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17ene08
El asesinato del prefecto Febres fue un asesinato simbólico
El asesinato del prefecto naval Febres demuestra que el grupo de tareas 3.3.2 mantiene activos a sus especialistas en asesinatos. La cuestión, evidentemente, tiene mucha importancia si pensamos que la dictadura militar, de la cual el Grupo de Tareas (GT) 3.3.2 no es más que uno de los muchos grupos de exterminio que existieron, se la dio por terminada después de la guerra de las Malvinas.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado no tiene duda procesal alguna; para ella el prefecto Febres fue asesinado para evitar que hablara, que confesara los crímenes cometidos rompiendo así el pacto de silencio que es evidente existe entre todos los oficiales de la marina de guerra argentina. Este pacto de silencio opera también en las otras Fuerzas Armadas y, hasta la fecha, no habido más declaraciones ante la justicia que las realizadas por el capitán de corbeta Adolfo Scilingo en sede judicial española.
Fue el miedo el desencadenante del ya famoso viaje del capitán de corbeta Adolfo Scilingo a Madrid y su presentación voluntaria ante la justicia. Es evidente, para quines tuvimos oportunidad de hablar con él, que el marino bahiense estaba convencido de que su vida corría un grave peligro. En su estancia en la cárcel de la Plata había escrito un libro testimonial en el que, no sólo comentaba su paso por el grupo de tareas de la ESMA y el trabajo especializado consistente en aplicar las teorías de la contrainteligencia naval, sino que también cuenta entretelones de la organización criminal constituida en la ciudad de Bahía Blanca por civiles que fueron, según el capitán de corbeta Adolfo Scilingo, verdaderos inspiradores ideológicos del plan de acción naval a partir de 1972.
El libro en cuestión se titula “Por Siempre Nunca Más” y, a pesar de que es poco conocido, fue utilizado como prueba documental en el juicio oral tras el cual la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española le condenó por la comisión de crímenes contra la humanidad. En este libro Adolfo Scilingo cuenta la participación del diario la Nueva Provincia, mejor dicho, de sus propietarios, en la planificación ideológica del exterminio.
Y es Scilingo un testigo cualificado con relación a los dueños de la Nueva Provincia, ya que con alguno de ellos mantenía una relación de amistad que se había generado en la adolescencia.
El asesinato del prefecto naval Febres, quien compartió con Adolfo Scilingo tareas, asesinatos, secuestros y otras actividades consecuencia directa del plan sistemático de exterminio, arroja luz, si bien con algunos años de retraso, sobre las razones del miedo profundo que sentía el marino bahiense, a tal punto que prefirió la condena en Madrid a la posibilidad cierta de su asesinato.
El simbolismo propio de todo asesinato está presente en la escena del crimen de Febres. El asesinato se comete en un lugar oficial, quienes participan son oficiales que obedecen órdenes dentro de una cadena de mando que, evidentemente, conocía o debería haber conocido lo que estaba por ocurrir. O más bien podemos decir que, según la doctrina militar, son responsables por acción o por omisión de dicho asesinato.
El otro símbolo es el método del asesinato. Los grupos de tareas de la marina utilizaron el cianuro como forma de asesinato. Era una de las prácticas que les permitía asesinar directamente a aquéllos que ni siquiera iban a ser secuestrados: a éstos se les hacía tragar dos pastillas de cianuro en el mismo lugar en que los encontraban. Esta especialidad fue practicada no sólo por oficiales navales, sino también por los colaboradores civiles, algunos de los cuales componían las unidades de especialistas en asesinatos. Es por lo tanto un mensaje para iniciados, es un mensaje para todos los oficiales navales y para todos los colaboradores de la ESMA. Los asesinos cumplieron órdenes, cumplieron órdenes de la cadena de mando que puso en marcha un mecanismo capaz de garantizar, no sólo el pacto de silencio, sino la continuidad de la propia organización criminal.
En Bahía Blanca, muchos de los civiles que, al menos desde 1970 en adelante, participaron en la planificación criminal dirigida por la marina de guerra, seguramente respiraron con más tranquilidad.
Seguían teniendo la protección del modelo de impunidad pergeñado al comienzo de sus operaciones. No hay que olvidar que la Marina de Guerra fue responsable directa de la política universitaria, política especialmente cruel en la Universidad de la Plata y en la Universidad Nacional del Sur. Fue también responsable de la política exterior y del mundial de fútbol de 1978.
Y en esa operatoria en las universidades, en la política exterior y en el mundial de fútbol de 1978 contó con la participación directa de numerosos ciudadanos bahienses. El modelo de universidad fue diseñado por la marina de guerra a partir de 1969 y uno de sus artífices fue el rector Remus Tetus; pero también lo fueron quienes integraron su Consejo Superior, los que permitieron que fuera liquidado el patrimonio de la cooperadora de la Universidad Nacional del Sur. Todo lo que ocurría en las universidades nacionales pasaba por Puerto Belgrano. Allí se definía quiénes podían ser rectores e incluso qué planes de estudio debían desarrollarse.
