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Panorama Sobre la Situación de los Derechos Humanos. |
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Luis Guillermo Pérez Casas.
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Cuando se piensa en Colombia la primera impresión que se retiene es la de un país violento a causa del narcotráfico o de las acciones guerrilleras. Ciudades como Medellín y Cali han trascendido al mundo por los carteles de la droga que les dieron inmerecida fama. Carros bomba, aviones que estallan en el aire, masacres, sicarios, colombianos involucrados en redes de narcotráfico, y políticos venales, dan en su conjunto la impresión de un país poblado por bárbaros, con una incontrolable multiplicidad de violencias. Detrás de esta cortina de humo se oculta un pueblo trabajador, acogedor, lleno de imaginación, de gente que es capaz de encontrar la alegría pese a la tragedia diaria de los sin sabores del hambre y de la guerra.
Colombia geográficamente es uno de los países más privilegiados del planeta: tiene dos grandes costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico, comparte una región importante de la Amazonía y la atraviesa de sur a norte la cordillera de los Andes que se divide en tres ramales, la cruzan grandes y pequeños ríos, una inmensa planicie abre al oriente las fronteras con Venezuela y Brasil. Sus paisajes tropicales gozan de una gran variedad climática que la habilita para producir todo tipo de alimentos y albergar una inmensa riqueza cultural. Tiene una extensión territorial tres veces superior a Alemania y dos veces superior a Francia, poblada por 36 millones de habitantes. Sus grandes riquezas naturales deberían posibilitar que el pueblo colombiano gozara de prosperidad, justicia social y paz.
Colombia políticamente es uno de los países de más larga tradición democrática en América Latina, por lo menos en su consagración formal. Desde su independencia definitiva del Imperio Español en 1819 ha conservado instituciones republicanas y ha introducido un catálogo de derechos fundamentales que ha enriquecido con las reformas constitucionales. En 1991 se eligió una Asamblea Constituyente que elaboró una nueva Carta Política con una de las más amplias declaraciones de derechos humanos del mundo y con reformas institucionales que envidiarían las más maduras democracias europeas. En su legislación se garantiza el derecho a la vida y está prohibida la pena de muerte. Su régimen político es presidencialista en el que se celebran elecciones periódicas cada cuatro años, tiene un poder judicial autónomo y un Congreso que puede ejercer, además de las funciones legislativas que le son inherentes, el control político sobre el Ejecutivo. Su Constitución establece un Estado Social de Derecho como principio rector de toda la gestión pública; por lo tanto sus ciudadanos deberían estar al abrigo de los abusos de poder y encontrar en las autoridades la legitimidad del Estado en función del conjunto de los intereses sociales.
Sin embargo la distancia entre la realidad y su institucionalidad está mediada por un poder económico y político arbitrario, profundamente injusto y corrupto, ejercido por minorías conservadoras que a lo largo de su historia republicana han provocado un sinnúmero de guerras civiles. La última ha sido llamada por un dirigente gremial la guerra de los quince mil días (1), que se inició a comienzos de los años sesenta como una guerra de guerrillas de resistencia campesina que luego se multiplicó y dividió en las diferentes vertientes ideológicas que han orientado las luchas populares en el mundo.
La existencia de organizaciones guerrilleras en Colombia ha servido como pretexto para decapitar al movimiento social, popular, sindical y de oposición política. Toda manifestación de inconformidad es tratada como subversiva. A la represión legal se suma la represión paralegal, que se ha ejercido de preferencia en los últimos lustros.
El estado colombiano mantiene desde hace varios años la tasa promedio de homicidios más alta del mundo, en lo que va corrido de la década del noventa cada día han sido asesinadas alrededor de cien personas. El 97% del total de los delitos se mantiene en la impunidad. Los crímenes no se previenen porque los encargados de perseguir el delito, están ocupados en cometerlos o en ocultarlos.
En Colombia diez personas en promedio mueren diariamente por razones políticas(2)
, treinta mil asesinatos políticos en los últimos diez años constatan estas cifras de horror. En Colombia en los últimos cinco años se han asesinado más sindicalistas que en todos los demás países del mundo sumados, es también el país donde más periodistas y educadores se asesina cada año.
Las estadísticas de la barbarie convierten a Colombia en la democracia más peligrosa del planeta. Epítetos como Terrorismo de Estado o Democracia genocida se utilizan cada vez con mayor eco para calificar las abominables violaciones a los derechos humanos que allí se cometen, mediante acciones deliberadas y sistemáticas de las Fuerzas Armadas ya a través de operaciones directas o ya encubiertas bajo el manto de grupos paramilitares.
Colombia es uno de los países más violentos del mundo, no porque su pueblo sea narcotraficante, ni porque haya asimilado una cultura de la violencia de sus antepasados. Lo es porque el crimen se promueve desde las altas esferas del poder como se promueve la impunidad.
