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03may15
Por culpa de un juez rosarino, el represor Alcides López Aufranc murió impune
El pasado 26 de abril, a raíz de las demoras procesales impuestas por el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, el ex general Alcidez López Aufranc murió impune y sin que nadie pudiera someterlo a juicio debido a su participación activa en el terrorismo de Estado. Pieza fundamental en la represión del Cordobazo, responsable de haber importado la escuela francesa de exterminio practicada en Argelia, y sucesor de Alfredo Martínez de Hoz en la dirección de la metalúrgica Acindar -papel que lo convirtió en símbolo perfecto del maridaje cívico-militar durante el genocidio-, López Aufranc fue un caso paradigmático: en las cuatro décadas que sucedieron al golpe militar nunca fue imputado en causas de lesa humanidad, y ni siquiera llamado a declarar en calidad de testigo.
El año pasado, el juez federal porteño Norberto Oyarbide dispuso indagar y procesar a la ex presidenta Isabel Martínez y a un grupo de ex militares y directivos de Acindar, por el operativo represivo contra sus trabajadores desatado en Villa Constitución en marzo de 1975. El muerto estaba en esa lista. Pero Bailaque, después que la justicia de su provincia no hizo nada durante 40 años para investigar aquello, demostró un sorpresivo interés y presionó para que la causa pasara al fuero santafecino, aduciendo que los delitos se produjeron en ese lugar. Aduciendo una mera formalidad en donde no contó toda la verdad (ver más adelante), lo único que logró el juez fue volver a cero un expediente que estaba avanzado, y permitir que López Aufranc respirara aliviado por haber zafado otra vez. Hasta la semana pasada, en que dejó de respirar para siempre.
Un intelectual de la tortura
Nacido en 1921, López Aufranc adhirió a los azules en la interna militar posterior al derrocamiento de Juan Perón en 1955, y se convirtió en un estudioso de tácticas y estrategias de represión. Lo impresionó el profesionalismo de los franceses para eliminar argelinos y desarrollar métodos de tortura a opositores políticos, a tal punto que importó esa metodología, que sus pares ensayaron en 1975 y perfeccionaron a partir del golpe del año siguiente. López se hizo experto en métodos de interrogatorio, desaparición de personas, submarino seco y algunas otras materias que lo develaron. Organizó en Buenos Aires el Primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, del que participaron catorce países. "Con la sangre se aprenden muchas cosas", dijo para un documental francés de la investigadora Marie Monique Robin.
Con la llegada del ex general al directorio de Acindar en 1976, la metalúrgica dejó en la calle a 2000 operarios de su planta en la Villa, archivó convenios laborales, prohibió cualquier actividad sindical y monopolizó la producción nacional de metales. Mientras sus camaradas sembraban con cadáveres el territorio, López integró el Consejo Empresario Argentino y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Además, fue consejero de FIEL, director del Instituto para el Desarrollo de Empresarios en la Argentina (IDEA) y presidente de la Cámara Argentina de Comercio.
En estos días, el sitio oficial de la Fundación Konex le rinde tributo, recordando el Premio de Platino con el que homenajeó al genocida en 1988.
Hacete amigo del juez
A mediados del año pasado, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, principal querellante en la causa Acindar, ya había denunciado la maniobra de Bailaque como dilatoria, y su pedido, como inconsistente y totalmente extemporáneo. Nunca antes la justicia santafesina se mostró tan ansiosa por saber cómo, con la venia de Isabelita, fuerzas conjuntas de seguridad y matones de las Tres A secuestraron a 300 trabajadores para sofocar los reclamos gremiales conocidos como El Villazo, en una movida que contó con la complicidad de la empresa.
La entrada en escena del magistrado, que pidió la inhibición de Oyarbide, también salvó del procesamiento a directivos muy cercanos a Martínez de Hoz, como Arturo Acevedo -integrante del grupo familiar fundador de la empresa-, Roberto Pellegrini y Pedro Aznárez. En su escrito, el juez porteño sostuvo que el grupo empresario fue clave para que se produjera el operativo, y determinó como directa la responsabilidad de López Aufranc en el hecho. La causa incluye un trabajo realizado por el antropólogo Jorge Winter, donde se sostiene que "los vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron a un trabajador portuario y a un vendedor de diarios en abril de 1975 habían tenido libre acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada por el grupo Acindar. Al día siguiente, durante la movilización de los trabajadores de Acindar en contra de esos asesinatos y otras intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal se dedicó a 'marcar' y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había estado estacionado (y desde allí había partido para reprimir a los trabajadores) en el helipuerto de Acindar."
