa de N.D.R., la mujer policía le pega una trompada y cuando sus amigos trataron de auxiliarlo, también fueron golpeados. Los vuelven a subir al móvil, los amenazan de muerte si ensucian el patrullero. Al llegar a la seccional, al joven herido lo tratan de hacer tomar lavandina, los esposan y los siguen golpeando, los llevan a un baño, hacen desvestir a uno de los jóvenes, le obligan a hacer salto de rana y le propinan una patada en la columna. Luego hacen lo mismo con los otros jóvenes, los toman de cuello y lo levantan en el aire. En la celda los mantienen siempre esposados y arrodillados. Esta tortura duró 9 horas. [Volver]
41. Según la madre del joven, Alejandra Merlino (la novia) presenció los hechos y relata que estando Joel desmayado, el agente siguió golpeándolo en la cabeza pese a los intentos de ésta por detenerlo. Luego junto a otros policías, querían llevarlo a la comisaría, pero ante las súplicas de la chica fue trasladado al hospital de Pilar. Habiendo sido dado de alta, siguió con secuelas de la paliza, se marea, desmaya debiendo ser internado nuevamente en terapia intensiva. [Volver]
42. No hubo ningún detenido. A raíz de la impunidad de este hecho, familiares, amigos y vecinos del joven realizaron una marcha y al llegar a la esquina de 520 y 132 la policía disparó al aire a fin de dispersar a los jóvenes que estaban en el acto, a un chico de 11 años le aplastaron la cara contra la pared. [Volver]
43. Llegan más móviles y se llevan a los tres detenidos. Al concurrir el otro hijo a la comisaría, un niño de 11 años de edad asustado por todo lo que pasaba, lo tiran al piso, le patean el cuerpo, lo apuntan con armas de fuego. Al resto de la familia detenida también golpearon, pisotearon e insultaron. La madre que fue a pedir por su hija, para que no la pusieran en un calabozo junto a detenidos varones, fue insultada y maltratada. Este nuevo caso de abuso policial, integra una larga lista de denuncias que involucran a la policía de ingeniero Budge. [Volver]
44. Con la nueva ley, Catamarca daría un paso importantísimo en la adecuación de su normativa interna a los nuevos estándares internacionales en materia de derechos de los niños. Toma especial trascendencia, sobre todo si sr toma en cuenta que más del cincuenta por ciento de la población provincial es un niño o niña en términos de la Convención de los Derechos del Niño. Se abandona el centenario sistema tutelar basado en el patronato de menores, cuya consecuencia más nociva es la Ley 22.278 dictada en el año 1980 durante el gobierno de facto. Régimen que difumina la natural distinción entre niños víctimas de delitos, y niños en conflicto con la ley penal, abordando a ambos de la misma manera, otorgando iguales soluciones a conflictos absolutamente distintos. [Volver]
45. Los catamarqueños sufren cada día de violentos episodios y, según revelan las estadísticas oficiales, el consumo de estupefacientes y pegamento está muy ligado con estos hechos. En este contexto, los adolescentes no son la excepción. Los dramas derivados del consumo de drogas son el tema del día. Por un lado, los jueces de menores denuncian que casi la totalidad de los casos de chicos que delinquen lo hace bajo el efecto de estupefacientes; por otro lado, una experta afirma que para ayudar a los jóvenes adictos hay que sacarlos de los lugares donde viven. "El consumo de sustancias prohibida va directamente de la mano con la comisión de delitos. En más del 80 por ciento de las causas que trabajamos se trata de chicos que son adictos o hacen uso abusivo de drogas tanto legales como ilegales", aseveró Fabricio Gershani Quesada, juez de Menores en feria. El magistrado aclaró que no se trata de un solo problema a resolver. "Es una conjunción de elementos: la situación habitacional en la que viven en los distintos barrios periféricos, los problemas sociales y económicos, la falta de control por parte de los padres. Son constantes que se mantienen, pero ahora se agravaron. Los chicos están actuando muy agresivamente". El magistrado, titular del Juzgado de Menores N° 1, aclara que esta situación se vive en varios barrios. "Sin embargo, en estos momentos estamos trabajando con muchos chicos que residen en zonas periféricas. Eso se debe básicamente al factor social: el hacinamiento, la pobreza y otras circunstancias. Algo está fallando, evidentemente" El magistrado contó que, en muchas ocasiones, cuando entrevista a un adolescente en conflicto con la ley, éste admite que actuó bajo el efecto de alguna sustancia prohibida. "Tiene mucho que ver la violencia que los rodea y que influye en su personalidad", remarcó. En el caso de los menores que sufren de adicciones a las drogas (marihuana, pegamento), el funcionario intenta que sean asistidos. "Hay casos de chicos internados y con tratamiento en la vecina provincia de La Rioja, por ejemplo. Buscamos darle una solución al problema, pero no podemos ingresar a un chico al sistema penal para internarlo por sus adicciones", comentó. Los jueces tienen problemas para encontrar lugares en los que se atienda a los adolescentes adictos. No alcanzan los centros para atender la creciente demanda. En los barrios marginales, muchos menores consiguen fácilmente pegamento para drogarse y luego salir a delinquir. Pegamento, pastillas y marihuana (en ese orden) son, las sustancias que les hacen perder la conciencia a los menores. Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito, los jueces de menores, saben perfectamente que la adicción a las drogas está directamente ligada con la ola de delincuencia juvenil. Pero el problema es que, pese a la gran demanda, en la provincia no hay un centro de rehabilitación. Los magistrados solo cuentan con los programas provinciales de lucha contra las adicciones, con los profesionales de los hospitales públicos y de otras organizaciones no gubernamentales. [Volver]
46. El cuerpo del niño apareció a 500 metros de la playa del Bermejito, estaba totalmente golpeado con su rostro desfigurado, fue azotado hasta la muerte con un garrote. Se lo logró identificar mediante un tatuaje, el de un pájaro que sostiene la bandera de la comunidad, símbolo de la etnia Qom. [Volver]
47. Álvaro junto a sus amigos estaba jugando un partido de fútbol jugando irrumpieron en la cancha varios móviles policiales. Los chicos salieron corriendo, asustados, la policía comenzó a disparar a mansalva, matando al joven. En la escena del crimen se encontraron 16 vainas servidas, todas de armas de la policía. [Volver]
48. Los miembros de la comunidad Qom realizaron una manifestación a fin de solicitarle al gobierno de Jorge Capitanich que el Ministerio de Desarrollo Social provincial no maneje los bolsones de alimentos a través de centros integradores comunitarios, práctica común en la que la asistencia tiene una finalidad política partidaria, favoreciendo a determinados sectores afines al gobierno de turno. El pedido era que los alimentos dirigidos a la comunidad Qom, fueran manejados por la comunidad. Esto provocó una violenta represión contra los manifestantes, con un saldo de 50 heridos, entre ellos mujeres, ancianos y niños. [Volver]
49. La versión oficial fue que hubo un enfrentamiento en un operativo realizado por denuncia de "desmanes". El hecho ocurrió en el barrio Cacique Pelayo del departamento San Fernando. Maximiliano. Un video de los hechos, deja claro que se trató de un fusilamiento. [Volver]
50. La policía tiene dos versiones: o bien intentaban fugarse, o estaban organizando una protesta, agregando que intervinieron luego de comenzado el incendio, que no pudieron abrir la puerta por el calor. Otros dos presos pudieron ser evacuados, trasladados al hospital y luego derivados a otra seccional [Volver]
51. Cesar había salido de su casa el 27 de mayo a las 10 de la mañana para visitar a su tía, destino al que nunca llegó. Se presentó un habeas corpus por la desaparición. Se sospecha que la muerte de este chico no fue casual, ya que debía declarar en el juicio por la muerte de su tío, el que había comenzado el 17 de junio. Bruno le habría contado a su sobrino lo que vio en la comisaría cuando violaron a Almonacid, al que le introdujeron un objeto en el ano. El cuerpo de César fue encontrado por dos chicos que estaban cazando liebres en el descampado. [Volver]
52. Nada de esto le parece verosímil a la familia. Según el otro joven detenido fueron separados y llevados a celdas distintas, y dado su estado se durmió en el acto. La familia afirma que no los dejaron entrar durante la realización de la autopsia, ni identificar al joven previamente. Durante el velatorio pudieron observar en el cuello del joven que no había moretones ni rastros que indicaran la existencia de la soga con la que supuestamente se ahorcó. Agregan que tenía lastimado visiblemente el labio, un golpe en la frente y detrás de la oreja. Aseguran que no estaba deprimido, ni tenía problemas, estaba feliz desde que nació su hijito y trabajaba realizando changas. Cuando el cortejo fúnebre pasó delante de la comisaría, los familiares y amigos atacaron la misma a pedradas. [Volver]
53. "Tu seguridad nos limita. Nuestra resistencia es infinita" fue el lema que este año convocó a unas 10 mil personas. A las 18 Hs. se cortó el tránsito en Colón y La Cañada. Las banderas, carteles, se entremezclaban como no ocurre en otras jornadas: Unidos y Organizados, Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Frente de Izquierda, Movimiento Campesino de Córdoba, Encuentro de Organizaciones, Sudestada, La Bisagra, La Luciérnaga, La Poderosa, entre otros, pusieron el cuerpo, su voz. Al frente de la columna caminaban Olga Tallapietra y Jorge Reyna, madre y padre de Jorge Reyna (17), quien apareció muerto en una comisaría de Capilla del Monte el pasado 26 de octubre. Al lado, Viviana Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre (19), desaparecido desde la madrugada del 19 de febrero del año pasado. Cruzaba las filas también Cristina Espinosa. Su hijo Juan Molinari (22) apareció ahorcado en 2009 en una comisaría de Alta Gracia. "Estamos en un esquema de mediados del siglo XIX", planteó Lucas Crisafulli, abogado y miembro del Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos (Universidad Nacional de Córdoba). En la provincia, "72 mil personas por año son detenidas" bajo este marco legal, agregó. Este Código "permite que el comisario juzgue, no se garantiza la defensa, que es un derecho básico, y utiliza figuras ambiguas como el merodeo". [Volver]
54. En su presentación el joven había denunciado que era víctima de un permanente hostigamiento dado que los policías una vez que lo encontraban en la calle y por cualquier motivo lo detenían. Este caso que llega a la justicia no es el único. En la provincia son numerosas las denuncias del accionar policial valiéndose de la supuesta aplicación del Código de Faltas, con permanentes detenciones en especial de jóvenes de barrios marginales de la provincia. [Volver]
55. El 23 de octubre Reyna tratando de que no lo obliguen más a trabajar para ellos, los denuncia. Tres días después es detenido ilegalmente por un supuesto robo a turistas, unas horas después aparece suicidado. La autopsia demuestra que antes de su muerte había sido salvajemente golpeado, su cuerpo presentaba escoriaciones en varios sectores, lesiones sobre rostro, hombro, piernas, muslos y pantorrillas. La familia del joven sufrió aprietes y amenazas, y como producto de las marchas de protesta fueron detenidos varios jóvenes a los que se les aplicó el código de faltas. [Volver]
56. El fiscal Enrique Berger, quien está al frente de la investigación, ordenó al mismo tiempo la libertad de 10 de los 11 policías demorados en el hecho, y resolvió que uno de ellos permanezca detenido como sospechoso de efectuar el disparo contra el chico. El acusado quedó detenido imputado por el delito de "homicidio calificado", precisó una fuente judicial. De acuerdo a los datos de la investigación, el hecho ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada del 8 de febrero, en una vivienda de barrio Mataderos, cuando efectivos de la Departamental Roque Sáenz Peña realizaban un allanamiento vinculado a la investigación de un robo. La policía que realizaban el traslado a la dependencia policial de las personas detenidas habría observado que salió corriendo del interior de la casa, aparentemente asustado, el adolescente y recibió un balazo por la espalda provocándole la muerte horas después en un centro de salud cercano. Debido al caso, la policía y la justicia abrieron la investigación para tratar de establecer la forma en que se realizó el procedimiento. Fuente Telam [Volver]
57. El presunto delincuente fue encontrado sin vida en un descampado cerca de barrio San Jorge, donde, según los vecinos, en los últimos tiempos se viene produciendo una ola de asaltos. Por la noche, un grupo de aproximadamente 40 jóvenes, de entre 13 y 17 años, cortó la ruta nacional 38 en reclamo de justicia por su amigo fallecido. En diálogo con Cadena 3, uno de los manifestantes contó que la policía fue a la casa del chico muerto para hacer un allanamiento y aseguró que fueron los uniformados los que mataron al chico. [Volver]
