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21ene15
Confirman que no hay espías de la SI vinculados a la denuncia de Nisman
La Secretaría de Inteligencia (SI) a cargo de Oscar Parrilli confirmó ayer que ninguno de los dos hombres mencionados en la denuncia del fallecido fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, fue un agente de la ex SIDE. La respuesta fue enviada horas después de que el juez federal Ariel Lijo -que quedó a cargo de la acusación por un presunto plan criminal para desvincular a los acusados iraníes del atentado a la AMIA-, se lo pidiera mediante un oficio, como parte de las primeras medidas para avanzar en ese expediente. "No pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio", contestó la misiva que responde uno de los principales ejes en los que se apoyaba la presentación realizada por el fallecido titular de la fiscalía que investiga el atentado a la mutual judía.
En paralelo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, hizo pública ayer la denuncia completa presentada por Nisman, cuyos aspectos sustanciales habían sido revelados al momento de presentarse. El escrito que consta de 290 carillas, no profundiza ninguno de los interrogantes que surgieron a partir de la relación que Nisman hizo de algunas escuchas centradas en un operador de origen iraní, Jorge Alejandro Khalil, a través de las cuales concluyó que existió un plan orquestado por la presidenta Cristina Fernández para "fabricar la impunidad de Irán" a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con el país persa. Los principales argumentos que le daban sustento ya habían sido desmentidos, en especial, la posibilidad de que cayeran las circulares rojas sobre los acusados, hecho que fue rebatido en un documento enviado por el ex titular de Interpol, Roland Noble.
El texto completo de la denuncia del fiscal no agrega cuestiones de peso, ni aporta transcripciones de otras escuchas que sumen datos desconocidos. Sin embargo, la denuncia causó un impacto político institucional grave sobre el cual llovieron cuestionamientos de la oposición sobre la responsabilidad del gobierno en la firma del pacto con Irán, que nunca entró en vigencia y fue declarado inconstitucional por la justicia durante 2014.
Pedido
Luego de mantener una reunión con el fiscal federal Ramiro González, Lijo decidió ayer remitir a la SI un pedido de informes sobre los nombres que menciona la denuncia. Puntualmente, y a partir de la orden presidencial de desclasificar cualquier información requerida por la justicia sobre los agentes de inteligencia involucrados, Lijo pidió "que el Agente de la Secretaría a su cargo, identificado por el Dr. Alberto Nisman en su denuncia, es 'Allan', quien se trataría de Ramón Allan Héctor Bogado".
En ese sentido, solicitó "que adopte el mismo temperamento respecto de Héctor Yrimia, en caso en que éste haya prestado algún tipo de colaboración formal en el organismo". Este último había sido un funcionario judicial en los comienzos de la investigación por el atentado y a quien el fiscal señaló como un hombre "ligado a un sector de inteligencia" que iba a aportar información para lograr una nueva hipótesis delictiva falsa, que desviara el rumbo de la causa. En cuanto a los presuntos espías, la fundamentación de Nisman es que presuntamente reportarían directamente a Presidencia a partir de escuchas: su cercanía se apoya en el supuesto conocimiento que tendrían los agentes de la salud de la mandataria.
No son agentes
La contestación de Parrilli fue casi instantánea: "Se hace saber que los señores Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia no pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio". Pero también agregó que con referencia a Bogado, el pasado 12 de noviembre la propia Secretaría de Inteligencia "formuló denuncia criminal a los fines de esclarecer la posible comisión del delito de ´tráfico de influencia` por parte del señor Alan Bogado".
De acuerdo a la contestación, se informó que sin ser personal del organismo de inteligencia "se presentaba ante funcionarios de la Administración Nacional de Aduana como agente de esta Secretaria, conforme las circunstancias que fueran acreditadas en la Investigación Preliminar N° 04/14 del registro del Departamento de ContrainteIigencia de la Dirección General de Operaciones". Esa denuncia quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 a cargo de Luis Rodríguez, bajo la carátula "NN s/ averiguación de delito". Pero también fue aportado al juzgado de Lijo un oficio librado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, fechado el 7 de agosto de 2013, donde se pedía informes sobre Bogado en una causa por extorsión. Allí se solicitaba se informe si Bogado, "presta servicios en dicha dependencia, y, en caso afirmativo, que el mismo concurra ante este Tribunal, en el día de la fecha, a prestar declaración testimonial". La SI reiteró entonces que "no pertenece ni ha pertenecido al Organismo como personal contratado ni como personal de Planta Permanente; quedando a disposición del Tribunal los antecedentes que se informan". De esta forma, quedó en evidencia que parte de lo que había denunciado el fiscal no tenía relación con el tenor de la presentación en la cual se señalaba a agentes de inteligencia que pertenecían orgánicamente a la SI y reportaban directamente a Presidencia como partícipes centrales de la maniobra.
El gobierno salió ayer a marcar posición tras haber deslizado la posibilidad de que "sectores mafiosos" hubieran forzado a Nisman a regresar de sus vacaciones de forma anticipada para presentar esta denuncia. El oficialismo apuntó contra el desplazado director de Operaciones, Antonio Horacio "Jaime" Stiuso, como quien podría haber impulsado la denuncia que involucraba a la mandataria, al canciller Héctor Timerman, a otros dirigentes oficialistas, y que hasta incluso podría haber llevado a Nisman a tomar la drástica decisión que terminó con su vida.