La existencia de un destacamento en el interior de la fábrica fue confirmada por varios testimonios. Uno de ellos es el del ex comisario inspector Carlos Rampoldi: "En el año 1977 ingresé a la Jefatura de la Policía de Villa Constitución en el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones. En ese momento, el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica Acindar, cumpliendo tareas."
La red para desaparecer, secuestrar y asesinar a los trabajadores se extendió a otras firmas del grupo, como Metcon, Vilber y Marathon. El trabajo sucio lo encabezó un represor de apellido Fischietti, conocido como "Don Chicho", entonces delegado policial en Tucumán y jefe del Area IV de Seguridad Federal en el noroeste.
El expediente demorado por Bailaque, que le dio tiempo al ex general para morirse limpio, sostiene que "se involucra la responsabilidad del Directorio de una empresa como ACINDAR, cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser el ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder, circunstancia esta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de ACINDAR, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución." Y agrega: "Por otra parte, la represión contra los militantes, empleados y delegados gremiales de Villa Constitución, que comenzó en el año 1975, continuó bajo el gobierno militar." Es decir, cuando López Aufranc ya controlaba la empresa.
Bailaque muestra algunos antecedentes en eso de embarrar canchas. En febrero de 2013 fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por negar medidas procesales en causas de narcotráfico tramitadas en Rosario. La denuncia, basada en quejas de los fiscales federales Juan Murray y Federico Reynares, sostuvo que el accionar de su juzgado contribuía a "la pérdida de pruebas necesarias para poder avanzar en la investigación".
El exterminio en acindar
El 20 de marzo de 1975, un operativo articulado entre las bandas represivas policiales de la Federal y la santafecina, la Guardia Rural "Los Pumas", Prefectura Naval, la Secretaría de Inteligencia del Estado, Gendarmería, matones del Ministerio de Bienestar Social, militares y pistoleros de la Triple A, invadieron Villa Constitución y detuvieron a 300 trabajadores que venían resistiendo persecuciones y despidos masivos. El gobierno de Isabel ordenó reconvertir el Albergue de Solteros de la planta como cárcel clandestina. Una veintena de militantes continúan desaparecidos.
La Iglesia también participó de la cacería. El cura misionado en las localidades de Pavón, Empalme y Theobald, Samuel Martino, festejó la matanza haciendo sonar las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol. Y los policías se reservaron la zona de la fábrica y los barrios lindantes. El local de la UOM de la Villa fue clausurado, y la mayor parte de su Comisión Directiva, con Alberto Piccinini a la cabeza, fue detenida. Sólo en la ruta que conecta Villa Constitución con San Nicolás y Rosario, se contabilizaron más de cien vehículos integrantes de los grupos de choque, con un promedio de tres personas en cada uno. Entre otros, del asalto participaron los comisarios Córdoba Caín y Antonio Fischietti; los oficiales Salas, Morales, Muñoz, Mojica y Miranda; los agentes Chamorro y Castillo, del grupo Los Pumas; y algunas bandas policiales encabezadas por Raúl Ranure.
Durante varias semanas de resistencia, las asambleas en la planta llegaron a superar los 3000 trabajadores. Hasta el 19 de mayo de 1975, cuando después de dos meses de huelga, una brutal represión final logró que los manifestantes desocuparan el predio. Los dieciséis miembros de la Comisión Directiva de la UOM local fueron trasladados al penal de Rawson.
Bailaque se hizo el preocupado y en 2014 reclamó la causa para su fuero por entender que la represión se produjo en Santa Fe. Algo cierto, pero no lo más importante. No mencionó, por ejemplo, que los operativos se originaron en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la movilización de fuerzas federales hacia la Villa. Y tampoco un comunicado del Gobierno nacional de la época, reservándvose la custodia de los detenidos. "Desde esta querella -afirmó la Liga en un comunicado-, estamos probando que la asociación ilícita entre funcionarios nacionales, empresarios de Acindar y jerarcas militares no sólo se limitó a los hechos de Villa Constitución, sino que trascendieron a los mismos, puesto que la empresa criminal que emprendieron continuó con su secuencia de secuestros, asesinatos y negocios espurios con posterioridad al 20 de marzo de 1975. Es esta la hipótesis que se debe seguir investigando… y es al Juzgado Federal Nº 5 a cargo del Dr. Norberto Oyarbide a quien le corresponde entender en esta investigación".