58. Fue trasladado al hospital Central de Formosa, donde fallece. Su cuerpo presentaba rastros de una brutal paliza, con fractura de cráneo producto de un golpe provocado por un hierro oxidado. Esta muerte integra una injusticia más dentro del conflicto que mantiene la comunidad con el gobierno provincial desde siempre, ya que no se les reconoce el derecho a la tierra que históricamente les pertenece, y por ello son acosados, perseguidos, maltratados y asesinados tanto por las fuerzas de seguridad como por las patotas de los terratenientes del lugar que aspiran a hacerse de sus tierras para agrandar sus negocios. [Volver]
59. "Sabemos que es la estrategia de la provincia hace tiempo tratar de convencer a algunos hermanos aprovechándose de toda la necesidad que hay", dice Félix en el "Mi familia sigue siendo víctima de esta violencia generada por la provincia. A mí se me criminaliza por "usurpar" nuestros territorios tradicionales. Sin embargo no lograrán torcerme ni quebrarme, seguiré pidiendo respeto por nuestros derechos y verdadera justicia", finaliza el comunicado de prensa. [Volver]
60. Ante la negativa de los jóvenes a ser requisados, descripto por el comisario de la seccional como resistencia a la autoridad, secuestraron la moto y se llevaron detenido a uno de los jóvenes mientras el otro logra huir y alertar a los vecinos de lo que estaba ocurriendo, produciéndose una manifestación ante la comisaría en la que es abatido Darío de un balazo en el tórax proveniente de los uniformados, hecho por el cual fueron detenidos 22 policías a fin de tratar de detectar de que arma salió el disparo fatal. [Volver]
61. Alberto Rasino, en declaraciones a la prensa, manifestó que consideraron que esa era la única forma de denunciar, teniendo cobertura periodística, ya que enfrentan a una de las policías más torturadora del país y temen lo que podría pasarle tanto a ellos como a sus familias. Contó que fue dos veces secuestrado a raíz de la lucha que lleva en defensa de los jóvenes pobres. Afirmó que "queremos parar la tortura, aquí están conmigo dos jóvenes (Hugo Javier Mareco con su señora e hijos y Marcos Matías Leiva) quienes por no querer salir a robar para el oficial Noguera y otros más, lo llevaron a la comisaría y le dieron una brutal paliza rompiéndole el hombro a uno de ellos.". Ambos jóvenes trabajan en una ladrillera [Volver]
62. Anteriormente ya había sido llevado al monte por la policía de la infantería y de la 9ª, y mientras lo golpeaban le exigían que declarara sobre el robo de una moto hasta que llegaron a dispararle un tiro de itaka con balas de goma, y a menos de un metro de distancia, herida de la que aun tiene rastros en el cuerpo. [Volver]
63. Lo tuvieron incomunicado durante más de 18 horas. Antes de dejarlo en libertad tuvieron que firmar un documento bajo la amenaza de que si no lo hacían no lo dejaban libre. El joven estaba golpeado, tenía la espalda lastimada de forma tal que los médicos, preocupados de la gravedad que presentaban las lesiones, la convencieron de hacer la denuncia ante la Regional Cuatro de Libertador General San Martín. Aurora hizo mención que este hecho no es aislado, que se repite, y que hay madres en Fraile Pintado que son humildes y no tienen ni el dinero ni el valor para denunciar, ya que temen por la seguridad de sus hijos. [Volver]
64. Estaban en la plaza de la localidad de El Carmen, cuando de golpe siente que por atrás aparecen dos hombres que lo toman del cuello, intentan asfixiarlo, lo arrastran a una camioneta tapándole la cara con su propia remera. Una vez en el vehículo, lo golpean ferozmente hasta dejarlo casi inconsciente, lo trasladan a la comisaría de El Carmen, donde lo encierran desnudo en un calabozo. Lo mantienen incomunicado hasta el mediodía del miércoles 17 de julio. En el acta que labraron lo acusan de estar en estado de ebriedad, cosa que desmiente absolutamente. Cuando los padres pasan a buscarlo, el comisario les dice que los golpes que tiene fueron provocados en el recital por una disputa, lo acusa de llevar un cuchillo y de estar "fuera de si". Al ver los golpes que tenía el joven en su cuerpo, su familia decide realizar la denuncia correspondiente en la Unidad Regional 1, donde fue revisado por un médico. [Volver]
65. Estaba despidiendo en la puerta de su casa al hijo de su amigo Ricardo Salto el 29 de enero, en Orán, junto a un grupo de amigos del joven, vecinos del barrio "20 de Febrero" cuando llega al lugar un automóvil que venía siendo seguido por policías. De él se bajan dos jóvenes que comienzan a discutir, llega la policía y detiene a todo el grupo, inclusive un chico que pasaba por la vereda, previamente los someten a unos golpes, y los trasladan a la comisaría donde llegan rengueando y con expresión de dolor a consecuencia del trato recibido durante el traslado. Al ver esta situación, Rubén Tolay trata de que no sigan golpeando a los jóvenes, ante lo cual recibe insultos y comienzan a golpearlo delante de todos los detenidos. Al ser liberado debió concurrir a hacerse estudios en el hospital a causa de los dolores y heridas en su cuerpo. Los jóvenes declararon como fueron torturados y como los policías disfrutaban de las golpizas de que eran objeto. Para mantenerlos detenidos, le armaron causas de resistencia a la autoridad. Le propinaban golpes en la cabeza y le caminaban sobre el cuerpo. [Volver]
66. Los policías simplemente se fueron huyendo en el móvil en el que habían llegado y en la prisa chocaron contra un automóvil que estaba estacionado en el lugar. En ningún momento intentaron ayudar a la víctima que se estaba desangrando. El joven fue trasladado al hospital y todos los diagnósticos coincidían en que quedará parapléjico. [Volver]
67. De acuerdo con lo que anuncia el diario El Tribuno de Salta, los letrados, Santiago Pedroza, Francisco Ortega y Pablo Cardozo, encontraron irregularidades en el proceso y por tal razón, solicitaron el cambio. Por su parte, el juez de Instrucción Formal de Tercera Nominación de Salta, Pablo Farah, le tomará declaración a la comisario inspector Beatriz Campos, que era la jefa de la dependencia en la que ocurrieron los hechos de apremios en perjuicio de dos presos, informó el Poder Judicial provincial. Campos se desempeñaba como jefa de la comisaría 11 de General Güemes, al momento en el que ocurrieron los hechos que tomaron estado público por un video difundido a través de internet, que muestra a policías torturando a dos detenidos. Los policías detenidos son Matías Cruz, Marcos Gordillo, Alberto Ontiveros, Leonardo Serrano, Hector Ramírez y Roberto Barrionuevo, quienes están a disposición de Farah desde la primera semana de Marzo, cuando el ministro de Seguridad de Salta radicó una denuncia por apremios ilegales y torturas. [Volver]
68. Una vez en libertad, acompañadas de sus padres y de abogados, presentaron la correspondiente denuncia judicial. Las jóvenes relatan que: fuera del boliche donde se dio la discusión, deciden tomar un taxi para regresar a sus domicilios cuando aparecen cuatro móviles policiales que las interceptan y las acusan de robo, las persiguen, las tiran contra un portón mientras las pateaban en la cara. Luego las introducen violentamente en los patrulleros y las trasladan a la comisaría donde las tienen más de media hora desvestidas, mientras los policías se reían de ellas, llamándolas mugrientas y sin educación. La joven de 18 años que sufre de diabetes, tuvo vómitos y fuertes dolores mientras la hacían permanecer parada, hasta que finalmente llaman a la madre y la trasladan al hospital Carrasco, donde permaneció internada varios días. [Volver]
69. Pero la policía los ubica, da una feroz paliza a Brian que se entrega y pone las manos para que lo esposen, hasta que un policía saca su arma, le pega un tiro en la nuca y varios en la espalda, según el relato de uno de los testigos que describe minuciosamente al uniformado que asesinó al joven como "morocho, petisito, tenía gafas negras, un corte de doble nuca, con pirinchos". Al otro policía lo conocen todos en el lugar. Ambos uniformados se retiran dejan a la víctima tirada en el piso, y vuelven al rato con el Comando Radioeléctrico con el que arman la versión del enfrentamiento [Volver]
70. los miembros del OIP Sras. María C. Martín y Graciela Dubrez mantuvieron una extensa reunión con la Subsecretaria de Asuntos Penales Lic. Débora Cotichini, donde se intercambiaron impresiones acerca del funcionamiento de la institución, el tipo de chicos allí alojados, como así mismo las condiciones edilicias. La Lic. Cotichini, expuso el tipo de abordaje con que se trabaja para relacionarse con los detenidos, como así mismo la curricula de la educación impartida. Hizo una breve referencia al historial de la institución y el monitoreo que recibe debido a que hay una causa en las instancias internacionales por hechos de malos tratos, condiciones inadecuadas de tratamiento y condiciones edilicias. El marco teórico de referencia en principio parece adecuado a las necesidades del tipo de población alojada en la mencionada institución. El día que la misión se presentó fue justamente el día que estaba previsto que: en horas de la tarde se realizara la fiesta de fin de curso y algunos chicos recibieran su diploma de finalización de la escuela primaria. Estaba prevista la presencia de autoridades educativas y del área de cultura. La comitiva se trasladó a la institución donde fueron recibidas por la Directora del establecimiento. Durante todo el recorrido el trato fue muy amable y en todo momento se allanó y facilitó el trabajo de la misión. La cuestión edilicia: si bien se encuentran realizando obras que mejorarían la circulación de los internos, como así mismo el trabajo pedagógico y cultural, definitivamente el IRAR no es un establecimiento adecuado para alojar a adolescentes por más que se alegue que se trata de chicos en conflicto con la ley penal con serios problemas de conducta. La estructura responde a la concepción edilicia de la década del 60´, es un émulo de las cárceles para adultos, con la misma distribución, falta de luz de día colores grises u oscuros y falta adecuada de circulación de aire. De hecho al momento de entrevistar a algunos de los chicos que salieron de sus celdas y se reunieron en el pabellón, el mismo estaba con la escasa luz que provenía de los ventiluces a la altura del techo, por cierto muy sucios. Todos los portalámparas del techo estaban sin los tubos fluorescentes correspondientes. Preguntado por el hecho se manifestó que los mismos chicos suelen dejar sin luz el lugar por romper los tubos. La justificación es poco creíble dado que, la altura del techo impide que, aún subido sobre una mesa se pueda alcanzar. En el hipotético caso que se rompieran arrojando objetos contundentes, el ruido llamaría la atención de la vigilancia, que en ese caso debería proceder a amonestar esa conducta, haciéndoles notar que la luz es un beneficio para cuando ellos mismos necesitan estar en ese espacio. En las celdas también están los cables expuestos y también hay falta de luz natural y/o artificial. La cuestión de alojamiento: no hay hacinamiento, los jóvenes se alojan en un máximo de seis (6) por sector y un mínimo de tres (3). Al momento de la visita el total de la población es de veinte y siete (27) adolescentes, dos (2) con permiso judicial, lo que implica que el total de la población era de veinte y nueve (29). La cuestión de la alimentación y tratamiento médico: no hay quejas, los chicos entrevistados refirieron que comen bien, en general no tienen problemas con ninguna colación. Que cuando sienten algún malestar físico son atendidos. Sin embargo interrogados sobre el tratamiento psicológico, las opiniones fueron dispares. Algunos de ellos estarían dispuestos a tratar sus problemas con las drogas, otros dijeron que los terapeutas nos les resultaban. Preguntados porqué, respondieron que no eran personas ·copadas· (debe inferirse que no lograron establecer una transferencia adecuada). Solicitaron un espenser de agua frio- caliente a fin de tomar agua fría cuando quisieran o tomar mate en caso que así lo decidieran. Consultado por el tema a las autoridades dijeron que los espenseres estaban guardados dado que, los chicos maltrataban el artefacto. La cuestión educativa: Los chicos entrevistados tenían entre 15 y 16 años y comentaron que antes de ser institucionalizados estaban cursando quinto grado y cuarto grado. Sólo uno manifestó haber comenzado la instrucción secundaria. Pone en evidencia que son chicos con serios problemas familiares antes de entrar en el sistema penal y que debería haber programas especiales para la concientización de los padres o familiares adultos a fin de que una vez recuperada la libertad puedan continuar en el circuito educativo como modo de contención.