En la política exterior, el conflicto en la Universidad Nacional del Sur lo desató la inspección, en principio meramente contable y de revisión de cuentas, en el Instituto Oceanográfico argentino. Allí aparecieron documentos provenientes de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, y del propio Departamento de Estado que probaban, más allá de cualquier duda razonable, la coordinación de las fuerzas de la Marina argentina en el golpe de estado contra el Presidente Salvador Allende de Chile. Éste es el gran secreto por el cual la hermana del capitán de corbeta Adolfo Scilingo fue condenada a muerte por su propio hermano. Ese fue otro de los fantasmas que acompañó al marino bahiense durante la sesión postrera de su juicio oral.
Desde Bahía Blanca se controló la Embajada en Roma, desde mediados de 1971. Allí figuraba como agregado comercial un hombre muy conocido en los círculos de Puerto Belgrano, como es el caso de Licio Gelli.
Pero también hombres como Bruno Pasarelli, directamente relacionado con la Nueva Provincia, de la cual era editorialista e igualmente relacionado con el tristemente célebre diputado Rodolfo Ponce, uno de los que dirigieron algunas de las operaciones de la Triple A en Bahía Blanca. Bruno Pasarelli formó parte del Gobierno universitario durante la dictadura de Onganía y especialmente con Roberto Etchepareborda, candidato permanente de la Marina al Ministerio de Educación o al rectorado de la Universidad Nacional del Sur. Desde la embajada en Roma se controló la campaña internacional a favor del mundial de fútbol, pero no sólo eso: también desde allí se controlaban las operaciones de lavado de dinero, e incluso las relacionadas con el control del narcotráfico en Bolivia.
Era la época en que en la gran fiesta anual que celebra el Almirantazgo en Puerto Belgrano, eran invitados de honor tanto Licio Gelli -gran maestro de la logia masónica P2, fascista condecorado por Francisco Franco por su participación en la Guerra Civil española - como Roberto Calvi, el banquero de la mafia y del Vaticano que apareció muerto en Londres, al término de la guerra de las Malvinas.
Es por todo ello que la muerte de Febres tiene una lectura simbólica que significa que la cadena de mando de los grupos de exterminio sigue funcionando, que la financiación de todos sus componentes sigue funcionando, que todos sus expertos en asesinatos siguen funcionando. Pero más importante que eso es el valor simbólico que garantiza el pacto de silencio necesario para que todos quienes colaboraron directa e indirectamente en esa compleja organización criminal que puso en marcha la marina de guerra argentina, puedan continuar confiando en que morirán sin que sus nombres se conozcan.
Entre ellos están todos los jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca que se excusaron de investigar los crímenes contra la humanidad cometidos en esa ciudad, algunos de los cuales usaron como causa de la excusación su apoyo al denominado proceso militar.
Estos jueces saben que la estrategia jurídica, si la podemos llamar así, que mantendría fuera de los tribunales a todo este entramado organizado desde 1970, pasa por el hecho de que los responsables más importantes de la cadena de mando mueran de viejos, o mueran de cáncer,como el almirante Mendía y, si es necesario, mueran con las dos pastillas de cianuro que garantizan el pacto de silencio que encubre a los verdaderos artífices y planificadores de los crímenes contra la humanidad cometidos en Argentina.
Esta necesidad surge directamente, para ellos, como consecuencia del riesgo cierto de la aplicación del tipo penal de crímenes contra la humanidad y de su aplicación teleológica por parte de la justicia ordinaria. Y esto no sólo porque ese tipo penal garantiza a las víctimas la no prescripción de los delitos, sino porque una vez demostrada la planificación sistemática derivada de las órdenes secretas puestas en marcha por el gobierno militar, queda una tarea pendiente a nivel técnico jurídico: definir cuál fue y quien integró la organización criminal en términos de los tribunales de Nuremberg, o la empresa criminal conjunta según la doctrina del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia.
Esa empresa criminal conjunta no estaba constituida sólo por oficiales navales, por el estado mayor naval en Puerto Belgrano, por los oficiales navales en el Ministerio de Asuntos Exteriores, por los oficiales navales destinados en Bolivia, en Nicaragua, en Honduras o en Roma, así como en París o Madrid, sino también por muchos civiles, la mayoría de los cuales vivían y aún viven en la ciudad de Bahía Blanca.
Estos son los elementos que hacen del crimen del prefecto naval Febres un crimen simbólico y que escapa al análisis realizado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Este asesinato es un asesinato simbólico y rebasa las características del tipo penal del asesinato individual, toda vez que la finalidad del mismo es el encubrimiento de la organización criminal que cometió los crímenes contra la humanidad.
Eso es lo que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado no tuvo en consideración, posiblemente porque no conoce Bahía Blanca, ni el diario La Nueva Provincia, ni la influencia del pensamiento nacionalsocialista en su clase dirigente.
Radio Nizkor, Editorial, Bélgica, 17 de enero de 2007
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