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20sep03
El TSJ valenciano iguala el sueldo de los profesores de religión al de los interinos.
La Conselleria de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana deberá abonar unos 450.000 € reclamados por diferencias comparativas en más de 100 pleitos.
Valencia.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado más de cien recursos presentados por profesores de religión y moral católica en centros públicos de educación primaria, en los que reclamaban las diferencias comparativas entre sus sueldos y los de un profesor interino de idéntico nivel académico.
El alto tribunal valenciano reconoce el derecho de cada uno de los demandantes a percibir 3.398´790 euros para lograr la equiparación salarial, por lo que la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes deberá abonar una cifra total cercana a los 450.000 euros. Esta cantidad podría aumentar a medida que se vayan resolviendo los recursos que aún carecen de fallo judicial.
A modo de ejemplo, una de las demandantes, profesora en el centro público W.A. Mozart de Loriguilla, con jornada de 25 horas semanales, cobra una remuneración mensual en el curso académico 2000-2001 de 214.625 pesetas, a razón de 8.585 pesetas por hora, distribuidas en 4.894 pesetas en concepto de salario base y 3.691 por complementos.
Durante el año 2001, la demandante percibió 2.360.875 pesetas por su trabajo, 539.726 pesetas menos que la retribución percibida por un compañero interino, siendo también 17.190 pesetas menos las recibidas en la paga extra de Navidad y 8.595 pesetas menos que un interino en la de verano.
La Sala acepta las alegaciones de la parte actora contra la sentencia de instancia que desestimó la demanda de reclamación de cantidad y considera que se ha infringido la orden ministerial de 9 de abril de 1999, que establece el régimen económico de las personas encargadas de la enseñanza de religión católica en los centros públicos de educación primaria.
Educación pagará las deudas
Por su parte, el Consell, que tiene transferidas las competencias en esta materia desde el año 2000, prevé acatar las sentencias y abonar todas las cantidades. Fuentes de la Conselleria anunciaron que Educación no recurrirá estos fallos y se hará cargo de todo lo que se adeuda, que se irá pagando progresivamente a todos los profesores afectados durante el presente ejercicio, aunque no se descarta que algunos de los pagos se efectúen en 2004, dependiendo de las partidas presupuestarias.
Las mismas fuentes explicaron que desde que se asumieron las competencias que antes dependían del Ministerio de Cultura y Educación, se comenzó a abonar el salario a los profesores de religión que imparten clases en los centros públicos de primaria.
Se da la circunstancia de que durante el curso 2000-2001 cobraron el 80 por ciento del total, por lo que las cantidades que se han reclamado mediante la interposición de más de 100 demandas corresponden a retrasos de esos años y que en un principio fueron desestimadas por la propia Conselleria de Cultura y Educación y por el juez de instancia. Educación recuerda que todos los profesores de religión cobran lo mismo que los interinos desde enero de 2002, fecha a partir de la cual se regularizó la situación discriminatoria.
El 26 de febrero de 1999 los ministros de Justicia y Educación, por aquel entonces Margarita Mariscal de Gante y Mariano Rajoy, respectivamente, firmaron con el entonces presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Elías Yanes, un convenio que otorgó una nueva dimensión al profesorado de Religión y Moral Católica en los centros públicos.
El convenio incluía a todos los profesores de Infantil y Primaria y a los de Secundaria que no pertenezcan a los Cuerpos Docentes. El Estado asumió condición de empleador y los docentes eran equiparados a los interinos de su mismo nivel, con un contrato laboral de duración determinada y coincidente con el curso escolar, a tiempo completo o parcial y encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Una vez concluido el proceso de equiparación, los profesores pasaban a depender de las correspondientes Administraciones autonómicas.
Fuente: Gema Alonso, Diario ABC - 20ago03
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