Reglamento de convivencia: La Lic. Colichini informó que instrumentaron un reglamento de convivencia a fin de orientar al interno sobre sus responsabilidades y coadyuvar a la socialización. Resulta viscosa la cuestión del cuidado de los espacios propios y en común. Por ejemplo la disposición de los desechos, el aseo de su celda y los espacios comunes, como así mismo de la ruptura de caños y cableado eléctrico. O el reglamento no contempla estas cuestiones, o no se pone el acento en el auto cuidado. Esto último no es ajeno a la cultura "tumbera" (argot con que denomina a la sub cultura intramuros de las cárceles de adultos) debido a que quienes están a cargo de la seguridad y cuidado son agentes penitenciarios, cuestión expresamente vetada por las recomendaciones internacionales en la materia. Posiblemente no se pueda evitar que el perímetro sea vigilado por personal penitenciario pero dentro de los pasillos no debería haber agente alguno con uniforme de la repartición a fin de que los adolescentes allí alojados perciban más bien un lugar de reparación de una conducta antisocial que un castigo estigmatizante. A modo de conclusión: Los adolescentes allí alojados pertenecen a barrios vulnerables, con familias disfuncionales y en su mayoría con problemas de adicción. Los programas deben estar orientados en ese sentido, pero también es importante que se comprenda que, el ambiente debe ser lo más receptivo posible en el amplio sentido del término. Como se dejó expresado in supra el edificio corresponde más a la cultura carcelaria que a la cultura de reorientación a jóvenes con problemas sociales. Es en este sentido que el OIP presentará oportunamente algunas sugerencias a las autoridades a fin de cooperar a sortear el escollo presupuestario o de otra índole que impida la materialización de la superación del actual estado de cosas. [Volver]
71. Cuando se le requirió a la joven, menor de edad, que presente algún certificado que avalara por qué debía retirarse todos los días antes de que finalice el horario escolar de la educación obligatoria, respondió que "trabajaba en un búnker de venta de drogas". Lo preocupante es con la naturalidad con la que asoció esta actividad (venta de drogas) a un trabajo", advirtió una fuente irrefutable a este medio, cuya identidad, por la complejidad del caso, se mantiene en reserva, así como los datos de la escuela y de la alumna. De manera urgente se puso en conocimiento a la Regional VI del Ministerio de Educación de Santa Fe. Más precisamente a los Equipos Socioeducativos que deben intervenir en estas situaciones. Y hasta se elevó un pedido formal el 5 de abril pasado a uno de los responsables regionales de estos equipos, Fernando Tavella, para que intervengan "lo antes posible- A más de un mes de la confesión de la alumna y a más de tres semanas de ese pedido formal, afirman que "la respuesta que amerita la situación se hace esperar", que "no se ha hecho nada". La grave denuncia plantea una especial preocupación, sobre todo si se recuerdan los llamados de atención que hicieron distintos directivos de escuelas rosarinas sobre los "soldaditos", en referencia a los chicos que desde muy temprano dejan la escuela porque son reclutados por bandas de narcos (Suplemento Educación del 23/02/2013). Fuente diario La Capital. [Volver]
72. La noche en que Franco murió, los amigos dicen que estaba "muy empastillado" y no alcanzó a correr cuando la suboficial ayudante Ariadna A. le disparó a corta distancia y al pecho, para impedir que el pibe y un amigo la asaltaran. Pero en el barrio cuentan que la policía confundió al menor con otro chico y que Franco nunca intentó robarla. La crónica de la noche del martes, día en que mataron a Franco Pereyra, tiene distintas versiones. Pero todas terminan igual: una mujer policía desenfundó su arma y tiró, al menos una vez, hacia un menor presuntamente drogado que no pudo escapar de la muerte. El parte policial confeccionado esa noche a partir de declaraciones de la agente Ariadna A., de la delegación local de la Policía Federal, es casi de protocolo. Dos muchachos intentaron robarle su cartera y la apuntaron con un arma cuando bajaba de un taxi en Chacabuco al 1700, lugar donde vive. Uno de ellos tenía una pistola calibre 45, le gritaron, ella se identificó, sacó su arma y le disparó a uno, el otro huyó. Otra versión sostiene que Franco caminaba por Chacabuco, desde Pellegrini hacia Cochabamba, y que al pasar frente a la mujer policía ésta lo baleó al confundirlo con uno de los ladrones que habían intentado asaltarla poco antes. Eso dicen amigos de Franco y lo aseguran, además, las mujeres que lo vieron crecer: su madre, su tía y su abuela. [Volver]
73. En declaraciones a Radio Comunitaria "La Lechuza" emitidas en Informativo FARCO, la vecina María Eugenia Prado contó que "con estos nuevos operativos, la policía se lleva a todos los chicos que encuentra por el camino, sin importar la edad, el tamaño, nada, sin preguntar nada y de una forma muy violenta, vienen con sus caras tapadas, vienen encañonando a los chicos y se los llevan a los golpes". La mujer relató que en su caso "mis niños tienen 14 años, estaban en la puerta de la casa de un amigo y de repente cayó la policía de forma violenta y sin mediar diálogo, ni motivo alguno, los detuvieron a todos, hasta a un chico que salía de un negocio se lo llevaron. La mamá y la hermana del chico de la casa donde estaban salieron a preguntar porque se los llevaban y no le dieron ningún tipo de explicación, igual los subieron y se los llevaron". En el lugar de detención "los desnudaron a todos, supuestamente para implementar la requisa, no sé cómo es la historia, pero quedaron todos solamente con su slip, mostrando sus vergüenzas, había el que tenía su panza gorda, había el que tenía su calzoncillo roto. Hasta el punto más débil ese día se lo tocaron". Y recalcó que ellos "tienen derechos, como los tenemos todos y principalmente los tienen ellos porque son niños". La mujer contó que los familiares estuvieron "horas y horas, padres que iban y venían, no nos daban explicaciones donde los tenían, a los menores los tuvieron detenidos hasta las 4 de la mañana y a los mayores de 18 hasta el otro día a las 13". [Volver]
74. "Hubo once muertos por hechos violentos en el año, un número muy alto, y ya había como cinco suicidios por ahorcamiento", admitió Marambio en declaraciones a radio Del Plata. Enseguida aseguró que, a causa de los fallecimientos de reclusos, "se han incrementado los controles" en los penales en los últimos meses. [Volver]
75. La muerte de Ortiz desató una revuelta que fue duramente reprimida. Según denunciaron los familiares de detenidos del pabellón D del Módulo 4, hay 24 heridos que están en celdas individuales conocidas como "buzones" y algunos en el HPC, el hospital del penal. [Volver]
76. La Jueza debió reiterar el pedido, como así mismo quién la sucedió en subrogancia Dr. Javier La Fuente. El día 17 de diciembre, ante los requerimientos de atención médica el detenido tuvo un intercambio de palabras que derivó en una paliza al interno con serias contusiones. Frente a estos hechos de gravedad institucional y dado que, de acuerdo al propio Ministerio de Justicia que acusó recibo del envío de Agir Ensemble (y por correo electrónico manifestó haber abierto una actuación ACTU- SO4; 0057488/2013) el OIP decidió denunciar Al Sr. Director del SPF y como responsable mediato al Sr. Ministro de Justicia el día 27 de diciembre. Las actuaciones recayeron en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 11. Dos días después se hizo pública la renuncia del Dr. Marambio por "razones personales". Las actuaciones continúan. [Volver]
77. El Sr. Maldonado solicita arresto domiciliario debido a su estado de salud. La respuesta que el 27 de Septiembre dio el Ministerio de justicia de la Nación al E. Nizkor fue que el Sr. Maldonado se moviliza en silla de ruedas, que de acuerdo al informe del SPF (Servicio penitenciario federal) tiene al igual que todos los internos posibilidad de acceder a las duchas de agua fría y caliente, que es asistido por sus iguales y que concurre al Centro Universitario. Que lo del arresto domiciliario es materia del Poder Judicial. Se trasladó la inquietud al Juzgado correspondiente. Se debe hacer notar que el Ministerio podría solicitar al Juzgado correspondiente que se contemplara la posibilidad del arresto domiciliario a fin de evitar las situaciones que menciona el encartado. [Volver]
78. La medida, según panfletos del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad (Sutpla) a los que tuvo acceso Clarín, es para acompañar "la huelga de hambre del secretario general (césar Rodrigo Díaz) y el adjunto (Rolando Ismael Saucedo) del Sutpla" iniciada el 22 de abril por los mismos motivos por los que hacen, lo que denominan, un "paro de actividades histórico por 72 horas". Las demandas de los presos de Devoto proviene del sindicato que nuclea a aquellos que trabajan en diversos oficios en la cárcel: carpintería, herrería, lavadero de autos, taller mecánico y mantenimiento; y que "cobran un sueldo promedio de 2.300 pesos, no bajo la ley laboral sino de la ley de ejecución penal, en concepto de peculio: parte del salario va a los familiares y el resto queda en un fondo de reserva que utilizan los reclusos para comprar cosas en el penal", informaron fuentes penitenciarias a diario Clarín. [Volver]
79. El habeas corpus fue presentado el 7 de octubre luego de que en una inspección los fiscales y miembros de la Procuvin constataran condiciones infrahumanas de detención en el establecimiento carcelario ubicado en la sede tribunalicia. La medida tuvo curso por decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que revocó un primer rechazo in límine de la presentación por parte la jueza Yamile Bernano. Luego, la magistrada ordenó la reparación del establecimiento y su desinfección, un programa de nutrición para los privados y privadas de libertad, y creó una mesa de trabajo con los distintos organismos involucrados "a los fines de establecer el cupo adecuado o ideal· de la Unidad 28?, desde una "perspectiva que incluya el espacio físico, los medios de traslado y personal penitenciario disponible". En el informe sobre el impacto del habeas corpus, la Procuvin indicó que el lugar de procedencia de los detenidos permanece estable. Antes del habeas corpus, el 69% de la población provenía de dependencias policiales y el grupo restante de complejos penitenciarios, y luego del habeas corpus la proporción registrada fue del 65% para los procedentes de comisarías y otros establecimientos de la policía. [Volver]
80. Entre los considerandos dice: "Desde Beccaria sabemos que la pena es un mal que añadimos a otro" En los fundamentos del proyecto de la PPN, destinado a resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, se afirma: "El trato que le damos a quien cometió una falta, dice algo acerca de la persona del infractor, pero también dice mucho acerca de la comunidad que tenemos, de nuestra indiferencia frente al dolor ajeno y sobre nuestros propios límites frente a la dignidad de cada uno y de nuestra idea de justicia". [Volver]