De otro lado, los campesinos colombianos que siembran coca no son narcotraficantres, son trabajadores agrarios expulsados de sus lugares tradicionales de producción por la adopción de políticas neoliberales o por el proceso de concentración de la tierra en manos de grandes mafias que promueven a su vez el paramilitarismo como estrategia económica y contrainsurgente.
Son los poderes mafiosos o tradicionales ligados a la explotación ganadera, la extracción minera o a la agroexportación los que abren un camino seguro para la presencia de las multinacionales y el avance de las políticas neoliberales. Estos poderes propician la represión estatal y paraestatal, privilegiando en los últimos años el modelo paramilitar : Es un modelo de 'seguridad' y 'desarrollo' -en el que - existe un control autoritario de la población, se han eliminado con violencia los disidentes y limitado todo tipo de protesta social o política, se han realizado innovaciones tecnológicas...se extendió el fluído de energía eléctrica, se ampliaron las redes viales y se construyó una importante infraestructura económica y social. Se ha perseguido y desplazado a los productores de la economía campesina bajo el pretexto de eliminar la base de apoyo de la guerrilla, lo que en la práctica ha significado la imposición violenta de una contrarreforma agraria y la consolidación de un verdadero para-Estado, que tiene sus propios sistemas privados de seguridad, regulación económica, control político, cobro de impuestos, políticas sociales y procedimientos para dirimir los conflictos (3).
No es la confrontación directa guerrilla-Estado la que genera el mayor número de muertes por razones políticas, más de las dos terceras partes las son en ejecuciones extrajudiciales o asesinatos. El 73,26 % de dichas muertes son imputables al Estado por acción de la Fuerza Pública o de los grupos paramilitares que esta promueve, mientras a los grupos guerrilleros se les señala como responsables del 26.79%(4).
El conflicto armado interno y la guerra sucia con la que este se desenvuelve ha ocasionado alrededor de un millón de desplazados internos. Cada tres horas cuatro familias campesinas son obligadas a huir de sus lugares de vivienda o de trabajo(5)
. El 70 % de la población desplazada está constituída por mujeres, la mayoría jóvenes menores de 18 años, y niños(6).
La crisis humanitaria que padece el pueblo de Colombia es cada vez menos ajena a la comunidad internacional. Cuestionando las violaciones de los derechos humanos, la impunidad, el paramilitarimo, los atentados contra defensores de derechos humanos y reclamando una salida política al conflicto armado el Parlamento Europeo ha emitido en los últimos catorce meses cinco resoluciones sobre Colombia.
Esta situación figura por fin en la agenda de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que en su 52 período de sesiones pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en acuerdo con el gobierno colombiano, de abrir una oficina en Colombia que empezó sus operaciones en mayo de 1997 con el mandato de proteger, promover y supervisar los derechos humanos.
También el Comité del pacto de Derechos Civiles y Políticos -Comité de DDHH- de la ONU, en su 56 período de sesiones, expresó su preocupación por las pruebas del apoyo militar a los grupos paramilitares, por la impunidad reinante, el uso frecuente de los estados de excepción, la falta de protección a los derechos del niño y por la persistencia de la discriminación a las comunidades indígenas y a las minorías negras. Además entre otras recomendaciones el Comité exhortó al gobierno colombiano a redoblar esfuerzos por la reconciliación nacional como premisa de la paz, sustraer del fuero penal militar las violaciones de los derechos humanos, desmantelar los grupos paramilitares y revocar el Decreto presidencial, que permiten la legalización de dichos grupos a través de la conformación de las llamadas Cooperativas de Seguridad -Convivir-.
Los anteriores pronunciamientos se suman a las recomendaciones reiteradas de los diferentes órganos especializados de Naciones Unidas que han visitado Colombia : relatores contra las ejecuciones sumarias, torturas, sobre la independencia de jueces y abogados, los grupos de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Pese a ello aún faltan acciones más decididas de la comunidad internacional para que dichas recomendaciones sean implementadas por el Estado colombiano, quien sin embargo se ha visto abocado a darles curso a algunas de ellas.
Es importante resaltar la decisión de la Corte Constitucional que excluyó la posibilidad de que las violaciones de los derechos humanos pudiesen seguir siendo consideradas en relación con el servicio militar o con ocasión del mismo, lo que se constituía en fuente principal de impunidad ya que los tribunales castrenses a menudo estaban integrados por los mismos que habían ordenado cometer los crímenes que se investigaban.
También es de buen recibo las iniciativas de diálogo con la insurgencia armada que el gobierno colombiano ha recuperado en el segundo semestre de 1997, aceptando al tiempo que se requiere una política de paz de Estado.
Sin embargo seguimos constatando que las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos no cesan, los paramilitares, con carta blanca del Estado, siguen masacrando campesinos(7) y provocando éxodos masivos, el Ejército y la Fuerza Aérea continúa bombardeando indiscriminadamente extensas regiones del país(8), y el gobierno insiste en el involucramiento de la población civil en el conflicto interno promoviendo las mencionadas Convivir.