Cuando el magistrado protegió a un pedófilo
En 2011, el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, procesó al ex coronel José Javier De la Torre, por su responsabilidad en el secuestro, tortura y homicidio de 27 personas, delitos a los que se agregó la sustracción de un bebé nacido en cautiverio, hijo de los detenidos-desaparecidos Cacilia Barral y Ricardo Klotzman. A Bailaque lo enterneció la promesa del genocida de no escaparse, y a pesar de que De la Torre era menor de 70 años, permitió que cumpliera prisión domiciliaria. Y que el militar siguiera alquilando esas lindas casitas que tenía en Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires para estirar una jubilación que no le alcanzaba.
La estancia del anciano se llama "La Chacra". Se compone de un enorme parque, cabañas, canchas para distintos deportes, pileta de natación, sala de juegos y un gran quincho con parrilla. Ideal, pensó Luis Acosta, que en octubre de 2012 buscaba en Internet un lindo lugar para alquilar, y pasar el fin de semana largo junto a su familia y tres matrimonios amigos.
Sin saber quién era el dueño del predio, el grupo cerró trato, y viajó a Capilla. La última tarde, uno de los hombres vio cómo De la Torre manoseaba a la hijita de Acosta, de nueve años, frente a la casa principal de la propiedad, y fue corriendo a contarle al padre. Cuando Luis increpó furioso al torturador, que revoleaba una biblia mientras negaba el toqueteo, Acosta le advirtió que lo llevaría a la comisaría, y De la Torre lo prepoteó, diciéndole que nadie lo podía sacar de ahí porque cumplía arresto domiciliario. Finalmente, la denuncia fue presentada en la comisaría de Campana, hasta que la Unidad de Asistencia para Causas de Derechos Humanos pidió a Bailaque que revocara la domiciliaria. El juez rechazó el requerimiento: "No hay constancias que acrediten que De la Torre incumplió las disposiciones inherentes al régimen de detención domiciliaria", dijo.
Recién siete meses después, cuando lo tapaban en su escritorio varios reclamos de fiscales y uno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el magistrado dispuso que el abusador cumpliera su pena en el Complejo Penitenciario de Buenos Aires. Para Alvaro Baella, encargado por la Secretaría para llevar el caso, el juez "ni siquiera constató que estando (De la Torre) en una zona suburbana, con explotación de cabañas, se garantizara la atención de su salud. Y tampoco resguardó quién iba a llevar adelante el control de esa prisión domiciliaria."
"Nuestro tradicional estilo de vida"
Como responsable del Directorio de Acindar, Alcides López Aufranc firmó de puño y letra una carta dirigida al grupo de accionistas en 1977. "A comienzos de 1976 -arranca el texto-, el país marchaba aceleradamente hacia su desintegración en medio del caos político y económico, e inmerso en una violencia que inicialmente fue fomentada y luego se hizo ingobernable."
"A partir del 24 de marzo de 1976 -agrega-, en que las Fuerzas Armadas, interpretando adecuadamente la gravedad de la situación, asumieron la responsabilidad histórica de tomar el poder para reordenar el país, se opera un cambio sustancial. Se restablece la disciplina laboral, se combate la subversión con toda intensidad y se encaran medidas económicas que permiten afrontar los compromisos de la deuda externa y reducir la inflación. Se limita el gasto público y se aumenta la recaudación impositiva."
Para el genocida, y "pese a los inconvenientes señalados", "es evidente que en la República se respira otro aire, y que la capacidad y decisión de quienes han asumido la responsabilidad histórica de recuperar el país, permite ser optimista sobre el futuro. Cuando se hayan roto esas trabas al progreso y desaparezca la subversión, la Argentina iniciará un despegue acelerado, alcanzando en pocos años niveles de progreso y bienestar tales, que harán difícil recordar lo que fue nuestro pasado reciente."
López Aufranc finaliza: "No deseo terminar esta carta a los accionistas sin rendir un homenaje a los hombres que han dado su vida en la lucha contra la subversión y en defensa de nuestro tradicional estilo de vida, y a todos aquellos que han abandonado su tranquilidad e intereses personales para entregarse de lleno a la noble tarea de reorganizar y recuperar nuestra querida patria."
[Fuente: Tiempo Argentino, Bs As, 03may15]
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