81. En relación a este caso, el fiscal federal de Primera Instancia, Pedro Simón, confirmó que el 3 de octubre se recibió una denuncia y que se había iniciado un sumario. Además de las peleas ilegales por dinero, habrían salido a luz otras irregularidades que serán motivo de investigación [Volver]
82. Había sido separado de su hermano, al que enviaron a otro módulo, el servicio penitenciario había rechazado la orden del juez de ejecución de que fuera alojado en la Unidad Psiquiátrica 20, Matías terminó castigado en celdas de aislamiento, en la "leonera", una especie de jaula de 3 metros por 3 metros, sin baño, donde los detenidos deben orinar en botellas y defecar en bolsas de plástico. Los reiterados pedidos para que los dos hermanos estuvieran nuevamente juntos fueron rechazados por el servicio penitenciario con el argumento de que de hacerlo habría problemas en el pabellón. [Volver]
83. La familia niega terminantemente que se trate de un suicidio, que a Mario le faltaban unos meses para obtener la libertad. Tras la muerte de Ortiz, hubo un enfrentamiento en el pabellón que fue reprimido violentamente por el servicio penitenciario, lo que logró que todos los detenidos se unieran e intentaran parar la requisa prendiendo fuego a los colchones -que no son ignífugos-. Apagado el incendio, fueron mantenidos los reclusos de rodillas en el patio durante varias horas. [Volver]
84. Le -dijeron que tenía audiencia en Jefatura a la detenida, presa en el Pabellón 18 de Ezeiza, el martes 3 de setiembre. La audiencia, en realidad era un violento apriete para que rompiera el habeas corpus que ella, junto a sus compañeras, habían sacado a la mañana en contra de la guardia del día. Como ella se negó a romper el escrito, empezó la golpiza. También los gritos de chicas que veí-an la paliza: ¡Le están pegando a la Beba!-, le pusieron precintos con las manos atrás, y la apalearon de la guardia y de la requisa. La que más se ensañó fue Moreira, directora del módulo 3. María José al defenderse golpeó a Moreira quien la amenazó con diversas torturas para cuando regrese de la 27. En horas de la mañana, 12 chicas del pabellón 18 habían firmado el habeas corpus porque la jefa de Seguridad había mandado a fumigar, sin aviso, sin que ellas estuvieran en condiciones. Según fue denunciado a esta institución: Entraron con personal masculino, algunas chicas se estaban bañando, otras en la cama a medio vestir, otras durmiendo y cuatro uniformados varones vieron a las chicas en esas condiciones, lo cual está prohibido por sus propias reglas. Ante el reclamo de las chicas, la Jefa de Seguridad indicó que: ¡Acá! vamos a fumigar le guste a quién le guste. Y así lo hicieron. [Volver]
85. Las detenidas trans están alojadas en tres pabellones del módulo VI del Complejo I de Ezeiza junto al sector de protegidos-castigados y a los pabellones con detenidos en tratamiento psiquiátrico. Dos jóvenes testigos de Emilce contra la jefa de pabellón fueron golpeadas salvajemente por otros presos durante un traslado, por lo cual no pudo declarar. La otra testigo recibió igual tratamiento de parte del personal penitenciario, y también se vio impedida para declarar. [Volver]
86. Las demandas de los presos de Devoto proviene del sindicato que nuclea a aquellos que trabajan en diversos oficios en la cárcel: carpintería, herrería, lavadero de autos, taller mecánico y mantenimiento; y que "cobran un sueldo promedio de 2.300 pesos, no bajo la ley laboral sino de la ley de ejecución penal, en concepto de peculio: parte del salario va a los familiares y el resto queda en un fondo de reserva que utilizan los reclusos para comprar cosas en el penal", informaron fuentes penitenciarias, y aclararon que "no trabajan ocho horas diarias". Los presos reclaman: "trabajo para todos, salario mínimo vital y móvil de 2.876 pesos, que no se retenga el fondo de reserva, cobro en término, a mes vencido después del 4º día hábil y bancarización de la remuneración ("cuenta sueldo" y tarjeta de débito)". Fuente diario "Clarín" [Volver]
87. Al cumplir la mitad de la condena cuentan con la ley de extrañamiento, con la que pueden regresar a su país pero nunca más volver a la Argentina. En el caso de que hayan cometido delitos en el exterior, tengan captura internacional y se los detenga en el país se debe llevar adelante el juicio de extradición. [Volver]
88. "Ese proyecto era más que nada de la cúpula anterior. Ahora con las vacaciones, estamos viendo qué vamos a hacer con el barco, que ya está preparado pero no está habilitado por un inconveniente en la faz administrativa. Veremos cómo podemos destrabarlo por lo que por ahora no podemos operarlo" A su vez, el prefecto opinó sobre la decisión del Gobierno Provincial de impulsar un Servicio Penitenciario Provincial. "Es obvio que todas las provincias necesitan tener este servicio porque los delitos provinciales están reservados para cada jurisdicción provincial. Chubut es una de las pocas provincias que al día de hoy no cuenta con este mecanismo así que creo que es muy buena idea y es una forma también para que el interno salga con algún tipo de herramienta y no reincida", declaró. [Volver]
89. tramitó El juez de instrucción Guillermo Rongo, tramita la causa sustentada en los siguientes hechos: el 9 de marzo último los tres alumnos se presentaron a la comisaría "para efectuar las correspondientes prácticas" y fueron conducidos hasta los camarines del segundo piso, donde comenzaron a cambiarse de ropas en un mismo ámbito, pero en lugares separados. La mujer denunció que mientras intentaba colocarse un pantalón reglamentario "el aspirante Olariaga, el cual se encontraba con su torso desnudo y con bóxer colocado", le propuso un contacto sexual, a lo que la aspirante "atinó a defenderse propinándole un golpe con su rodilla en los genitales". "en un momento pudo sentir que le apoyan un objeto en su cabeza, levantando su mirada pudiendo observar que se trataba de los genitales de Olariaga", tras lo cual "es tomada desde atrás por su cintura" por Oliveira, quien le propuso: "Negrita, quedate conmigo", e intentó "darle un beso en la boca". "Los testimonios y particularmente la versión de la propia víctima permiten acreditar en debida forma que (la mujer) ha exteriorizado su voluntad contraria al proceder de los imputados y que ha ejercido resistencia para repeler el abuso", dijo el juez Rongo en sintonía con la acusación del fiscal José María Campagnoli. [Volver]
90. Su hermana es sargento de la policía bonaerense y se desempeña en la comisaría 15º de la ciudad de Mar del Plata. Tanto ella como el resto de la familia duda de las explicaciones dadas por la policía. El fiscal interviniente apartó a la fuerza de la investigación del caso. El padre de Alejandro declaró que éste había regresado a la casa donde convivían alrededor de las 7 de la mañana del domingo para buscar su moto y volver a salir, al no lograr arrancar la moto, decidió salir a pie. No tuvo más noticias hasta que recién a las 7 de la tarde lo fueron a buscar a su domicilio en un patrullero, lo trasladaron a la seccional y allí le notificaron que su hijo había sido encontrado ahorcado con su propia camiseta en un calabozo Contravencional. Tanto para la familia como del abogado de ésta, no se trató de un suicidio, Alejandro no tenía ninguna causa que lo llevaran a quitarse la vida, la remera con la que presuntamente se ahorcó no era la misma que llevaba puesta al salir de su casa. Al no estar satisfechos con la autopsia oficial, la familia realizó otra donde aparecen datos tales como hematomas en su cuerpo, fractura de una costilla, un fuerte golpe en el tórax, fuerte lesiones en el cuero cabelludo desde la frente hasta la nuca, en brazos y espalda, la falta de la masa encefálica, una marca en el hueso craneal entre otras anomalías. De este resultado quedaría evidenciado que Alejandro murió a causa de los golpes recibidos. [Volver]
91. Según la autopsia, la causa de muerte son los golpes recibidos, una costilla le perforó un pulmón y el hígado provocándole una hemorragia interna. Ya estaba muerto cuando es trasladado en la ambulancia. A los pocos días la justicia detuvo al policía Carlos Córdoba, acusado de homicidio, y fueron desafectados de sus cargos el comisario Guillermo Reginati y otros seis agentes de la policía bonaerense acusados de negligencia por omisión e incumplimiento de sus deberes. Luego de las detenciones, los familiares de la víctima recibieron amenazas de muerte. [Volver]
92. En el momento de su detención, Verón había salido de su casa en busca de un quisco en pleno festejo por el aniversario de su ciudad cuando la policía le prohíbe el paso, se produce una discusión a la que le siguen los golpes, palazos y patadas mientras trataba de explicarles que era vecino del lugar, que vivía ahí desde hacía 20 años, a lo que le respondían que ya sabían quién era mientras lo arrastraban esposado a la seccional. Mientras permaneció en la comisaria, fue amenazado por varios integrantes de la misma, hasta que lo trasladan a la comisaría de Punta Lara. Al salir del calabozo y mientras lo llevaban al patrullero se le acercó el encargado de la seccional, de apellido Treste, quien en tono amenazante lo tomó del cuello y los genitales para arrojarlo dentro del patrullero. [Volver]
93. Según los testimonios, la policía comenzó a disparar a todo el mundo, Gerez trató de proteger a los chicos que iban con él y se puso delante de un policía pidiéndole que pararan de tirar, obteniendo como respuesta el disparo que sesga su vida. Fue detenido Roberto Lezcano como autor material, quien dio como excusa que disparó a fin de dispersar a los simpatizantes que trataban de ingresar al estadio. La detención duró solo 48 horas, quedando exculpados otros dos agentes involucrados en el hecho. [Volver]
94. No tienen atribuciones para detener, cosa que no les impide hacerlo. La versión de esta patrulla es que detienen al joven por llevar 78 gramos de marihuana. Según su familia, esta historia no cierra, Miguel Ángel no sufría depresiones ni tenía ningún motivo que lo llevara al suicidio, menos aun el motivo de la detención. [Volver]
95. Mauro recibió tres impactos muriendo en el acto, y Renzo dos tiros en su pierna izquierda. Varias personas que estaban en el bingo y sus alrededores presenciaron los hechos, rodearon al asesino e impieron que escapara. [Volver]
