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09mar13
La Procuraduría contra la Violencia Institucional estará a cargo de Abel Córdoba
La violencia institucional, aquella que se ejerce en lugares de encierro (desde cárceles hasta institutos psiquiátricos) o que despliegan en cualquier ámbito las fuerzas de seguridad, debe ser hoy uno de los mayores nichos de impunidad.
Según el diagnóstico que tiene la Procuración General de la Nación, a pesar de que la ley prevé sanciones graves para la aplicación de torturas, maltrato, trato inhumano y otras formas de coerción violatorias de los derechos humanos, apenas si se juzga a sus autores.
La Procuraduría contra la Violencia Institucional, que será presentada oficialmente este martes, estará a cargo de Abel Córdoba, quien viene de trabajar al frente de una fiscalía federal en Bahía Blanca y dio un fuerte impulso, allí, a los juicios sobre crímenes de lesa humanidad.
Tendrá dos ámbitos de acción diferenciados, sobre los cuales hoy no existe ninguna instancia de control: las instituciones de encierro (cárceles del Servicio Penitenciario Federal, comisarías, institutos psquiátricos y de menores, ya sea estatales o privados) y las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria).
Los actos de violencia institucional están, a menudo, relacionados con tramas de corrupción en las mismas fuerzas de seguridad, que protagonizan represalias o ajustes de cuentas, que luego quedan ocultos. En este punto, habrá un trabajo complementario, en manos del fiscal Fernando Fiszer, quien se ocupa de rastrear expedientes de corrupción en las fuerzas, en convenio con el Ministerio de Seguridad.
Los agentes estatales que suelen estar comprometidos con las golpizas, torturas y malos tratos, dentro o fuera de las cárceles, por lo general "no encuadran en los estereotipos sociales de 'delincuentes'" sino que, al revés, "suelen ser los encargados de la prevención del delito y de velar por la seguridad de los habitantes", se lee en el borrador que explica la creación de la nueva procuraduría.
"Incluso en ocasiones los autores de los hechos son los mismos funcionarios que cuentan con facultades para recibir denuncias o tiene por función la prevención e investigación de los ilícitos", añade. La Procuración advierte sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad "de intimidación y poder de fuego" así como de implementar "dispositivos represivos como la desaparición forzada de personas", una realidad que se vio reflejada en casos conocidos como los de Luciano Arruga en Lomas del Mirador e Iván Torres en Chubut, donde la policía los detiene y los cuerpos desaparecen.
La nueva procuraduría podrá recibir denuncias, promover investigaciones, actuar como apoyo en expedientes judiciales concretos y actuar en coordinación con organizaciones especializadas. También podrá hacer inspecciones sorpresa.
[Fuente: Informateaca, Bahía Blanca, 09mar13]
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