Denuncia
Plagado de caracterizaciones de tono político, el extenso dictamen de casi 290 carillas -publicado por el Centro de Información Judicial que depende de la Corte Suprema- señala una cadena de responsabilidades basadas en la implementación de una maniobra, pero que en realidad se tradujo en actos públicos como las intervenciones de la mandataria en las Naciones Unidas y el articulado del Memorándum de Entendimiento. "Cristina Fernández tomó la aciaga decisión de llevar adelante este plan de impunidad, sacrificando la justicia en el caso AMIA", aseguró Nisman, aunque sólo lo fundamentó en presuntas mentiras mientras se llevaba adelante una "diplomacia paralela".
El dictamen incurre todo el tiempo en consideraciones de corte político enmascaradas en el ropaje de afirmaciones judiciales: "Mientras la justicia nacional acusaba fundadamente a ciertos funcionarios iraníes de haber decidido, planificado y ejecutado el atentado terrorista contra la sede de la AMIA y mientras públicamente la presidenta y el canciller aseguraban que sus acciones estaban exclusivamente motivadas en la búsqueda de justicia para la causa AMIA y que el Memorando era única solución viable para el caso, uno de esos imputados, Mohsen Rabbani, secreta y clandestinamente negociaba con nuestras autoridades, a través de intermediarios y canales ocultos, un intercambio de petróleo por granos, la venta de armamento, y lo que es más grave aún: su impunidad".
Allí involucró a Khalil, a los presuntos agentes de inteligencia que finalmente no lo eran, al diputado Andrés Larroque, a Luis D´Elía y al dirigente del movimiento Quebracho Fernando Esteche.
En varios tramos, la Presidenta aparece relacionada a partir de interlocutores que sugieren que ciertas solicitudes están "cerradas muy arriba", o todo fue decidido "al más alto nivel", o incluso citan a una reunión porque "lo pidió la jefa". Siempre son las personas escuchadas, entre las que no se encontraba ningún funcionario, las que referencian algún contacto de nivel político. Ningún integrante del gobierno ha sido escuchado en las grabaciones en las que se apoya la denuncia de Nisman, pese a lo cual solicitó la indagatoria de todos quienes aparecen referenciados por algunos de los que sí hablan.
Inconsistencias
El texto abunda en los interrogantes que surgieron desde un principio en materia probatoria. La hipótesis de Nisman sobre que el gobierno utilizó el pacto para negociar la caída de las alertas rojas implicaba también involucrar en el hecho al juez Rodolfo Canicoba Corral, el único con la facultad para solicitar a Interpol el cese de las notificaciones sobre los iraníes. Nisman no lo menciona en la denuncia, pero carga las tintas sobre Timerman, a quien le adjudica su intención de hacerlo, algo que fue desmentido por escrito hasta por el propio Roland Noble.
Es el corazón de la hipótesis delictiva. ¿Cómo se pudo haber gestado la maniobra si desde el vamos no era posible cumplir con el cometido de hacer cesar las alertas rojas sin una orden de la justicia argentina, sobre la cual el propio Nisman debiera haberse expedido?
Una de las frases de mayor relevancia en una de las escuchas presentadas es la que está relacionada a la comunicación que transmite, de acuerdo a la denuncia, sobre la demora en la aprobación del Memorándum por parte de Irán. "…hay un poquito de desazón de allá, de allá…hay desazón…Me parece que el ruso este de mierda se mandó alguna", en referencia despectiva a Timerman, y agregó "…estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares", en alusión a las notificaciones rojas. ¿Cómo se interpreta que Irán se haya decepcionado porque Timerman había obrado en sentido contrario al plan criminal que hasta entonces ejecutaba? Otra escucha: "…De Vido tiene que saber que Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió con algunas cosas…". Según el fiscal "existía una promesa por parte del canciller Timerman para dar de baja las notificaciones rojas". ¿Cómo afirma Nisman que Timerman se reunión con Noble para "convencerlo de que ceda y autorice el cese de dichas notificaciones?"
Acerca de la "fabricación" de una hipótesis alternativa sobre la voladura no hay precisiones, excepto una escucha de Esteche que relaciona el futuro de la causa con un nexo de "fachos locales", algo que podría vincular a un grupo de carapintadas y la aparición de "nuevas pruebas". Esa hipótesis fue abandonada a mitad de la pesquisa, años atrás. Sin embargo, la acusación señala como determinante los diálogos que habría tenido personal de inteligencia con Esteche y con Khalil, quien habría entrado en contacto con Héctor Yrimia, ex juez que intervino en los inicios de la causa AMIA: "El Fiscal de AMIA es de ellos [el fiscal infiere que esto es en referencia al servicio de inteligencia argentino], Yrimia, que lo echaron del caso AMIA, él te puede…generar información, quiero que me den información del caso AMIA, ¿se puede o no se puede? ¿Qué están dispuestos a aportar?...". Conforme lo que Nisman señaló como prueba que acompaña la denuncia, los contactos de Khalil con Yrimia continuaron mes tras mes y se fueron profundizando: "…Hoy hablé con el ex juez y ex fiscal de la causa AMIA, Yrimia…tuve una reunión dos horas…".
[Fuente: Por Gabriel A. Morini, Tiempo Argentino, Bs As, 21ene15]
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