96. La familia Peralta denunció que lo golpearon, que le plantaron pruebas y que tardaron más de 40 minutos en atenderlo en el Palacio de Justicia. "Destrozaron a una familia. Luciano dejó tres nenes que vieron cómo se llevaban a su padre a los golpes y que ahora tienen que vivir con esa imagen que nunca podrán olvidar", expresó Tatiana Peralta (25), hermana de la víctima. La escena que se vivió en la sede de las fiscalías fue estremecedora. Cuando la defensora oficial, María Ester Vigorelli, le informó su situación procesal, Peralta se derrumbó y se escucharon gritos y llantos. Según dijeron sus hermanas, no había médicos en el edificio y las prácticas de reanimación las hicieron los guardias policiales. El 27 de Octubre al anocher, en 135 y 526, en el barrio denominado "La Favela". El parte policial indica que, un llamado al 911 advirtió sobre movimientos sospechosos de un hombre que habría ingresado a un complejo de viviendas con intenciones de robo. Una patrulla de la comisaría 14° de Ringuelet llegó al lugar y se encontró con Peralta en los pasillos. El informe que escribieron los policías asegura que el hombre intentó eludir el procedimiento, que tenía un arma y que había llegado en una moto con denuncia de robo. Sin embargo, los hijos de Peralta dijeron a sus familiares que los agentes lo sacaron de la casa en forma violenta. "Le pegaron un culatazo en la cabeza", habrían comentado a su madre y también lo habrían golpeado con una Itaka a la altura del pecho. "Salió desmayado", fue el relato de los chicos. En la casa estaban Ezequiel (12), Priscila (9) y Elías (8). La madre de los menores, Esther Cerrudo, le había pedido a Peralta que fuera a cuidarlos porque tenía que hacer un trámite. Una hora después de la detención, los familiares fueron a pedir explicaciones a la seccional. "Les aseguramos que no estaba robando. Que la casa era de su ex pareja y que esos niños eran sus hijos", comentaron. No tenía problemas de salud y esa noche que pasó en la celda lo torturaron", es la hipótesis que sostiene Yanina (28) otra hermana de Luciano. Ahora, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien recibió la causa por presunta tentativa de robo, investiga un nuevo expediente por "averiguación de causales de muerte". A pocos metros de su despacho falleció Peralta, de un supuesto ataque que no está aún determinado. Una pericia preliminar realizada en la morgue, estableció que Peralta falleció a causa de un "derrame pulmonar". Se esperan más precisiones. [Volver]
97. Afirmó la Comisión para la Memoria y Abel Córdoba, desde la procuración de Violencia Institucional, hizo un diagnóstico similar. "Estamos ante una situación de emergencia humanitaria", indicó. "Les hacen, por ejemplo, el barquito, que consiste en atarlos de pies y manos y tirarlos a una pileta. Pero también hay abusos sexuales, secuestros dentro de las propias unidades. Es necesario un abordaje inmediato de este tema para evitar que siga la escalada", afirmó Córdoba. [Volver]
98. Agregan que "el abandono y la presunta instigación al suicidio del joven detenido es una muestra más de la violencia en que se encuentra inmerso el sistema penitenciario bonaerense y la indiferencia de los funcionarios del ministerio público fiscal, quienes consintieron la absoluta crueldad que implica dejar un cuerpo colgado, permitir que se cayera por su propio peso, y que quedara allí encerrado junto a 21 detenidos, sin que se tomara recaudo alguno para la investigación". Según pudieron constatar, Ugarte tenía el día de su muerte un problema familiar, y solicitó en varias ocasiones poder realizar una llamada telefónica para comunicarse con su hijo. Los penitenciarios rechazaron la posibilidad de medicarlo. Ante ello el joven primero intentó prenderse fuego, se produjo cortes en los brazos, cosa que presenció el penitenciario Villafañe, sin que lo trasladara al área de salud ni recibiera ningún tipo de asistencia psicológica. Según sus compañeros de celda, Ugarte se lastimó a fin de ser trasladado al sector de sanidad y desde allí comunicarse con su familia, a lo que agregan que le decían los guardias "ahórcate, total uno menos". Al darse cuenta que algo grave pasaba, comenzaron a gritar pidiendo ayuda sin que tuvieran respuesta. [Volver]
99. Cuentan que cada tres meses le entregan los artículos para higienizarse, afirman que no se respeta el régimen semi abierto del que deberían gozar, que la comida es "malísima", en las requisas las desnudan, les tiran pertenencias, limitan la comunicación con las familias, les recortaron los espacios de recreación, de culto, las visitas a otros pabellones, las tienen todo el día encerradas, los que provoca actos de violencia, les impiden las salidas para poder estudiar, los agentes penitenciarios provocan enfrentamientos entre las detenidas, las reprimen constantemente, les dan palazos. [Volver]
100. El funcionario manifestó que no había información oficial. La alcaidía policial se encuentra en un total estado de abandono. Sin techo, con las paredes totalmente destruidas por la humedad y con filtraciones de un pozo ciego que se encuentra abierto. Desde el cierre (ordenado por el mismo juez) del lugar, se dispuso temporalmente que las personas en conflicto con la ley sean alojadas en la subcomisaría de Chaquiago. La medida iba a estar vigente por un plazo de 30 días hasta que concluyan las reparaciones, de hecho las mismas iniciaron pero se desconocen los motivos de su suspensión. En Chaquiago, de la inspección se desprendió que tampoco reúne las condiciones necesarias para alojar a nadie. La suerte de calabozo se compone de un angosto pasillo donde apenas hay lugar para un colchón disminuido en su tamaño, deteriorado por los años de uso y con toda la goma espuma por fuera. No hay colchas y el lugar no tiene luz ni agua, por lo que en invierno los internos deben soportar las inclemencias climáticas y la oscuridad total. Al momento de la inspección sólo se encontraba en el lugar una persona, pero en algunos momentos se llegaron a alojar hasta cinco detenidos. La situación es preocupante, las áreas responsables de brindar a la justicia estos espacios no toman cartas en el asunto y ahora los detenidos pasarán directo hacia el Servicio Penitenciario. [Volver]
101. En una entrevista en Radio Ancasti, el funcionario señaló que "en este caso la inconstitucionalidad lo hace en el caso concreto, no en todos los casos, y a mi modesto entender la Policía va a seguir haciendo uso de los arrestos porque la norma en sí no ha sido declarada inconstitucional. Pues quien debe derogar la facultades de la Policía es una ley que derogue el artículo y así no se puede aplicar más". Señaló coincidir con el juez en que "no es necesario arrestar a una persona 24 horas por averiguación de antecedentes teniendo en cuenta los adelantos tecnológicos que hay. Aunque la situación cambia si la persona es oriunda de otra provincia a la cual se deben emitir los correspondientes fax y requerirá más tiempo". En este sentido, puntualizó que "la Policía va a seguir haciendo uso de los arrestos como corresponde y dando los fundamentos de ellos. Existe un protocolo emitido por la Subsecretaría de Seguridad que reglamenta todo lo del artículo 8 inciso "b" sobre cuando el personal policial es requerido y hay una persona que es sospechosa". Morales detalló que lo que se hace, si la persona en cuestión no tiene DNI, "es requerir al comando información, obviamente si la situación lo amerita. En paralelo se autoriza el traslado a la dependencia policial quedando el registro en los libros de esa persona a los fines de garantizar sus derechos constitucionales y a la vez si esa persona así lo desea puede llamar a algún familiar o un abogado particular". [Volver]
102. Lo cuál, "traducido" a lenguaje normativo, constituiría, en principio, una violación flagrante de las inmunidades establecidas por el artículo 154, apartado quinto de la Constitución Provincial, que impide que los jueces sean molestados o interrogados por sus opiniones, o sea, por el contenido de sus sentencias o por sus votos, esto es, por lo resuelto como medida judicial". [Volver]
103. Los reclamos realizados por los detenidos no fueron escuchados porque la justicia penal actúa en forma cada vez más desorganizada, provocando enormes daños sociales tanto por acción como por omisión, ante el desconocimiento generalizado de la opinión pública convalidándose un esquema casi feudal. El colapso del sistema generó la necesidad de recurrir a las dependencias policiales para albergar allí un importante número de personas privadas de libertad. El gran Resistencia tiene colmada la capacidad de sus lugares de alojamiento en comisarías, siendo la seccional primera la única sin personas detenidas actualmente porque sus celdas están siendo pintadas. [Volver]
104. "Los penosos hechos ocurridos en la Alcaidía el 26 de febrero constituyen un escandaloso caso de violación de los derechos humanos, de notable gravedad institucional porque intervinieron en tal represión parte del personal penitenciario que aún continúa en actividad y altos jefes del servicio penal penitenciario". "Tal cual viene funcionando la justicia penal, todo permite presumir que nuevamente se orienta a la total y absoluta impunidad de los agentes y funcionarios públicos que violaron los derechos humanos de los presos" sostuvo Núñez. Los hechos denunciados pueden observarse en: linkhttp://www.infobae.com/2013/11/14/1523644-condiciones-inhumanas-tortura-y-celdas-vip-una-carcel-chaco [Volver]
105. En Chubut el 46,9 % de los presos se alojan en comisarías. "Esto muestra el estado crítico del problema. Un claro ejemplo de esta situación se muestra en Comodoro Rivadavia, donde debió presentarse un habeas corpus correctivo que generó distintas acciones por el momento sólo paliativas". En cuanto al cumplimiento de penas, la Defensoría aclaró que "el sistema carcelario debe proporcionar una separación entre las personas procesadas, que mantienen la presunción de inocencia, y las condenadas, que han de sufrir la pena impuesta". Las alcaidías son los sitios adecuados, en buenas condiciones, para que los detenidos que esperan juicio se mantengan en prisión preventiva. "Lo cierto es que actualmente en Chubut las penas impuestas son total o parcialmente cumplidas en comisarías y alcaidías, y no en cárceles que aseguren un régimen de progresividad en estándares mínimos". En Chubut hay 367 personas detenidas cumpliendo pena: 307 están alojadas en comisarías y alcaidías o cumplen pena en prisión domiciliaria, lo que representa un 83 %, aproximadamente, de personas que cumplen pena fuera de un centro penitenciario. [Volver]
106. Decía Elías Neuman que, así como no se aprende a jugar al tenis en un ascensor, no se puede aprender a vivir en libertad en una jaula", la Defensoría señaló que "es conocida la circunstancia de que no existe en la Provincia un Patronato de Presos y Liberados que pueda desarrollar una labor de acompañamiento, control y guía de aquellas personas que egresan de la prisión". En este sentido insistieron con que "algunas personas deben recibir asistencia especializada. Si más del 18% de las personas privadas de libertad lo están a causa de la comisión de un delito de carácter sexual, debería existir un programa de trabajo específico que permitiera abordar cada caso para prevenir la reiteración de las mismas conductas". [Volver]
