10oct02
Los maestros de religión logran elevar sus quejas ante el Tribunal Constitucional.
MADRID.- Por vez primera, la guerra de los profesores de Religión llega a su máxima instancia: el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal ha admitido a trámite la petición de clarificación que le ha formulado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre determinados aspectos legales que afectan, desde hace años, a los derechos laborales de los profesores de Religión.
La decisión ha caído como un mazazo entre los obispos. Pero la Iglesia, al menos oficialmente, da la callada por respuesta. Los profesores de Religión, en cambio, se muestran «expectantes» y consideran «muy positiva» la decisión del Constitucional. Y es que, como dice el presidente de la Federación Estatal de Profesores de Enseñanza Religiosa (FEPER), Luis Guridi, «estamos hartos de obtener sentencias contradictorias en diferentes casos que afectan a los profesores de Religión. Mientras en primera instancia casi todas las sentencias nos son favorables, en el Supremo, en cambio, algunas nos son desfavorables».
Otro motivo de satisfacción de los profesores de Religión estriba en el hecho de que, hasta hoy, el Constitucional nunca había admitido las demandas (más de 12) por ellos interpuestas a título personal ante el Alto Tribunal. «Es bueno que se aclaren, de una vez para siempre, todas las dudas. Porque los propios tribunales no tienen nada claro algunos puntos concretos que se basan en los Acuerdos Iglesia-Estado».
Es decir, el Constitucional no se va a pronunciar sobre los Acuerdos Iglesia-Estado en general, sino sobre los puntos concretos que somete a su consideración el Tribunal Superior de Canarias, puntos que hasta ahora han tenido distintas interpretaciones por parte de diferentes tribunales.
La petición que el tribunal canario hizo llegar al Constitucional comenzó cuando la profesora de Religión María del Carmen Galayo Macías fue expulsada de la docencia por la Administración a instancias de las autoridades eclesiásticas canarias por «vivir con un hombre que no es su marido».
Tras desestimar su demanda el juzgado que vio el caso, la profesora recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, alegando lesiones al principio de igualdad y no discriminación por razón de estado civil, así como el derecho a la intimidad. El Superior de Canarias optó por elevar la cuestión de inconstitucionalidad antes de pronunciarse sobre la reclamación de la docente.
«Queremos que el Constitucional se manifieste claramente sobre los supuestos que presenta el Tribunal Superior de Canarias», explica Guridi. Más en concreto, el Alto Tribunal tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley 50/1998 , por la que, según el presidente de la FEPER, «se nos deja en precario, sometidos a contratos a tiempo determinado, con lo cual cada año nos enfrentamos a nuevos despidos arbitrarios».
Fuente: Jose Manuel Vidal - El Mundo 10Oct02
Este documento ha sido publicado el 23oct02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights