04nov02

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Los obispos afirman que el Gobierno ha recogido "sus peticiones" y el Ejecutivo eleva el rango de la asignatura alternativa de la religión.

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El episcopado español ha expresado en varias ocasiones, en lo que va de año, su satisfacción por la reforma que el Gobierno del PP iba a introducir en la enseñanza de la religión en la escuela pública, y por los cambios previstos sobre su asignatura alternativa. Lo ha hecho por boca del cardenal Antonio María Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal, y esta semana pasada a través de un comunicado del Consejo Pastoral de la Diócesis de Madrid, que dedicó su última reunión, el día 19 de octubre pasado, a estudiar "el tratamiento que se da a la clase de religión y a la escuela católica en el marco de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación". El consejo estuvo presidido por el propio cardenal Rouco.

En síntesis, lo que dicen los obispos sin tapujos es que el Gobierno ha hecho caso de lo que los prelados "venían pidiendo". No sólo "cobra importancia" la asignatura alternativa a las clases de religión, sino que "la consideración de un área llamada Sociedad, cultura y religión, en dos versiones, confesional y no confesional, ambas evaluables, permite que el artículo 27 de la Constitución pueda cumplirse satisfactoriamente", dice el comunicado del Consejo Pastoral que asesora a Rouco.

Sobre el tratamiento que da el Ejecutivo de Aznar a la escuela pública, el órgano arzobispal afirma que en el proyecto [de Ley de Calidad] "se han recogido peticiones que hicieron a las autoridades ministeriales tras conocer el documento de bases de la Ley de Calidad", y que "aunque el anteproyecto es mejorable en algunos puntos, satisface el contenido en lo que se refiere a los conciertos y a la comprensión de fondo que subyace en el mismo".

Además, el Consejo de Pastoral diocesano critica "la manipulación ideológica con la que, desde distintos sectores contrarios a esta ley, se trata de hacer creer a la opinión pública que es una ley favorecedora de la escuela concertada en detrimento de la estatal". También subraya "que si la escuela católica quiere ser significativa y de calidad, no debe olvidar el carácter evangélico que debe presidir su tarea".

Las diferentes administraciones del Estado subvencionan cada año con 2.410 millones de euros esa enseñanza "de carácter evangélico" mediante conciertos con miles de centros católicos de todos los niveles. [Los últimos datos estadísticos publicados por la Iglesia, de 1998, elevan a 45.240 el número de aulas de preescolar, EGB, ESO, BUP y COU de su propiedad, además de seis universidades, 11 colegios universitarios, 49 facultades y 55 escuelas universitarias. Los centros no universitarios católicos contaban ese año con 70.659 profesores, de los que 56.073 eran seglares. Por su parte, el boletín del Instituto Nacional de Estadística de junio de este año cifraba en 2.500 millones de euros el volumen de negocio que movió la enseñanza privada el curso 1999-2000, y asegura que más del 70% de las aulas de los centros privados mantienen conciertos con la Administración].

La euforia episcopal por lo bien tratada que sale la Iglesia en las reformas legislativas del Gobierno de Aznar nada dice, en cambio, del futuro que tales cambios vayan a tener cuando se produzca la alternancia. Rouco siempre ha dicho que deseaba pactar esos cambios también con el PSOE, para que sean perdurables, pero aunque el líder de los obispos y el de este partido, José Luis Rodríguez Zapatero, se vieron el verano pasado en secreto en una entrevista de la que no se dio cuenta a la opinión pública, nada indica que el acuerdo se haya producido a juzgar por las críticas que otros portavoces socialistas dedican al conjunto de la Ley de Calidad.

"La fe no es evaluable"

El alto porcentaje de alumnos que pide asistir a clase de religión es más fácil de explicar por el fracaso de la asignatura alternativa que por la demanda de carácter confesional de la sociedad española. Muestra, por tanto, una realidad falsificada que no se corresponde con la secularización real de nuestra sociedad, que considera necesario que sus hijos tengan una amplia y plural información sobre la religión católica y otras distintas religiones, pero con una orientación distinta del carácter catequético que tiene la actual enseñanza dirigida y controlada por la Conferencia Episcopal". Es la impresión de Juan López Martínez, secretario ejecutivo de la Fundación para la Renovación de la Escuela, que subraya cómo la actual alternativa a la clase de religión está avalada por una sentencia del Tribunal Supremo de enero de 1998, respaldando el Decreto que la establece como un conjunto de actividades de carácter social y cultural "no evaluables". La reforma que ahora han conseguido los prelados católicos ante el Gobierno de Aznar va en la dirección contraria a esa sentencia. El Supremo dijo primero que los alumnos que no eligen religión no deben tener ventajas, y añadió más tarde que mucho menos deberán tener cargas por ello. El fundamento de la sentencia reside en que demandar enseñanza de religión es una opción personal, de la que no pueden derivarse obligaciones para los demás. En consecuencia, no es legítimo regular lo que deben hacer estos alumnos basándose en que hay otros que eligen religión. La sentencia niega, por tanto, de una parte, que la materia propuesta como alternativa a la clase de religión deba tener un contenido moral y, de otra, niega que deba ser sometida a evaluación. "La fe no es evaluable", concluye Juan López.

Fuente: Juan G. Bedoya, para El País (Sociedad-Educación) - 04nov02