107. "Se percibe cierta complicidad en la falta de acciones desde el Estado y desde la Justicia sobre la situación de abandono que padecen los centros de salud mental", manifestó Montero y añadió que "esta es la tercera denuncia y las cosas no han mejorado", dijo y sostuvo que "sólo hubo respuestas mediáticas". Esta nueva denuncia tiene que ver con la muerte un paciente de 43 años en colonia psiquiátrica Alborada del Hospital Ceballos de Bell Ville. Si bien el informe oficial determina que la muerte fue por causas naturales, la legisladora del Frente Cívico sostiene que el paciente estaba "atado" a una silla de ruedas y muere "ahorcado" de manera involuntaria con su pullover al caerse. Montero precisa que en los últimos 45 días murieron tres pacientes internados en los neuropsiquiatricos de la provincia. [Volver]
108. El fiscal Matheu ya tomó las primeras medidas procesales, aunque evitó ahondar en el caso. De todas formas, fuentes judiciales confirmaron que el fiscal imputará a los policías, una vez que logre individualizarlos. Son al menos siete efectivos del Comando de Acción Preventiva del Distrito 7. Para el fiscal los uniformados actuaron en "venganza" por el golpe que recibió un camarada. Es por esto que la imputación que les cabría es la de severidades ilegales agravadas, por su condición de policías. La acusación será para los que pegaron y podría alcanzar incluso a los que no evitaron la paliza, por caso, un alto oficial que presenció todo y no hizo nada para que no ocurriera. El episodio sucedió el pasado 19 de junio en la playa de estacionamiento de un supermercado de barrio Villa Corina. Aquella jornada, los policías detuvieron a dos hombres que supuestamente habían robado productos. Cuando uno de ellos era subido a un patrullero, el sospechoso le pegó un cabezazo a un policía. Fue entonces, como se ve en el video, que otros uniformados la emprendieron a golpes. El jefe de la Policía, Ramón Frías, se mostró indignado por la golpiza efectuada por los uniformados y dijo que esta clase de episodios "mancha el uniforme y no respeta los lineamientos de la institución". "Los policías son preparados para reducir a una persona, pero sin violencia. Deben hacerlo con energía, pero sin ser violentos" [Volver]
109. El 20 de mayo pasado, un preso fue trasladado desde la cárcel hasta los Tribunales de Río Cuarto como habitualmente ocurre: maniatado con cadenas y un candado en sus muñecas. Ante una funcionaria del Juzgado, el defensor oficial Pulcini pidió que se certificara que el detenido presentaba escoriaciones y moretones en sus manos. Esa circunstancia fue clave para que el juez Ochoa dispusiera en sólo una semana ordenar al Servicio Penitenciario que se limite a cumplir con las normativas para el traslado, pese a que desde el Servicio se informó que sólo se utilizan esposas y manillas de sujeción. En realidad, funcionarios del juzgado declararon ante el juez que es habitual que los presos lleguen con cadenas y candados, por lo que Ochoa dio por acreditado que "otros internos que son trasladados al Tribunal, arriban al mismo con la custodia policial y exhibiendo como medio de sujeción cadenas". La utilización de estas cadenas quedó en evidencia durante la presentación del primer hábeas corpus colectivo correctivo en San Francisco, donde el juez Mario Garzón hizo reconstruir el procedimiento de traslado e incluso se lo filmó. En Villa María comenzó analizarse si la causa se derivará a San Francisco y en Córdoba la causa está en trámite en el Juzgado Federal Nº2, que instruyó algunas medidas. Allí consta un informe del jefe de traslados del Servicio Penitenciario que asegura que sólo usan esposas y genéricamente que los traslados son "conforme la ley". En Río Cuarto y en las otras ciudades queda por discutir además en qué vehículos y cómo son trasladados los presos. El traslado con cadenas está prohibido por tratados internacionales y una ley provincial. Además, el 18 de febrero de 1997, una disposición del Servicio Penitenciario que sólo pueden utilizarse esposas. [Volver]
110. "Hicimos otras inspecciones en dos cárceles de Mendoza y en el Chaco, pero aunque también recibimos denuncias graves, no encontramos los elementos de tortura, como en el caso de Córdoba. Nosotros tenemos, como fiscales, el derecho y la obligación de realizar estas inspecciones judiciales, que no son simples visitas guiadas. Y la gravedad de lo que encontramos en Córdoba es indudable hoy, en 2013, como lo sería en 1813", resaltó el fiscal Abel Córdoba, en referencia a la Asamblea General Constituyente de 1813, que abolió la tortura. Como consecuencia de la reacción que tuvo el gobierno cordobés frente a lo que consideró "un hecho más de patoterismo y de desconocimiento de la ley" por parte de la Nación, al fiscal Córdoba se le impidió el acceso al penal de Bouwer, en la misma provincia, que acumula denuncias por torturas a detenidos. [Volver]
111. Aunque desde el propio Servicio Penitenciario informaron que se había suicidado, sus familiares apuntan a una muerte en circunstancias violentas, dentro de una celda de castigo donde se encontraba aislada. Madre de un niño, la reclusa había reportado una pelea con una compañera de pabellón que la había acusado por vender droga. No obstante, no apuntó a tal enemistad como causante de su muerte. "Nos dijeron que se había ahorcado. Pero los datos que tenemos dan que la han matado, dentro de la cárcel. No dentro del núcleo donde ella estaba, sino dentro de una celda de castigo" "Desde entonces empezaron a revisarla, a cualquier hora. Allí habló con mi mamá, porque la querían involucrar en algo raro", comentó su hermana, en diálogo con Crónica Matinal. Por su parte, la madre de Vanesa insistió en la tesis de homicidio: "Me dijeron que mi hija había tenido un accidente y que se había querido suicidar ahorcándose. ¿Con qué se va a ahorcar si no tiene nada en la pieza? Fue durante el día, no tiene ni las frazadas (…) Ella tiene marcas en el cuerpo, tiene moretones en los pómulos, tiene golpes en los hombros, le faltan uñas en los dedos de la mano. [Volver]
112. Desde su primera declaración, la mujer intentó explicar que el chiquito nació muerto. Ante jueces, fiscales y defensores MVC no negó nada. "Yo le casé el cuellito (se toca la barbilla con la mano derecha) y ahí después le seguí casando el cuerpito y ahí cuando nació todo le casó mi mamá, ella le casó al bebé y le puso en la cama", les dijo. Después les explicó que, cuando terminó de caer la placenta, vio que el bebé "tenía enredado el cordón" al cuello. A la tarde fueron al Hospital local porque ella estaba dolorida. Pero les dijeron que esperaran o volvieran más tarde porque los médicos no estaban. Entonces, le explicaron a la enfermera que tenían que volver a la casa tenían que enterrar al bebé. Así lo hicieron. Cerca de las siete de la tarde, el comisario principal Rodolfo Victorio Fernández y el oficial auxiliar Antonio Pedro Correa llegaron a la casa y encontraron la tierra del gallinero removida. Excavaron y en una cajita de cartón, con la ropita puesta, encontraron al bebé: era un varón. Fueron porque un vecino, que le había hecho reiteradas propuestas sexuales que ella rechazaba, la había denunciado. El testimonio del hombre que la vio darle sepultura al recién nacido la incriminó. En la autopsia el médico policial Luis Fernando Perichón no descartó la "combinación de estrangulación con sofocación para evitar o atenuar el llanto", pero el informe estaba incompleto. En el folio 40 del expediente el titular de la División Patología Legal informó que no podía realizar el "examen histopatológico de las vísceras del cadáver del bebé por carecer del instrumental necesario, y continuar con problemas de infraestructura en el laboratorio" por lo que no pudo "realizar el estudio microscópico" correspondiente. Las que la asistieron después del parto, su madre y tres amigas, nunca fueron llamadas a declarar. Bastó el testimonio del vecino sobre el entierro para que los jueces de la Cámara en lo Criminal de Paso de los Libre, encabezada por Emilio Rolando Di Tella consideraran que los hechos fueron probados. Bastó esto para que MVC pasara 13 años en la cárcel, la mayoría en el Instituto Pelletier, separada de sus otros hijos. Ahora la Defensora de Pobres y Ausentes, Nora Maciel, intenta que el estado provincial la indemnice. [Volver]
113. Sin embargo, la Jueza de Ejecución, manifestó en torno a estos reclamos: "En cuanto al estado de los trámites de libertades condicionales, asistidas, salidas transitorias o semi-libertades, el procedimiento es el siguiente: el interno debe realizar el pedido o solicitud ante el Servicio Penitenciario, que emite un informe y un dictamen acerca de la procedencia de la petición, de acuerdo a la evolución observada durante la detención. Una vez elaborado el dictamen, se lo eleva al Juzgado de Ejecución de Condena que debe, previo a resolver los pedidos, verificar y evaluar los informes, requiriendo para ello los que sean necesarios a otros organismos como el Registro de Reincidencias, otros tribunales donde pudieran registrar causas, Cuerpo Social Psicológico, Médico Forense, según resulte necesario en cada caso. También debe dar intervención a la Defensa y la Fiscalía, antes de tomar una decisión sobre la procedencia de lo pedido, de acuerdo a lo que establece la ley". Es decir que hay una instancia administrativa-penitenciaria, y una instancia judicial. Y son los órganos del estado los que deberían detectar dónde se produce la mora. [Volver]
114. De su relato se desprende que Mauro A. Rodríguez, su hijo, desde noviembre de 2011 estaba gozando del beneficio de la libertad condicional, firmando mensualmente la planilla que requiere tanto el Juzgado de Ejecución de Condena como el Patronato de Liberados. Terminó sus estudios secundarios y estaba trabajando por cuenta propia en un pequeño emprendimiento de venta de productos de limpieza. El pasado mes de Junio se enfermó y estuvo con problemas renales que deterioraron su salud y motivaron visitas y estudios médicos varios en el Hospital Escuela, por lo que no pudo cumplir con el compromiso de ir dos veces por mes al juzgado a firmar su planilla. Cuando se presenta a firmar al Juzgado en Feria el día miércoles 10 de Julio, le comunican que está revocada su libertad condicional y lo devuelven a la Unidad Penal n 1. Todo ese día miércoles permanece en la celaduría porque insistentemente le manifestaba al Oficial de Servicio, Leiva, que no quería ser alojado en los calabozos, que él solo estaba por un problema administrativo, que no había podido resolver por la feria judicial pero que esperaba solucionarlo lo antes posible. El jueves 11, el jefe de seguridad interna, Diego Fernández dispone de todos modos alojarlo en los calabozos, en celda de aislamiento. Ese mismo día jueves, identifica entre el personal penitenciario a Carlos Fernández, a quien conoce por razones de vecindad y con quien tuvo un incidente tras una gresca callejera, por ruidos molestos en un baile familiar. Este penitenciario ya le había advertido que iba a hacer lo posible para que regresara a la unidad y que allí lo iba a pasar mal. La noche del jueves 11 ese penitenciario estaba de guardia y todo el tiempo hubo hostigamiento y maltrato verbal mientras estuvo de "recreo" fuera de la celda. Pasadas las 22 hs, encerrado solo en aislamiento, ve que por el hueco del pasaplatos le tiran pedacitos de gomaespuma encendidos, que terminan tomando contacto con su colchón. Desconoce si había personal penitenciario y/o internos deambulando en el interior del calabozo.- Entre el humo y el fuego se trepa a la ventanita de su celda, y grita pidiendo auxilio. Siente que se asfixia, le arden las orejas, la cara y las manos. Finalmente esa misma guardia, lo saca del calabozo y a los golpes y a las patadas lo llevan al sector de sanidad. Recién a media mañana del viernes 12 de julio es trasladado al hospital donde recibe curaciones. Como se puede apreciar en las fotos que se adjuntan tiene quemadas ambas orejas, el rostro y las manos. El informe que el Servicio Penitenciario eleva al Juzgado de Condena es que Mauro Rodríguez debió ser atendido en el Hospital escuela por haberse infringido "autolesiones".- [Volver]
