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14nov04
El Gobierno quiere terminar con el trato de favor a la Iglesia.
El Gobierno quiere terminar con el trato de favor a la Iglesia y ésta se siente asediada. Pero en ambas partes hay voces discordantes.
La tensión ha crecido desde el verano, con los sucesivos anuncios de cambios legales en cuanto al aborto, el divorcio, el matrimonio entre homosexuales y el uso de células embrionarias, que la Iglesia rechaza. A estos asuntos de índole moral se suman otros motivos de fricción que tienen un carácter bien diferente. El Gobierno quiere terminar con lo que entiende como trato preferente a la Iglesia católica, impropio de un Estado aconfesional. Y eso se plasma en la posibilidad de cambiar al menos algunos aspectos de su financiación y en el rango nuevo que pretende dar a la clase de Religión, que según el proyecto que ha trascendido perdería su carácter de asignatura evaluable. En este caso, lo que está en juego son recursos e influencia, y no problemas morales.
La Iglesia se siente atacada, una impresión que mantienen sobre todo los sectores más conservadores, encabezados por el arzobispo de Toledo y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, Antonio Cañizares.
Diferencias internas
Las diferencias son en muchos casos de fondo. El catalán José Ignacio González-Faus, responsable del área teológica de Cristianisme i Justicia y cuyas opiniones tienen en general gran eco en de los sectores más progresistas de la feligresía, escribía hace unos días una carta pública a los obispos: "Me temo que lo que llamáis persecución -decía- no es más que la saturación y hartura de buena parte de la sociedad (tanto de no creyentes como de muchos cristianos)".
Cristianos en el PSOE
Tampoco hay unanimidad en las filas socialistas respecto de la actitud que el Gobierno debe adoptar con la Iglesia. Un representante del sector del socialismo cristiano ha comentado a este periódico que, a partir de la convicción común de que es preciso terminar con el trato de favor a la Iglesia, un sector del partido muestra desde hace unos años una tendencia que él califica de "fundamentalismo antirreligioso".
Fuentes del PSOE destacan que el ideólogo de las posturas más radicales es, paradójicamente, un intelectual y político de convicciones cristianas: Gregorio Peces-Barba, rector de la Universidad Carlos III y cabeza visible de un grupo de profesores del mismo centro que están enfrentados a la Conferencia Episcopal.
Ese radicalismo fue rebatido con argumentos hace unos pocos días, en el transcurso de un comité federal del partido. Allí, Ramón Jáuregui defendió que también el sector cristiano del PSOE debe ser tenido en cuenta a la hora de definir políticas. Su intervención fue muy aplaudida, y uno de quienes se distinguieron en el apoyo al diputado vasco fue el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Aunque públicamente no se ha pronunciado, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, pertenece también a este grupo. Y todos ellos piensan que, al margen del acierto de algunas medidas propuestas por el Gobierno, quizá no ha sido muy adecuado presentarlas de forma casi simultánea, porque se ha generado la impresión de que el Ejecutivo arremete contra la Iglesia y los católicos.
Precisamente será López Aguilar el encargado de reunirse con Rouco en breve para tratar de impedir que la espiral de declaraciones, cada vez más burdas y menos argumentadas, continúe. En ese contexto, ceremonias como las llevadas a cabo en dos ayuntamientos catalanes y coloquialmente conocidas como de 'bautismo civil' no hacen sino entorpecer los intentos de acercamiento, porque la Iglesia las interpreta como una burla de sus ritos.
Mientras, grupos de cristianos movidos en algunos casos por las diócesis o la propia Conferencia Episcopal continúan la preparación de protestas al margen de que la tensión pueda relajarse. Por eso, la recogida de firmas en los colegios promovida por la Concapa y apoyada por algunas diócesis y la manifestación que varias asociaciones -nunca la jerarquía eclesial directamente- preparan para una fecha aún indeterminada parecen imparables.
¿A quién beneficia el enfrentamiento? El sector cristiano del PSOE teme que, si continúa, la Iglesia se arroje en brazos del PP. Los más liberales dentro de la Iglesia advierten sobre la posibilidad de que ésta se aleje aún más de la sociedad y acelere su pérdida de prestigio entre los jóvenes. La directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico, acaba de comentar que "el Gobierno está abierto al diálogo". Un diálogo que cada día que pasa parece más difícil.
Fuente: César Coca - El Correo Digital (Sociedad) - 14nov04
Conflicto enseñanza religiosa - DDHH en España
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