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26nov04
En la causa del regimiento nueve temen que la Cámara cambie la caratula al expediente judicial.
El posible cambio de carátula de la causa judicial que involucra a una docena de efectivos del Ejército Argentino y de la Gendarmería Nacional en presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Corrientes durante la última dictadura militar, generó la reacción de los organismos defensores de los Derechos Humanos que salieron a pedir a la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en esta ciudad que se expida rápidamente sobre la situación procesal de los militares actualmente detenidos. Temen que el Tribunal le imprima un giro distinto a la causa y los militares (algunos todavía en actividad) queden en libertad.
La Cámara Federal tiene pendiente desde mediados de octubre la resolución de una apelación presentada por los abogados defensores de los uniformados, a quienes el juez de primera instancia, Carlos Vicente Soto Dávila les denegó el beneficio de la excarcelación. Por eso están presos preventivamente, alojados en un cuartel del Chaco pero a disposición de la Justicia Federal de Corrientes.
Los defensores de los militares apelaron el fallo de Soto Dávila y la Cámara es la encargada de resolver el incidente.
Los representantes de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes y familiares de los desaparecidos dicen que tienen indicios de que la Cámara está bajo una fuerte “presión” para revocar la medida del magistrado de primera instancia. Sospechan que podrían modificar la carátula de la causa y le concederían la excarcelación a los imputados.
La inquietante versión surgió el martes -tal como lo publicó este diario- y cobró cuerpo ayer. Referentes de la Comisión de Derechos Humanos se encargaron de hacer pública su preocupación por el posible giro que tendría la causa. “Sería un gravísimo retroceso que además dilataría los tiempos procesales para llegar a un juicio oral y público que es lo que pretendemos que se produzca para conocer la verdad sobre lo sucedido en el RI9”, señaló Hilda Presman en diálogo con El Litoral.
El estado de alerta que lanzó la Comisión Provincial de Derechos Humanos se multiplicó con el pronunciamiento de diversas entidades, organismos sociales y gremios de Corrientes, la Argentina y el extranjero que hicieron conocer su consternación por el posible cambio de carátula de la causa que dejaría en libertad a los militares detenidos.
Ayer llovieron (literalmente) pedidos a la Cámara para que se expida rápidamente y en el mismo sentido que lo hizo Soto Dávila. “Exigimos a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes la no excarcelación de quienes han cometido crímenes de lesa humanidad”, dice el texto de un documento que tiene casi medio centenar de firmas de representantes de los organismos de DDHH del país y el extranjero.
El Tribunal tropezó varias veces para lograr su conformación, debido a problemas personales de los vocales, para colmo ayer se produjo el deceso del camarista Jorge “Quico” Morales. Ahora el cuerpo quedó con dos miembros titulares, el doctor Arias y la doctora Rita Mill de Pereyra. Con dos integrantes igual puede emitir un fallo.
Ramón Artieda, hermano del desaparecido Rómulo Artieda y querellante en la causa en que se investiga la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar, advirtió que hay “fuertes presiones sobre la Cámara” y remarcó lo grave sería que eso se traduzca en un cambio de carátula de la causa.
“No queremos un Margarita Belén en Corrientes”, señaló Hilda Presman en alusión al empantanamiento en el que cayó una causa por violación a los derechos humanos en el Chaco.
El expediente judicial que se tramita en Corrienes es el único en el país que involucra a efectivos del Ejercito en actividad que están detenidos por supuestos crímenes durante la Dictadura.
Por el caso se encuentran detenidos en el Regimiento de la Liguria- con sede en Resistencia- Juan Carlos De Marchi (capitan RE), Julio Manuel Rafael Barreiro (coronel en actividad), Horacio Losito (coronel en actividad), Roberto Romeo Bin (coronel RE), Miguel Angel Cardenas (suboficial RE), Carlos Piriz (suboficial RE) y Raul Alfredo Reynoso (comandante de la Gendarmería RE).
[Fuente: El Litoral, Corrientes, Arg, 26nov04]
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