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09ago08
Lágrimas y soberbia en el descargo de Bussi
Finalmente la audiencia preliminar del primer juicio oral y público contra los represores Antonio Bussi y Luciano B. Menéndez se completó ayer, a pesar de todos los intentos del primero para que se frustrara el procedimiento, bajo la excusa de su estado mal físico y psíquico.
Cuarto intermedio para el martes 12 de julio de 2008 a las 9.30. Declararán cuatro testigos.
Ninguno de los problemas de salud se hicieron evidentes a lo largo de las casi cinco horas con varios cuartos intermedios, de una audiencia que había generado expectativas tanto para el campo de las organizaciones de derechos humanos como para el entorno de Bussi. Para que se pudiera materializar el juicio contra el otrora interventor militar y también gobernador elegido por votación en Tucumán, era necesario que Bussi escuchara totalmente el requerimiento de elevación a juicio de la causa Vargas Aignasse, en la cual, junto con Menéndez, son los únicos imputados por delitos de lesa humanidad. Así ocurrió.
La audiencia se desarrolló con normas de seguridad y control más estrictas que las del martes pasado tanto dentro de la sala como fuera de ella, con despliegue de un mayor número de efectivos de Gendarmería. La sesión fue seguida, desde la calle, por militantes de organismos de derechos humanos y de organizaciones políticas y sociales, que escuchaban el desarrollo de las exposiciones desde altosparlantes ubicados en la esquina de Crisóstomo Alvarez y Chacabuco, sede del Tribunal Oral en los Criminal Federal.
Al comienzo de la sesión, el presidente del Tribunal advirtió que la sala sería desalojada si algún asistente incurría en algún tipo de desorden o exceso verbal.
Tras completar la lectura del documento, ambos militares hicieron uso de sus derechos a referirse a la acusación y posicionarse frente a ella. Lo hizo primero Bussi quien leyó un escrito, previa advertencia de que por su estado físico, el tribunal debería ser considerado con sus posibles cortes en la exposición. En durísimos términos defendió el accionar de las Fuerzas Armadas durante ese período, habló de una "guerra contra la agresión marxista" y apuntó contra el Gobierno, al que tildó de "subversivo".
En su alocución el represor Antonio Bussi reconoció que, durante la dictadura militar, en Tucumán funcionaron cientos de centros de detención de personas y alegó que durante esos años "no había tiempo para cumplir con los requisitos legales" cuando se quería concretar detenciones.
"Había cientos de centros; operaban más de 20 en Tucumán y cada fuerza de tarea montaba su propio lugar de detención de personas para la simple identificación de los antecedentes de las personas sospechosas o sorprendidas en su colaboración con el accionar subversivo", aseveró el represor.
El juicio oral que se le sigue a los represores Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez por crímenes de lesa humanidad, pasó a un cuarto intermedio para el martes a las 9.30 para escuchar las declaraciones e los testigos.
Durante la audiencia de hoy Bussi explicó, en relación a los centros de detención, que "si resultaba positiva la comprobación (de la persona) iban a la Jefatura de Policía, donde equipos especiales, remitidos periódicamente por el comandante en Jefe del Ejército, hacían los interrogatorios de práctica". "No puedo decir cuántos centros había, porque eran cientos. Cada fuerza de tarea montaba su propio lugar" y agregó que "las fuerzas rotaban cada 45 días y que operaban en distintos lugares utilizando diferentes infraestructuras, generalmente públicas (comisarías, escuelas, etcétera), para la interrogación previa de personas detenidas", expresó Bussi ante una pregunta del fiscal Alfredo Terraf.
Se prefiguró como una víctima de la democracia
"Siento ser víctima del rencor y de la venganza de los derrotados de ayer en los montes y en las urnas tucumanas, hoy encumbrados en los más altos cargos provinciales y nacionales, que, con su presencia, tratan de usar a los jueces para que cumplan fines inconfesados, entre ellos el de destruirme como ciudadano", dijo el represor.
Bussi defendió la tesis de que, en los años 70, en Tucumán debió "implementarse una zona para la ejecución de operaciones específicamente militares con el fin de aniquilar la subversión marxista-leninista". Dijo que "mediante bandas de delincuentes terroristas equipadas con apoyo extranjero e ideológicamente fanatizadas, se pretendía lograr -con el terror y la muerte- la toma del poder político de la nación".
Cuando el fiscal le preguntó si antes de concretar las detenciones informaban a algún juez, Bussi contestó: "En la guerra no hay allanamientos, ni tampoco órdenes previas. Hay golpes de mano sobre supuestas trincheras o guaridas de subversivos descubiertas como pretendidos domicilios particulares". "El accionar y las tácticas de los subversivos no daban tiempo para requisitos legales que, en la práctica, no se podían llevar a cabo. Si se detectaba en la calle a alguien que tenía conocimiento de algo, se lo se capturaba -no se lo detenía- sin orden judicial, porque era un estado de guerra completo, total", subrayó Bussi.