115. Las recientes circunstancias que tomaron estado público a través de diversos medios de comunicación locales, exhiben la verdadera naturaleza de los problemas que afectan al Poder Judicial de La Pampa, trascienden las subjetividades y las tentaciones adjetivantes, ponen en cuestión aspectos institucionales y políticos relevantes y revelan la falta de debate interno de dicha agencia. Uno de esos aspectos trascendentales, tiene que ver con la cultura hegemónica de los operadores del sistema. Algo que, desde siempre, parece un aspecto fácil de intuir y percibir. Tanto, como la necesidad de rediscutir -precisamente- la matriz de selección institucional de funcionarios y magistrados del único poder que no es elegido por el pueblo. La discusión cultural -y, si se lo permite, ideológica- no solamente es necesaria sino imprescindible y urgente. No puede disociarse del impacto social y político de la instauración en Marzo de 2011 de un nuevo sistema de persecución y enjuiciamiento penal que debe ser también materia de debate abierto y crítica permanente. Las dos instancias de discusión que se han realizado sobre semejante tema, han tenido como uno de los principales protagonistas, a la defensa pública. En ellos se proponían como materia de discusión teórica y práctica variables tan sensibles y acuciantes como el crecimiento de la tasa de encarcelamiento y la utilización irracional de medidas de coerción tales como la prisión preventiva entre otros temas de preocupante incidencia en los derechos humanos básicos de las personas. Un botón basta de muestra: recientemente, cinco personas permanecieron privadas de libertad durante casi un año, habiendo sido desoídos en múltiples instancias los planteos de revisión de dichas medidas efectuados por la propia Defensa Pública. El juicio probó que esas personas eran inocentes. La resolución absolutoria fue una de los episodios más graves que se recuerden, a pesar de haber pasado virtualmente inadvertida fuera de los ámbitos tribunalicios, toda vez que puso en evidencia la amplificación inconstitucional e inconvencional del poder punitivo estatal y las deficiencias de funcionamiento del nuevo código, que también deben ser materia de debate y discusión, en aras de su superación. Este tipo de exacerbaciones, vale destacarlo, se reproduce sin solución de continuidad en diversos formatos procesales. El problema es, entonces, naturalmente político, ideológico y cultural. Cualquier influencia de corporaciones que no se encuentren legitimadas por el voto popular en la selección de funcionarios y magistrados va a deparar la impronta de sus respectivos sistemas de creencias en las lógicas y las decisiones de los tribunales. Ahora bien, con la pura intención de construir democracia y avanzar en la equiparación de derechos y entre ellos, el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, nos vemos en la necesidad de comunicar que lo realmente acorde al Estado Constitucional de Derecho que se pretende exista en nuestro país en general, y en nuestra provincia en particular, puede empezar a discutirse conforme los siguientes tres pilares de análisis: - Primero, que a partir del año 1994 se incorporaron a la Constitución Nacional (y también a la provincial) una serie de pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos que junto al texto de la Carta Magna forman el piso desde el cual deberían partir los derechos y garantías de todas y todos, y en ese abanico de normas jurídicas supremas se encuentran previstos, entre muchos otros, el reconocimiento a extranjeros de todos los derechos en grado de igualdad a los nativos de nuestro país, la no judicialización de niñas, niños y adolescentes y la prohibición de su encarcelamiento en institutos totalizantes con el nombre que sea (como el IPESA), y en general el compromiso de políticas integrales en materia de aseguramiento de derechos, y el obligado para asegurar el cumplimiento y el goce efectivo de todos esos derechos económicos, civiles, políticos, sociales y culturales es el propio Estado. Es decir, que más allá de que varias o muchas personas puedan compartir o no las recientes declaraciones provenientes de algún funcionario judicial de relieve, lo cierto es que el conjunto de normas jurídicas del máximo nivel normativo disponen todo lo contrario. El doc. Extenso puede leerse completo en: www. Plan B Noticias y agregar el título del documento. [Volver]
116. El defensor general de la provincia aclaró que los presos no se les puede negar ni complicar el derecho de la visita: El jueves 31 de Octubre se realizará una audiencia pública en el Tribunal de Impugnación Penal. "Nosotros creemos que hay una situación de privación de derecho objetiva". [Volver]
117. El día 26 de noviembre había comenzado el juicio por la muerte de Hernández, un joven que se encontraba paseando junto con amigos arriba de un auto por la ciudad de Neuquén cuando fue interceptado por un móvil policial. Según sostiene la investigación, Salas efectuó varios disparos contra el vehículo. Uno impactó directo en la cabeza de Hernández. El policía admitió durante la investigación del asesinato haber disparado contra el auto en el que circulaba la víctima, y está acusado de "homicidio calificado". Además, cuenta con el agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego. La pena que podría ser condenado, en caso de ser encontrado culpable, es prisión perpetua. Salas argumentó que disparó contra el auto porque creyó ver que los jóvenes le apuntaban con un arma. Gutiérrez era quien manejaba el auto en el que viajaba Hernández, declaró y negó la existencia de un arma en el vehículo en el que se movilizaban. El joven fue herido en las piernas, brazos, pelvis y abdomen. Como consecuencia de las heridas, murió desangrado antes de ingresar al hospital Heller. Según sus allegados, Gutiérrez había alcanzado a decir antes de morir: "Fue El Gordo". La muerte del testigo pone bajo sospecha a la policía local, especialmente al entorno de Salas. [Volver]
118. En las fiscalías de grado la situación también es compleja. Esta semana, por ejemplo, el fiscal Guillermo Lista tiene que ocuparse de los asuntos de los tres juzgados de Instrucción y de los dos juzgados correccionales, además de las denuncias que ingresan por la Unidad Fiscal de Atención Primaria, dado que el fiscal Eduardo Fernández se tomó unos días de licencia. Este tuvo que afrontar una situación similar cuando el Dr. Lista estuvo de licencia. En las defensorías oficiales la situación es la misma. Todos los casos se los reparten entre los defensores Juan Pablo Laurence y Gerardo Balog, porque el defensor Marcelo Álvarez Melinger tiene una licencia por problemas personales. "Estamos en graves problemas", reflexionó una alta fuente judicial para resumir el escenario. Explicó que las consecuencias en el servicio de justicia se advierten en los plazos de las causas, que se extienden. "Todo se complica mucho más", indicó. [Volver]
119. Tras las provocaciones, vinieron las amenazas y aparecieron "lanzas" caseras, que los internos fabrican con palos de escobas con sus puntas afiladas, con las que intentaron agredirse. También se mostraron algunas "facas" para intimidar. La situación fue incrementándose en violencia y los grupos más exaltados rompieron candados de las celdas y avanzaron hacia otro sector del penal, donde hubo algunos cruces. Poblete dijo que pidieron la presencia de efectivos del grupo especial COER de la Policía, aunque como primera medida dispuso que de inmediato intervenga el personal policial del penal para evitar que el conflicto se desbordara. El director de la cárcel de Bariloche indicó que al grupo del pabellón 1 lo lideraba un interno de apellido Garnica, mientras que por el otro lado el interno Néstor Quintero era el más exaltado del pabellón 2. El director relató que alrededor de las 21 se calmó la situación y luego con personal del COER realizaron una requisa en los dos pabellones. Pero una hora más tarde, cuando se distribuía la comida, volvieron las amenazas entre los internos de los dos pabellones. Tras controlar el nuevo foco, separaron a 6 internos responsables de los incidentes. [Volver]
120. Actuó la División Motorizada de la policía provincial, quien detuvo a dos jóvenes que iban en moto. Cuando iban a secuestrar el vehículo, los vecinos del lugar salieron en defensa de los jóvenes, tirándole piedras a los uniformados. Ante ello, decidieron utilizar sus armas reglamentarias mientras esperaban el refuerzo solicitado. La fiscalía solicitó la detención de los cuatro policías responsables de haber disparado contra la gente. [Volver]
121. Su muerte se produce durante una quema de colchones en la celda 21 del pabellón A. Tras recibir la carta, la esposa de Salomón, Daniela, recibe la visita intimidante de efectivos de la comisaría 9ª y de la Brigada de Investigaciones que pretendían, sin orden judicial alguna, llevarla a declarar pidiéndole que llevara la carta de su marido, a lo que se negó rotundamente. En investigaciones llevadas a cargo por la prensa local, pudieron determinar que la comisaría 9ª no está habilitada a llevar notificaciones al domicilio de Salomón, sino la seccional más cercana a dicho domicilio. [Volver]
122. El 8 de Marzo el juez de Instrucción Formal de Tercera Nominación, Pablo Farah, le tomará declaración a la comisario inspector Beatriz Campos, que era la jefa de la dependencia en la que ocurrieron los hechos de apremios en perjuicio de dos presos, informó el Poder Judicial provincial. Los hechos tomaron estado público por un video difundido a través de internet, que muestra a policías torturando a dos detenidos. Los policías detenidos son Matías Cruz, Marcos Gordillo, Alberto Ontiveros, Leonardo Serrano, Hector Ramírez y Roberto Barrionuevo, quienes están a disposición de Farah, cuando el Ministro de Seguridad radicó una denuncia por apremios ilegales y torturas. [Volver]
