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13jun05
Las cárceles de la República.
Las cárceles de la Nación "serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija hará responsable al juez que la autorice." El texto, aunque cueste admitirlo, pertenece a nuestra Constitución Nacional y está vigente desde hace más de 150 años.
Como se ve, el progreso, desde entonces, ha sido bien escaso. Hoy las cárceles son un castigo en sí mismas, y mucho más inseguras que el más peligroso lugar del país. Sensible a este grave problema social, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires convocó días pasados a importantes especialistas y público interesado a las jornadas "La sociedad y el problema carcelario: situación actual y necesidad de soluciones".
La descripción de la realidad que hicieron los panelistas alarma por su gravedad. La capacidad física está largamente superada; el hacinamiento es infrahumano; la seguridad es mínima y el riesgo para la integridad física y la vida es constante, y las condiciones de higiene y tratamiento de los enfermos son absolutamente deficientes. Los presos están sujetos desde que ingresan a humillaciones constantes y privados del contacto con sus familiares.
En 2004 hubo en el sistema carcelario 50 muertes, 110 heridos de consideración y 100 secuestros de estupefacientes. Todo esto sin contar las violaciones y vejaciones de todo tipo.
El trabajo productivo en la cárcel alcanza sólo a un tercio de los reclusos y la labor de reinserción en la sociedad es más que deficiente. El personal carcelario no está suficientemente entrenado y es escaso. Se calcula en el sistema federal un guardia penitenciario por recluso, y en la provincia de Buenos Aires, un agente cada dos detenidos. El costo para la Nación es de 3000 pesos mensuales por detenido, y en el sistema bonaerense, la mitad.
En el país existen 62.000 personas privadas de su libertad, una cantidad que duplica la de 15 años atrás, y en el sistema penitenciario federal se verifica un aumento de 200 personas cada 90 días. De ese total, el 62 por ciento son procesados, mientras que en la provincia de Buenos Aires la proporción aumenta al 75 por ciento. Esto significa que han recibido prisión preventiva pero no sentencia, están bajo proceso pero sin sentencia definitiva. Muchos otros tienen sentencia, pero no está firme, pues se encuentra en un largo trámite de apelación.
Es muy grave que convivan delincuentes con presuntos delincuentes y condenados por delitos menores con reclusos con condena firme, algunos de ellos muy peligrosos. Esto ha sido puesto de manifiesto recientemente en relación con la sentencia de excarcelación dictada en el caso Cromagnon, sobre la cual, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó sus reparos, al considerar que si bien la presunción de inocencia es la regla, la excepción es que si existe semiplena prueba del delito cometido se presume que el imputado se fugará, por lo cual no se lo debe excarcelar.
La cuestión enfrenta dos concepciones de la política judicial penal y, por las designaciones realizadas en la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo se ha inclinado por la llamada corriente "garantista", que parte de la base de que cuantas menos personas sin condena estén detenidas mejor se respetará el principio de presunción de inocencia.
Si pensamos que en nuestras cárceles entre 6 y 8 detenidos de cada 10 están en esa situación se advertirá cuán grave es el panorama que se abre y la cantidad de procesados por delitos menos graves que el que se imputa a Chabán, con menos riesgo de fuga, estarían en condiciones de recibir un tratamiento similar.
Lanzar a la calle a entre 25.000 y 35.000 personas, en la situación en que se encuentra el mapa del delito, sería sumamente peligroso para la ciudadanía.
La solución no pasa por allí, sino por revisar cuidadosamente los casos de procesados sin condena y su eventual peligrosidad para tomar las medidas que al caso correspondan. También por atender a las necesidades presupuestarias para afrontar las urgentes ampliaciones de las cárceles existentes y la construcción de nuevas, al tiempo que se amplíen los juzgados de ejecución de las penas dictadas y se los dote de personal adecuado para mejorar el servicio que prestan. El nudo central de la situación reside, empero, en acelerar los procesos.
Estas medidas, sumadas a una campaña de concientización de la sociedad para lograr su involucramiento, una asignación presupuestaria suficiente que se administre con eficiencia, e incluso con iniciativas privadas, permitirán brindar a los internos las garantías que la Constitución Nacional les asegura para recibir el trato humano que se merecen.
[Fuente: La Nación, Bs As, 13jun05]
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