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05ago08
El caso del Regimiento Nº 9 queda listo para sentencia
Barreiro, De Marchi y Losito, tres de los cinco ex oficiales acusados de cometer crímenes de Lesa Humanidad durante la última dictadura, volvieron a atribuir a la jerarquía militar la causa de sus acciones al pronunciar sus descargos antes de que Tribunal de su veredicto este miércoles y concluya con la causa ex Regimiento Nº 9. "Combatí donde el Ejército me envió a hacerlo", dijo Losito. Vigilia de organizaciones sociales y políticas frente al juzgado
Concluyó este martes la última jornada antes de lectura de condenas en la causa Ex Regimiento Nº 9. En la primera etapa de hoy, la defensa del ex Jefe de Inteligencia de Gendarmería procesado, Raúl Reynoso, terminó con la ronda de dúplicas.
La defensa sindicó al ya difunto Jefe de Gendarmería, el General Arrúa, como el responsable de los cometidos de Reynoso durante la última dictadura, acusado de entregar a los grupos de tareas al estudiante desaparecido Rómulo Artieda, uno por los que se inició la causa.
"Arrúa nos tenía en un puño" señaló la defensa y aseguró que Reynoso no manejaba solo cuando hacía inteligencia". Tales declaraciones contravinieron en dos sentidos las declaraciones sucedidas durante el desarrollo del proceso.
En primer momento, la defensa había negado insistentemente durante los alegatos que Reynoso participara en operaciones de inteligencia. Y en segundo, respecto a declaraciones de detenidos políticos que atestiguaron haber sido tratados de la mejor manera en la comandancia de Arrúa.
Últimos descargos
Concluido el descargo de la defensa, el ex coronel Rafael Barreiro, acusado de asesinar a Rómulo al incluirse a la causa pericias del Equipo de Antropología Forense sobre el cadáver hallado de Artieda, apeló al derecho de "última palabra", seguido por De Machi y Losito.
"La peor situación que he vivido es ésta" dijo el Barreiro, agradeció al Tribunal y a su familia por la "paciencia" concedida y descargó, al igual que lo hiciere al inicio de la causa contra el General Cristino Nicolaides, que comandaba la región durante la dictadura y espera su turno para ser juzgado al terminar este proceso.
"Él tendría que estar aquí", dijo Barreiro.
Por su parte, el ex capitán Juan Carlos De Marchi, dijo "estar orgulloso de ser militar", rechazó las acusaciones de los testigos que declararon en su contra y las dijo "injuriosas".
"Toda la comunidad de Corrientes sabe perfectamente lo que soy capaz de hacer", "y nunca haría lo que dijeron". Las declaraciones los sindican como uno de los más cruentos torturadores en Corrientes durante el gobierno de facto.
El ex teniente Horacio Losito, por último dijo encontrarse "indignado e impotente" por las acusaciones que le pesan.
"Es más fácil dividir un átomo que romper un prejuicio" dijo. A "25 años de confusión generan el germen propicio para los enfrentamientos", agregó y ratificó que durante la última dictadura "hubo una guerra".
"Combatí donde el Ejército me envió a hacerlo, y en el marco de lo más sagrado de la carrera militar: el estricto cumplimiento de las órdenes", dijo.
"Ni ellos mismos creen esa historia que han venido a contar acá", expresó luego en dirección a los familiares de las víctimas y instó al Tribunal a que lo juzgue como "persona" y no como "símbolo", en relación al "símbolo del genocida".
Imputaciones
De Marchi, Losito, Píriz y Reynoso son imputados por asociación ilícita agravada en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, abuso funcional, aplicación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y aplicación de tormentos.
En cambio pesa sobre Barreiro la acusación de homicidio por sospechársele asesino del estudiante universitario desaparecido Rómulo Artieda, por el que junto al también desaparecido Juan Ramón Vargas, sus familias iniciaron causa.
La querellas habían solicitado al Tribunal Federal Oral durante los alegatos un mes atrás, que pesen penas máximas sobre los De Marchi, Barreiro y Losito penas máximas, y para Reynoso y Piriz un mínimo de 18 años de reclusión.
La Fiscalía, posterior a la querella durante los alegatos, solicitó al Tribunal que pese sobre los cinco imputados la pena máxima -25 años de reclusión como mínimo- por asociarse ilícitamente para cometer gravámenes de Lesa Humanidad.
Las defensas por su parte, durante los alegatos y luego en las dúplicas, instaron al Juzgado que tenga en consideración la nulidad de penas.
Según informó la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia, asistirán a la lectura de sentencias el próximo miércoles Taty Almeyda, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y contingentes de organizaciones de otras provincias.
En tanto representantes de organizaciones sociales y políticas realizaban una vigilia frente a las puertas del juzgado a la espera del veredicto
[Fuente: Momarandu, Corrientes, 05ago08]
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