23jun03

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La Iglesia logra imponer al Gobierno sus tesis sobre la enseñanza de religión.

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Dijo el cardenal Antonio María Rouco el 26 de febrero de 2002: "Sin una solución a fondo del problema, la cuestión va de pelotazo en pelotazo, cuando debería ser un asunto que estuviera por encima de todos los partidos". El cardenal acababa de ser elegido para un segundo mandato como presidente de la Conferencia Episcopal y su primera preocupación, su primer reproche, fue la situación de la enseñanza religiosa en la escuela pública española.

Rouco tenía aquel día serias dudas sobre cómo avanzar sin traumas en la regulación que reclama Roma para el adoctrinamiento de los escolares. En conferencia de prensa, el cardenal dijo contar con el placet del PP, CiU y PNV, pero no con la comprensión del PSOE. Declaró: "Deseamos y confiamos en llegar a un acuerdo que comprenda al PSOE, la otra fuerza importante, que garantizaría una solución estable a lo que pactemos", Sonriendo con picardía, el cardenal dio este consejo a los socialistas: que procedan a "rectificaciones como hizo en 1959 el Partido Socialdemócrata Alemán en Bad-Godesberg; seria bueno para todos".

En la ciudad alemana de Bad Godesberg, el futuro canciller WiIIy Brandt logró en 1958 que los socialistas de ese país introdujeran profundos cambios en su programa máximo, incluida la renuncia al marxismo, la lucha de clases y las nacionalizaciones. Rouco, recién ordenado sacerdote en la catedral vieja de Salamanca [28 de marzo de 1959], vivió esos años en Alemania, estudiando Derecho y Teología en Múnich, y fue un atento observador del revuelo político de aquellas reformas socialistas, cuyo eco la dictadura de Franco espantaba de España con mano de hierro.

El nacionalcatolicismo

Algunos críticos de la reforma acordada por el Gobierno de Aznar con el lógico regocijo de los obispos señalan al Concordato de 1953 como origen de la nueva reforma. No van descaminados. Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 19 de octubre de 1953, aquel Concordato, que Roma se resistió durante años a conceder a Franco a pesar de sus mutuos apoyos durante el golpe militar de 1936 y la Guerra Civil, daba todo el poder a la Iglesia católica en esa materia.

Decía el artículo XXVII del Concordato de 1953: "El Estado garantiza la enseñanza de la Religión Católica como materia ordinaria y obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no estatales, de cualquier orden y grado". El pacto adjudicaba la tarea en Primaría a los maestros "salvo reparo por parte del obispo contra alguno" [para entonces, el magisterio español había sido sometido a una brutal depuración política, ideológica e, incluso física]. En Secundaria los profesores serían "sacerdotes o religiosos".

Muerto el dictador Franco, España y la Iglesia de Roma revisaron el 28 de julio de 1976 ese concordato nacionalcatólico, ahora con el nombre de "Acuerdo", pero sólo para librar al Rey de sus prerrogativas para el nombramiento de obispos, que Roma no había logrado arrebatar a Franco tras el Concilio Vaticano, de 1965. Pocos cambios más hubo ese año, pero sí abundantes en un nuevo "Acuerdo sobre Enseñanza y asuntos culturales", fechado el 3 de enero de 1979, días después del referéndum de la Constitución (6 de diciembre de 1978). Los socialistas no estaban informados de las negociaciones ni del acuerdo final, y fueron muy críticos con su contenido, pero no recurrieron al Constitucional, como tantas veces les han reprochado los expertos de su propio partido.

El artículo primero del acuerdo de 1979 empieza así: "A la luz del principio de la libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana". Es a este acuerdo al que apelaba cada año Roma para reclamar las reformas que acaba de concederle tan generosamente el presidente José María Aznar, siete años después de asumir el Gobierno, En cambio, los ejecutivos presididos por Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo (UCD, 1977-1982), y por Felipe González (PSOE, 1982-1996) resistieron las exigencias católicas y fueron construyendo, no sin agrias polémicas, una regulación que ya parecía consolida, pero que ha vuelto a saltar por los aires por falta de consenso y de perspectiva de permanencia.

Fuente: Juan G. Bedoya, Diario El País (Sociedad), Madrid - 23jun03.