Al tiempo los defensores de derechos humanos han sido convertidos en objetivos de la guerra sucia ; los asesinatos en el último año de Josué Giraldo, Víctor Julio Garzón, Mario Calderón y Elsa Alvarado entre muchos otros que han sido victimizados, u obligados al exilio; tienen como propósito afianzar el terror, esconder la verdad de los crímenes e impedir la justicia. Las expectativas de paz de los colombianos, de respeto de los derechos humanos, de consolidación de un Estado Social de Derecho y de consolidación de una institucionalidad democrática tienen como corolario el respeto a la vida e integridad física y sicológica de los defensores de la vida. El reto urgente de la comunidad internacional es el de presionar por que se les respete y garantice su trabajo.
En una nota titulada paz o guerra , fechada en marzo 3 de 1984 pero siempre vigente, HÉCTOR ABAD GÓMEZ sintetizó la utopía de los derechos humanos por la que se esforzó y por la que su sangre fue vertida(9), este sigue siendo el ideario de los defensores de los derechos humanos en Colombia :
Pero, por fortuna, el mundo ha cambiado y sigue cambiando. Se ha abandonado, es cierto, la utopía de la igualdad absoluta. Pero se ha acogido universalmente el concepto de que cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano, cada blanco, cada negro, cada amarillo, cada alto, cada bajito, cada gordo, cada flaco, cada crespo, cada indio, cada instruído o cada ignorante tiene los mismos derechos básicos : derecho a la vida, a la dignidad, a ser bien tratado por las autoridades, a ser oído, a ser juzgado conforme a las normas y leyes preexistentes, a comer, a dormir, a tener vivienda, a amar, a gustarle o no gustarle ciertas cosas, a ser respetado mientras no irrespete a los demás ; a pensar y opinar lo que le plazca, a informar y ser informado ; a vestirse como quiera ; a bailar como quiera, mientras no pise los callos de los demás bailarines ; a cantar bajo la ducha, aunque cante mal, a tener agua y aire limpios ; a divertirse como le guste, mientras no cause daño a otros, es decir, a ser él o ella como es, así sea distinto a los demás. Esos son los derechos humanos .(10)
Septiembre 21 de 1997.
1. Sabas PRETELT DE LA VEGA, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes -Fenalco-. Periódico El Siglo, 24 de octubre de 1996 . Pág. 12.
2. De dicho promedio se ha establecido que una mujer es asesinada cada dos días por razones políticas y un niño muere cada diez días como consecuencia de la violencia sociopolítica.
3. Libardo SARMIENTO. El Magdalena Medio : Un modelo piloto de modernización autoritaria en Colombia. En Revista Utopías, no. 39, octubre de 1996. Pág. 12
4. Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1996, publicación de la Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, julio de 1997. La tendencia es a que disminuya el porcentaje de partipación directa de agentes estatales en la medida inversamente proporcional en que crece la responsabilidad de los grupos paramilitares : en 1993 a los agentes del Estado se les señalaba como responsables del 54.26% y a los paramilitares deL 17.91% ; para 1996 la proporción se invirtió : 10.57% y 62.69 % respectivamente.
5. CODHES, CODHES Informa, Boletín No. 3. Bogotá, 1996.
6. Ver Utopías No. 43. Los desplazados entre la violencia y el miedo. Pág. 38.
7. El 21 de julio de 1997 36 campesinos fueron masacrados y descuartizados en el municipio de Mapiripán, Meta, en una acción reivindicada por los grupos paramilitares quien los acusó de ser colaboradores de la guerrilla.
8. El 4 de septiembre de septiembre de 1997 el Ejército inició el bombardeo de los Llanos del Yarí, resguardo indígena, afectando a las tribus indígenas y población campesina, sin distinguir los objetivos de guerra de los objetivos civiles; al escibrirse este artículo los bombardeos continúan y los campesinos denuncian la destrucción de sus bienes, la muerte de sus animalesn y las amenazas del Ejército que los intimidan recordándoles lo que pasó en Mapiripán .
9. El médico Héctor Abad Gómez, Presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia fue asesinado el 25 de agosto de 1987, en compañía de su discípulo, también médico y defensor de los Derechos Humanos Leonardo Betancurt. Al recordarlo, en el décimo aniversario de su muerte, rendimos un homenaje a su memoria y a la memoria de todos los defensores de derechos humanos sacrificados.
10. Una vida por la vida , op. cit.
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Citar como: Pérez Casas. Luis Guillermo En Colombia Sí Nacimos para Semilla: Panorama Sobre la Situación de los Derechos Humanos KO'AGA ROÑE'ETA se.vii (1996) - http://www.derechos.org/vii/perez2.html |
Derechos Humanos en América
Ko'aga Roñe'eta, Serie VII
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