123. La hermana, Mónica Ferreyra, concurre a la comisaría a fin de llevarle comida y siente los gritos desgarradores de su hermano, por lo cual decide llamar a un abogado. En el peritaje el cuerpo presentaba quemaduras de distinto tipo además de otras señas de mal trato. Ante el temor de denunciar estos hechos por su hermano, decide hacerlos públicos, dejando aclarado que se comprobó que no tenía nada que ver con el ilícito por el cual había sido detenido. [Volver]
124. En lugar de lo ordenado, producen este operativo contra Cernadas y Ramírez, quienes fueron sometidos mientras estaban esposados, con las manos en sus espaldas y tirados cara al piso, salvajemente golpeados, pateados apaleados y sometidos a distintas vejaciones, las que denuncian ante la fiscalía interviniente reconociendo a los cuatro uniformados, entre ellos el jefe de inteligencia de zona norte, como los responsables de los apremios. [Volver]
125. El caso ocurrió en Reconquista y estuvo en manos de una brigada y una dirección de investigaciones. Los dos detenidos y apaleados denunciaron y reconocieron a sus agresores. El juez a cargo de la investigación por las denuncias de los torturados viene postergando los pedidos de detención de cuatro de los uniformados, con nombre, apellido y jerarquía, reconocidos por las víctimas. Mientras, la causa iniciada por los uniformados avanza a pasos agigantados. Es el mismo que recibió su denuncia. Durante la noche del 25 de marzo, Gustavo Cernadas y Ángel Ramírez fueron atropellados por un ejército de uniformados en la calle Amenábar, entre Iriondo y General López, de Reconquista. El equipo pertenecía a la Brigada Operativa Departamental IX y la Sección Inteligencia Zona Norte, de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la policía santafesina. Los uniformados llevaban adelante una investigación del juzgado federal de esa ciudad, a cargo de Aldo Mario Alurralde, en la que solicitaba una intervención telefónica. Ambos denunciaron ante el fiscal federal local, Roberto Salum, la terrible golpiza a la que fueron sometidos, "mientras los mismos se encontraban esposados, con las manos en sus espaldas y de cara al piso", tal como figura en el pedido de indagatorias de Salum a cuatro uniformados reconocidos por ellos mismos: el jefe de Inteligencia de Zona Norte, Daniel Musante; el jefe de la Brigada Operativa Departamental IX, Sergio Senn; y los oficiales principales Luciano, Martínez y Germán Arce. También denunciaron que en la sede policial fueron revisados por un médico policial, luego identificado por la fiscalía como Alejandro Daveau. Este "se limitó a mirarlos y rellenar una planilla", sostuvo Salum, y que al pedido de que fueran revisados, "el galeno sólo se sonrió". En la revisación posterior, en el Hospital Central, detectaron "múltiples fracturas, en ambos casos localizadas en sus rostros y, en uno de ellos (Ramírez) en zona costal (costillas)". Ambos denunciaron que fueron encapuchados. [Volver]
126. Según la versión dada a conocer por la Unidad Regional VI, "un sargento y sub oficial a bordo de un móvil del Comando Radioeléctrico que circulaba por avenida San Martín hacia el norte, divisaron un Taunos amarillo sin chapa patente en la parte trasera que giró a gran velocidad y colisionó contra otro automóvil, posiblemente un Fiat rojo que estaba estacionado", agregando que luego el conductor retrocedió y volvió a chocar al auto estacionado en dos oportunidades más, que se acercaron para tratar de identificar al conductor, que se produce un forcejeo y a causa de este se dispara un tiro que da en la cabeza de David Vivas, matándolo en el acto. Esta confusa versión policial deja muchas dudas a develar, por ejemplo donde está el supuesto coche estacionado que Vivas chocó varias veces, el coche del joven no presenta huellas de haber chocado, porque el balazo impactó en el lado derecho de la cabeza si el sargento lo abordó por la puerta izquierda. [Volver]
127. Inmediatamente se comunica con el abogado quien va a visitarlo y lo encuentra desorientado y delirando, por lo cual presenta un "habeas corpus" ante el juez federal que ordena al servicio penitenciario a tomar las medidas pertinentes, se le provea de atención médica. El joven debió ser sometido a una neurocirugía de urgencia y cuando se reponía en el hospital, un grupo de agentes penitenciarios lo retiraron compulsivamente del nosocomio e intentaron llevárselo en una camioneta, intento que se frustró por la rápida intervención tanto del abogado defensor como por el Ministro de gobierno de la provincia. [Volver]
128. Es en esa situación y en el mes de octubre, es que ingresan a su celda dos personas de civil y lo golpearon brutalmente para quebrarlo. Ante estos hechos se presenta una solicitud de "habeas corpus" ya que su vida corre peligro, sin que hubiera respuesta inmediata. [Volver]
129. Según declarara en la justicia, lo amenazaron que si no pagaba iban a entregar a su hija a una red de trata para la prostitución y que a él le iban a poner droga para armarle una causa. La esposa deposita el dinero, lo llevan al correo a retirarlo, como no tenían toda la cantidad lo trasladan a distintos lugares y finalmente al correo central, donde pide auxilio al cajero, le cuenta lo que pasa y logra escapar. Logra comunicarse con su hija, la que le dice llorando que los policías le piden que no haga la denuncia y la vaya a buscar. Interviene en forma inmediata una fiscalía que detiene a 10 efectivos. [Volver]
130. Junto a Walter Frías fue detenida también su esposa durante un día. Al ser liberada declaró que tanto ella como su marido habían sido golpeados por personal policial. La reacción de los vecinos de Alderete fue inmediata, se congregaron ante la seccional para exigir la libertad de Frías a quien todos conocen por trabajar como sodero, manifiestan que la policía no atiende denuncias que involucren a la banda de "los tumberos" y exigen que se investiguen y esclarezcan todos los delitos cometidos por dicho grupo. [Volver]
131. Relatan que ellas trabajan en las calles y que la policía las persiguen, las multan, y las detienen, llevándolas a comisarías y alojándolas con hombres, donde las violan, tanto los detenidos como los policías, y las someten a servidumbre, las tratan como si fueran varones cuando se burlan de ellas, les pegan. Nada de esto suele denunciarse por el temor que tienen a la venganza que pudieran descargar sobre ellas. [Volver]
132. La seccional está enfrente de la plaza del barrio y de ahí se puede ver su fachada. Hay dos ventanas y una puerta hechas con rejas. Pero como no tienen vidrios, los policías le colocaron plásticos transparentes para combatir el frío. La cocina, a pesar de tener una mesa y una mesada, reúne más características de un depósito porque (por la falta de espacio) los oficiales la utilizan para guardar de todo.. Las condiciones edilicias de las catorce dependencias policiales de la Capital son similares y aunque algunas están en mejores condiciones que otras el estado general es precario. [Volver]
133. El baño, a pesar de que funciona, está en malas condiciones y para ducharse los policías utilizan una manguera negra. Las cañerías están saturadas y casi todas las semanas deben llamar al personal de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) para que las desatranque. Los uniformados que fueron entrevistados pidieron la absoluta reserva de sus nombres por el temor a recibir una reprimenda por parte de sus superiores. Incluso hubo comisarías en las que los responsables del turno dijeron que habían recibido la orden de no dejar ingresar al equipo periodístico que realizó este relevamiento si no se presentaba una autorización de la Jefatura de Policía [Volver]
134. Mientras los reporteros esperaban a que se los autorice para ver las instalaciones, se quedaron parados al costado de la entrada a la oficina del comisario. Al lado de esa habitación, había una puerta entreabierta que daba hacia otra pieza. Por esa abertura, los cronistas vieron a dos jóvenes sentados debajo de una mesa. En un primer vistazo nada hacía pensar que podían ser detenidos. Pero, en una segunda mirada, se pudo ver que los aprehendidos estaban sentados en el piso sobre un pedazo de colchón viejo y con sus muñecas esposadas a las patas de una mesa de madera. [Volver]
135. El Ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer, fue consultado acerca del estado edilicio de las comisarías de la Capital. Lo primero que destaco el funcionario es que a lo largo de la gestión del gobernador, José Alperovich, se marcaron prioridades para responder a las necesidades de la sociedad tucumana. "Hace 10 años, la salud y la educación eran temas urgentes" aseguró que sí están realizando inversiones en Seguridad. "Hicimos un inventario de todas las comisarías y estamos haciendo cambios. Algunos son logísticos o de diagramación de la fuerza, y otros para recuperar los viejos edificios" Investigación de La Gaceta. [Volver]
136. El 21 de noviembre en las distintas dependencias de la Policía había 501 detenidos por causas penales, según informaron en la fuerza. El grueso de ellos (246 presos) se concentraba en la capital, distribuidos en 10 comisarías y en las dependencias de la Dirección General de Investigaciones. La Regional Capital cuenta con 14 seccionales. De ellas, la 1ª (San Martín 224), 10ª (Blas Parera 810), 11ª (avenida Benjamín Aráoz 1.095) y 14ª (Manuel Estrada 2.670), no tienen actualmente lugares de alojamiento, según informó el comisario Luis Medina, jefe de la Regional. El relevamiento realizado con los jefes de las distintas regionales de la provincia, indicó que en la Regional Norte (abarca los departamentos de Yerba Buena, Tafí Viejo y Trancas) había 90 detenidos en ocho dependencias. La Regional Oeste (Tafí del Valle, Lules, Famaillá y Monteros) tiene cuatro lugares para alojar presos, y ayer había 16 personas detenidas. En la Regional Este (Burruyacu, Cruz Alta y Leales) tenían 95 detenidos en ocho dependencias y en la Regional Sur (Simoca, Chicligasta, Río Chico, Juan Bautista Alberdi, La Cocha y Graneros), 54 presos en cuatro lugares de alojamiento. [Volver]
137. El 15 de Mayo a las 8 Hs., el Director de Institutos Penales de la provincia, Roberto Guyot, deberá dar su versión a la camarista María del Pilar Prieto por las denuncias de maltrato en la cárcel de Villa Urquiza. 14 de Mayo a la mañana debía presentarse en la Sala IV de la Cámara Penal un oficial de apellido Paliza, señalado como el autor de las torturas que sufrió un preso el 10 de Mayo en la unidad de alojamiento 9, conocida como de máxima seguridad. Sin embargo, el guardia cárcel no se presentó, por lo que Prieto decidió citar también a Guyot. [Volver]

DDHH en Bolivia
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10mar14

Situación de los Derechos Humanos en el Sistema Penal Argentino Año 2013

Situación de los Derechos Humanos en el Sistema Penal Argentino
Año 2013