Volvió a denigrar a sus víctimas
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el represor afirmó que Vargas Aignasse "era un perejil, un buchón, y había colaborado eficientemente en la localización de casas montoneras" la misma noche del golpe de Estado de 1976, en que fue detenido en horas de la madrugada.
"En Tucumán era 'vox populi' que, en la Policía y en la cárcel de Villa Urquiza, había delatado a sus compañeros de ruta. El pertenecía a organizaciones colaterales que se identificaban con los Montoneros. Antes de trasladarlo a Villa Urquiza, demostró su no participación en la lucha subversiva aportando documentación", señaló.
Cuando Bussi cuestionó al ex senador, el diputado nacional Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del desaparecido, presente en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, reaccionó, razón por la que el vocal Gabriel Casas, que presidía la audiencia, ordenó que se retirara de la sala por unos momentos.
La desaparición, un "recurso de la subversión"
El represor, a quien los familiares de desaparecidos llaman, lisa y llanamente, genocida, habló sobre sus víctimas y recurrió al remanido argumento de que los desaparecidos son obra de los mismos "subversivos". Al respecto señaló que "la figura del desaparecido es un arbitrio del accionar psicológico de la subversión para disimular sus bajas en combate, así como el reclutamiento de individuos que estaban en eso que se llamaba 'pasaje a la clandestinidad'". Añadió que con esta creación "se buscaba imputar tales 'desapariciones' a las Fuerzas Armadas".
Bussi también admitió que, en su carácter de comandante de la V Brigada de Infantería, con sede en Tucumán, por medio del III Cuerpo de Ejército, recibió la orden de la Junta Militar, "pormenorizada en su más íntimos detalles, y que no daba lugar a ningún tipo de excepciones, sobre la forma en que debía procederse" para la detención de Vargas Aignasse y de otras personas.
"No recuerdo quién era el Comandante del III Cuerpo de Ejército", dijo luego Bussi cuando el fiscal Terraf le preguntó quién encabezaba entonces aquella unidad militar, que tenía por jefe a Menéndez, también imputado en la causa.
Menéndez solo admite la justicia militar
A diferencia de Bussi, Menéndez, el otro represor imputado, se abstuvo de declarar; no obstante, dijo -como lo hizo desde que comenzó la causa- que el juicio oral en marcha es "inconstitucional y, por ende, incompetente" al referirse al tribunal que lo juzga por la desaparición de Vargas Aignasse. Tras mencionar que "nadie puede ser sacado de sus jueces naturales", Menéndez aseveró: "Al tiempo de la comisión de los hechos que me endilgan, mi juez era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas". De inmediato y al igual que lo había hecho cuando declaró en Córdoba hace unas semanas se definió como "único responsable de lo que hicieron en combate dignos subalternos en la lucha contra la subversión marxista".
Durante la audiencia, que se reanudará el martes con la declaración de los testigos, el tribunal rechazó el pedido de la defensora oficial Amalia Assaf de Bussi de que compareciera el forense José María David, que el jueves concluyó que militar retirado -tras haber sido internado el martes por sus afecciones cardíacas- estaba en condiciones físicas de comparecer.
Por el auto de elevación a juicio dispuesto el 27 de diciembre de 2007 por el juez federal subrogante Daniel Bejas, a los dos represores se les imputó la coautoría mediata de los delitos de violación de domicilio y violación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos reiterados, homicidio calificado y asociación ilícita, en concurso real con el delito de genocidio, previsto por el Derecho Internacional. Menéndez, que está alojado en los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga, tiene una larga vinculación con Tucumán, porque entre 1970 y 1973 ejerció importantes cargos en la V Brigada de Infantería, entonces con asiento en Tucumán, y entre 1975 y 1979 encabezó el III Cuerpo de Ejército, del que dependía la unidad local, a la que solía visitar con frecuencia durante la dictadura. Bussi encabezó la V Brigada de Infantería entre diciembre de 1975 y 1977, período durante el que desapareció Vargas Aignasse, y a partir del golpe de Estado ejerció la intervención militar de la provincia, período durante el cual desaparecieron o fueron asesinadas centenares de personas. Tras la vuelta de la democracia, Bussi fundó Fuerza
Republicana, partido por el que fue elegido gobernador (1995-1999) e intendente de la capital tucumana -entre otros cargos- en junio de 2003, pero no pudo asumir, porque 15 días antes de la fecha prevista fue detenido por la causa "Vargas Aignasse", por la que ahora debe ser juzgado.
[Fuente: Por Isauro Martínez, Tucumán Hoy, 09ago08]
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