11sep01
El pago anual de una cantidad en metálico, cooperación con las parroquias o algún regalo, son exigencias de algunas diócesis.
Los profesores de Religión acusan a la Iglesia de exigirles un "impuesto revolucionario"
El Obispado de Canarias asegura que su decisión de prescindir de una profesora es constitucional
Las Claves
- Los representantes de la Federación Estatal de Profesores de Religión, que agrupa a 2.000 profesores, aportaron documentación sobre casos de ceses, cambios de jornadas y traslados.
- El presidente y vicepresidente de FEPER, Luis Guridi y Alfredo Sepúlveda, quisieron demostrar la situación y "precariedad laboral" de este colectivo
Los Datos
- FEPER sale en defensa de las tres profesoras que han sido apartadas de la docencia por su vida privada.
- La Federación quiere dejar claro que su relación laboral es con la Administración y no con la Jerarquía Eclesiástica
- Existen 150 casos de denuncias ante los juzgados de profesores de religión de Primaria
La Federación Estatal Profesores de Religión (FEPER) denunció ayer que "algunas diócesis vinculan" la continuidad de los docentes a "un impuesto revolucionario", como "el pago anual de una cantidad en metálico, cooperación con las parroquias, contribución para algún regalo o la realización de cursos".
El presidente y vicepresidente de FEPER, Luis Guridi y Alfredo Sepúlveda, respectivamente, expusieron la situación y "precariedad laboral" de este colectivo, después de que se conociera que tres profesoras en Almería, Málaga y Canarias han sido apartadas de la docencia por razones relacionadas con su vida privada, y que "son la punta del iceberg".
Los representantes de esta federación, que agrupa a 2.000 profesores, aportaron un dossier con documentación sobre casos de ceses, cambios de jornadas o traslados, y denunciaron que la Administración "hace dejación de sus funciones dejando que la Conferencia Episcopal campe a sus anchas".
"Algunas diócesis vinculan unas condiciones tan arbitrarias como el pago anual de una cantidad en metálico, cooperación con las parroquias, contribución para algún regalo al bispo, cursos impuestos por la Conferencia Episcopal, no reconocidos oficialmente", o incluso, prosigue la FEPER, "exigen que el profesor haga un juramento de fidelidad a su Obispo".
La Federación asegura que "hay miedo" entre los docentes y aseguran que "a los nuevos profesores les prohíben estar sindicados.
La federación incluyó fotocopias de documentos de la Diócesis de Getafe, Las Palmas de Gran Canaria, o de La Laguna, que hacen referencia a la realización de "donativos" para la Delegación, para hacer un regalo al recién nombrado obispo auxiliar, o recuerdan que debe realizarse el curso "Evangelización".
Según sus representantes, se trata de "un impuesto revolucionario", y además de reconocer que "hay miedo" entre los docentes, criticaron que "a algunos de los nuevos profesores les prohíben la pertenencia a FEPER o estar sindicados". Además aseguran que "están llegando noticias de que la Jerarquía utiliza ese nombramiento para premiar a sus fieles y castigar a los díscolos", aseguran los representantes de este colectivo, quienes reivindicaron que su relación laboral es con la administración, no con la Jerarquía Eclesiástica.
El trabajo de estos docentes en los colegios públicos "es un servicio público que se ofrece a los ciudadanos a través de la Administración y no un servicio que se hace a la Jerarquía", según FEPER, que considera que la Administración debe hacer "una selección objetiva" de los docentes entre aquellos que propone el Obispo.
"Persecución y represalias"
A su juicio, no son los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 los que producen "estas situaciones de precariedad", sino la "interpretación de forma unilateral, interesada y torticera por parte de la Administración y la Jerarquía, fuera de nuestro ordenamiento jurídico", incluida la Constitución. "No podemos hacer un Estado paralelo dentro de otro con una legislación distinta para los trabajadores", argumentó Sepúlveda, para quien se están "lesionando los derechos fundamentales".
Por ello, piden que se cumpla el ordenamiento jurídico, para que los docentes tengan reconocidos sus derechos laborales, porque si continúa la situación actual (con 150 casos de denuncias ante los juzgados entre profesores de religión de Primaria), "exigiremos la inmediata revisión" de los mismos.
Asimismo, Guridi denunció la situación en la Comunidad de Madrid, donde se produce "persecución y represalias" al grupo de profesores que "no firmó el contrato-basura" de 1999.
Fuente: La Estrella Digital, Madrid, 11sep01
Conflicto enseñanza religiosa - DDHH en España
Este documento ha sido publicado el 03abr02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
