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14jul11
Una fiscalía de Entre Ríos acusó a 10 represores por crímenes de lesa humanidad contra 52 personas
La Fiscalía Federal de Paraná acusó formalmente a diez represores de la última dictadura militar por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 52 víctimas, en el marco del juicio por la causa "Area Paraná".
En la iniciación del juicio en la causa Area Paraná, que se tramita bajo el antiguo Código de Procedimiento en material Penal y por ello no es oral y público, la principal acusación recayó sobre el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, general Ramón Genaro Díaz Bessone, a quien se lo responsabiliza por las torturas a más de 30 personas y del homicidio de Juan Osuna.
La acusación fue formulada por los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos, José Ignacio Candioti y Mario Silva, y responsabiliza como máximas autoridades militares de la jurisdicción a los jefes del Segundo Cuerpo del Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone y a Leopoldo Fortunato Galtieri (fallecido), que lo sucedió en el cargo.
También fueron acusados los comandantes de la subzona 22 (Paraná) Abel Teodoro Catuzzi (fallecido) y Juan Carlos Ricardo Trimarco (declarado inimputable por razones de salud mental).
El mayor Alberto Rivas, instructor del Consejo de Guerra, fue acusado de coautor de privaciones ilegales de la libertad; severidades, vejaciones y apremios ilegales y tormentos contra más de 30 víctimas.
El integrante del Consejo de Guerra, teniente Jorge Apiani, fue encontrado partícipe necesario de privaciones ilegales de la libertad y severidades, vejaciones y apremios ilegales contra ocho víctimas; y autor mediato de privaciones ilegales de la libertad y tormentos en 27 casos.
El suboficial del ejército Oscar Obaid, que ofició como custodio de la casa de torturas cercana a la Base Aérea, fue acusado de ser partícipe necesario de privaciones ilegales de la libertad; severidades, vejaciones y apremios ilegales y tormentos contra dos víctimas.
Al director de la cárcel de Paraná, José Appelhans se lo acusa de coautor y partícipe necesario de privaciones ilegales de la libertad; severidades, vejaciones y apremios ilegales y tormentos en perjuicio de más de 18 víctimas.
La directora de la unidad penal de mujeres, Rosa Bidinost fue encontrada partícipe necesaria de severidades, vejaciones y apremios ilegales contra cinco víctimas y tormentos contra dos.
Al médico del ejército Luis Moyano se lo acusa de ser partícipe necesario de severidades, vejaciones y apremios ilegales de siete víctimas y tormentos de tres.
El subcomisario de la policía provincial, Luis Armocida, fue acusado de ser coautor de privaciones ilegales de la libertad y severidades, vejaciones y apremios ilegales de seis víctimas.
El oficial del ejército Carlos Zapata fue encontrado por la fiscalía coautor de privaciones ilegales de la libertad y severidades, vejaciones y apremios ilegales y tormentos de 13 víctimas.
Al policía federal Cosme Demonte se lo acusa de ser coautor de privaciones ilegales de la libertad y severidades, vejaciones y apremios ilegales contra el desaparecido Victorio Erbetta y de privaciones ilegales de la libertad y severidades, vejaciones y apremios ilegales y homicidio del desaparecido Pedro Miguel Sobko.
En la causa se menciona también a los fallecidos jefe y subjefe del Escuadrón de Comunicaciones II de Paraná, mayor Constantino González y capitán Carlos Cerrillos.
Dentro de los integrantes de la Policía Federal que participaron de la represión, los fiscales mencionaron a los fallecidos José Faustino Fernández y Osvaldo Conde y al suboficial Daniel Rodríguez de la policía entrerriana.
Los fiscales señalaron que los acusados "privaban de la libertad a los disidentes políticos sin orden de detención y los alojaban en condiciones infrahumanas en los centros clandestinos de detención, donde eran sometidos a todo tipo de padecimientos mediante la aplicación de los métodos de torturas habituales en los ejecutores del terrorismo de Estado, y en algunos casos los terminaban asesinando".
Asimismo, "se hacían simulacros de fuga y de enfrentamientos con las fuerzas armadas y de seguridad".
Los centros clandestinos de detención funcionaron en el Escuadrón de Comunicaciones, la escuela Álvarez Condarco, en inmuebles situados en inmediaciones de la Base Aérea local.
También hubo centros de detención en una vivienda ubicada en el predio de la actual Pro Huerta, en la antigua escuela Balbarrey, en la comisaría de El Brete y en la Unidad Penal Nº 1.
Tras la acusación de los fiscales, le corresponde ahora hacer lo mismo a las querellas, y luego, el juez federal Fermín Ceroleni correrá vista a las defensas, hará la apertura de las pruebas, se producirán los alegatos y finalmente se dictará la sentencia.
[Fuente: Telam, Bs As, 14jul11]
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