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30mar07
Pide licencia por enfermedad el presidente de la Cámara de Casación Penal
En medio de la fuerte presión oficialista en su contra, el presidente de la Cámara de Casación Penal, Alfredo Bisordi, decidió ayer dar un paso al costado, al menos por un mes. Con problemas cardíacos y sin el apoyo de sus pares de la Cámara, pidió una licencia fundada en motivos de salud.
Bisordi había acusado esta semana al gobierno de Néstor Kirchner de pretender "darles órdenes a los jueces por televisión". Con esas declaraciones, se convirtió en el blanco visible de las duras quejas del Presidente sobre las supuestas demoras de la Cámara de Casación en los trámites de juicios contra represores.
De hecho, anteayer, el Presidente se había referido a Bisordi, sin mencionarlo por el nombre, cuando dijo que había "jueces racistas" o que "tratan de terrorista a quien piensa distinto". La mención era casi explícita: Bisordi fue apercibido por el Consejo de la Magistratura en 2005 por haber llamado "delincuente terrorista" a una ex detenida de la ESMA.
"No pienso renunciar. Pueden interpretarlo como quieran, pero yo no estoy bien de salud... Tampoco voy a morirme acá sentado", dijo ayer Bisordi a LA NACION. Pareció una réplica al ministro de Interior, Aníbal Fernández, que le había dicho el lunes: "Renuncie; hágale un bien a la patria".
De acuerdo con la constancia médica que presentó, el camarista sufre un problema cardíaco, tiene presión alta y necesita "controles médicos periódicos y reposo relativo". Ese certificado, que adjuntó a su pedido de licencia, fue avalado ayer a la mañana por el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral del Poder Judicial, según relató el propio juez.
Bisordi es uno de los cuatro camaristas de Casación denunciados ante el Consejo de la Magistratura por "demorar" y "entorpecer" causas de derechos humanos. Esa acusación fue realizada por un grupo de 61 querellantes de casos por crímenes de la dictadura y contó, desde el primer momento, con el apoyo del kirchnerismo.
Cuando se enteraron de la denuncia, los miembros del tribunal se reunieron sin testigos y acordaron no hacer declaraciones sobre el tema, pero luego de que Kirchner criticara a Casación en su discurso del sábado pasado, Bisordi le respondió.
Dijo que nunca había visto un gobierno que se entrometiera de forma tan explícita en la Justicia y advirtió: "Por este camino, vamos hacia la suma del poder público".
El resto de los miembros de la Cámara guardaron silencio. "Los jueces sólo hablamos por nuestras sentencias", dijo uno de ellos a LA NACION. A algunos de los que no estaban incluidos en la denuncia las declaraciones de Bisordi no les cayeron bien.
Consejos
Hubo quien le sugirió incluso que renunciara a presidir el tribunal. Así lo informó a LA NACION una persona que conoce bien a Bisordi. Relató, además, que el embate del Gobierno, sumado a la falta de reacción de sus compañeros, decidió al magistrado a tomar distancia para descomprimir la situación. Bisordi, sugestivo, dijo: "Hay experiencia de que en la Cámara de Casación cada uno ha atendido su juego".
Durante su licencia, Bisordi planea preparar su defensa, aunque dice estar convencido de que "los mejores argumentos jurídicos van a sucumbir frente a las mayorías políticas que se puedan obtener en el Consejo de la Magistratura".
Este cuerpo avanzó hoy en el trámite del expediente contra los cuatro camaristas. El juez Luis María Cabral, instructor de la causa, relató a sus pares de la Comisión de Acusación y Disciplina que se va "a constituir en los tribunales" para analizar los expedientes presuntamente demorados.
En la denuncia presentada la semana pasada, los querellantes apuntan contra los jueces de la Sala IV de la Cámara Gustavo Hornos y Ana María Capolupo. También contra Eduardo Riggi, que se sumó a ellos por la excusación de Amelia Verraz de Vidal en algunas causas contra militares.
Según la denuncia, esta sala tiene demorados desde hace años planteos que impiden cerrar las causas y cambió de criterio en materia de excarcelaciones para beneficiar a represores.
La acusación contra Bisordi, en cambio, es por otro motivo. Desde que el Consejo lo sancionó en 2005, él se excusa en todas las causas vinculadas a la dictadura, pero los querellantes lo acusan de haber "obstaculizado el funcionamiento del tribunal oral" con medidas administrativas.
Los consejeros advierten que los hechos que se imputan a los magistrados pueden ampliarse a medida que avance la investigación.
[Fuente: Por Paz Rodríguez Niellm, La Nación, Bs As, Arg, 30mar07]
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